Áreas de concentración de políticas públicas del programa del Movimiento Amplio de Izquierda 2008-2012

ÁREA DE TERRITORIALIDAD DEMOCRÁTICA SUSTENTABLE

109. El planteamiento y concreción del área de la territorialidad democrática sustentable constituye una nueva forma de concebir el desarrollo de las políticas públicas y sociales sobre la base del rescate de las experiencias exitosas de democracia directa en la población para la construcción de la ciudadanía en un espacio socio-territorial sustentable.

110. Con esta propuesta se construirá la institucionalidad de los pueblos que conforman la unidad nacional, desde la localidad base (comunidad, aldea, cantón, barrio y asentamiento), organizándose nuevas articulaciones regionales, de acuerdo con criterios históricos, políticos, socioeconómicos, culturales y ecológicos. Esta configuración de la nación define un nuevo modelo de desarrollo, que se fundamenta en los territorios que responden a la realidad de los pueblos que los habitan, desde su diversidad y su participación integral. La territorialidad democrática sustentable es la concreción del Convenio 169 de la OIT que implica hacer pleno el ejercicio de los derechos de los pueblos que componen la nación guatemalteca. Se hace necesario un cambio en el imaginario comunitario, y que ayude a crear la democracia genérica, bajo nuevas formas de relaciones interpersonales y comunitarias, con ello contribuir a crear comunidades libres de violencia de género.

111. Las políticas públicas y sociales por tanto, serán definidas como resultado de la participación social en los distintos órganos a ser creados en todos los niveles de la administración pública de acuerdo con políticas de descentralización y territorialización.

112. La concreción de la propuesta de territorialidad democrática sustentable debe fundamentarse asimismo en el reconocimiento y aplicación de los acuerdos, convenciones y tratados internacionales y políticas nacionales y en particular aquellos referidos a:

a) La identidad y derechos de los Pueblos Indígenas.

b) Los derechos de las mujeres.

c) Los derechos de los jóvenes, los discapacitados y las personas mayores.

d) Una política nacional de protección del medio ambiente y de las riquezas naturales del país, en general y especialmente en cuanto a la extracción de metales y la construcción de megaproyectos.

e) Los derechos de los trabajadores (as), tanto en el país como los de los emigrantes.

f) La promoción de una política pública en materia de desarrollo integral de la niñez y la adolescencia.



COMPROMISOS EN EL ÁREA DE TERRITORIALIDAD DEMOCRÁTICA SUSTENTABLE



El área de territorialidad democrática contempla el cumplimiento de los siguientes compromisos:




Nueva regionalización del país



113. Regionalización del país fundamentada en una nueva legislación respectiva. La nueva regionalización exige un enfoque de regionalización flexible que demarque territorios de acuerdo con la diversidad e identidades étnicas-culturales y las dinámicas socioeconómicas, la situación geográfica, territorial y socio-natural, los potenciales productivos y ecológicos del país como ámbitos de planificación específicos y no superpuestos. Se comprende que este proceso incorpora el impulso de la convergencia conceptual y metodológica para la defensa de los derechos y territorios de los pueblos indígenas y el establecimiento de procedimientos que desarrollen el pluralismo jurídico del país. Esta construcción socio-territorial es resultado de la movilización democrática de la población para institucionalizar la representatividad de los pueblos que configurarán a las diversas regiones del país. El gobierno acompañará este proceso con la actividad legislativa ordenada en los Acuerdos de Paz para concretar y dar seguridad jurídica en este proceso.

114. Creación de la institucionalización regional con dotación inmediata de recursos a los órganos de representación situados entre el nivel local y nacional. La nueva institucionalidad no será creada de inicio, sino resultado de los acuerdos de cada pueblo para hacer valer sus derechos en el marco de la construcción de un Estado-Nación pluriétnico, multilingüe y pluricultural, por tanto con un enfoque transicional.

115. Impulso de una política integral de descentralización participativa y del desarrollo comunitario y municipal orientado al bienestar de la población. La implementación de esta política implica el impulso de la descentralización financiera, técnica y administrativa hacia las municipalidades, acompañada de procesos de transparencia, rendición de cuentas y participación comunitaria y municipal para el desarrollo en la gestión y el desarrollo local. Los planes de desarrollo urbano y territorial serán elaborados por cada una de las corporaciones municipales tomando en cuenta los aspectos contemplados en la Agenda Municipal propuesta en el presente programa y para el efecto se facilitará la asesoría necesaria y buscando generar y ampliar las mancomunidades que coordinen acciones y sumen recursos para atender a sus respectivas poblaciones en proyectos de gran inversión o de escala regional comunes. Toda mancomunidad u oficina municipal deberá contar con oficinas para promover el turismo como una forma de conocer al país y fomentar la solidaridad social. En toda municipalidad se crearán casas de la cultura que supondrán un aporte adicional del Estado y no recaerá su financiamiento en el nivel local. Las municipalidades serán declaradas unidades rectoras del reciclamiento tanto de basuras urbanas, desechos agrícolas, desechos sólidos de toda procedencia así como de control de substancias tóxicas.

