Capítulo 4.- Movilización de la Corriente Progresista Dentro del Sistema
Un elemento
del libro: la Lucha Político-Electoral Mexicana de 1985 (Colección de procesos
electorales), del Dr Xavier Gamboa Villafranca
4.1.
Diecisiete en lucha, en el Gobierno
4.2. La
lucha desde el movimiento obrero.
4.3.1.
Medidas de emergencia del gabinete económico.
4.3.3.
Asunto del Sector Social.
4.3.4. La vertiente de concertación
Ir a página del Dr Xavier Gamboa Villafranca
Enviar correo a:
__________________________________________________________
La ofensiva que la derecha militante desata
en el terreno político-electoral en los primeros tres meses del año determina,
como ya se ha visto, una contraofensiva aplastante del Régimen. En ésta
participan el aparato federal de gobierno, los servidores públicos en las
entidades federativas y municipios y las estructuras territorial y sectorial
del PRI.
Como
era de esperarse, la respuesta más clara emerge de la corriente progresista y
nacionalista -que algunos catalogan como de' 'centro-izquierda', -del Estado.
Grupos de la burocracia gubernamental y sindical se movilizan, alzan- do su voz
y actuando contra la reacción interna, contra las presiones norteamericanas y
contra los seguidores de ambas, infiltrados en el PRI y en el propio Gobierno.
Dejan sentir su presencia, no únicamente en torno a los procesos estrictamente
electorales, sino también en lo relativo a aspectos de la política económica
global de la administración de Miguel de la Madrid .
_____________________________________________
4.1. Diecisiete
en lucha, en el Gobierno
El 19 de abril de 1985, 17 ciudadanos mexicanos publican un desplegado en la prensa de circulación nacional. Entre los firmantes se encuentran funcionarios federales, así como dirigentes del sistema político formalmente desligados del aparato de gobierno: director general de LICONSA; director general del FOMIN; director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Contraloría; director general de Delegaciones de SECOFIN; director de FONART; coordinador del Programa de Empleo para Zonas Marginadas de la SPP; coordinador general de Abasto del DDF; contralor interno de la SRE; comisario de la Contraloría ante la SEP; miembros de la Comisión Consultora de Política Exterior de Relaciones Exteriores; presidente del Colegio Nacional de Economistas; subsecretario de Divulgación Ideológica del PRI; candidata del PRI a diputada federal por el 1er distrito electoral de Tlaxcala.
El documento contiene un breve análisis de las presiones extranjeras, específicamente norteamericana, sobre el país, así como un conjunto de recomendaciones en cuanto al que- hacer político interno para afrontarlas eficazmente. Con objeto de evitar que surtan los efectos esperados las medidas tomadas por el gobierno estadounidense (Provocación de tensión en la frontera norte, proteccionismo comercial, Ley Simpson-Mazzoli, intromisión diplomática en asuntos internos, campaña internacional de desprestigio, desaliento del turismo hacia México, "Operación Interceptación", fomento al contrabando, alianza con el clero retardatario y la reacción política, inculpación a México del consumo de estupefacientes en EUA y desaparición de 285 mexicanos en la zona fronteriza norteamericana) proponen los suscriptores la formación de un frente amplio de apoyo a la política exterior del Régimen, de rechazo a las agresiones norteamericanas y de sustento a acciones colectivas que promuevan y preserven la paz en el continente. Llaman la atención sobre la necesidad de no caer en provocaciones del exterior, que traerían reacciones aún más fuertes del vecino país, específicamente respecto a nuestra frontera norte, donde urgía resolver los problemas de falta de abasto y de desorden en las transacciones comerciales y financieras .
¿Cuáles son algunas de las implicaciones del .llamado de los 17? Veamos:
1) El desplegado se publica en el contexto de un efectivo acrecentamiento -que tenía por lo menos cuatro meses de duración- de las presiones del gobierno de Reagan sobre el sistema político mexicano, sobre la política económica de la administración presidencial de la Madrid y sobre su política exterior .
2) El llamado de los 17 se da luego de que el presidente Miguel de la Madrid tomó una serie de medidas destinadas a fortalecer su gobierno en los niveles necesarios para reducir la eficacia de las agresiones del Partido Republicano en el poder, en los Estados Unidos. Se da, luego de que se había avanzado en la implantación de una inteligente estrategia destinada a elevar sustancial- mente la calidad de la lucha electoral interna durante 1985. Los procesos de selección de candidatos priístas a diputados federales, diputados locales, presidentes municipales y gobernadores, así como de cuadros dirigentes y operativos que intervienen en procesos electorales, se habían modificado, y se habían mantenido bajo relativo control los niveles de inconformidad. Habían probado su eficacia las fórmulas de conciliación puestas en operación, en casos de conflictos motivados por resulta- dos de elecciones. los dirigentes del PRI y de los partidos políticos de izquierda parecían haber llegado al convencimiento de que tenían más puntos en común que diferencias insalvables. En el escenario político nacional aparecía la oposición de derecha y sus aliados extranjeros, como el enemigo común del PRI y de la izquierda. Se había realmente incorporado, al pensamiento nacional, el llamado presidencial a la defensa de la soberanía nacional, al mantenimiento de la estabilidad política y al destierro de la violencia. El país se veía sacudido por la propagación de un nacionalismo emotivo.
El Partido Revolucionario institucional se fortalecía con importantes contingentes que se afiliaban a él. Se declaró una suerte de tregua en la tradicional lucha entre líderes del movimiento obrero de apoyo proestatal y entre éstos y los de organizaciones sindicales de izquierda. Se habían limado las asperezas de principios de la administración, en materia de relación Gobierno-movimiento obrero.
Había un saludable -aunque del todo insuficiente- avance en el proceso de unificación de la izquierda en torno a un mínimo programa electoral y en apoyo a candidatos comunes a buena parte de sus organizaciones. La concepción predominante en la prensa nacional, que perneaba informaciones y editoriales, era ya la nacionalista y progresista. Se había lo- grado mantener el equilibrio político, entre las fuerzas de centro izquierda y de centro derecha, tanto en el conjunto de la administración pública, como en el PRI. El aceleramiento prematuro, por un lado, y el debilitamiento precoz, por el otro, de los diversos grupos que ya contendían con miras a 1988, se mantenía conforme a ritmos razonables. El Sistema daba muestras de estar dispuesto a negociar importantes puestos de elección popular, a condición de que el interlocutor de- mostrara una fuerza electoral y política real.
El papel del embajador John Gavin, como auténtico provocador, se había demostrado más allá de toda duda. Se logró impedir que la hegemonía al interior del PAN, pasara de los experimentados cuadros dirigentes, a las organizaciones de lucha directa del capital privado. Prácticamente se había logrado desbaratar la táctica de ofensiva de la derecha, orillándola a pasar a una táctica defensiva.
Se daban crecientes manifestaciones de inconformidad, lo mismo de organizaciones populares, campesinas y obreras de apoyo proestatal, que provenientes de la izquierda, con las limitaciones al proceso de cambio estructural y de reordenación económica, que se desprendían de los requerimientos del PRI. El gobierno mexicano, con las medidas de emergencia del 6 de febrero, podía argumentar que se había jugado la última carta, con objeto de cumplir con sus compromisos en materia de deuda externa y con los requisitos establecidos por el FMI para ello. Una impresionante fuerza internacional se había logrado aglutinar, en apoyo a la posición mexicana en el caso de Nicaragua y en el caso de la formación de un bloque que negociara en términos políticos y globales el caso específico del pago de intereses de la deuda externa.
