EDITORIAL

De las licitaciones públicas, líbranos Señor

Aún vivo y pendiente de una decisión final sobre
responsabilidades de la empresa y de sus administradores, tenemos al frente el escandalosos proceso licitatorio del chance con el cual la última gerencia cerró sus erráticas actuaciones en la Lotería del Chocó.

Penden en cabeza de la empresa peligrosas espadas, susceptibles en sus efectos económicos de dar al traste con su vigencia institucional como ente estatal, si no prosperan y se consolidan los acuerdos en los cuales ha estado interesado la actual administración.

Sobrevivientes de lo anterior, el actual alcalde John Jairo Mosquera nos quiere embarcar en un proceso similar, innecesario, gravoso e inoportuno, sobre el cual uno puede pensar lo peor, conocidas como son las circunstancias de moral flexa y de corrupción que rodean estos actos administrativos en el Chocó.

Crecen las reservas para privatizar la prestación del servicio de alumbrado público, señalización y semaforización, no obstante las facultades que el concejo otorgó el año pasado para actuar en ese sentido, si se considera que las Empresas Públicas de Quibdó se encuentran bajo intervención y existe la notificación de parte de la superintendencia del ramo que todo proceso o actuación en las EPQ sería nulo sin su aprobación. La perentoria advertencia no es producto del capricho. Es, por el contrario, la primera consecuencia administrativa de la toma de posesión, que suspende de inmediato al gerente las justas directivas de sus funciones, asumidas por el agente especial desde el acto de su nombramiento. Es algo elemental cuyo desconocimiento puede conducir a líos jurídicos, si no se aborta el despropósito que, a sabiendas, se adelanta. Porque los interesados favorecidos en la licitación van a argumentar que sufrieron perjuicios si no se cumplen las condiciones del pliego, y que no tienen que sufrir los errores de la administración pública y todo cuando se acaba de iniciar un proceso de saneamiento con aporte estatal y la renuncia de los trabajadores a algunas prerrogativas. ¿Qué nos pasa a los chocoanos? ¿Por qué la insistencia en asuntos de dudosa conveniencia, descuidando prioridades de alto contenido social?

¿A qué abismos de insolvencia nos podría conducir este error? ¿En cuantos miles de millones se incrementaría el déficit de las EPQ, con las secuelas dramáticas que son previsibles? ¿Pagarían con su propio peculio los responsables del desastre económico y financiero que podría aparejar sus dolosas decisiones, o todo quedaría en la impunidad, para que el pueblo pague las consecuencias del desatino, como siempre?

La procuraduría regional o nacional haría bien en tomar cartas en el asunto, antes de que se perpetre al daño inminente. Creemos no equivocarnos al pensar que no basta una simple recomendación en este caso, sino la orden de suspensión de un proceso licitatorio opuesto a la ley, por las condiciones de interdicción administrativa en que se encuentran las EPQ. Es una urgente acción preventiva en donde es preferible pecar por exceso y no por omisión.

Todo lo anterior, con todo respeto, es válido ahora y en futuro.

Porque de las licitaciones públicas en el Chocó, ¡líbranos Señor!