De igual manera se promoverá el ejercicio efectivo de la participación ciudadana en la planificación, ejecución y control integral de las políticas, planes y proyectos de la administración pública. Se garantizará la participación plena y efectiva de la ciudadanía en los procesos de descentralización, a partir de que la planificación de los planes de desarrollo municipales, departamentales, regionales y territoriales partan de las demandas priorizadas por las comunidades. Para esto se fortalecerá la efectiva participación de los Consejos comunitarios y municipales de desarrollo (COCODES y COMUDES) en la gestión pública y se reformará la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural para superar las limitaciones existentes que afectan la participación efectiva de la población en este proceso. En el marco de la descentralización se impulsará la efectiva coordinación interinstitucional pública y privada para la promoción del desarrollo local y el impulso de la acción eficiente, eficaz, transparente y coordinada de las diferentes instancias del Organismo Ejecutivo en la construcción democrática de los nuevos espacios regionales, territoriales y locales.



Desarrollo rural y Reforma agraria integral



116. Implementación de la política de Desarrollo Rural Integral. La aplicación de esta política va más allá de la consideración de lo agrícola como producción agropecuaria, por lo que abarca todo lo que el territorio significa: minerales, producción agrícola, acceso a infraestructura y servicios de salud y de educación, vivienda, electricidad, agua potable. De esta manera, se promoverá la implementación de una política comercial agrícola y una política agraria y agropecuaria nacional bajo un enfoque de defensa y promoción de la soberanía alimentaria, centrada en la población rural vulnerable y en la defensa, garantía y promoción de sus derechos y capacidades. Esta política se concretizará tomando en cuenta la perspectiva regional, étnica, etárea y de género.

El impulso de la visión de territorialidad comunitaria campesina estará orientada a considerar el medio geográfico, social, cultural e histórico como espacio en donde se desarrolla el mundo campesino e indígena y desde donde se construye la autogestión social, económica, cultural y espiritual a partir de la organización y autonomía. Se defenderá la producción de los productos tradicionales como el maíz, requiriéndose de un Estado fuerte y soberano capaz de impulsar políticas en beneficio de los sectores más vulnerables de la economía agrícola. En este sentido se deberán diversificar los socios comerciales en el marco de la soberanía del país y alimentaría.

Esta política presupone la promoción de leyes y acciones a favor de la dignificación y de respeto hacia las mujeres del campo. Asimismo, se implementarán políticas y normas sobre el uso y administración de tierras, la inversión rural (inversión agroindustrial y extractiva, megraproyectos) y el comercio siempre y cuando no pongan en peligro el control y las capacidades de acceso a los recursos productivos y bienes naturales por parte de los grupos más vulnerables, promoviéndose por el contrario, el acceso a los recursos productivos (tierra y crédito) y el fomento de la producción nacional de granos básicos con incentivos fiscales y de acceso al crédito, asistencia técnica y a la comercialización, y la creación de infraestructura social y productiva.

Por otro lado, se impulsarán acciones que cambien la tradicional relación de supeditación de las y los productores a las exigencias de las empresas agroalimentarias, por otras centradas en la generación de riqueza y el respeto a los derechos de todos y todas las participantes en la cadena productiva. Esto presupone además, el fomento de políticas de apoyo a la diversificación productiva de la economía campesina, en particular en insumos, infraestructura productiva y mecanismos de protección respecto de la variabilidad de los precios de los productos no tradicionales, impulsándose además, la aplicación integral de la ley del Registro e Información Catastral (RIC) haciendo énfasis en los aspectos relativos a la información con que deben contar los campesinos en el momento de ser catastrada su parcela y región.

117. Implementación de la Reforma Agraria profunda, integral y distributiva. Se impulsará la implementación de la reforma agraria entendida como el conjunto de acciones políticas, económicas y legales que promuevan la participación de la economía campesina en las cadenas productivas y de comercialización, lo que va más allá de únicamente la distribución de la tierra y que representa una medida necesaria para resolver los problemas de hambre, pobreza y pobreza extrema que vive la mayoría de la población. En este sentido se comparte el planteamiento de las organizaciones indígenas y campesinas, de tal manera que a partir del fortalecimiento del sector agrícola y de la economía campesina en lo particular, se apoye con subsidios y servicios agrícolas a la producción a pequeña y mediana escala; se genere el empresario agrícola que surja del campesinado pobre y se promueva el comercio exterior agrícola justo que beneficie a todos las personas viven del campo. Este proceso tendrá la particular atención en integrar los intereses sectoriales con los emanados del desarrollo democrático territorial sustentable en sus niveles municipal y regional.