Se había adelantado en la meta de convertir al avance científico y al desarrollo tecnológico, en uno de los medios para resolver los grandes problemas nacionales. Habían sido sentadas las bases legales, políticas y organizativas, necesarias para fortalecer el área de la economía del país manejada di- rectamente por los trabajadores y productores directos, o por sus organizaciones ( el sector social, en otras palabras).
3) El desplegado estaba firmado por 17 ciudadanos. Re- presentaba,
sin embargo, la propuesta de la corriente nacionalista y progresistas del
estado mexicano para acrecentar la preservación de la unidad de la nación en el
periodo más severo del proceso de ajuste económico, y para continuar con un
gobierno democrático, capaz de reflejar y auspiciar procesos de participación social que lo reforzaran.
Su contenido indica que los mexicanos que lo suscribían, consideraron llegado
el momento de agregar, a las medidas tomadas anteriormente para resistir las
intromisiones norteamericanas, el vital ingrediente faltante: la movilización
política. textualmente: "Promover la movilización de las fuerzas
democráticas en favor del diálogo y la distensión, así como el diseño de
acciones colectivas en pro de la paz en el continente'.
4) Bien calculado el momento, los
funcionarios y dirigentes firmantes apostaron todo a una carta. En caso de
producir efectos diferentes a los calculados por ellos, la dignidad y aplomo
con que actuaron en esa ocasión, indicaban que no les quedaría otro camino que
la renuncia a sus cargos. Si ello hubiera sucedido, sin embargo, había sido un
golpe al conjunto de la corriente intraestatal cuyo sentir lograron interpretar
cabalmente. No renunciaron, al menos durante el semestre: quedó demostrado que
el nacionalismo revolucionario es mucho más una posición política real, que un
mero recurso retoricoideológico.
5) El desplegado hizo trepidar las
estructuras políticas del país. Se cimbraron, no sólo porque no existían
precedentes -salvo el entonces reciente desplegado del gobernador michoacano
Cuauhtémoc Cárdenas- de un grupo de funcionarios públicos, que ocuparan cuadros
importantes de mando que intentara presionar al Gobierno en su conjunto para
que acelerara la marcha e intensificara el rechazo a las agresiones
imperialistas, y a la ofensiva de la reacción interna.
_____________________________________________
4.2. La lucha
desde el movimiento obrero
El 6 de mayo de 1985, el senador cetemista Arturo Romo denuncia que fuerzas neo conservadoras se habían infiltrado en la administración presidencial de Miguel de la Madrid, adueñándose de importantes posiciones de mando y de procesos estratégicos de toma de decisiones. Ese mismo día, el vicepresidente del Congreso del Trabajo, el dirigente del SME, Jorge Tapia, anunciaba que el organismo demandaría una nueva reunión con el Gabinete Económico, con el fin de aclarar algunos de los puntos incluidos en la Resolución Conjunta Gabinete Económico-Congreso del Trabajo, generada el 30 de abril de 1985.
Merece poca duda el que estaban relacionadas, la denuncia del senador y el anuncio del dirigente. Dados algunos relevantes acontecimientos anteriores, ¿Cuáles eran los objetivos buscados por ambas personalidades?
1) Los planteamientos de Romo y de Tapia pretenden eliminar las trabas que, de hecho, se habían erguido ante los programas y las propuestas del movimiento obrero en el Régimen: el' 'Programa para la Producción, Control y Abasto de Bienes y Servicios de Consumo Social- mente Generalizado' , , de enero de 1983; los' , Programas del Gobierno Federal para la Defensa del Salario y del Consumo Obrero, 1984' , , presentados el 9 de febrero de ese año; los acuerdos de la reunión de Jesús Silva Herzog, Carlos Salinas de Gortari, Arsenio Farell y Héctor Hernández, con Ángel Olivo Solís y Jorge Tapia, celebrada el 19 de febrero de 1985; y, desde luego, la resolución conjunta Gabinete Económico-Congreso del Trabajo, firmada el 30 de abril de 1985 por Ángel Olivo Solís y Arsenio Farell Cubillas .
2) Arturo Romo y Jorge Tapia tratan de frenar las corrientes y de neutralizar las fuerzas que, desde dentro del propio aparato de gobierno, obstaculizaban las transformaciones al marco juridicolegal del país, reiteradamente propuestas por la CTM con la finalidad de auspiciar el avance político de las organizaciones de trabajadores, en la medida requerida para promover el cambio. El Congreso del Trabajo, en su conjunto, se había sumado a estas propuestas; basta recordar las declaraciones de su nuevo presidente, del 10 de febrero de 1985, al respecto.
3) Desde el senado y desde el Congreso del Trabajo, se quería cerrar
el paso a las corrientes intrasistema -del PRI y de los gobiernos federal,
estatal y municipal-, cuyos miembros veían con simpatía los proyectos de
transformación de la sociedad ( como diferentes a los esgrimidos por el Régimen) que la derecha,
especialmente el PAN como la más completa de sus formas político- electorales,
esgrimía permanentemente a partir de la formulación del PND en mayo de 1983.
Basta recordar, al respecto, las declaraciones del presidente del PAN, Pablo
Emilio Madero, del 13 de febrero de 1984.
En este sentido, la denuncia-anuncio está destinada a convertirse en un apoyo a la concepción presidencial, que se aclararía en diversas ocasiones, en el sentido de que el cambio social promovido por la administración de Miguel de la Madrid era progresista, no reaccionaria: ni a favor de las mino- rías, ni a favor de la derecha. Revísense, en caso de dudarlo, las declaraciones del presidente de la Madrid del 24 de febrero de 1985, en ocasión de la CII Asamblea General Ordinaria de la CTM, O las del 20 de marzo del mismo año, en reunión con empresarios de Puebla. Romo y Tapia, en resumen, representan poderosas fuerzas del Sistema que pretendían asegurarse que ni siquiera existiera la posibilidad de que las corrientes de derecha del Gobierno y del PRI aprobaran planteamientos como los de la XL VI Asamblea Nacional de la COPARMEX (celebrada en el primer tercio del año 1985, bajo el tema' 'cambio para la recuperación' '), que de otra forma alimentarían las desviaciones en el proyecto nacional revolucionario a cuya existencia hiciera alusión el propio licenciado de la Madrid, el12 de marzo de 1985, ante los candidatos a diputados federales del PRI que acababan de rendir protesta como tales .
4) Lo dicho por Arturo Romo y Jorge Tapia estaba destinado a defender el derecho del movimiento obrero organizado, de convertirse en un interlocutor básico del Gobierno, en lo referente a la formulación y operación de la política global. Querían quitar exclusividad, en este sentido, a las organizaciones de lucha directa del capi- tal privado, que la reclamaban y pretendían ejercer. Recuérdese, al respecto, que a partir del 16 de febrero de 1985, los titulares de la SPP, SHCP ,SECOFIN inician, en conjunto y por instrucciones precisas de Miguel de la Madrid, un intenso periodo de reuniones con grupos empresariales del interior del país y de sus' 'organizaciones cúpula' , , para explicar -y retroalimentarse, con la posición de los empresarios- los efectos que las entonces muy recientes medidas de emergencia acordadas por el Gabinete Económico el 6 de febrero tendrían sobre la marcha de la economía nacional durante el resto del año de 1985.
