Hace ya mucho tiempo que el crimen y la inseguridad pública desbordaron los muros de contención con que los gobiernos panistas y priístas prometieron mejorar la paz y tranquilidad, así como velar por la integridad física y la propiedad de las personas.

En Baja California, y fundamentalmente en Tijuana, la violencia estructural y la criminalidad son fenómenos que se han institucionalizado; es decir, han dejado de causar sorpresa para ser percibidos por la ciudadanía como "normales", hechos cotidianos con los cuales se debe coexistir, dado que las bandas delictivas han llegado a constituir un virtual poder político ilegal y paralelo, en muchas de las ocasiones superior a las instituciones del Estado, al cual disputan inclusive el ejercicio de la fuerza como atribución exclusiva de la autoridad para garantizar la vigencia de las leyes en sociedad y la solución pacífica de las controversias entre particulares.

El ánimo social está postrado por la desilusión y amedrentado por el reto de los criminales. Desilusiona la incapacidad del gobierno para restituir la confianza y tranquilidad en la sociedad y atemoriza la insolente audacia de la delincuencia, que ha perdido todo respeto por la autoridad. Hay en la entidad una indiscutible correlación entre el ascenso del PAN al gobierno, y la escalada de violencia y la criminalidad, fenómenos que se institucionalizan y se hacen estructurales.

A partir de 1989, la incidencia delictiva comenzó a rebasar todos los límites imaginables. Improvisación, inexperiencia, falta de estrategias, acciones incorrectas, acciones por capricho o corazonada, fueron los factores que sumados, corregidos y aumentados, han llevado a la cúspide el clima delincuencial.

No entendieron ni han entendido los gobiernos del PRI y del PAN que con la seguridad pública no se juega. Que el combate a la delincuencia no es a medias o con tolerancia. Espacio que se le concede al delincuente por corrupción de malos servidores públicos, negligencia u omisión, que a la postre es lo mismo, es espacio perdido que no regresa.

Es urgente la participación organizada de la sociedad en el combate a la inseguridad. Es imprescindible ganar prestigio para las instituciones de gobierno, para que los criminales les teman y respeten, y la sociedad se sienta confiada junto a ellas.

La coordinación entre los tres niveles de gobierno y los recursos estatales y federales destinados a la seguridad pública son componentes de alto valor en esta lucha. Estas contribuciones pueden potenciarse significativamente con la participación ciudadana organizada y de manera permanente e institucional en la lucha contra el crimen. Preciso, con toda energía, que no se deben escatimar recursos de ninguna índole para solucionar el grave problema de inseguridad pública.

Los compromisos y acciones que a continuación se presentan corregirán, en el corto plazo, el clima delictivo que prevalece en la ciudad. Contemplan su combate eficaz, la reordenación de la policía, el combate directo a la corrupción, el privilegio de la capacidad y experiencia en los mandos y una estrecha, constante y permanente vinculación con la sociedad.

Para dar a la ciudadanía de Tijuana la seguridad pública que merece, estas propuestas son las siguientes:

Se debe establecer una relación de permanente coordinación entre los cuerpos policíacos de los tres órdenes de Gobierno; en especial se debe poner énfasis en una relación respetuosa y cercana con el Ejército Nacional Mexicano, para efecto de que cada quien, en el marco de sus atribuciones constitucionales, ejerzan una acción concertada y coordinada en el combate a la delincuencia.

Debe desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública, que hasta hoy sólo ha provocado confusión e interferencia entre la autoridad municipal y el cuerpo policiaco. La relación entre el Presidente Municipal y el Director de la Policía y Tránsito Municipal, será directa y sólo habrá un nivel de mando. Todos los días, el Alcalde recibirá el parte policiaco a las 7 de la mañana, a partir del cual se emitirán las directrices necesarias.

Establecer el compromiso de presentar una iniciativa de ley para que sea la ciudadanía, por voto directo y secreto, quien elija al Jefe de la Policía Municipal, el cual se sujetará a un referéndum ciudadano a la mitad del trienio, mediante el cual se removerá o ratificará, según haya sido su desempeño al frente de la responsabilidad asignada. Los elementos que aspiren a desempeñar tan importante cargo, deberán contar con la vocación, la experiencia, el arraigo, la honestidad, la capacidad y disciplina que reclama un puesto de tal envergadura. Nunca más se nombrará como responsable de la Seguridad Pública en Tijuana a alguien ajeno a la ciudad y a los integrantes de la corporación policiaca.

