Los amigos de la privatización a ultranza rechazaban a la antigua Electrificadora del Chocó por ineficiente y corrupta, aspectos que eran por demás evidentes en esa empresa.

Cuando el sindicato y algunos ciudadanos propusimos un correctivo distinto al de la privatización, no fuimos escuchados.

En ese momento apareció Dispac como una novia nueva. Al principio no se iba la luz, y ante cualquier corte, por pequeño que fuera, ofrecían disculpas públicas. Era un servicio eficiente y relativamente barato que se pagaba a un promedio de 110 pesos el kilovatio.

Sin embargo el romance no duraría mucho porque las tarifas empezaron a crecer exageradamente y las inconsistencias en la facturación fueron creando un clima de descontento general.

Luego instalaron los medidores y ahí sí se rompió el amor porque la gente asegura que el problema está en la velocidad de estos aparatos.

La ciudadanía ha aprendido a ahorrar energía, a apagar las luces innecesarias, a planchar una vez a la semana, a mantener cerrada la nevera y no colgarle trapos húmedos atrás. Otros cambiaron la estufa eléctrica por una a gas y sustituyeron las bombillas incandescentes por luces blancas fluorescentes. Pero ni así. El recibo de la energía llega cada vez más caro: actualmente estamos pagando 232 pesos por unidad de kilovatio en el sector residencial.

Todo esto sin mencionar el abuso que implica que a un usuario le corten el servicio al día siguiente de vencido el plazo de pago, lo que conlleva a un sobrecosto por reconexión. Se nota la avaricia empresarial.

El tema de los medidores lo dejamos a los expertos, ellos dirán si están mal calibrados o no. Lo que creemos que hay que atacar es el alza exagerada y mensual de unas tarifas que no se compadecen con nuestra realidad económica.