Guinea Ecuatorial: la crisis del proceso de transición a la democracia
Adolfo Fernández Marugan
(Secretario de la Asociación de Solidaridad Democrática con Guinea con Ecuatorial -ASODEGUE-)
Las previsiones políticas, siempre difíciles en Guinea Ecuatorial, apuntan a una inminente convocatoria de elecciones legislativas para sustituir al Parlamento elegido en noviembre de 1993, en unas elecciones boicoteadas por la oposición democrática y cuyos resultados fueron explícitamente rechazados por la comunidad internacional. Aquellas elecciones fueron el primer acto claramente fallido de un "proceso democrático" iniciado algo más de un año antes, con la legalización de algunos partidos políticos y la firma de un Pacto Nacional que comprometía a todos, gobierno y oposición, en el camino de la "apertura democrática".
A lo largo de estos cinco años han ido languideciendo las esperanzas de los guineanos de acceder a la democracia por una vía pacifica y gradual; para la mayoría de ellos las próximas elecciones cerrarán con un evidente fracaso la versión guineana de "transición a la democracia".
El dictador Obiang y su entorno se han manifestado como el principal obstáculo para este proceso que aceptaron en su día para salir al paso de las presiones internacionales e intentar ganar tiempo manteniendo el control de un sistema político que les concede cuantiosos beneficios personales.
La dictadura ha mantenido inalterable un férreo control sobre la población que se asienta en las condiciones de miseria en las que viven la mayoría de los guineanos. Con una economía precariamente desarrollada y dominada mediante procedimientos directos o indirectos por el dictador y su círculo más allegado, las posibilidades de supervivencia pasan en muchas oportunidades por hacer oídos sordos o prestar pequeñas colaboraciones a las actividades de las redes de poder del régimen. Las autoridades distritales, auténticos virreyes, multan y encarcelan con cualquier pretexto a los opositores que viven o se desplazan por la zona de su competencia. La arbitrariedad se manifiesta día a día en los poblados del interior del país y, solo Malabo, la capital, en la isla de Bioko, y en menor medida, Bata la ciudad más importante de la región continental, disfrutan con alguna intermitencia de un régimen de tolerancia. La tortura sigue siendo práctica habitual en las comisarías y cárceles guineanas y se mantiene la escandalosa impunidad de los autores de estos malos tratos pese a las reiteradas denuncias realizadas contra ellos por las propia Naciones Unidas, Amnistía Internacional y distintas ONG,s y partidos guineanos y europeos.
El Estado guineano no ha modificado su carácter patrimonial: siguen sin diferenciarse los dineros del Presupuesto estatal de los pertenecientes a Obiang y su familia que manejan a aquel como si de su propiedad privada se tratase. Esta situación se hace especialmente notable en lo referente a los ingresos procedentes de las explotaciones petroleras que se calculan en 51.112 millones de francos CFA para 1997, 65.436 para 1998 y 78.425 para 1999 (1 peseta equivale a 4 francos CFA). A pesar de las recomendaciones de organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial, el Presupuesto guineano sigue sin recoger estas cantidades, buena parte de las cuales se "pierden" hacia los bolsillos de los dirigentes del régimen. Son también personas de este grupo quienes controlan, por ejemplo, las empresas creadas en el recientemente aparecido sector petrolero: las encargadas de la distribución del gas obtenido como subproducto, las empresas de contratación de personal...
No se ha rota la dinámica que hace que Obiang y su entorno controlen cualquier empresa que se demuestre rentable y administren todas las fuentes de ingresos, sembrando en el país una red "clientelista". "Teodorin", el hijo mayor del dictador, controla las industrias madereras. Constancia Mañé, primera esposa de Obiang, y a quien se considera la "primera dama" del país, maneja la distribución de las ayudas recibidas del Banco Africano de Desarrollo (BAD) para el Programa de Ayuda a la Pobreza; el reparto de estos créditos es especialmente activo en los periodos preelectorales: una parte de los beneficiarios no tendrán que devolverlos, otra quedará atada por ellos durante cierto tiempo, lo que le impedirá cualquier veleidad opositora...
