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Cuando accedieron al
poder en 1983, los Rodríguez Saá tenían un
patrimonio típico de clase media, 17 años de
gobierno después, sus bienes alcanzan valores
millonarios.
Cuando
llegó a la gobernación en 1983, Adolfo Rodríguez
Saá declaró tener el patrimonio propio de un
representante de la clase media, casi tan humilde
como el de su hermano Alberto, quien hoy también
es sospechado de ser dueño de un patrimonio
millonario. En 1990 fue acusado formalmente de
enriquecimiento ilícito, sin que la Justicia
puntana pudiera encontrar delitos en su contra.
La
acusación fue firmada por sus actuales opositores,
el diputado aliancista Juan José Laborda Ibarra y
el secretario de Hacienda de la Municipalidad de
San Luis, Arturo Petrino. La denuncia incluía
datos curiosos, como la compra de seis autos cero
kilómetro al contado y en muy pocos días en una
misma concesionaria de San Luis.
Rodríguez Saá tendría casas, autos último
modelo, una residencia soñada en un cerro de Las
Chacras, cerca de la capital, reales o imaginadas
empresas y propiedades en el exterior y presuntos
capitales obtenidos de supuestas coimas a las
empresas que se radicaron en la
provincia.
Según
el intendente capitalino, Carlos Ponce, ex
peronista y ahora su principal opositor,
"Rodríguez Saá tiene la fortuna política más
grande del país". Para Elías Taurant, un ex
miembro del Tribunal Superior que fue obligado a
renunciar, "su fortuna ranquea entre las más altas
a nivel sudamericano". A Petrino le sorprende "que
para mostrar su enriquecimiento ilícito sólo
hablen de sus casas, que son lo menos
significativo económicamente".
El
concejal aliancista Hugo Seitúa menciona que las
empresas que se radicaron en la provincia
"debieron pagar retornos del 10 por ciento" y que
"no alcanzaría la imaginación para ver todo lo que
se podría haber hecho con ese porcentaje, que en
17 años de gobierno, a 40 ó 50 millones por año,
es de unos 800 millones que se
'perdieron'".
Hasta
ahora, el Gobernador saltó todas las vallas que le
pusieron y el año pasado soñó con el sillón de
Rivadavia, lanzándose como pre-candidato para
renunciar rápidamente después de haber gastado un
presupuesto generoso en afiches y
spots.
Se sabe
que Rodríguez Saá vive alternativamente en dos
propiedades suntuosas. En el centro su casa tiene
1240 metros cuadrados y cuesta un millón de pesos.
En las afueras de San Luis, sobre el cerro, tiene
una chacra de 34 hectáreas con parque, pileta,
dique propio y helipuerto. La fortaleza vale 2
millones de pesos; sin embargo, el Estado
provincial la valuó en 5 mil pesos y paga 10 pesos
de impuesto inmobiliario cada dos
meses.
Pero
esta no es la única imputación que pesa en su
contra. También fue acusado del vaciamiento del
banco provincial por un grupo de legisladores
opositores, quienes lo denunciaron ante la
Procuraduría de San Luis para que explique cómo
multiplicó su patrimonio desde que asumió por
primera vez el cargo, el 10 de diciembre de 1983.
Entre
otras cuestiones, quieren saber el origen de los
fondos con que su esposa, Alicia Mazzarino, compró
una mansión de cuatro plantas, de 800 metros
cuadrados, tasada en 1.200.000 pesos, cuando en
1983, antes de asumir como Gobernador, declaró
bajo juramento que tenía una casa hipotecada y dos
autos usados, un Volkswagen rural y un Renault 12.
Su
hermano Alberto también fue acusado de
enriquecimiento ilícito. Al asumir su cargo de
senador declaró una única propiedad, mientras que
hoy, sería dueño, junto con Adolfo de varias
propiedades en Capital Federal y Punta del Este.
Además, serían propietarioos de un diario, "El
diario de la República" -el ex "Diario de San
Luis", comprado por Alberto, que monopoliza la
publicidad oficial.
Según
fuentes locales, los Rodríguez Saá y sus esposas
habrían comprado una gran cantidad de automóviles
cero km. en 1988. Adolfo, aparte de la mansión en
donde vive, tendría varias propiedades más y
Alberto optó por una fortaleza en un campo de El
Durazno.
Por
otra parte, la oposición denuncia que el Poder
Judicial se encuentra en evidente dependencia del
Ejecutivo provincial. Carlos Sergenese, presidente
del Superior Tribunal y del Jurado de
Enjuiciamiento fue el abogado de Adolfo Rodríguez
Saá en un pleito judicial contra el diario "La
Razón". Además fue ex subsecretario de Hacienda;
ex ministro de Gobierno; ex presidente -
interventor del Banco de la Provincia de San Luis;
ex interventor del Centro de Jubilados de la
Provincia; ex director de Rentas; y ex interventor
de Hidronor.
A pesar
de que ya lo hicieron todos sus colegas de la
Cámara Alta, los senadores del PJ de San Luis
Alberto Rodríguez Saá y Carlos Sergnese siguen
negándose a difundir sus declaraciones juradas de
bienes. El diputado de la Alianza de San Luis,
Juan José Laborda Ibarra, lo denunció por supuesto
enriquecimiento ilícito y afirmó que tendría
bienes por 22 millones de pesos.
Según
la acusación, Alberto Rodríguez Saá pasó de tener
una casa y dos vehículos usados en 1983, a poseer
actualmente 25 inmuebles y participación
accionaria en sociedades anónimas.
Laborda
se pregunta cómo hizo el senador con un "único"
ingreso como legislador de unos 5 mil pesos
mensuales, para comprar directamente o a través de
testaferros esos 25 inmuebles que incluyen un
edificio ubicado en Rivadavia y Pedernera, donde
está instalada una réplica de un casino de Las
Vegas con Estatua de la Libertad incluida, valuado
en 1 millón de pesos; una vivienda en la calle
Lavalle, donde tiene una cancha de básquet propia
y que rondaría los 400 mil; el Palacio Mollo
tasado en 700 mil pesos; una vivienda en la calle
Junín, donde funciona la Fundación de
Investigación Social Argentino-Latinoamericana (70
mil); la ex hostería de Merlo adquirida a la
provincia mediante remate público (400 mil); por
250 mil pesos habrían adquirido la ex hostería
provincial de Balde; por 700 mil, la Hostería de
Cruz de Piedra; los Campos en el Durazno, de más
de 1.000 hectáreas, con un casco histórico les
habrían costado 1.500.000.
Además,
la denuncia también afirma que Rodríguez Saá sería
el propietario en Buenos Aires de varios
departamentos, uno ubicado en Libertad al 1200,
cuyo valor llega al millón de pesos. En Uruguay,
tendrían un departamento en el edificio El Torreón
de Punta del Este, tasado en otro millón de
dólares. Sin contar los varios vehículos, entre
ellos, un BMW 1999 valuados en 200 mil dólares en
total.
Para el
delito de enriquecimiento ilícito, el Código Penal
establece que se invierte la carga de la prueba;
es decir que los Rodríguez Saá deberían demostrar
con qué ingresos lícitos aumentó su patrimonio
desde el 83 hasta la fecha. |
