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Guinea, a la luz de una farola

C. CARNERO / M. IRIGOYEN Y A. FERNÁNDEZ MARUGÁN

Carlos Carnero es eurodiputado del Grupo Socialista; María Irigoyen, coordinadora de Política Internacional del PSOE, y Adolfo Fernández Marugán, secretario de la Asociación de Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial.

 

¿Saben cómo estudian los jóvenes de Malabo o de Bata? A la luz de una farola. Se pegan a las puertas y a las cristaleras de los hoteles para poder leer los libros de texto -aunque sea dañándose la vista- gracias al reflejo de la luz que proviene de estos establecimientos y hasta que cierran. La primera sensación que a uno le produce este espectáculo nocturno es de admiración por la fuerza de voluntad de unos chicos y unas chicas que, obviamente, carecen de luz eléctrica, y probablemente también de velas, en sus casas. En la segunda ciudad más importante del país, Bata, la situación es general: sencillamente, no hay luz para nadie que no posea su propio generador, es decir, sólo para unos pocos. La admiración por estos jóvenes se torna inmediatamente en indignación al recordar que su país, Guinea Ecuatorial, no es precisamente pobre en recursos, tiene madera, cacao y 300.000 barriles diarios de petróleo para una población que no llega a 500.000 habitantes.

Mucho oro negro, tanto, que debería bastar para evitar no sólo situaciones como ésa, sino también la basura acumulada en las calles, las enfermedades endémicas, el incremento del sida y la prostitución, la práctica ausencia de sanidad y enseñanza públicas y la inexistencia de una mínima administración del Estado. ¿Por qué no es así?

Porque, hablando en español -en el mismo idioma en el que pueden expresarse la mayoría de sus habitantes-, Guinea Ecuatorial está gobernada por un régimen autoritario empeñado en expoliar en pocos años sus recursos naturales para beneficio de unos pocos y en contra tanto de los intereses de la mayoría como de su propio futuro como nación.

Las compañías petroleras norteamericanas instaladas en el país han obtenido concesiones de explotación que les otorgan el 85% de las rentas del petróleo. Además, desde hace años se viene practicando la tala brutal de los bosques alterando gravemente el medio ambiente. La responsabilidad es del Gobierno y del hijo del presidente Obiang, actual ministro de Bosques. Teodorin es conocido no por su buena gestión, sino por su capacidad de dilapidar la riqueza de todo un pueblo en juergas privadas.

No, no podemos callar. Hay que hablar más de África y también de Guinea. Está claro que la situación es mejorable. Guinea es un país con solución. No está escrito que sea imposible salir de la pobreza. No sólo es viable sacar a un país y a sus gentes de esa situación, sino que la mejor manera de hacerlo es por la democracia y el pleno respeto a los derechos humanos. En esta época de globalización, como atestiguan bastantes países en África, el desarrollo sostenible y el Estado de derecho forman un binomio con garantías de éxito frente a la pareja de moda durante años: el subdesarrollo y la dictadura.

Guinea no tiene que quedar al margen de ese camino. Todos debemos contribuir a que lo recorra -con sus propias fuerzas políticas y sociales y la cooperación internacional- en libertad. Particularmente desde el país que fue su metrópoli colonial.

Existe la capacidad material para crear una economía pujante y competitiva: petróleo, madera, pesca en abundancia, entre otros factores productivos. Hace falta la voluntad política y la capacidad para gestionar estos recursos con honestidad e inteligencia, algo de lo que han sido absolutamente incapaces todos los gobiernos de Obiang.

Asimismo, Guinea forma parte del Convenio de Cotonú, que agrupa a la Unión Europea y a los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), en el mayor acuerdo de cooperación internacional existente en el mundo, lo que le garantiza condiciones y programas de cooperación solidaria y acceso al mercado comunitario en condiciones favorables. Todo ello junto con los lazos regionales existentes con los Estados africanos vecinos.

Existen condiciones objetivas para que el país abandone progresivamente la actual situación que es para la mayoría de sus hombres y mujeres, en las islas o en el continente, en las ciudades y en el campo, de una u otra etnia, un infierno cotidiano. Existe una nueva generación formada y capaz de asumir las responsabilidades de Gobierno y construir una democracia respetuosa de las libertades y los derechos fundamentales, de configurar un Estado moderno y una Administración ágil y honrada, útil para mejorar la vida diaria de la gente mediante los servicios públicos esenciales.

Lo hemos comprobado al participar en Bata en el Congreso de Convergencia para la Democracia Social (CPDS), miembro de la Internacional Socialista y principal partido de oposición democrática, que cuenta con un sensible reconocimiento popular y con un programa político viable y realista, basado en el diálogo y la reconciliación nacional. También al reunirnos en Malabo con el Frente de Oposición Democrática (FOD), coordinado en este momento por CPDS y que agrupa a las fuerzas políticas más representativas con al objetivo de dirigir al país en un sentido democrático.

La comunidad internacional, empezando por la Unión Europea y, en su seno, España, deben tomar nota de esta coyuntura y actuar en consecuencia exigiendo al Gobierno guineano el inicio real de una transición democrática, la garantía del pluralismo político, la libertad de expresión y manifestación, el pleno respeto a los derechos humanos y la convocatoria de elecciones libres. Es decir, demandando al presidente Obiang la puesta en marcha de unos compromisos, que viene repitiendo e incumpliendo sistemáticamente.

Romano Prodi, el presidente de la Comisión Europea, no debe dejar pasar un mes sin recordar al autócrata los compromisos adquiridos durante la reunión de Bruselas del pasado septiembre, al tiempo que promueve el desarrollo de la sociedad civil guineana mediante programas de cooperación.

Los Quince -Francia inclui-da- tienen que apoyar las propuestas del representante de Naciones Unidas -Gayón Giraldo, al que el Gobierno de Malabo ha impedido entrar en el país a finales del año 2000- para Guinea Ecuatorial con nitidez y firmeza, buscando la coincidencia con la Administración de EE UU para que pida a sus empresas -Mobil Oil- respeto a un mínimo código deontológico favorable a los principios democráticos.

Obiang necesita el aval político de la UE: sería de necios no hacer uso de ese factor para conseguir que tome decisiones positivas. El Gobierno español, por su parte, no puede continuar sin una política hacia Guinea.

Al referirnos a la actitud española no basta con la extraordinaria labor de los cooperantes -sin la que no existirían ni centros educativos ni centros de salud ni centros culturales-, ni con la respetable tarea de nuestros representantes diplomáticos. Hace falta una idea clara de lo que se quiere y de cómo conseguirlo. No es de recibo que Aznar y su ministro Piqué hayan decidido dejar pasar y dejar hacer sin tener una política clara y definida con Guinea Ecuatorial, desentendiéndose progresivamente de lo que ocurre en ese país.

Regresamos de nuestro viaje convencidos de que es posible y necesario definir una política de Estado hacia Guinea Ecuatorial. Elaborada y compartida consensuadamente por las principales fuerzas políticas. Nuestro compromiso histórico con ese país nos obliga a buscar un marco de entendimiento para no seguir mirando a Guinea Ecuatorial desde la débil luz de una farola ajena, e ir agotando la vista de sus nuevas generaciones.