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 EDITORIAL

A propósito de la lotería del Chocó

Lo ideal, y sigue siéndolo, es una lotería nacional que le ponga fin a esos enclaves burocráticos,
donde algunos gerentes pretenden ser reyezuelos, y dispensar favores con detrimentos ostensibles de la prosperidad de la empresa, y desconocimiento de sus obligaciones primordiales.  Entendemos que se viene un cuantioso embargo a la lotería del Chocó, por no pago de impuestos y participaciones al sector salud.

La actual gerencia, en vez de adelantar las acciones pertinentes para lograr que se ultime un acuerdo entre Dasalud y el Ministerio de Protección Social, con aval de la Superintendencia de Salud, da palos de ciego y alega que la no transferencia de los recursos a que por la ley está obligada, es equiparable a los arrendamientos que Dasalud le adeuda a la lotería, edificio que fue cedido sin contrato alguno y sin contraprestaciones, en esa actitud alegre e irresponsable que caracteriza nuestra administración pública.

El actual y sus inmediatos antecesores se han negado a transferir al sector salud lo que determina la ley, con el argumento de que no disponen de los recursos para administrar la empresa, o de que Dasalud les debe por concepto de arrendamientos –no especificados– el valor de las transferencias. Somos los primeros en festejar que se llegue a un acuerdo conciliatorio en ese sentido.  Lo dudamos cuando están en marcha demandas interinstitucionales. Lo que procede es acogerse a la legalidad y hacerla prevalecer. 

Así nos correspondió hacerlo frente a la manifiesta tendencia de los medios de comunicación, que a toda costa y segura mente financiados por intereses ajenos al bien común, pretendían que la Contraloría Departamental en cabeza de Proscopio Ríos, y con apoderamiento de su abogado de cabecera, pretendieron despojar a la lotería de una suma multimillonaria, propósito que pese a los mensajes implícitos en el C. V. Y. (como voy yo) fueron abortadas por nuestra decisión indeclinable de hombres de bien y por el afortunado pronunciamiento de un Juez de la República.

Ahora ha sido relegado al olvido el proyecto redentor de la lotería nacional, acariciado por lustros para rescatar del fracaso a las empresas de juegos departamentales que escasamente sobreviven, como suele suceder con las grandes ideas.

Entidades de tan grande connotación económica y social como las beneficencias de Antioquia, Cundinamarca, El Valle, Caldas etc., con su inmenso poder económico y político, no están interesadas en repartir el botín del juego de suerte y azar con los departamentos pobres.

Pero el Decreto 2975 de este año ha abierto la posibilidad de que “cuando una operación del juego de lotería tradicional se realice a través de terceros particulares, la persona jurídica contratista será seleccionada mediante un proceso de licitación pública y autorizada para adelantar la actividad mediante un contrato de concesiones, con arreglo a la ley, el estatuto de contratación pública y las normas reglamentarias por un término no inferior a 3 años, ni superior a 5 años, dejando a salvo derechos adquiridos y transferencias de ley".

A falta de la opción de la lotería nacional, le ofrecemos al actual gobernador Julio Ibargüen, una decisión histórica:  Se trata de poner a salvo el último patrimonio supérstite de la chocoanidad, mediante un timonazo que convierta a la lotería del Chocó en empresa privada en concesión, en manos limpias.

Con solo este acto administrativo, usted pasará a la historia como uno de los verdaderos hombres grandes del Chocó.

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