Los pasados comicios electorales del 2 de julio demostraron que nuestro país aún se encuentra en un proceso ya muy aletargado de transición democrática. El resultado final, que para algunos no quedó claro, consolidó la idea de que las instituciones y reglas en esta materia fueron rebasadas por los actores políticos, quienes parecen expertos en darle la vuelta a las leyes.

Las precampañas implicaron un gasto enorme para el erario público, y el financiamiento de los candidatos a la presidencia otra vez dejó ver que en México gana quien más recursos tiene, cual si se ofreciera un producto, y no una plataforma consistente en ideas y propuestas. Aunado a esto, la intervención directa desde Los Pinos, así como el apoyo abierto de los empresarios más ricos del país, abrió la duda permanente sobre la legitimidad del presidente electo, Felipe Calderón.

Una reforma electoral integral debe comenzar por fomentar la cultura democrática en la sociedad y los partidos, para así generar la conciencia crítica necesaria para instaurar un régimen democrático, justo y equitativo. Una de las mayores quejas de la ciudadanía es el enorme presupuesto que se les otorga a los partidos políticos, mismo que en buena parte se va directamente a los emporios televisivos y radiofónicos. Las dos grandes televisoras poseen atributos para afectar o beneficiar a las personalidades políticas de su conveniencia. Así, los políticos adoptan las técnicas de la publicidad comercial; es decir, un mero mercadeo político. Cuando Santiago Creel Miranda era secretario de gobernación, no dudó en servirse de los medios de comunicación masivos para ventilarse como un posible candidato presidencial. En diversos programas de televisión abierta de alto rating, como Vida TV, Creel apareció aparentemente desvestido de su cargo. No obstante, el precandidato madrugador tuvo que reconocer su derrota en la elección interna del PAN, lo que reveló que no siempre la sobre exposición en los medios equivale al triunfo. En el 2005, el senador panista Javier Corral puntualizó los principales rubros que debieron atenderse en el Congreso, antes y durante la contienda electoral, tales como la transparencia en la difusión masiva, así como el impulso a medidas que disminuyan el gasto del Estado a partidos y candidatos. Tan sólo en ese año, el Consejo General del IFE fijó en mil 953 millones de pesos el financiamiento público por actividades ordinarias permanentes a los partidos políticos nacionales. Detrás de la competencia entre candidatos electorales, está la lucha entre los hombres del poder económico de nuestro país. Estos magnates apoyan discreta o abiertamente al candidato que mejor represente sus intereses. Así, gente como Juan Sánchez Navarro, vicepresidente del grupo Modelo, no dudó en declarar su simpatía por Santiago Creel. Rómulo O’Farril, fundador de Telesistema Mexicano, pidió al entonces presidente Fox que olvidara las reformas estructurales, pero que evitara a toda costa que López Obrador llegara a la presidencia. Emilio Azcárraga Jean, heredero de Televisa, ofreció su apoyo a Creel, debido a que éste le otorgó autorizaciones para instalar casas de juegos y apuestas. Lorenzo Zambrano, dueño de Cemex, aportó recursos a la campaña foxista y, como pago postrero, la Presidencia lo nombró miembro del Consejo de Administración de PEMEX, aunque la opinión pública no lo permitió. Estos y muchos ejemplos más demuestran que en México el dinero otorga y quita puestos en la administración pública, lo que entorpece el camino hacia la consolidación de la democracia. Algunas instituciones de asistencia privada, que durante el pasado sexenio se beneficiaron económicamente de la fundación Vamos México y de la Sedesol, utilizaron esos recursos para apoyar a Felipe Calderón. La Gran Alianza Ciudadana, conformada por el candidato panista el 31 de enero de 2007, quizás tuvo un peso importante en el sorprendente repunte que logró en los meses subsecuentes. La falta de regulación y transparencia en los recursos económicos electorales alcanzó también a la Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero. De los 121 millones de pesos de presupuesto autorizado, casi 40 por ciento fue destinado a rentas de inmuebles, equipo y mobiliarios, así como viajes y pagos a los medios de comunicación para la promoción del voto, en el período comprendido de octubre a diciembre de 2006. Y es que cuando una dependencia no ejerce por completo su presupuesto, éste se ve reducido al año siguiente, lo que genera "compras de pánico" para justificar sus recursos. Lamentablemente, el registro de compatriotas no alcanzó las expectativas mínimas. Y ni qué decir de algunos candidatos que al declarar su patrimonio, no lograron justificar su fortuna, sin que nadie objetara dicha inconsistencia. Roberto Madrazo, por ejemplo, declaró al inicio de la contienda 29 millones de pesos, mismos que no corresponden con los modestos ingresos que registró durante su paso por las cámaras de diputados y senadores. No obstante, el candidato priísta continuó su carrera hacia la presidencia sin que nadie indagara al respecto.