Las declaraciones que nos ocupan tenían el claro objetivo de impedir que tuvieran real cumplimiento las interpretaciones y recomendaciones presentadas por el vicepresidente de la COPARMEX, Saturnino Suárez, durante la XL VI Asamblea Nacional del organismo: "estamos en el momento adecua- do, para que la iniciativa privada planteé la política económica gubernamental" (14 de marzo de 1985). Era pues, una clara señal de que el Congreso del Trabajo no renunciaría a la conquista de participar en mecanismos como el de la' 'Comisión Consultiva del Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior' , , en que participaba a partir del 25 de febrero de 1985, junto con CONCAMIN y CANACIN- TRA, y con los titulares de SEMIP y SECOFIN; o como el del "Programa de Seguridad Pública", en que participaba junto con la Secretará de Gobernación a partir del 7 de mayo de 1985.
En síntesis: representaba la pretensión de que no se pusiera en tela de juicio el cumplimiento del compromiso de Miguel de la Madrid del 18 de febrero de 1985 al dar posesión al nuevo presidente del Congreso del Trabajo, Ángel Olivo Solís, de mantener un permanente diálogo entre Gobierno y Congreso del Trabajo. Para ello, aplicaban la interpretación del movimiento obrero oficial, a la concepción presidencial de participación conjunta (fuerzas sociales-Gobierno) para identificar problemas, plantearlos, jerarquizarlos y resolverlos; Esta concepción había sido aclarada por Miguel de la Madrid en múltiples ocasiones; una especialmente importante, lo constituyó la reunión de trabajo celebrada en Tuxtla Gutiérrez el 20 de febrero de 1985, ante grupos indígenas de la entidad federativa.
5) Los dos protagonistas perseguían señalar el límite a que llegaría el Congreso del Trabajo y
la CTM, en particular, respecto a no fomentar el divisionismo entre los
mexicanos, planteado en la suerte de advertencia que el19 de febrero de 1985
lanzara el movimiento obrero organizado, refiriéndose a las condiciones
requeridas para que las medidas de emergencia del Gabinete Económico (del 6 de
febrero), no tuvieran efectos negativos. Implícitamente, ambos afirmaban que
ciertamente no se estaba de acuerdo con fomentar este divisionismo, pero no al
grado en que, por evitarlo, se permitiera que las concepciones de una corriente
reaccionaria infiltrada en el Gobierno fuera la hegemónica, tratándose de la
formulación y operación de la política económica, y tratándose de la
normatividad correspondiente a la relación entre Gobierno y movimiento obrero.
Querían dejar claro que no se estaba dispuesto a permitir que los empresarios '
'participaran en la toma de decisiones gubernamentales [para] no sólo
reaccionar' , , como lo afirmara Alfredo Sandoval (presidente de la COPAR-
MEX), el15 de marzo de 1985. No querían, como lo interpretara lúcidamente el columnista
de Excélsior, León García Soler, el 17 de marzo de 1985, que la derecha
compartiera, no el poder formal, sino el poder real.
6) Arturo Romo y Jorge Tapia
pretenden advertir que, realmente, había una corriente viva, fuerte, al
interior del movimiento obrero organizado de apoyo proestatal, que estaba
dispuesta a poner en duda la alianza Gobierno-trabajadores, si se diera marcha
atrás, cediendo a las presiones de la derecha, en lo referente al contenido de
la resolución conjunta CT-Gabinete Económico, del 30 de abril de 1985.
Hay que tener en mente, adicionalmente, que
el8 de marzo , de
1985, Ángel Olivo Solís prácticamente le presentó al presidente de la Madrid un
conjunto de condiciones que permitirían que se concretara la alianza entre
movimiento obrero y Estado: vigorizar y reforzar las estrategias participativas
de la revolución social; organizar la sociedad civil; crear instancias de
comunicación entre las fuerzas sociales y de éstas con el Estado; fortalecer
los mecanismos e instituciones de cooperación conjunta; estimular las prácticas
autogestionarias. Puntualizaban Romo y Tapia, prácticamente, que la alianza
entre Gobierno y trabajadores no sería incondicional, sino que admitía
diferencias, como el propio Miguel de la Madrid lo manifestara antes, el 26 de
febrero de 1985, durante la IX Convención Nacional Ordinaria del Sindicato de
Telmex.
7) Con sus declaraciones, los dos
protagonistas se convirtieron en voz de las corrientes del movimiento obrero de
apoyo proestatal, que seguían diciendo un rotundo "NO", al
"Pacto de Concordancia", propuesto por grupos de empresarios el 21 de
febrero de 1985, en Monterrey. En sustitución de éste, dichas corrientes habían
logrado realmente la firma de un convenio que refrendaba ( como lo planteara
Fidel Velázquez en la CII Asamblea General de la CTM), el pacto entre
Venustiano Carranza y la Casa del Obrero Mundial, en 1915: la Resolución
Conjunta Congreso del Trabajo-Gabinete Económico, del 30 de abril de 1985.
No se permitiría, entonces, marcha atrás. Demuestran
Romo y Tapia que, pese a las interpretaciones de columnistas políticos ( como
las del prestigiado José Luis Mejías, del 22 de febrero de 1985), las fuerzas
de centro-izquierda del Sistema, sí tenían claro el quehacer que el
momento y la coyuntura reclamaban .
8) Tenían el objetivo de indicar un punto
básico de coincidencia con la izquierda en lo referente a los enemigos de la
revolución que, aunque con importantes matices, permeaba al conjunto de la
estrategia y táctica política de estas fuerzas: la concepción de que un enemigo
importante a vencer estriba en la' 'oligarquía infiltrada en el Gobierno"
(Palabras de Jorge Cruichshank, dirigente del PPS, el 24 de febrero de 1985,
durante la asamblea en que se designa candidato a gobernador de Nuevo León por
ese partido, en Monterrey).
Esta coincidencia en materia de pensamiento
político social con la izquierda era de enorme relevancia, porque se adicionaba
a otras en materia económico reivindicativa: por ejemplo, la coincidencia (
como lo reconociera el propio Fidel Velázquez, el 7 de marzo de 1985) entre la
propuesta cetemista de aumentar los salarios en la misma proporción en que
subía el dólar norteamericano frente al peso mexicano, y la añeja demanda de la
izquierda en torno al establecimiento de una escala móvil de salarios .
9) Arturo Romo y Jorge Tapia
tratan de forzar al Régimen a demostrar que no se permitiría que el
nacionalismo revolucionario dejara de constituir el pensamiento social
predominante en el PRI y en el Gobierno. Pretendían salir al paso de demandas
de la derecha, como la de Ramón Corral Ávila, dirigente de la COPARMEX en el
estado de Sonora (6 de marzo de 1985), que identificaban erróneamente el
nacionalismo revolucionario del Sistema, con un "socialismo puro" que
se empeñaban en desterrar .
