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El armamentismo familiar no presupone ni condiciona un mayor nivel de seguridad, ni aquí ni en ninguna otra nación del mundo, mucho menos en un país en el que diariamente y en diferentes partes de su territorio la sociedad mexicana es testigo inerme de brutales asesinatos, secuestros, asaltos y múltiples enfrentamientos armados.
En México se está incrementando el consumo de alcohol entre nuestros jóvenes. Las estadísticas recientes reflejan que cada vez es mayor el número de estudiantes que empiezan a ingerir bebidas alcohólicas. Siete de cada diez estudiantes -hombres y mujeres- empiezan a tomar desde el segundo año de secundaria.
Al dato anterior podemos sumar el surgimiento a todo lo largo y ancho del territorio nacional de miles de puestos de "dulces", tienditas o casas en las que se vende droga. Sabemos incluso que ya hay pequeños negocios en los que familias completas se dedican al comercio de marihuana y de un sinnúmero de sustancias químicas adictivas que cada día son más potentes y peligrosas.
Por si todo lo expuesto fuera poco, según cifras del INEGI, el suicidio es la séptima causa de muerte en niños entre cinco y catorce años de edad, y la tercera entre adolescentes. Hoy por hoy se calcula que en toda la República Mexicana ocurren aproximadamente cinco mil suicidios, de los cuales el 8.1% corresponde a menores de 15 años de edad. Ni hablar de la población adulta que por diferentes circunstancias -desempleo y económicas principalmente- recurren al suicidio.
Por todo ello, es de preocupar que la Cámara de Diputados con el voto unánime de todos los partidos, en el tiempo más inoportuno, haya aprobado la Ley Federal de Armas de Fuego, Explosivos y Pirotecnia que, entre otras cosas, determina que en cada domicilio sus habitantes podrán poseer hasta dos armas de fuego para usarlas en legítima defensa.
Si bien es cierto que el espíritu de la ley busca la despistolización, los riesgos pueden ser graves y varios. Pueden ir desde el incremento natural de accidentes, que frecuentemente provocan lesiones y muerte, hasta aquellos delitos provocados por el alcohol y el consumo de drogas. Nuestros jóvenes pueden sacar de sus casas dichas armas, llevarlas a sus escuelas y empiecen a matar a compañeros y maestros, tal y como muchas veces ha ocurrido en los Estados Unidos.
Cuidado. Esta ley pudiera dar la lectura errónea a la ciudadanía de que existe la necesidad de adquirir armas para defenderse -dado los tiempos violentos que vivimos-; o bien, que propicia la no remota posibilidad de hacerse justicia por propia mano dado el ambiente de injusticia e impunidad que también prevalece en nuestro país. Hemos vivido trágicas experiencias en este respecto.
Hace algunos años, nos enteramos de viejas camionetas combis que, cargadas de armas, eran abandonadas en ejidos y comunidades con el propósito manifiesto de que éstas luego se distribuyeran entre los pobladores. Costó un enorme esfuerzo y muchos años contrarrestar esas acciones con agresivas campañas de despistolización. Ojalá que la historia no se repita.
Propiciar la creación de empleos e incrementar los niveles mínimos de bienestar social de la población, serían las mejores armas de autodefensa. Éstas sí darían, sin duda, mejores resultados.
Réplica y comentario al autor: salvadorordaz@hotmail.com
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