Podemos afirmar que hoy es una responsabilidad sin antecedentes para el sindicalismo la de renovar creativamente la estructura del actual gobierno de Cuba a fin de garantizar una real democracia, asegurar la estabilidad social y protagonizar la defensa de la independencia y soberanía nacional. Por supuesto que para eso se reclama el reencauzamiento del proceso revolucionario y la remoción de los esquemas de poder que por su sujeción al partido único perdieron su transparencia y su capacidad de canalizar el ejercicio de la soberanía popular. De hecho, en Cuba, hoy, la comunidad del trabajo es el único espacio donde se ejerce en cierto grado el pensamiento crítico.

Los trabajadores cubanos, con su larga experiencia organizativa, bien pueden asumir la gran responsabilidad de iniciar el proceso de la reconciliación nacional y de substanciar las bases doctrinales de un consenso que, fundamentado en los valores de la Revolución Cubana, permita la renovación integral del pensamiento crítico y programático. Este pensamiento revolucionario del que hablamos tiene como referencias axiales lo que representaron en su momento histórico con su pensamiento y vida Félix Varela, José Martí, Antonio Guiteras, Sandalio Junco y Manolo Fernández.

Para desarrollar una genuina democracia en Cuba, el movimiento de los trabajadores organizados no puede ser una entidad burocrática sin iniciativa propia, ni puede renunciar a la responsabilidad de participar en la dirección económica, y colaborar en la educación, la promoción de la cultura y la seguridad social y la salud pública. Para que esta iniciativa creadora pueda ser asumida responsablemente se necesita la plena confirmación de su condición institucional como órgano único, de derecho publico, autónomo, democrático y apartidista.

La Central de Trabajadores, en el proceso de reconciliación nacional y reafirmación revolucionaria que muy pronto tendrá que iniciar, ha de afrontar grandes retos en el campo socioeconómico, pero más aún en su estructura interna para poder liberarse del actual burocratismo paralizante. Sólo así los organismos en la base social podrán rechazar todo condicionamiento y ejercer verdaderamente una democracia orgánica. Esto fue en verdad el ideal por el que tantas generaciones de revolucionarios ofrecieron sus esfuerzos ingentes y aún su vida.

De acuerdo con las afirmaciones anteriores resulta evidente que si consideramos el sindicato como el órgano representativo de la comunidad del trabajo, éste sólo podrá ejercer sus funciones a plenitud en un estado social de derecho. Este ha de normar la acción empresarial, fuere ésta particular, pública o social, en cuanto a la producción y el servicio. Esto, por supuesto, ha de ocurrir dentro del marco de una economía social de mercado.

Es obvio que los social revolucionarios, en consecuencia con las anteriores reflexiones, rechazamos tanto el capitalismo de estado como el liberalismo económico. El primero engendra un régimen totalitario, y el segundo, a la sociedad capitalista.

Estas consideraciones no han de ser simplemente una posición de principismo academicista. Son rutas del pensamiento para conducir la acción social. Así lo planteamos en nuestro mensaje del 1ro. de mayo de 1993, cuando nos referimos a "las estructuras paralizadas del movimiento obrero y campesino de Cuba, al objeto de ejercer presión interna en sindicatos y asociaciones campesinas para lograr la independencia y el apartidismo imprescindibles del movimiento obrero y campesino, con respecto al gobierno actuante, cualquiera que este sea".

Hemos, asimismo, de rechazar todo fraccionamiento del movimiento obrero y campesino. Se infiere, pues, que hemos de participar en los sindicatos y las asociaciones campesinas, no importa lo deficientes o negativas que puedan ser hoy. Esta participación nos dará la experiencia y capacidad necesarias para consolidar la soberanía popular y nos permitirá estar en condiciones de establecer a las asociaciones en la base social como genuinos órganos de derecho publico, capaces de representar a las comunidades del trabajo en las decisiones que norman la vida en sociedad.

Ha de hacerse que en la practica social sea realidad el principio de que "la tierra es de quien la trabaja", es decir: que la tierra sea un bien de usufructo, no de renta. Quede, pues, asentado que el trabajo no es mercancía, sino el aporte de los trabajadores a las unidades de producción y servicio. En consecuencia, los trabajadores han de participar primero en la dirección de la empresa y luego en la distribución de las ganancias que las mismas produzcan.

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