En el presente artículo, al conmemorar el XV Aniversario del Congreso Fundacional del Partido Social-Revolucionario de Cuba, evocamos respetuosamente el recuerdo de Manuel Fernández. Él fue compañero de Antonio Guiteras en la joven Cuba, donde se iniciaron sus luchas y prosiguió como sindicalista incansable durante varias décadas, acaso las más difíciles, pero también las más fecundas del movimiento obrero cubano. Fue Ministro del Trabajo en 1959 al desplomarse la dictadura del General Batista. En 1992, presidió el Congreso en donde quedó constituido nuestro partido, y fue electo, por aclamación unánime de los participantes, presidente del mismo. Era el justo reconocimiento de su larga lucha por la realización del ideal revolucionario.

Los que continuamos tan ingente tarea consideramos valedero insistir en el proyecto social sustentado en la importancia del sindicato; mucho más en el presente, cuando el mundo entra en verdadera crisis estructural y se tienen que enfrentar transformaciones radicales tanto en Cuba como en toda Nuestra América.

Los social-revolucionarios comprendemos que el sindicato es el tenso enlace de conjunción dialéctica entre el desarrollo económico y el desarrollo social. A través de estas instituciones el mundo del trabajo, directamente vinculado a la producción y constituido por la base social más amplia, ejerce la función configuradora y centralizante del dinamismo socioeconómico que, abandonado a sí mismo, lejos de todo empalme axiológico, en vez de conducir hacia una nueva civilización del trabajo -única base posible de una nueva cultura, desalineada y fundada en una jerarquía del servicio y del mérito- consolida y crea, simultáneamente, nuevas formas de alienación para muchos, y modos cada vez más estrechos de la expoliación.

El sindicato, como expresión organizada y autónoma del mundo del trabajo, ubicado dentro de las estructuras del estado, constituiría el fundamento más sólido del carácter democrático que éste debe tener. Significaría la presencia inmediata y en ejercicio de la base en el ámbito de deliberación de la sociedad. Se evitaría así la banalización de la democracia, es decir, el que ésta se convierta en pura formalidad jurídica que, por su distanciamiento de la base, deja abierto el paso a las mediaciones y privilegios por razón económica. Esto abre grietas en el orden institucional y pone impedimentos a la movilidad social y a la interpelación orgánica entre los estamentos. En consecuencia, se genera por una parte el indeferentismo político y, por otra, la alienación del ciudadano que, verdaderamente, ha dejado de ser tal, pues ha pasado de sujeto corresponsable y participante a objeto que padece el poder, el cual se le presenta ahora como una entidad divinizada e irremovible.

Las prácticas disgregantes de algunas formas del capital internacional a veces se conjugan con los posibles privilegios nacionales o con la acción de ciertos sectores menos concientizados de los trabajadores. Se tiende a considerar el movimiento obrero en los países totalitarios como instrumento coactivo del poder político, o en las democracias liberales como entidades que sus objetivos se circunscriben a tratar de lograr mejoras salariales y se les separa de todo protagonismo sociopolítico en cuanto el reordenamiento de la praxis civilizadora. El movimiento obrero, pues, con la pluralidad y democracia interna que le es sustancial, debe estar integrado en una organización única de trabajadores que, unidos en la condición de tal, asuman la trascendencia universal de su encomienda.

Los social-revolucionarios comprendemos que hay una relación directa entre la estabilidad social y la participación de las organizaciones sindicales en la dirección de la política socioeconómica. El crecimiento económico se conjuga con la garantía del ejercicio de los derechos sociales, en los cuales se incluye, por supuesto, la satisfacción de las necesidades vitales del trabajador y su familia, la educación, la salud, etc. Estos, a su vez, no pueden ser conculcados por estructuras, ya capitalistas, ya paternalistas, que limiten la libertad y espontaneidad de la acción comunitaria.

Consideramos, además, que la multiplicidad de organizaciones sindicales da lugar a rivalidades que son ajenas a los fines mismos de la institución, y conlleva una inestabilidad social que afecta la elaboración y puesta en práctica de proyectos a largo plazo para un crecimiento sostenido. Este, a su vez, es imprescindible para que se haga confiable la capacidad social de satisfacer los derechos del trabajador.

El sindicato ha evolucionado dramáticamente. Especialmente, ha tenido transformaciones muy peculiares que han fijado una proposición histórica y que conforman un ideario programático que podemos calificar de social-revolucionario.

El nombre "sindicato", en otras sociedades, se emplea para referirse a distintas entidades jurídicas. En Cuba, la legislación y la costumbre han denominado como sindicato a "las organizaciones representativas de los trabajadores.

En el año 1888, mediante decreto real, la Reina Regente de España, María Cristina, promulgó la "Ley de Asociaciones", la cual establecía que el sindicato era una sociedad de naturaleza distinta de toda asociación mercantil, cultural o de asistencia mutua. A partir desde ese decreto real, el sindicato en Cuba adquiere una particular institucionalidad jurídica.

Pudiera decirse, en síntesis muy apretada, que el movimiento obrero se inició por acciones espontáneas de protesta, sin pretender constituirse en asociaciones permanentes. Era una reacción a condiciones sociales intolerables. Después logro un avance cualitativamente importante cuando se crearon las organizaciones de ayuda mutua fundamentadas en la solidaridad.

Una evolución trascendente tuvo lugar cuando sus objetivos se extendieron más allá de la asistencia económica o de la acción colectiva y se comprendió que era necesario elevar el nivel cultural de la clase trabajadora y, por ende, su conciencia social. El proceso se aceleró cuando se llegó a la conclusión de que la comunidad del trabajo tiene intereses propios, y que el empresario y el trabajador tienen posiciones dialécticas antagónicas en cuanto al salario y la participación en la producción y distribución de los beneficios. En consecuencia, era necesario crear instituciones de carácter permanente, cuyo propósito fuera el instrumentar la lucha por la humanización de las condiciones de trabajo, y lograr, además, que el producto de éste pudiera satisfacer las necesidades vitales del asalariado y su familia.

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