10) Representan las declaraciones
que se interpretan, un reaccionar contra las presiones de las organizaciones de
lucha directa del capital privado, para suprimir de la CTM -y, en general, del
movimiento obrero oficial- a la corriente "marxista",
"socialdemócrata" o, de plano de' 'izquierda' , .Estas pretensiones
fueron muy claramente expuestas por el columnista Pérez Stuart ( en sus
artículos del 9 y 16 de marzo y 5 de mayo de 1985), y en declaraciones de
dirigentes como el del Centro Patronal de Nuevo León (de120 de marzo de 1985).
Especialmente, trataban de evitar que estas presiones de la derecha surtieran
efecto y que, consecuentemente, la corriente de centro-izquierda ( en la cual
la derecha incluía al propio Romo, junto con Carmona Amorós, Porfirio Camarena
y Netzhualcoyotl de la Vega) no tuviera fuerza política significativa, a la
hora de la sucesión en la Secretaría General de la CTM .
11) Intentaban evitar que se cumpliera la velada amenaza deja Pérez Stuart, como fiel vocero de los grupos empresariales en declarada militancia política de derecha ( 16 de marzo de 1985), en cuanto a que, si la CTM ten - diera a la izquierda, se pugnaría porque el Régimen diera mayor fuerza a la CROC, como -en opinión de Stuart- había sucedido ya en los años 50.
12) Trataban de señalar implícitamente Romo y Tapia que la persistencia de una políticamente eficaz corriente reaccionaria en el Gobierno, quitaba vitales dosis de legitimidad al Régimen, sobre todo si lograba imponer sus concepciones y mecanismos en materia de política económica. Esta advertencia fue cautelosamente indicada por Fidel Velázquez el 7 de marzo de 1985 ( en entrevista publicada por Excélsior, y retomada por José Luis Mejías en su artículo del 11 de marzo de 1985.
En concreto: trataban de evitar que una marcha atrás gubernamental, en lo referente al pacto CT -Gabinete Económico, se convirtiera en una medida que la izquierda adicionaría a la ya larga lista de acciones' , reaccionarias' , del régimen de Miguel de la Madrid, cuyos dirigentes habían elaborado minuciosamente. Basta, para comprobar la existencia de la intervención del diputado solferino Alfredo Reyes Contreras en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 7 de marzo de 1985. En indudable concordancia por lo expuesto por Fidel Velázquez ello. de Mayo (entrevistado durante el desfile obrero de 1985), Tapia y Romo pretendían -por el contrario- que la política económica del gobierno de Miguel de la Madrid, enriquecida con la Resolución Conjunta CT- Gabinete Económico, fuera: a) concreción de la alianza entre Gobierno y trabajadores; b) reforzamiento del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988; c) medio para conservar la unidad nacional, la paz social, la estabilidad política y la defensa de la soberanía.
13) Arturo Romo y Jorge Tapia perseguían, con sus declaraciones, apoyar a la corriente nacionalista, revolucionaria y progresista del propio aparato de gobierno. Desplegados como el del día 19 de abril de 1985, aparecido en los principales diarios de alcance nacional, dejaban ver, no sólo la existencia de esta corriente, sino también la necesidad objetiva que tenía de recibir apoyo político.
14) Romo y Tapia se enfrentaban a
posiciones como la de Adán Elizondo (23 de febrero de 1985, durante la visita
del Gabinete Económico a empresarios de Monterrey, N. L.) que planteaban que
sólo existen dos sectores privado y público y que' 'los demás' , (léase, el
sector social) son' , artificiales' , .Perseguían ambos luchadores sociales
dejar claro que se cumplirían los acuerdos de la CII Asamblea General Ordinaria
de la CTM (26 de febrero) en el sentido de que luchar por la recuperación y
fortalecimiento del área de la economía nacional, controlada directamente por
los trabajadores y por las organizaciones que los representaba, constituía uno
de los frentes de lucha, del momento, del movimiento obrero. Hay que tener muy
claro que, con la inclusión del asunto de apoyo al sector social en la
resolución conjunta Gabinete Económico-Congreso del Trabajo, estos acuerdos
cetemistas recibieron el apoyo de todas las organizaciones integrantes del
Congreso del Trabajo y que -aunque con algunas fuerzas en contra, como la del
FAT en el mes de marzo de 1985- la izquierda en general también los apoyaba
(véanse, al respecto, las declaraciones que formularon dirigentes de la alianza
electoral de izquierda, el 28 de febrero de 1985).
15) Pretendían evitar que, con una marcha atrás en la Resolución Conjunta del 30 de abril de 1985, el lineamiento estratégico de cambio estructural de la sociedad, incluido en el PND y reiteradamente aludido por Miguel de la Madrid, volviera a quedar en los términos de indefinición conceptual e indecisión política, que prevalecían hasta esa fecha. Se enfrentaban, como consecuencia de lo anterior, a las posiciones de grupos empresariales - expresadas ejemplarmente el 3 de mayo de 1985 en boca del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Jorge Chapa Salazar- que trataban de impedir que tu- vieran real vigencia los planteamientos del PND relativos a la vertiente de concertación; que se oponían a la existencia de convenios obligatorios, de derecho público, suscritos entre el Gobierno y miembros o representantes de los sectores social y privado para el logro de objetivos o metas específicas de desarrollo económico.
16) El dirigente cetemista Arturo
Romo y el vicepresidente del Congreso del Trabajo y dirigente del SME, Jorge
Tapia, obviamente concordaban con Fidel Velázquez ( 18 de marzo de 1985) en
cuanto a que la CTM (y el movimiento obrero organizado, en general) tenía un
alto peso específico en el proceso de toma de decisiones políticas del
presidente de la República, pero sin que llegara a ser el factor causal ('
'quien decide, en última instancia, es el presidente' '). Aún así, la denuncia
y el anuncio que aquí se han tratado de interpretar en cuanto a los objetivos
perseguidos con ellos, representaban una continuación o reiteración de la
suerte de amenaza vertida por el secretario general de la CTM, el 19 de marzo
de 1985 :
El Gobierno Federal no otorgará, pese a las
presiones que tenemos encima, concesiones políticas al sector empresarial( ...)
Una decisión arbitraria por parte del presidente de la República, desplomaría
al sistema(...)
_____________________________________________
4.3. Contingencias
De los muchos factores que determinan que se
manifestara claramente la movilización de la corriente progresista y nacionalista
del PRI, del movimiento obrero y del Gobierno, re- saltamos aquí cinco: las
medidas de emergencia del Gabinete Económico; la muerte repentina del
secretario de Educación Pública; la voluntad política de fortalecer el área de
la economía del país controlada por los trabajadores; la reducción objetiva de
posibilidades de pago de intereses de la deuda externa; y, la indefinición de
los mecanismos que el Régimen estaría dispuesto a aplicar para que la vertiente
de concertación del PND tuviera real vigencia. Veamos estos aspectos con mayor
detalle:
_____________________________________________
4.3.1. Medidas
de emergencia del Gabinete Económico
E1 6 de febrero, en Los Pinos, se reunió el
Gabinete Económico con el presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Se hizo un
análisis de la situación del país durante 1984, caracterizada por:
-Crecimiento del PIE en cerca del
3% .
-Incremento significativo de las
exportaciones no pe- troleras.
-Repunte de la inversión privada,
del 4 al 5% en términos reales.
-inflación cercana al 60% e
inferior en 22 puntos a la observada en 1983.
-Saldo de cuenta corriente, de la
balanza de pagos, de 3 500 millones de dólares .
