Una sociedad que no es capaz de proteger a los niños de la violencia, de la guerra, del delito, del maltrato, de la prostitución, del secuestro y de la ignorancia, es una sociedad que jamás puede aspirar a ser civilizada. Algunos investigadores creen que hay suficientes elementos culturales y sociales que determinan el perfil violento de los niños y de los adolescentes que habitan en los barrios populares de Colombia.

La prensa colombiana, a diario, narra el drama que viven los niños y jóvenes en los barrios populares y marginales del país. Este hecho corrobora la hipótesis que expresamos en este artículo, y que tiene como propósito reseñar ante el mundo el conflicto que viven los menores de edad que habitan las barriadas de la populosa ciudad de Cali, capital del Valle de Cauca, el mayor epicentro de desplazados por la violencia que azota las zonas rurales del suroccidente colombiano.

En Colombia, más de 700 mil menores hacen parte del "ejército" de desplazados por la violencia que azota al campo; se cuentan por miles los que "trabajan" en los semáforos ofreciendo "chucherías" o realizando "espectáculos" circenses para ganarse unas cuantas monedas que arrojan los desprevenidos conductores. Por otra parte, el país no tiene estadísticas precisas sobre el número de menores abusados sexualmente, y menos de los que se enrolan en el escalofriante tráfico de la prostitución infantil; niños que no sólo son víctimas de la acción de violadores tipo "garavito", sino también de todo un sistema que les impide vivir dentro del marco de la tolerancia y la ternura.

Atrás quedaron los días de la inocencia infantil; ahora es normal ver a los menores empuñando un "chango" o militando en un grupo al margen de la ley. Es cotidiano escuchar cómo, en las instituciones educativas, las temibles bandas juveniles imponen su "ley". También se sabe que los jefes del narcotráfico contratan a menores de edad como "raspachines" para procesar la coca o los utilizan como "mulas" en el temible tráfico de los alucinógenos.

Lo que es peor aún, para la inmensa mayoría de estos jóvenes el futuro no existe. Y como si esto fuera poco, sólo les interesa vivir el momento, "el aquí y el ahora"; porque se sienten desahuciados por una sociedad que les niega toda posibilidad de vivir dignamente y, menos aún, construir un proyecto de vida, de educarse o de envejecer en un ambiente tranquilo.

En la búsqueda por detectar los problemas básicos de la niñez, instituciones gubernamentales como el Instituto de Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo y las instituciones educativas de la ciudad de Cali, realizan actividades tendientes a detectar las causas y proteger a los menores. A diario se improvisan programas auspiciados por el alto gobierno y muchas veces financiados internacionalmente, pero su impacto aún es muy pobre y los resultados deprimentes.

Las estadísticas de la Policía Nacional señalan que anualmente son asesinados cerca de 3,000 menores sólo en la ciudad de Cali, la mayoría con armas de fuego. Unos fallecen en riñas callejeras, otros en atracos o por venganzas y asuntos pasionales, o pierden la vida en accidentes de tránsito. Estos hechos son una demostración demoledora del grado de intolerancia ciudadana y del poco respeto que se tiene por la vida de los niños y los más jóvenes en Cali. Desde luego, a pesar de estar consagrado en la Constitución, que el derecho a la vida es sagrado, inviolable e inalienable.

Santa Fe de Bogotá, gracias a las políticas diseñadas con el propósito de hacer frente al flagelo de la violencia juvenil, ha logrado disminuir el impacto demoledor de la violencia juvenil, principalmente en la Comuna Nororiental y en muchos barrios de la urbe capitalina. De igual manera, Medellín, la segunda ciudad importante de Colombia, después de superar las orgías de violencia que dejara el coletazo de las mafias, ante la arremetida del ejército y la policía, que culminó en la muerte del mayor capo del narcotráfico del país, Pablo Escobar, y en la captura de buena parte de los "coroneles" de estas organizaciones, ha logrado disminuir sensiblemente la violencia en la capital de los antioqueños. Aún así, las cifras de homicidios por violencia juvenil en ambas capitales siguen siendo la preocupación de las autoridades y de los investigadores.

Pero la violencia en Cali es desalentadora. La ciudad que durante muchos años era epicentro de desarrollo, el mayor emporio de espíritu empresarial, la denominada capital de la alegría, la ciudad más atractiva del país, por el civismo y las buenas maneras de su gente, registra escalofriantes datos de violencia entre los jóvenes.

Es desmoralizante el hecho de que Cali, la capital de la "salsa", se encuentre bajo el imperio de los niños de la violencia, convirtiéndose los niños y los jóvenes en los protagonistas de esta vorágine de sangre que devora la confianza de las autoridades locales y que preocupa tanto a educadores como a los padres de familia.

