Un paro de transporte más
Rafael Mario Palacios C.
El pasado 22 de noviembre hubo un paro de transporte urbano en Quibdó, argumentando los transportadores incumplimiento por parte del señor alcalde del compromiso de no vincular más vehículos. Este paro confirma una situación anormal que ha venido presentándose hace tiempo otras en diferentes administraciones. No ha existido concordancia entre normas establecidas por el código de transporte y las actuaciones de los alcaldes de turno y sus inspectores de tránsito en lo relacionado con la afiliación de vehículos a las empresas de transporte urbano, con el agravante de que siempre ha habido preferencia para favorecer a una determinada empresa entre las existentes.
Un inspector de tránsito municipal me notificó alguna vez que si después que hiciera una investigación llegaba a comprobar que alguna de las empresas tenía circulando un solo vehículo demás de los autorizados sería sancionado ejemplarmente. Se estableció que una empresa se había sobrepasado en más de cincuenta automotores y nada sucedió. Parece que por cada carro extra hubiera habido movida por debajo de la mesa.
Con esta clase de comportamiento se ha llegado a una sobre oferta de servicio de transporte, especialmente para determinadas rutas, que conlleva a la llamada guerra del centavo que mantiene en permanente riesgo a usuarios y peatones y hasta a quienes se encuentran en su hogar. Esta denuncia se ha hecho por los medios de comunicación hablados y escritos pero no ha habido autorizado alguna competente que se dé por aludida para establecer la veracidad de los hechos y poner los correctivos pertinentes.
Todo lo expuesto me lleva a la conclusión de que la alcaldía municipal con su oficina de tránsito y hasta el mismo sindicato de transportadores han sido responsables del desorden existente en el transporte urbano, sin dejar por fuera de responsabilidad a quienes corresponde imponer los correctivos.
Pasando a otro tema de servicios públicos, me refiero al suministro de agua. Los empleados de las Empresas Públicas Municipales están en todo su derecho de protestar por el hecho de que se les adeuda un semestre o más de sus salarios. Pero creo que se les está pasando la mano al suspender ciento por ciento el suministro del líquido poniendo en riesgo la salud y la vida de toda una comunidad. La ausencia de agua puede desembocar en una epidemia de consecuencias imprevisibles.