-Reservas internacionales por un
monto cercano a los 8 500 millones de dólares .
-Tendencia a la recuperación en el
empleo.
-Pérdida del poder adquisitivo del
salario, pero en menor grado que en 1983.
-Crecimiento de la captación
bancaria real, en 7.6% . -Disminución de tasas de interés pasivas, de entre 9 y
10 puntos durante el año.
En esta ocasión, fueron contrastados los
anteriores aspectos' , positivos' , con la inflación de finales de 1984 y de
enero de 1985 y con la disminución del precio internacional del crudo (que, con
la entonces más reciente baja autorizada por PEMEX, significaban 300 millones
de dólares que no entrarían al país.
Esta comparación hizo que, , 'por consenso' ,
de los integrantes del Gabinete Económico, se concluyera que existía el peligro
de perder el control relativo que sobre la crisis había venido ejerciendo el
aparato gubernamental.
Para evitar este peligro se acordó lo
siguiente para 1985 :
-Reducción del gasto público en
100 mil millones de pesos (por decisiones tomadas posteriormente, para fina-
les del mes de junio de 1985, la cantidad total en que se reduciría el gasto
público ascendería al orden de 900 mil millones de pesos) .
-Cancelación de las plazas
vacantes, prohibición de creación de nuevas plazas y racionalización de todo el
gasto de servicios personales (para el Gobierno Federal, para las paraestatales
y para la banca nacionalizada) .
-Máxima reducción de subsidios,
transferencias corrientes y gastos de administración en general.
-Eliminación de proyectos no
prioritarios. -Mantenimiento de prioridades en alimentación, salud y vivienda.
-Liquidación, venta o
transferencia ( a gobiernos estatales o municipales) de 236 entidades que no
tenían calidad estratégica o prioritaria.
-Avance en el proceso de
simplificación de trámites y en la eliminación de trabas burocráticas
-Mejoramiento en la administración
y recaudación tributaria. Revisión de montos de participaciones de las
entidades federativas en impuestos federales.
-Reducción de sobreprotección en
algunos sectores de la economía. Vía rápida sustitución selectiva de permisos
previos por aranceles adecuados .
-Fomento a las exportaciones
mediante un programa adicional que se daría a conocer en los próximos 30 días .
-Implantación de política de
precios y tarifas del sector público que afecten en la menor medida posible los
aumentos de precios.
¿Cuáles fueron algunos de los efectos de
estas medidas? Veamos:
1) Se alejó, aún más que durante
1983 y 1984, la posibilidad de que la estrategia de cambio estructural
predominara sobre la estrategia de reordenamiento económico, dentro de los
planes, programas, proyectos y acciones gubernamentales de desarrollo. El
programa inmediato de reordenamiento económico recobraría el primerísimo lugar
que ocupó durante todo el primer año del régimen de Miguel de la Madrid.
2) Para junio de 1985, se manejaba abiertamente la posibilidad de una suspensión de pagos de intereses de la deuda externa, decretada por el Gobierno Federal. Las medidas de febrero y junio representaban la última carta -y así se manejaría en su momento- que el Gobierno jugaría, de acuerdo con los compromisos contraídos con el FMI. Durante enero-junio: a) el Sistema fue legitimado progresivamente, como previsión, esta medida, en el interior del país (manejo de la opinión pública, para que se tornara favorable a la medida, cuando -y en caso de que- se requiriera); b) el Gobierno fue aglutinando fuerza externa al país, en foros como el de Santo Do- mingo, Mar del Plata, Cartagena, Bonn, París, Madrid, Lisboa, etc. , con la mira de tener el suficiente respaldo internacional para la suspensión de pagos, ante inminentes caídas radicales del precio internacional del crudo .
3) El gobierno norteamericano intentó neutralizar el proceso de aglutinamiento de fuerzas internas y externas ( que emprendía el gobierno mexicano) para decretar , antes de fin de año, la suspensión de pagos de la deuda externa, manejando la alternativa de ingreso al GATT. Esta alternativa se disfrazó y matizó bajo la forma de un nuevo diálogo entre países desarrollados y países en desarrollo. Recuérdese aquí que, en su IV Informe sobre el Estado de la Unión (II/6/85), Ronald Reagan se comprometió a realizar' 'una nueva ronda de negociaciones comerciales entre países desarrollados y en desarrollo para abatir los desastres del proteccionismo e implantar en 12 meses un nuevo sistema de intercambio internacional' , .Como era de esperarse, los representantes de este proyecto norteamericano, ubicados en el país, hicieron sentir su presencia durante el resto del semestre.
4) En el "año político" de 1985, las medidas tuvieron los siguientes efectos (por lo menos) sobre los procesos electorales :
a) Se profundizó el ya iniciado manejo ideológico del nacionalismo por la Secretaría de Gobernación, el aparato burocrático todo y la estructura territorial y sectorial del PRI.
b) Se aglutinaron las fuerzas que se movían más allá de los márgenes del estado mexicano :
b.l) La derecha panista manejó las medidas como triunfo suyo, lo que utilizó para apoyar su lucha contra la pérdida de la hegemonía en manos suyas, como lo pretendían los dirigentes de las organizaciones cúpula del capital privado.
b.2) La izquierda vio en las medidas una
acicate para acelerar
el proceso (lento hasta entonces) de su unificación. Ello no bastaría, sin
embargo, para que pudiera presentarse a las elecciones del 7 de julio una
izquierda relativamente unida en torno a un programa electoral realmente común.
c) Se abrió un amplio espectro en cuanto a
características, no contempladas públicamente hasta entonces, que deberían
reunir los candidatos priístas a diputados federales, especialmente de aquellos
que darían la lucha por ocupar posiciones de liderazgo, secretarías o
coordinación de comisiones, en la Cámara baja. Ello implicaría el rumor que
corrió, a finales de enero, en el sentido de que Manuel Camacho ( subsecretario
de Programación y Presupuesto) había' , dado la sorpresa' , como posible
candidato a diputado y de que, en caso de ser postulado por el PRI, tendría
prácticamente asegurada la presidencia de la Gran Comisión de la Cámara de
Diputados.
5) Las medidas -una de ellas en
especial, relacionada con la venta de empresas del sector público- se
reflejaron en la intensificación de la lucha entre el movimiento obrero
oficial, principalmente la CTM, y las organizaciones directas de lucha del
capital privado ( especialmente la COPARMEX), en torno al asunto del sector
social. El movimiento obrero intentaría que la adquisición de empresas públicas
por los sindicatos cetemistas -con la cual éstas se incorporarían al sector
social de la economía - se convirtiera en apoyo a la expansión del área de la
economía del país controlada por los trabajadores y sus representantes. Las
organizaciones empresariales se empeñarían en demostrar que la medida de venta
de unidades económicas o de servicios que van a parar en el sector privado debe
proseguirse. Ello fundamentó una in- tensa campaña ideológica en torno a las
virtudes y ven - tajas de la empresa privada. Respecto a este último punto,
debe tenerse en mente que el 6 de febrero, CONALEP y COPARMEX firmaron un
convenio que obliga- ha a la Confederación Patronal de la República Mexicana a
impartir un curso de' 'Inducción a la empresa' , a jóvenes que cursaban loS
últimos semestres de las carreras que ofrecía el Colegio Nacional de Enseñanza
Técnica Profesional.
