¿Privatizar, concesionar o invertir?

El 1º de enero de 1994 los gobiernos de Canadá, México y Estados Unidos firmaron el acta de creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Según el mismo, los tres países eliminarían las restricciones aduaneras y arancelarias entre ellos, formando una zona económica común.

Los tres socios, con una población de 370 millones de personas y más de seis billones de dólares de producto bruto por año, se comprometieron a la eliminación inmediata de algunas tarifas comerciales y la desaparición de las restantes en un plazo de 15 años. Los tres países decidieron, además, que las industrias más vulnerables de México y Estados Unidos podrían recibir una protección más prolongada. Según lo firmado, cualquiera de los miembros puede retirarse del TLCAN dando aviso con seis meses de anticipación.

El proceso que culminó con la firma del acuerdo fue muy resistido por los sectores sindicales estadounidenses, temerosos de la pérdida de fuentes de trabajo en aquel país. El Partido Demócrata de William Clinton votó dividido en el Congreso, y los sindicatos vinculados a la AFL-CIO acusaron al presidente de permitir que las causas de la desocupación siguieran creciendo. La mayoría de los congresistas republicanos apoyaron el acuerdo, que fue aprobado por un estrecho margen en el poder legislativo norteamericano.

La preocupación sindical se basaba en el hecho de que los salarios medios en México son apenas el 15% del salario medio de los Estados Unidos. Entonces, las poderosas empresas transnacionales recibirían enormes beneficios al contar con una mano de obra capaz de operar las tecnologías de los países desarrollados, pagándole a precio del Tercer Mundo.

Dentro de las estructuras previstas, los tres países firmantes acordaron crear el Banco Norteamericano de Desarrollo que, con fondos superiores a los 3 mil millones de dólares, se sumarían a otros organismos crediticios internacionales; sin embargo, la realidad es que dichos recursos no han sido aplicados y menos a proyectos de desarrollo de gran alcance, como lo es la generación de energía.

No es posible que la administración actual nos quiera convencer de que la generación de energía en manos privadas es eficiente, en tanto que en manos públicas es ineficiente. Por favor, todos somos mexicanos, la diferencia estriba en cómo organizamos a las empresas; si a las empresas públicas les aplicamos los métodos organizacionales de las empresas privadas, entonces los resultados serían análogos.

Todo se resume a la ética de los negocios y a los principios que inspiran a los responsables de las corporaciones mexicanas; hombres honestos al frente de ellas, serán sinónimos de eficiencia y productividad; hombres con vicios e irresponsables, seguramente quebrantarán sus vidas y la de las organizaciones -aún privadas- en donde tomen decisiones. Entonces, ¿qué queremos para el país?

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