Con ocasión de la posesión del actual gobernador del Chocó y la inauguración de su mandato, entre las consideraciones generales que consignamos sobre la situación de crisis estructural y las respetuosas recomendaciones que formulamos en esta columna, incluimos la advertencia de que, sin perjuicio de la discrecionalidad para integrar su equipo de colaboradores de mayor rango, y de la gobernabilidad indispensable para lograr el buen suceso de su gestión, sustrajera algunos organismos del forcejeo político que suele anteceder a la provisión de esos cargos.

Como hemos sido testigos expectantes y críticos, desafortunadamente imposibilitados para impedir el marchitamiento y la ruina de las agencias del Estado llamadas a procurar rentas e ingresos y a dispensar servicios al erario público y a la comunidad, nos detuvimos con especial énfasis en la disyuntiva que significaba para el gobierno departamental no dejar que la empresa de la Lotería del Chocó siguiera el camino de oprobio, corrupción y mal manejo en cuya pestilencia murieron otras entidades, sin que existan responsabilidades judicializadas con ejemplar escarmiento, y con manifiesta participación de la clase política, que se ha usufructuado de tan antipatrióticos desvíos.

Similares observaciones le hicimos en privado y en público a los antecesores del actual mandatario departamental, con variada suerte y casi nunca cabal respuesta, que pusiera a salvo los vitales intereses de la Lotería del Chocó y todo lo que comporta para el sector salud, sus empleados y pensionados.

Con beneplácito registramos hoy que la actual administración de la Lotería, no obstante provenir de las canteras del sector político tradicional, y pese a las reservas que de manera general alimentamos para que se le diera oportunidad a alguien con ánimo de servicio y probada capacidad gerencial, viene cumpliendo un rol satisfactorio sin que, desde luego, hayan desaparecido los factores condicionantes de la postración a que la condujeron otras gerencias funestas y desatinadas.

Basta señalar el reciente affaire de la licitación del chance –hoy sub judice– cuyo escabroso trámite, con inobservancia de lo preceptuado en la ley 80 pudo, y puede, propinarle el golpe de gracia que liquide su existencia.

Es más: a la impagable suma acumulada por no pago de transferencias al sector salud en varios años que sobrepasa los 3.500 millones de pesos, según lo manifestado por su actual gerente, ahora se agregan otros ítems irregulares que la Superintendencia de Salud en boletín de prensa acaba de revelar con imposición de multas pecuniarias de hasta mil salarios mínimos diarios legales.

Así, por ejemplo, durante el período marzo-diciembre de 2003 la empresa recaudó por concepto de derechos de explotación del chance $820'496.973 y solo transfirió al fondo seccional de salud, inexcusablemente, $292'534.830.

Empero, por fortuna las cosas han comenzado a cambiar desde el 1 de enero pasado. Los distribuidores y agentes vienen atendiendo sus obligaciones con mayor puntualidad.

Los premios, el pago a los acreedores, a los trabajadores y pensionados no vienen siendo sustituidos –hasta donde sabemos–, por erogaciones ficticias o subalternas, sin correspondencia con el cumplimiento de su objeto social.

Detrás de este esfuerzo de restablecimiento avizoramos la figura y el talante austeros del gobernador hasta ahora bien entendidos por su agente administrativo, propósito que confiamos no desfallezca.