_____________________________________________
4.3.2. Muerte
de Don Jesús
El 19 de marzo de 1985, los noticieros
radiofónicos y televisivos transmiten la información -que no logró ser incluida
en la prensa matutina de ese día- de la muerte de Don Jesús Reyes Heroles,
secretario de Educación Pública.
Tan lamentable pérdida se daba con escasos
días de diferencia, luego de la del maestro Jesús Silva Herzog, el 14 de marzo,
cuando el presidente de la Madrid y el Gabinete en pleno montaron guardias ante
el ataúd junto con distinguidos académicos.
La muerte de Don Jesús Reyes Heroles fue muy
repentina, pues el mismo día 19 apareció una esquela firmada por él, en
diversos diarios, a través de la cual el Sistema Nacional de Investigadores
expresaba su pesar por el fallecimiento de Don Bernardo Sepúlveda Gutiérrez,
otro distinguido mexicano .
El señor Reyes Heroles dejaba un vacío: era
indudable que el quehacer académico y el devenir político no serían lo mismo
sin su presencia física.
Pero los signos de México eran de movimiento
y acción.
La historia seguía su marcha. El mismo día
19, en el noticiero de las 14:30, Radio Educación daba a conocer los resulta-
dos de un sondeo de opinión, respecto a su posible sucesor como titular de la
SEP. Se mencionaron nombres que abarcan la amplia gama de fuerzas y corrientes
presentes en el sistema político mexicano: Guillermo Soberón, Miguel González
Avelar, Octavio Rivero Serrano, Enrique González Pedrero, Porfirio Muñoz Ledo,
Pablo González Casanova, etc..
Dos días antes, el17 de marzo, en Mexicali,
el secretario general de la CTM afirmó que quien decidía en México era el
Presidente, en materia de asuntos políticos. Era pues de esperarse que la
afirmación resultara especialmente válida. Tratándose de la designación de sus más
cercanos colaboradores .
En este caso, lo. decisión del jefe
del Ejecutivo Federal fue especialmente difícil. Quien sucediera a Don Jesús
Reyes Heroles como secretario de Educación Pública tendría que acercarse a
representar lo que él representó en vida, ya manejar las habilidades
verdaderamente excepcionales con que él contó . El nombre no importaba tanto,
pero tendría que ser alguien que por lo menos :
a) Conciliara los intereses que se movían y las
luchas que se daban, entre los diversos grupos que se movían dentro de la
burocracia federal y sindical en el área educativa.
b) Garantizara que no se rompería el equilibrio
entre las fuerzas de centro-derecha y de centro-izquierda, presentes en el
conjunto de la administración pública y en el PRI.
c) No despertara ni la animadversión de la
izquierda ni el rechazo de una derecha todavía en pie de guerra, en materia
electoral.
d) Permitiera y auspiciara la vigencia del
nacionalismo revolucionario en el área crucial que para el país representaba la
educación de sus habitantes .
e) No representara el aceleramiento prematuro o
el debilitamiento precoz de los diversos grupos que -pese a lo que oficialmente
se admitía- ya contendían con mi- ras a 1988.
f)Tuviera el reconocimiento académico, el
prestigio y la solidez requerida para brindarle a sus funciones la seriedad que
ameritaban.
Difícil fue la decisión, además, porque tuvo
que tomarse a la brevedad. Los grupos, corrientes y fuerzas -entre ellas las
progresistas- entablaron inmediatamente la lucha por ocupar el vacío. Entre más
se prolongara, más desgaste habría. Además, no habría contraparte válida sin
titular de la SEP para negociar con los grupos magisteriales del IPN y de
Oaxaca, Chiapas y otras instituciones educativas del país.
La decisión finalmente fue en favor de Miguel
González A velar, hasta entonces presidente de la Gran Comisión de la Cámara de
Senadores. Gran tino, porque al reunirse las seis características enunciadas,
la administración siguió su marcha sin que se suscitaran trepidaciones, ni en
la burocracia, ni fuera de ella con motivo de la sustitución.
_____________________________________________
4.3.3. El asunto
del sector social
El 15 de abril de 1985, los diarios de
circulación nacional publicaron la propuesta cetemista de modificaciones a la
política económica del Régimen. De su contenido resalta la parte que se refiere
a la obtención de consenso en cuanto al manejo de la deuda externa como
resultado de una reunión de países acreedores y deudores. Textualmente:
[Lo importante de la reunión] es
aportar una solución global a la problemática que enfrentan los países
deudores. De lo contrario será casi imposible que puedan cubrir su deuda en los
términos que ha fijado el Fondo Monetario Internacional( ...) Actuando
aisladamente no se podrán resolver ninguno de los problemas que enfrentan las
naciones en deudadas( ...)
La propuesta había sido anunciada con semanas
de anticipación. Su publicación, precisamente el día 15, indica que los cuadros
dirigentes de la CTM seleccionaron el mejor momento, para tener el máximo de
eficacia. Veamos por qué:
1) La publicación de la propuesta
coincide con la publicación del comunicado del Grupo Intersectorial (SERFIN,
BANCOMER, BANAMEX, NAFINSA) encargado de la venta de 35 empresas públicas a los
sectores social y privado. En el terreno económico, ello ampliaba enormemente
la legitimidad requerida para que las unidades productivas de los sindicatos
cetemistas continuaran conduciendo el proceso de fortalecimiento del área de la
economía controlada por los trabajadores y sus organizaciones. En concreto, la
coincidencia brindaba mayor fuerza a la CTM para concluir favorablemente la
negociación de la compra de parte de estas 35 empresas puestas a la venta.
2) La publicación se dio con 15
días de anticipación al desfile del primero de mayo. En el plano político
interno, ello permitió a la CTM maniobrar con amplitud para que fuerzas obreras
independientes vieran reducidas sus posibilidades de erosionar las bases
sociales de la administración presidencial en turno. Las instrucciones que los
dirigentes de alcance nacional giraron, el mismo día 15 de abril, a las federaciones
y sindicatos nacionales de industria cetemistas, indicando que deberían mostrar
públicamente su rechazo al FMI con motivo del día del trabajo, de hecho
significaron la apropiación de las de- mandas que en este sentido planteaba la
oposición de izquierda.
3) La publicación se dio con dos
días de anticipación a la celebración del XI Congreso de la ORIT en la ciudad
de México, a partir del 17 de abril. Ello permitió que, en el plano de la
política internacional, se ampliara sustancialmente la fuerza en torno a la
posición de Miguel de la Madrid de pugnar por un diálogo político
acreedores-deudores, en materia de pago de la deuda externa. En la reunión
ORIT-CIOSL, la propuesta de la CTM fue aprobada: 120 organismos sindicales de
Amé- rica Latina, el Caribe, Canadá y EVA presionarían a sus respectivos
gobiernos en el sentido del diálogo poli - tico planteado por el gobierno
mexicano.