Pandillas, guerras, violencia, asaltos, alcoholismo, drogadicción, prostitución, son el pan diario en la mayoría de sus calles, escuelas, colegios y parques de recreación. Las instituciones educativas de los sectores populares han sido permeadas por el flagelo de la descomposición social que sacude a la capital de la música, según el decir de los mayores, y a quienes les toca el drama de ver morir a sus hijos.

La verdad es que este problema no parece transitorio y, por el contrario, responde a la crisis estructural que corroe a toda la sociedad vallecaucana. Después de la caída y de la captura de los capos del "cartel de Cali", los que en la actualidad han terminado reemplazados por numerosas organizaciones delictivas bajo la orientación de jóvenes, y que reclutan de igual manera a chicos para la realización de sus macabras acciones delincuenciales, han terminado por crear un verdadero "circulo" vicioso.

Del legendario "cartel de Cali" sólo queda el nombre, puesto que sus capos, hoy recluidos en cárceles de alta seguridad, están lejos de controlar el "negocio". Y esta actividad hoy es controlada por decenas de pequeños capos o micro empresarios de la droga, los que prefieren en la mayoría de los casos vender el estupefaciente en la ciudad y no arriesgarse a exportarla, puesto que la mayoría de las rutas ya se encuentran bajo el control de una nueva mafia, más astuta, y otras por los organismos de seguridad nacional o internacional, quienes utilizan aeronaves sofisticadas en la lucha contra el tráfico de estupefacientes.

Esto confirma la razón del crecimiento del consumo interno de la droga y su cruda relación con la violencia que sacude a Cali. Estamos haciendo referencia a la capital del departamento con mayor producción de azúcar tipo exportación, poseedor de las mejores tierras para la agricultura, atravesado por el caudaloso río Cauca, las cordilleras occidental y central, con una amplia costa en el litoral del Pacífico y con el mayor puerto marítimo del país: Buenaventura. Es un departamento liderado por una ciudad capital cuya población juvenil sucumbe ante la violencia. El Valle del Cauca está lejos de ser una reserva moral, puesto que sus tranquilos pueblos y ciudades intermedias han sido permeadas por la cultura del facilismo, la ambición del dinero sin esfuerzo, y en el que los jóvenes se sienten reyes porque manejan armas y pueden disponer de la vida de otros.

Los jóvenes constituyen la mayoría de los muertos en los homicidios que acontecen en la ciudad de Cali, pero son al mismo tiempo los principales victimarios. Estos adolescentes participan en batallas callejeras, asaltan en las calles y los autobuses de los barrios populares, intimidan a los profesores en las escuelas y colegios, amenazan a sus padres y vecinos; son el resultado de una sociedad que se descompone ante la mirada atónita de los mayores que hacen muy poco para evitar el desastre de la juventud.

Administrativamente, la Ciudad de Cali está dividida en comunas. Siendo en su orden, las comunas 14 -perteneciente al distrito de Agua Blanca-, la 13, 15, 16, y la 20 las que presentan los índices más altos de violencia juvenil. De igual manera, al interior de estas comunas encontramos barrios como el Vergel, Mojíca II, el Retiro, La "colonia Nariñense", Marroquín, Manuela Beltrán, Siloé y Antonio Nariño, como verdaderos epicentros del accionar violento de estos jóvenes, quienes están organizados en milicias, pandillas o en "oficinas" sicariales de la muerte. Para completar, durante los primeros días del mes de abril del presente año, los Colegios de Santa Librada y el Antonio José Camacho, las dos instituciones públicas y emblemáticas de la ciudad, protagonizaron hechos bochornosos como fue el enfrentamiento a punta de piedras, las que causaron lesionados y dejan mucho que desear con respecto a los valores y competencias ciudadanas que deberían mostrar los jóvenes estudiantes.

Debido a esta situación, la Secretaría de Gobierno del municipio de Cali y la administración del actual alcalde de la ciudad, Apolinar Salcedo, están realizando controles de armas en las calles, los colegios y centros de diversión de la ciudad. Medidas como la ley seca y la prohibición de movilización de los jóvenes menores de edad a altas horas de la noche, deben ser apoyadas por toda la ciudadanía. De igual manera, urge la creación de programas para rehabilitar a los jóvenes, rescatarlos de la cultura de la violencia, a partir de ofrecerles opciones dignas. En cualquiera de los casos se les debe proporcionar, para empezar, alimento gratuito, trabajo, formación para la vida y actividades no formales que redunden en el buen desempeño como personas de bien.

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