Con todo lo anterior y el descontento de muchos por las pasadas elecciones, todavía algunos se atreven a preguntar si en verdad urge una reforma en materia electoral. El presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, reconoce que existen muchos vacíos en la ley electoral, lo que provocó una evidente inequidad en la competencia. El IFE llevará a cabo una consulta ciudadana durante los meses de marzo y abril para identificar las principales preocupaciones de la ciudadanía en dicho rubro. Los principales puntos a tratar son: la fiscalización, campañas sucias, justicia electoral y acceso propagandístico a los medios de comunicación.

En este sentido, algunos políticos han elaborado propuestas para transparentar los procesos electorales, dotarlos de equidad y justicia, así como recortar su gasto. Las precampañas no están reguladas en tiempo y recursos. De esta manera, la decena de precandidatos pudieron comenzar sus carrera entre dos y tres años antes del 2006, sin que se conozca la cifra del gasto, así como las fuentes que patrocinaron. PRD, PRI y Convergencia por la Democracia lanzaron durante el 2006 una serie de propuestas en materia electoral. La primera tiene que ver precisamente con el establecimiento de fórmulas de regulación de las precampañas, para así reducir su duración, y limitar y transparentar sus recursos. En cuanto a las campañas, la propuesta de reforma incluye un plazo máximo de tres meses y seis semanas para su realización. El IFE aún no cuenta con las facultades y atribuciones legales para llevar a cabo una profunda fiscalización de los recursos de candidatos, partidos y particulares. La reforma propuesta por los legisladores de los partidos antes mencionados, busca dotar de estos elementos necesarios para que el instituto electoral tenga acceso a la información financiera, y así controlar y filtrar aquellas aportaciones de "manos sucias". Otra propuesta muy importante, que viene de tiempo atrás, pero que naturalmente a ningún partido le convenía abordar previo a los comicios de 2006, es el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación. La idea central es que el IFE tenga la responsabilidad en la asignación de espacios, así como el control absoluto en las tarifas. Recordemos que en el 2000, las televisoras se dieron el lujo de establecer precios más altos para la publicidad del candidato perredista, Cuauhtémoc Cárdenas, que para sus contrincantes Francisco Labastida y Vicente Fox. De acuerdo al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara Baja, existen cuatro propuestas de reforma electoral encaminadas al ahorro de prerrogativas de recursos públicos. Éstas provinieron del diputado perredista César Camacho Quiroz, Vicente Fox, Miguel Ángel Jiménez Godínez (coordinador de Nueva Alianza) y del panista Juan José Rodríguez Prats. El margen de ahorro sería de aproximadamente 6 mil millones de pesos, recursos que podrían destinarse al combate a la pobreza y la generación de empleos.

Este cúmulo de buenas intenciones debe venir acompañado de voluntad política para lograr un consenso hacia su materialización. La clase política mexicana sabe de costos y oportunidades, por lo que resulta lógico que al inicio del sexenio se promuevan reformas contra los beneficios que provee la actividad política.

No queda claro, por ejemplo, si las elecciones del 2006 provocaron por fin un interés, en apariencia real, por regular los gastos de campaña, así como el acceso a los medios de comunicación. ¿Será que gran parte de la población no está dispuesta a seguir manteniendo a la cúpula de poder que legisla a favor de su permanencia? Las mesas ciudadanas que ha abierto el IFE seguramente revelarán mucha de la indignación que se siente, al conocer la inequidad en la competencia electoral, así como los recursos del erario público tan abultados que para ello se destinan.

Por otra parte, hace falta una propuesta que acote el poder desde la Presidencia de la República para intervenir a favor de su partido. El fallo del TRIFE, en agosto de 2006, fue igualmente contundente e incongruente: sí existió la intervención ilegal de Vicente Fox, así como del Consejo Coordinador Empresarial en el proceso electoral; a pesar de ello, las elecciones fueron válidas.

Los spots publicitarios del consejo, así como las continuas declaraciones del entonces presidente en contra de López Obrador, probablemente tuvieron una influencia significativa en la decisión de los electores. Las reglas deben ser más claras si no queremos regresar a las viejas costumbres priístas como el dedazo, la censura y la enajenación, así como el bombardeo ideológico para apoyar al candidato del gobierno en turno. México merece confiar en sus gobernantes, y que estos respondan a las necesidades contemporáneas de una sociedad que, aunque parezca dormida o preocupada por satisfacer sus necesidades básicas, sufre de un profundo desencanto por su gobierno, el cual poco ha hecho por implementar políticas de Estado que cultiven a la población en materia democrática.

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