4) La propuesta se difundió
públicamente alrededor de dos semanas después de que el director general de
PEMEX, en diversos foros internacionales, planteara que la capacidad de pago
del gobierno mexicano, en materia de deuda externa, se vería seriamente
menguada, en caso de que se diera una nueva disminución en el precio del crudo
en el mercado mundial. Dado que sobrevino -y que al terminar junio eran
inminentes caídas sucesivas, hasta llegar a menos de 20 dólares por barril- la
pro- puesta de la CTM fungiría como aglutinadora de las fuerzas internas y
externas que apoyarían al Régimen, bajo la eventualidad de que se declarara una
moratoria de pagos de intereses, particularmente en lo referente a la porción
de la deuda externa que no había sido aún reestructurada.
_____________________________________________
4.3.4. La vertiente
de concertación
El3 de mayo de 1985, en Monterrey, el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Jorge Chapa Salazar, expresó
los temores del sector privado respecto a los alcances y posibles efectos de
los mecanismos en operación, en materia de planeación para el desarrollo.
Cedamos la palabra al señor Chapa:
Entre los empresarios hay temor de
que la planeación económica, que es formalmente participativa, se convierta en
coercitiva dado que la potestad de fijar impuestos, de otorgar créditos, de
señalar precios, de con- ceder permisos y de aplicar multas, está totalmente en
manos del gobierno. ..El gobierno podría forzar a los productores a adoptar
con- venios en que se comprometieran a alcanzar ciertas metas en ciertas
circunstancias, ya los cuales se les impusieran penas si no cumplen con los
compromisos( ...) (Excélsior, V /4/85)
Al día siguiente, y conforme a declaraciones
publicadas por Excélsior e15 de mayo, el subsecretario de Hacienda,
Francisco Suárez Dávila, formula una rápida respuesta: la rectoría no es para
debilitar al sector privado, sino para fortalecerlo . Textualmente :
La rectoría del Estado en la vida
económica nacional, no implica de manera alguna agobiar al sector privado sino,
por el contrario, fomentarlo y definir su ámbito de acción( ...)
Veinticinco días después, el 30 de mayo, Excélsior
pública una entrevista aplicada al licenciado Melchor de los Santos,
director general de Planeación Económica y Social de la SPP . A la pregunta
específica, referida a los señalamientos de Jorge Chapa en torno a los'
'peligros' , de la planeación, el funcionario responde :
En el capítulo sexto de la Ley de
Planeación( ...)se establece que los diferentes sectores podrán concertar la
realización de acciones previstas en el Plan. Pero esta concertación, lejos de
plantearse como un mecanismo de imposición de obligaciones que contemple
castigos por incumplimiento, busca llegar a compromisos libremente asumidos,
cuyo cumplimiento es estimulado por diferentes vías( ...)
El contenido de la respuesta oficial va al
fondo del asunto de las preocupaciones de las organizaciones de lucha directa
del capital privado, tratándose de la planeación para el desarrollo. Lo que
ponían sus dirigentes en tela de juicio, en esencia, era la aplicación real de
la vertiente de concertación.
No obstante, la respuesta es imprecisa. En
nuestra concepción, ello se debió a que aún no se resolvía políticamente el
asunto precisamente porque el movimiento obrero de apoyo proestatal presionaba
en dirección opuesta a la de los empresarios: presionaban hacia el
establecimiento y operación verdadera, de la vertiente de concertación.
Procuraremos fundamentar.
1) La SPP tenía) efectivamente)
la obligación de hacer cumplir los compromisos contenidos en el Plan Nacional
de Desarrollo. y uno de estos compromisos estribaba, justamente, en hacer
operar la vertiente de concertación, como una de las cuatro que -de acuerdo con
el texto del propio Plan - permitirían instrumentar el PND 1983-1988. En la
página 426, a la letra, se dice:
En el marco de la tercera
vertiente a que se refiere la Ley [La vertiente de concertación), los sectores
público, social y privado podrán concertar acciones conjuntas de acuerdo
a los lineamientos previstos en el Plan. En éstos podrán ser celebrados
contratos y convenios de derecho público. En estos convenios habrá compromisos
específicos y serán de cumplimiento obligatorio para las partes que los
suscriban. El Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales al celebrar
dichos convenios observarán los objetivos y prioridades del Plan y los
programas. A través de estos convenios, los grupos sociales en general, podrán
participar por sí o conjuntamente, con el sector público, en la realización de
acciones que inciden directamente sobre aspectos de mutuo interés y que
coadyuven al logro de los objetivos del Plan( ...)[i]
El texto es claro: posibilidad de
celebrar convenios entre los sectores social y privado, por un lado, y el
sector público, por el otro, como medio para la consecución de los objetivos
del PND. Pero si esta posibilidad se convertía en realidad -es decir, si se
firmaban los convenios-, entonces éstos serían de derecho público, con
cumplimiento obligatorio para las partes suscriptoras.
2) En lo relativo a la
vertiente de concertación la SPP no había podido crear el ambiente político
necesario para aplicarla en toda su magnitud. Había avances, pero éstos ni
siquiera se habían dado a conocer y, menos aún, habían sido incluidos en los
informes de ejecución del PND. El titular de la SPP, Carlos Salinas de Gortari,
no había podido' 'tirar' , de los hilos políticos que condujeran a la total
vigencia de la vertiente de concertación, no obstante que tarde o temprano se vería
compelido a ello. Salinas de Gortari era, efectivamente, el eje que enlazaba la
campaña presidencial, las modificaciones constitucionales de principios de la
administración delamadridista y el Plan Nacional de Desarrollo para hacer que
se cumplieran los compromisos presidenciales. Este asunto fue magistralmente
expuesto por el prestigiado columnista León García Soler, en Excélsior, el
día 20 de mayo :
Por eso Carlos Salinas de Gortari tira de los
hilos que enlazan política- mente la campaña presidencial de 1982, las reformas
constitucionales y el Plan Nacional de Desarrollo, precariamente ligados por
los "re- cursos financieros disponibles' , y el compromiso de la palabra
presidencial empeñada( ...) [ii]
3) Las organizaciones ( cúpula
del capital privado estaban empeñadas en que la vertiente de concertación no se
aplicara, por- que, como decía el propio Chapa, ello establecería
compromisos de carácter obligatorio, en caso de suscribir convenios. Desde la
perspectiva de sus dirigentes, los convenios suscritos entre el sector público
y el sector privado debían ser imprecisos: sin metas y sin compromisos claros
y, sobre todo, sin obligatoriedad. Preferían el mecanismo de consulto rías
Gobierno-empresarios, con una práctica de exclusividad en este sentido. Ello
explicaría, por ejemplo, el que el 26 de mayo, en la L VII Asamblea General
Ordinaria de la CONCANACO, celebra- da en Tuxtla Gutiérrez, los comerciantes
demandaran que los organismos empresariales fueran consultores fiscales
del Congreso de la Unión y que desaparecieran los Comités Pro defensa del
Consumidor y los Comités Verificadores de Precios, del PRI.
4) El movimiento obrero) como
contraparte) exigía que la vertiente de concertación siempre incluyera)
respecto a él mismo y) con mucha más razón) al capital privado) mecanismos
operativos) reglas claras) compromisos concretos y) sobre todo) obligatoriedad
para las partes. Precisamente porque la Resolución Conjunta Gabinete
Económico-Congreso del Trabajo, suscrita la víspera del lo. de mayo de 1985, no
incluyó esta operación, esta claridad, estos compromisos y esta obligatoriedad
para su cumplimiento por parte del Gobierno; es que en el mes de mayo los
trabajadores se encamina- rían hacia el' 'llenado de lagunas' , .Se celebraron
reuniones de trabajo con diversos funcionarios públicos para ello: con Carlos
Salinas de Gortari, el 8 de mayo; con Arsenio Farell Cubillas, el 9 de mayo;
con Ricardo García Sáinz, el 17 de mayo; con el titular de la SEDUE, el 20 de
mayo; y, con Héctor Hernández Cervantes, el 24 de mayo. La tónica fue la misma:
avanzar en la vertiente de concertación para que el Gobierno cumpliera
compromisos explícitos -de la misma manera que lo haría el movimiento obrero-,
aun cuando en la Resolución Conjunta se hubieran contemplado implícitamente.