Mejor salario y prestaciones. Un efectivo combate a la corrupción impone la obligación del gobierno de dignificar el trabajo y las remuneraciones que perciben los policías. En el corto plazo, se debe aumentar substancialmente el salario actual que reciben los agentes de ingresos más bajos, se les proveerá un seguro de vida importante, se garantizará servicio médico gratuito y se hará lo necesario para inscribir al policía a los organismos de seguridad social y vivienda. En caso de fallecimiento en cumplimiento del deber, se entregará el importe íntegro de su salario a sus deudos directos, hasta en tanto el menor de sus hijos cumpla la mayoría de edad.

Se debe reforzar y redimensionar el Instituto de Capacitación y Formación Profesional de la Policía a efecto de que no solamente egresen cadetes para incorporarse a la seguridad pública, sino que tendrán programas permanentes de educación continua para los miembros en activo, de los que será obligatorio su asistencia y evaluación aprobatoria para garantizar su permanencia en la corporación.

Instalación del Programa de Estímulos, Recompensas y Reconocimientos. Como apoyo importante al esfuerzo personal de los policías, se otorgarán estímulos, recompensas y reconocimientos, de 1 a 3 meses de salario integrado, vacaciones adicionales con goce de sueldo, etc., a través de un Comité Evaluatorio del desempeño del personal.

Reequipamiento de la Corporación. Un eficaz combate a la delincuencia impone un moderno equipamiento de la corporación, tanto en vehículos como en armamento. El banco de armas de la policía debe estar modernamente equipado; los agentes policíacos recibirán instrucción y prácticas constantes de tiro a efecto de garantizar a la comunidad que un policía armado no pondrá en riesgo la integridad física de los ciudadanos que circunstancialmente aparezcan en una escena de riesgo.

Se cancelarán las escoltas de funcionarios, familiares y amistades, subsistiendo únicamente las estrictamente necesarias para prevenir y mantener la buena marcha del gobierno municipal, por razón de su propia función, ya que de lo contrario se distrae una importante cantidad de policías que en lugar de estar realizando tareas de prevención y combate a la delincuencia en la ciudad, se dedican a proteger a aquellos que se consideran importantes, influyentes e indispensables.

En la integración de nuevos elementos a la corporación policiaca, se les brindará prioridad a los integrantes de la policía comercial, para que puedan obtener una plaza de base, una vez que hayan cumplido con los requisitos que contempla la ley.

Se invitará a los prestadores de servicio social de la carrera de derecho, de las universidades públicas y privadas de Tijuana, para que funcionen como gestores ciudadanos ante los jueces municipales.

Ningún ciudadano que transite por las vías públicas de Tijuana, será amonestado o reprendido, salvo que incurra en causales de incumplimiento de las normas establecidas. Las medidas pertinentes para salvaguardar los derechos ciudadanos, estarán bajo la responsabilidad del Director de Policía y Tránsito Municipal.

No se permitirá ninguna acción unilateral e ilegal de ningún orden de Gobierno que lastime la coordinación efectiva que deba producirse entre todas las corporaciones policiacas. Los elementos municipales que se vean inmersos en un procedimiento judicial, contarán con el apoyo jurídico de la corporación, hasta llegar al deslinde de las responsabilidades. Si es culpable, que se le sentencie y, si es inocente, que se le exonere.

Operativos preventivos permanentes. A efecto de reforzar la presencia policíaca en la ciudad para disuadir a los delincuentes de sus conductas ilícitas, y para cumplir con el mandato constitucional de garantizar la seguridad pública del ciudadano, se establecerá una campaña de operativos preventivos permanentes en todo el territorio municipal, con la información analizada y estratégicamente organizada, que arrojen tanto la Dirección de Prevención del Delito como el Centro de Análisis y Estrategias.

