Dar cuenta de los pleitos de vecindad, así como hurgar en la vida de las personas públicas, se ha convertido en el alimento para el reality show de la vida nacional. Quizá el estado de cosas no fuera lo suficientemente burdo, denigrante y degradante, si los políticos hicieran un esfuerzo de mesura, coherencia e integridad en lugar de ponerse de a pechito para ser ventaneados, con lo que no hacen sino alimentar el morbo y dar historias que tejer a los representantes de los medios de información, además de contribuir al rating y al tiraje.

Jorge Kawaghi, René Bejarano, Carlos Ímaz, Jorge Emilio González, Gustavo Ponce Meléndez y otros famosos, han acaparado cientos de horas de transmisión en radio y televisión, toneladas de papel periódico y millones de caracteres en páginas de Internet.

Sin embargo, los asuntos de verdadero interés nacional pasan desapercibidos para la mayoría de los ciudadanos, precisamente por el desinterés de los políticos por avanzar en estos temas, además de que hoy los triunfos electorales son para los más conocidos -no importa cómo-, en lugar de para los más capaces.

Precisamente hoy, gracias al pleito entre el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y las autoridades federales dirigidas (¿?) por el Presidente de la República, ambos ganan más publicidad y ayudan al descrédito de la política, en vez de contribuir al debate, mediante el cual podría solucionarse el problema en que se encuentran insertos ambos personajes: la autonomía del Ministerio Público tanto federal como local para evitar la politización de la política y seguir al pie de la letra las leyes, con el fin de acabar con la simulación y la ausencia de rendición de cuentas.

En los primeros días de julio de 2003 advertimos de la incapacidad de Vicente Fox para crear mayorías y, por lo tanto, si quería dejar huella y no pasar a la historia como una mera anécdota, debía comenzar a construir acuerdos para sentar las bases que permitan devolver la credibilidad de los ciudadanos hacia el quehacer de la política.

Y uno de ellos era precisamente lograr la autonomía del Ministerio Publico. El 30 de abril, la Presidencia de la República envió una iniciativa de Ley para la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en una Fiscalía General de la Federación, y como hecho trascendente, su plena autonomía constitucional para evitar la subordinación por aspectos de carácter presupuestal, por lo que de esta forma, se evadirían las consideraciones de carácter político y, por tanto, la politización de la procuración de justicia.

Este órgano estaría conformado por un Fiscal General nombrado por el titular del Poder Ejecutivo Federal, con la ratificación del Senado de la República, con temporalidad en el puesto hasta de cinco años, con la posibilidad de ser ratificado por otro periodo igual.

Además, se prevé en la iniciativa la existencia de Fiscales de Circuito que se encarguen de la investigación y persecución de los delitos en forma desconcentrada. Podrían durar en el encargo cuatro años en el cargo con posibilidades de ratificación por otros tantos y serían propuestos por el Fiscal General al Presidente de la República, para ser designados con ratificación del Senado de la República.

Así también, como órgano técnico, el Ministerio Público deberá realizar las pesquisas con plena independencia de criterios políticos.

Además, la reforma busca la fusión de la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Agencia Federal de Investigación (AFI) en la nueva Policía Federal, que estaría bajo la responsabilidad y mando de una Secretaría del Interior, que a su vez reemplazaría a la Secretaría de Seguridad Pública.

¿Usted, amable lector, ha escuchado o leído sobre esta iniciativa?

Así es. La mayoría no conoce a ciencia cierta qué contiene. Pero como es un asunto importante para el país, su debate es soslayado. Así, la pregunta es: ¿lo urgente, cuándo?

Réplica y comentarios al autor: renatoconsuegra@yahoo.com.mx