Privatización de servicios públicos: nido de corrupción

Jorge Tadeo Lozano Osorio

Ejercía la curul a la Cámara de representantes cuando alguien me propuso algo que él llamaba un negocio ajustado a la ley, que se lo había sugerido un ingeniero amigo suyo, vinculado a una empresa privada. Se trataba de participar en una sociedad privada ya existente, dedicada a contratar con los municipios la administración de servicios públicos de alumbrado público, acueducto, alcantarillado, aseo, teléfonos, etc.

No me gustó la propuesta y la rechacé de plano porque era y sigo siendo enemigo de la privatización de los servicios públicos esenciales y lo fui de la ley que creó este tipo de mecanismos. Todo el mundo conoce mi posición adversa al neoliberalismo, propulsor de estos proyectos. Además, porque me sentía impedido para hacerlo dado que había concurrido a la discusión.

Sin embargo lo interesante estaría por llegar, pues solo cuando uno entra a la cárcel conoce los alcances de ciertas actuaciones presentadas con la fachada de sanos e ingenuos actos humanos. Allí pude saber, por versiones de detenidos, que siempre detrás de esas "caretas de legítimas y generosas negociaciones" se escondían escandalosos negociados. Los empresarios privados, para acceder a los alcaldes y concejales, buscaban a políticos nacionales de reconocido prestigio y ascendiente sobre ellos (o a testaferros suyos) o iban directamente a negociar con los funcionarios locales. Incluso preferían este último camino, más efectivo, directo y barato, según ellos.

Decían allí que hasta los mismos proyectos de acuerdo de facultades o autorizaciones que deberían expedir los concejos municipales y de los respectivos decretos reglamentarios que deberían dictar los alcaldes, eran preelaborados en los bufetes de los asesores privados. El negocio era redondo porque se trabajaba con capital del Estado (la infraestructura existente de servicios de los municipios) e ingresos fijos provenientes del pago de los servicios.

Previamente, contaban los susodichos, se habían finiquitado acuerdos informales entre los licitantes o contratistas privados y los alcaldes y concejales, normalmente por separado, que remataban en sociedades invisibles o cuentas en participación virtuales o en coimas fijas a través de terceras personas, que una vez se aprobaban aquellos actos jurídicos oficiales, eran incumplidos por empresarios privados. Excepcionalmente, decían, cuando los alcaldes o concejales eran muy hábiles se hacían compromisos más formales o sociedades visibles con testaferros, que se lograban hacer cumplir aún después de terminados los períodos correspondientes, con graves riesgos y consecuencias de procesos penales.

U otros funcionarios más lanzados, que con dinero propio o de terceros "padrinos" organizaban –a través de empresas de fachada– sus promotoras de aquel tipo de proyectos. De todos modos, los que así hablaban eran conocedores directos e indirectos de las desgracias del invento de la "ley de autorización de la corrupción", como la llamábamos quienes nos opusimos a ella, en su momento, en el congreso de la República.