Se instalará de manera permanente, el Consejo Consultivo de Seguridad Pública. Para la toma de decisiones que sean de importancia general se instalará de manera permanente este Consejo integrado por representantes de la sociedad a través de grupos sociales, organizaciones de profesionales, organismos no gubernamentales, instituciones de educación superior y sectores productivos de la comunidad, que sesionará en forma permanente una vez por mes, no sólo para recibir la información del estado que guarda la seguridad pública municipal, sino para proponer medidas de atención, prevención y combate a la delincuencia, y tomarse las decisiones estratégicas en el seno del Consejo.

Creación de Comités Sociales de Seguridad Pública. Se instalarán estos Comités por colonia, conformados por la ciudadanía interesada, cuyos integrantes sean elegidos de manera democrática en convocatoria pública, a quienes se les denominará Policía Social, debiendo elaborarse un Reglamento Interno que delimite exactamente las atribuciones y obligaciones de sus miembros, inicio y fin de sus funciones, así como sus responsabilidades. Los recursos que les correspondan según la aplicación del Ramo 33 de la federación se destinarán para la instalación de Casetas Móviles dentro de la demarcación que alcance el Comité, las que serán equipadas con telefonía, radiocomunicación y al menos una patrulla.

Buzón de denuncias anónimas. Somos conscientes de que en muchas de las veces, por la nula confianza que la población tiene en la policía, ésta se abstiene de denunciar hechos delincuenciales que suceden en la zona en la que habitan, donde proliferan picaderos, bandas delincuenciales, etc. Sin evadir o descuidar la labor preventiva de la policía, y a efecto de lograr la confianza ciudadana, se instalarán inicialmente en todas las delegaciones y principales zonas de comercio, buzones para la recepción de denuncias anónimas, a los cuales tendrá acceso exclusivamente el Director de Policía y Tránsito. Toda denuncia recibida será atendida con inmediatez.

Programa 911. El teléfono para atención de emergencias que actualmente se tiene en vigencia, ha sido reportado constantemente por la ciudadanía de que no produce ningún resultado efectivo; por ello, se implementará el programa de teléfono de emergencia 911, identificado por la mayoría de la población, para reportar toda clase de emergencias que padezca la ciudadanía y generar inmediata respuesta policíaca o de ambulancias, el cual estará atendido las 24 horas por personal capacitado para atender la emergencia que se reporte.

Reordenamiento del tránsito vehicular. Es del dominio público el desorden vehicular, accidentes y lesiones que genera el incumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento de Tránsito. Por ello, con el reforzamiento vehicular que habrá en la corporación, se aplicará en su exacta dimensión dicho reglamento para reducir la cantidad de accidentes viales en Tijuana.

Programa Permanente de Educación Vial. Con la idea de lograr una mayor conciencia en la comunidad, la educación vial será considerada como factor importante y necesario para el respeto al Reglamento de Tránsito y en consecuencia en la prevención de accidentes. Se iniciará una campaña constante y permanente en los medios de comunicación, particularmente en televisión con un programa de transmisión semanal, a través del cual se impartirán clases de educación vial.

Recomposición de los jueces municipales. La importante labor que deben desempeñar los jueces municipales en el propio control de la seguridad pública y en el combate a la corrupción, está actualmente muy restringida y es prácticamente nula. Salvo casos de excepción, se ha privilegiado también el amiguismo, la inexperiencia y la impreparación. En virtud de ello, se reestructurarán las funciones, competencias y responsabilidades de estos servidores públicos, a efecto de convertir su figura en un importante órgano de combate a la corrupción policiaca y en un eficaz sancionador de las faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno, vigilando en todo momento que los casos turnados al Ministerio Público estén jurídicamente sustentados para evitar el florecimiento de la impunidad.

Estamos convencidos que estos compromisos y acciones aquí presentadas son factibles de hacer realidad; y reducirán, en el corto plazo, los índices delictivos y la elevada ola de criminalidad que impera impunemente en la ciudad.

El hartazgo de los ciudadanos llegó al límite. Han exigido, sin lograrlo, un eficaz combate al crimen. El éxito en esta tarea no requiere solamente de buenas intenciones: requiere experiencia, capacidad, honestidad y espíritu de servicio. Requiere de un combate frontal, sin temor, con mano dura, inteligente y honesta contra la delincuencia.

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