El régimen vigila atentamente la aparición de cualquier centro de poder capaz de convertirse en una alternativa y cuando esto sucede hace intervenir a la policía política. La represión y las detenciones arbitrarias caen una y otra vez sobre los dirigentes opositores, pero tampoco dejan de sufrirlas determinados círculos de guineanos ligados, por ejemplo, a las industrias petroleras, siempre que no hagan pública ostentación de pleitesía a los jerarcas del sistema o en general cualquier otro que haya hecho dinero en alguna actividad profesional o empresarial y no se muestre "comprensivo" con las apetencias de los círculos de poder. La inseguridad jurídica sigue siendo la norma en Guinea.
En el plano más estrictamente político han boicoteado a lo largo de estos años cualquier intento de diseñar un marco en el que pudiesen trabajar todas las fuerzas políticas que habían ido surgiendo "a extramuros" del sistema. Después de la victoria de la coalición opositora Plataforma de Oposición Conjunta (POC) en las elecciones municipales de septiembre de 1995, los máximos dirigentes guineanos dedujeron, con certeza, que no ganarían una confrontación electoral que se llevase a cabo con mínimas dosis de transparencia. A partir de entonces el régimen se ha instalado en una posición de enroque permanente que da al traste con cualquier perspectiva de convivencia democrática en el país.
Cada año se ha venido saldando con cientos de detenciones, mientras intentaban por medio de la corrupción o explotando la extrema necesidad en la que viven los guineanos, de desestabilizar a los partidos de la oposición. A finales del año 95 hicieron suscribir mediante coacciones a buena parte de la población (a 85.000 ciudadanos) un declaración jurada en la que renunciaban al libre ejercicio de sus derechos civiles, y en concreto de la intención de voto, cediéndoselos a la dirección del partido gubernamental, el PDGE. En 1996 a pesar de haber conseguido la ruptura de la POC y la presentación de cuatro candidatos a los comicios presidenciales del mes de febrero, acumularon tal número de irregularidades en la campaña electoral que dieron al traste con la convocatoria, acabando Obiang como único candidato. El PDGE, presentó en aquella oportunidad el voto público (no secreto) como una aportación democrática: el dictador "obtuvo" más del 97% de los sufragios y el escrutinio final reflejó 30.000 votantes más de los inscritos en el censo (piénsese que Guinea no supera los 400.000 habitantes y que la incorporación al censo, y por tanto el derecho al voto, son opcionales). El comportamiento de las autoridades guineanas en estas elecciones hizo fracasar, además, una costosa operación de imagen en favor del régimen, financiada por la compañía petrolera Norteamérica Mobil Oil.
Todo este proceso ha hecho que vaya creciendo en los dos últimos años, lentamente pero con nitidez entre la población guineana, la sensación de cansancio respecto al "proceso democrático" tal como ha sido llevado hasta ahora y que hayan aparecido los primeros síntomas de búsqueda de nuevas vías. A pesar de la ingenuidad, y la torpeza, con la que fue conducido hay que incluir entre ellos al intento de invasión desde Angola conducido por Severo Moto en mayo de 1997 y desde luego las acciones militares llevadas a cabo por un grupo de bubis (grupo étnico originario de la isla de Bioko) en enero de 1998.
Al mismo tiempo, la puesta en explotación de los yacimientos petroleros, está acabando con la situación de aislamiento en la que vivía el país prácticamente a partir de la independencia. El régimen guineano se ve obligado a responder a una serie de situaciones en su política internacional ante las que se siente débil y poco capacitado, mucho más cuando parte de una posición de aislamiento debida a las reiteradas condenas que ha venido recibiendo por la permanente violación de los derechos humanos.
Es verdad que las compañías explotadoras de las concesiones petroleras, con Mobil Oil a la cabeza, han mostrado una notable capacidad de convivencia con las estructuras despóticas del régimen, pero la producción creciente de yacimientos como el Zafiro (situado en una zona en litigio con Nigeria) que alcanza ya los 120.000 barriles/día, en un momento en el que se agudiza la disputa entre los intereses franceses y norteamericanos en todo el continente, y en el que el control sobre los recursos petroleros es la máxima expresión de ese dominio, no podían sino hacer caer sobre Guinea nuevas miradas, y que fuera imposible para el país permanecer al margen de estas controversias.
