México es una nación forjada en luchas continuas durante casi doscientos años, en que a través de tres momentos cumbre -Independencia, Reforma y Revolución Mexicana- configuró su idiosincrasia y afirmó su identidad. Ese período tuvo lugar entre principios del siglo XIX, en que se independizó del Imperio Español y principios del XX, cuando, en busca de una mayor democracia, se presentó un quiebre preocupante en su proceso que signó el futuro inmediato. Fundamental fue la Reforma Juarista, de mediados del siglo XIX, en que se consolidó la nacionalidad y se sentaron las bases jurídicas de la soberanía, sustentada en formas autónomas de relación con otras naciones.

La conformación del país actual no fue cosa fácil. Dos tendencias antagónicas pusieron en conflicto las posiciones de los mexicanos. Por un lado, la herencia de los privilegios imperiales, mediante los cuales se pugnaba por mantener el status quo en cada momento, evitando mecanismos y fórmulas que llevaran el avance hacia el bienestar generalizado de la población. La otra tendencia, liberal, creadora de la nacionalidad, construyó el andamiaje jurídico y la estructura económica, para que la democracia y la justicia social fueran una realidad accesible a todos.

Este enfrentamiento se llevó a cabo mediante las armas, durante todo el siglo XIX y los primeros cuatro quinquenios del XX. Al consolidarse la Revolución, durante décadas la derecha no levantó cabeza a niveles suficientes para alterar el orden o capitalizar el proceso. Más bien, se dio, poco a poco y a partir de los años cincuenta, un acercamiento en intereses, entre la clase dominante -proveniente de algunos grupos revolucionarios- y los herederos del status quo, quienes coincidieron en los designios de la economía internacional y apuntalaron el desarrollo del mercado interno, que dio estabilidad al país y empleo a los mexicanos.

Cuando los vientos internacionales cambiaron -porque la transnacionalización de la economía requería de mayores mercados cautivos-, con un equipo de tecnócratas, educados en universidades del primer mundo, se dio el vuelco para terminar con el esfuerzo por acrecentar el mercado interno, en base a producciones autónomas o subsidiarias, pero siempre con insumos nacionales. Para ello se aplicaron fórmulas puntuales consistentes en la apertura indiscriminada de la economía, borrando su política proteccionista. Con ello se desmanteló el llamado estado benefactor, volviendo al libre comercio, en el que la economía quedó sin barreras comerciales.

Los servicios bancarios y financieros responden ahora a intereses extranacionales. Las empresas industriales y agrícolas nativas no cuentan con apoyos financieros y quiebran, ante el acoso de las transnacionales, quienes penetran los mercados con precios dumping y se apoderan de ellos.

Lo ocurrido en México es una consecuencia de la globalización. En efecto, un nuevo auge acrecienta la vigencia del sistema capitalista en el orbe. Un poco más de 300 transnacionales se apoderan de los mercados mundiales. El extraordinario progreso científico y técnico es ahora monopolizado, y es utilizado para explotar a millones de trabajadores. Algunos sugieren el fin de las ideologías, mientras el nuevo paradigma universal es el mercado, con un manejo gerencial de la función pública. Los gobiernos, por su parte, adquieren el papel de amanuenses del capital, para aumentar su capacidad reproductiva, concentrando la riqueza en cada vez menos manos, y sumiendo en la miseria al mundo.

En México, la actividad privada -con contadas excepciones- evidencia su incapacidad para resolver los problemas de sus pequeñas y medianas empresas. La tierra no alcanza ni rinde para que los campesinos vivan en paz, y menos para proveer insumos para una industria nacional muy deteriorada. El desempleo crece y lanza a la población hacia una espiral ascendente de miseria, pobreza e ignorancia por todo el territorio de la nación. El Estado defensor de la soberanía popular se revirtió en beneficio de las utilidades de las transnacionales y unas cuantas empresas mexicanas potenciadas hacia la transnacionalización.

Lo más delicado del actual sistema es que en seis décadas se logró una educación pública, nacionalista, científica y popular. Pero ésta es ahora amenazada desde el gobierno federal, buscando que la laicidad ceda el paso a las jerarquías religiosas. Por otro lado, la no reelección y el sufragio efectivo sólo son formalidades de la democracia electoral, que coarta la posibilidad de expresión, sobre todo de la participación social.

¿Cómo lograr igualdad de oportunidades reales para todos? Sólo mediante la asignación equitativa de los recursos nacionales enfocados a la producción agropecuaria e industrial, así como la conformación de políticas para una efectiva distribución del ingreso y la riqueza. La planificación democrática, económica y social -hoy sólo en el papel- desarrollada por un régimen de democracia política y económica real, permitiría y organizaría la participación efectiva de comunidades y pueblos, así como de agrupamientos de la sociedad, en la toma de las decisiones torales de su propio futuro.

¿Están preparados los partidos para pasar de la representatividad a la democracia participativa?

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