5) El Congreso del Trabajo
presionaba para que compromisos obligatorios se incluyeran en convenios
específicos sector privado- Gobierno. No sólo predicaba el movimiento
obrero con el ejemplo. Demandaba que la vertiente de concertación se aplicara
al sector privado. Ello es muy claro en el documento, entregado por el Congreso
del Trabajo a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el 27 de mayo de 1985:
Hay una actividad antipatriótica de algunos
grupos que continúan sacando capitales del país, que se resisten a invertir,
que utilizan el apoyo del Gobierno para beneficio propio, que plantean la
reducción de la actividad del Estado y que agudizan la inflación( ...) [ A esos
grupos ] debe obligárseles a una posición más comprometida con la Nación, no otorgándoles
ningún apoyo que no tenga como contraparte un compro- misa exigible (
...)[iii]
(Excélsior, 28 de mayo de 1985).
6)El panorama estaba bastante
claro, pues. Para finales de junio, los' 'censores' , gubernamentales habían
captado toda la información al respecto. ¿ Hacia dónde se resolvería el
paralelo grama de fuerzas, respecto al asunto de la vertiente de concertación?
La identificación prolongada ya durante todo 1983, 1984 y el primer semestre de
1985, no podía esperar más. El Régimen tenía la palabra, en función de la ponderación
que -en la concepción de Miguel de la Madrid- le correspondía efectuar :
El Gobierno, dentro de la sociedad
democrática y libre que prevalece en México, busca el consenso y no la
imposición; el concierto y no el conflicto( ...) En estos tiempos de
dificultades es cuando más necesita- mas los mexicanos ejercer el talento del
diálogo y la concertación, a pesar de que, por las características de la
sociedad, difícilmente se puede alcanzar la unanimidad. Al gobierno de la República
le corresponde hacer la ponderación de los distintos intereses y lograr
la mayor justicia y la mayor eficiencia( ." .) [iv]
(Inauguración LXVII Asamblea CONCANA- CO, Tuxtla Gutiérrez, V /27/85,
publicada en Excélsior del día siguiente)
_____________________________________________
4.3.5. Deuda
externa
Una imagen ferozmente represiva, de lo que
sucedería con un país que no pagara la deuda externa, es divulgada por el
diario Excélsior, en su edición del 17 de abril de 1985. Reproduciendo
las palabras de un banquero neoyorquino, publicadas a su vez en el periódico Le
Monde, se incluía el siguiente texto :
Si algún país de América Latina
decidiera no pagarnos las deudas con- traídas con nosotros, tenemos estudiada
la respuesta en el plano jurídico, y ello sería fulminante: confiscaremos todos
sus bienes en tierra, mar o aire; bloquearemos todas las cuentas bancarias de
sus ciudadanos en el exterior y todo barco o avión de ese país que tocara
tierra extranjera será secuestrado( ...)
Adicionalmente, el reportaje del rotativo
mexicano mencionaba el ejemplo -Argentina- que tomaba el articulista de Le
Monde, para' 'demostrar' , que era prácticamente imposible salirse del FMI
y del sistema financiero mundial:
Pocas cosas ayudaron tanto a
tranquilizar a los banqueros sobre sus deudores del Tercer Mundo, como las que
obligaron a Argentina a tragar la medicina del FMI. Ello demuestra el grado de
presión que se puede ejercer sobre un país para impedirle que se desvíe de la
ruta marcada por la comunidad financiera internacional( ...)
Por último, Excélsior consigna las
razones que daba el periódico francés para ello: los deudores no podían
cancelar el pago de su deuda externa porque los acreedores no eran los débiles'
'comités de particulares' , de antes de la Segunda Guerra Mundial, sino grupos
organizados, constituidos por los más poderosos bancos del mundo; en
consecuencia, si no se pagara a un banco, se enfrentaría el gobierno de un país
deudor, a todo el sistema financiero mundial.
De entre los múltiples efectos políticos que
la publicación de esta nota traería consigo, resalta uno: constituirse en uno
más de los apoyos ideológicos a la posición que esgrimiría el gobierno
mexicano en la reunión de los Comités Provisionales del FMI y de Desarrollo del
Banco Mundial, que se realizaba ese mismo día en Washington, D. C.
En el país y en el extranjero, el 15 y el 16
de abril, se celebraron diversos eventos internacionales. Sirvieron de marco a
importantes declaraciones de altos funcionarios del ejecutivo federal, por
cuanto aclararon los planteamientos que defendería México en la reunión
mencionada. Quizá la intervención más concreta, en este sentido, fue la del
secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari, en la
inauguración de la v Conferencia de Ministros y J efes de Planificación de
América Latina y el Caribe, el día 15 :
Entre los extremos de la moratoria
unilateral o de tasas de interés asfixiantes (...) tiene que avanzarse más
rápidamente en la búsqueda de una solución económica e institucionalmente
razonable al problema de la deuda (...) México demanda firmemente, al lado de
los países en desarrollo, la urgente reestructuración de las relaciones
económicas mundiales y que se pongan en práctica las recomendaciones
recientemente aprobadas por los 14 ministros de finanzas de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico: elevar el comercio mundial,
aumentar los flujos internacionales de capital hacia los países en desarrollo,
disminuir el proteccionismo y abatir las elevadas tasas reales de interés( ...)
A la opinión pública no le quedó entonces la
menor duda de que nuestro representante acudiría a la reunión del FMI - BM,
esencialmente con esta posición, aunque adaptada a las conclusiones de la XXXI
Reunión Anual del Grupo de los 24 ( al que pertenecía México ), dadas a conocer
el día 16 de abril.
Sin embargo, tal y como se había adelantado,
la posición del gobierno mexicano y del Grupo de los 24 fue práctica- mente
derrotada en la reunión de Washington. Los países más poderosos del mundo
capitalista' 'bloquearon' , la propuesta de reformar el sistema monetario
internacional, al menos durante 1985, con la marcada excepción del gobierno
francés.
Se perdió esta batalla, pero es menester no
olvidar que fue librada en el terreno de los acreedores y realizada conforme a
sus reglas del juego. Lo menos que podía esperarse, para julio de 1985, era que
el régimen de Miguel de la Madrid endurecería su posición, apartándose del'
'justo medio' , en que había estado tratando de ubicarse formalmente hasta
entonces. Se orillaría, presumiblemente, al extremo de suspensión del pago de
servicios de la deuda externa. Consecuentemente, era la creencia socialmente
generalizada, deberíamos prepararnos para afrontar presiones como las descritas
por Le Monde .
Ir al
principio de este documento
Ir a página del Dr Xavier Gamboa Villafranca
Enviar correo a:
_____________________________________________