La administración francesa ha mostrado su intención de acabar con el aislamiento político del régimen guineano a cambio de incluir al país en una línea de resistencia al avance norteamericano en Africa que va desde Yaundé a Luanda pasando por Malabo, Libreville, Bangui y Brazzaville. El presidente Chirac no parece hacerle ascos a aparecer como avalista de Teodoro Obiang a cambio de que este acepte la presencia de Elf Aquitaine en los alrededores del yacimiento Zafiro. Para los dirigentes guineanos ya no se trata de administrar con ventaja un pequeño país, escaso de población y con recursos poco valorados internacionalmente; ahora debe mantenerse a flote frente a las apetencias nigerianas reiteradamente formuladas, a los modos de hacer de la Elf, que no excluyen intriga alguna, al enfrentamiento de intereses Francia-Usa, a los conflictos latentes (a veces explícitos) entre Nigeria y Camerún a menos de 200 kilómetros de Malabo…
En el interior del país, los gestos de ruptura con Obiang empiezan a proceder también, en especial desde mediado de 1996, de sectores hasta entonces, o algún tiempo atrás, ligados al dictador. El aumento desmesurado de los beneficios que el entorno más cercano a Obiang obtiene de los "desvíos" del petróleo es percibido por sectores menos favorecidos del "clan" como un reparto claramente injusto. La constatación del aislamiento o la debilidad de la política internacional del régimen así como del cansancio creciente de la población guineana, ha llevado a otra parte de ellos a cuestionar el liderazgo de Obiang y a acusarle de ser incapaz de resolver ni uno solo de los problemas que el país tiene planteados desde hace años. Los grupos que entre ellos tienen más capacidad política han ido aproximándose a la oposición, al tiempo que exigían al dictador que cumpliese con sus compromisos respecto a la transición democrática.
Las disputas entre Obiang, y sus antiguos colaboradores han sido especialmente agudas en torno a la Fiesta Nacional (12 de octubre) del pasado año, y han logrado en varias oportunidades que el dictador mostrase claros síntomas de nerviosismo… Los rumores de golpe de estado organizado por estas fuerzas han sido frecuentes en los últimos meses y hay que hacer notar que Obiang ha mostrado dificultades para utilizar contra ellos los mecanismos de represión tradicionales (policía política, ejército…).
El régimen guineano afronta pues la obligada cita electoral (la Constitución guineana fija con rigidez los plazos de duración de cada legislatura y los mecanismos de la convocatoria de nuevas elecciones) consciente, en primer lugar, de su incapacidad para ganarla limpiamente, y también de que su actitud de constante enroque político sólo puede aumentar el descontento popular e inducir nuevos intentos no pacíficos de conquista del poder. Sus síntomas de debilidad para hacer frente a un entorno internacional lleno de turbulencias y a la creciente desafección de sectores y personas hasta hace poco fieles no hacen previsible una actitud abierta que permita fórmulas imaginativas para hacer frente a un entorno internacional lleno de turbulencias y a la creciente desafección de sectores y personas hasta hace poco fieles no hace previsible una actitud abierta que permita fórmulas imaginativas para hacer frente a las crecientes demandas del país.
Nos encontramos, por tanto, lejos de la situación clásica en la que "los de arriba no pueden y los de abajo no quieren", pero en cualquier caso la descripción de la situación guineana no quedaría completa sin hacer un breve repaso de las principales fuerzas opositoras y de las alternativas políticas alas que aparecen ligadas:
La oposición democrática maneja tres posibles estrategias contra la dictadura de Obiang: el proceso democrático y pacífico, la intervención armada y el golpe de estado. Parece evidente que la primera de las salidas se acomoda mejor a las condiciones sociales de Guinea en el sentido de que conduciría a la política a sectores crecientes de la sociedad, al tiempo que permitiría la aparición y consolidación de estructuras democráticas de base para impulsar las transformaciones económicas y políticas imprescindibles para el país. Cualquiera de las otras dos soluciones puede parecer más eficaz a corto plazo pero no aseguran la necesaria participación popular y pueden dejar el poder en manos de minorías con una conciencia democrática dudosa. La posibilidad de una cuarta salida que uniese el carácter democrático con algunos elementos militares o de violencia organizada parece poco probable por el momento