118. Recuperación de las tierras ilegalmente adjudicadas. Durante el enfrentamiento armado interno, especialmente en la franja transversal del Norte y en el Petén. Impuestos sobre tierras ociosas y subutilizadas con el objetivo de que sean aprovechadas en su capacidad productiva o se trasladen al mercado. Revisar, junto a las organizaciones indígenas y campesinas involucradas, el problema de la deuda agraria, y determinar de acuerdo a cada caso la renegociación o condonación de la misma. Impulsar mecanismos de acceso a la tierra más allá del mercado a través de las expropiaciones de tierras mal habidas.




Lucha contra la extrema pobreza y el hambre.




119. Lucha contra la extrema pobreza y el hambre. El cumplimiento del programa de gobierno contribuirá a resolver las causas estructurales de la situación de pobreza y hambre de nuestro pueblo. Sin embargo, dada la magnitud y gravedad de la situación socioeconómica de las poblaciones, se implementará un programa de transferencias monetarias y en especie dirigido a comunidades y grupos sociales específicos organizados en los distintos territorios, el cual estará compuesto fundamentalmente por recursos productivos que apoyen el fortalecimiento de la economía local y de manera complementaria por asistencia a personas y familias en circunstancias especialmente difíciles. Este programa estará canalizado por los gobiernos locales y los recursos serán administrados por las mujeres Las transferencias estarán condicionadas a compromisos de las familias en garantizar la asistencia de los niños becados a la escuela y de su permanencia en los programas de salud que se brinden en el nivel local. Las madres gestantes o lactantes y los niños con algún grado de desnutrición, recibirán también en la unidad de salud, alimentación complementaria para la cual la madre será preparada a efecto de que la brinde en su propio hogar.




Políticas sociales de salud, seguridad social, educación y vivienda



120. Fortalecimiento y ampliación de los servicios públicos de los servicios públicos de salud, educación y vivienda. Esta política requiere diseñar en el sector público una nueva institucionalidad que responda a estas demandas. Los niveles centrales de los Ministerios de Salud y Educación y el nuevo Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos ser creado, cambiarán sus funciones ejerciendo fundamentalmente la coordinación de los sistemas respectivos, promoviéndose la descentralización hacia el nivel regional y municipal, los cuales en función de la ampliación y fortalecimiento de los servicios públicos deberán contar con la capacidad institucional para generar sistemas educativos y de salud para cada uno de los pueblos que conforman la nación.

121. Definición y gestión de las políticas de salud, seguridad social, educación y vivienda en cada uno de los territorios. Las instituciones regionales y locales garantizarán la gestión territorial de las políticas sociales, promoviéndose el funcionamiento de los servicios con personal originario de cada una de las poblaciones de que se trate implementándose la formación y educación permanente del personal del nivel local. Los servicios de salud y educación tendrán como característica su universalidad, su carácter público, su gratuidad y pertinencia cultural. En este contexto se promoverá la creación del sistema de previsión social universal, público y obligatorio y los sistemas nacionales de salud y educación promoviendo la modificación de la legislación correspondiente y la Ley Orgánica del IGSS para garantizar este objetivo. Todas estas normativas jurídicas y los reglamentos que de ellas se deriven serán establecidas como producto de la consulta y la construcción de consensos.

122. Reforma del Sistema de Salud Guatemalteco. El actual sistema de salud será sustituido por un nuevo sistema de salud basado en una concepción integral y profundamente humana de la salud y en la definición e implementación de nuevos modelos integrados en la prestación y gestión de servicios de salud. La aumento creciente y permanente de la cobertura del IGSS en cuanto nuevos afiliados, modificará sustancialmente las características del sistema, ya que la incorporación de nuevos grupos sociales como la población trabajadora por cuenta propia, las trabajadoras de casa particular, la población agrícola temporal y las personas de la tercera edad, tendrá como consecuencia que esta institución se convierta en la principal prestadora de servicios públicos de salud. De esta manera, se fortalecerá el ejercicio por parte del Ministerio de Salud, de la función rectora y reguladora de todo el sistema incluyendo al subsistema privado prestador de servicios de salud. El gobierno de izquierda asegurará además, el financiamiento para asegurar la ejecución de los programas de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud. El gobierno garantizará la provisión de todos los recursos necesarios para la prestación de servicios tanto en el ámbito hospitalario como en los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención. Los servicios de salud serán ser proporcionados y compartidos con la población garantizando la pertinencia cultural, étnica, de género y de acuerdo con los grupos especiales a los cuales se orienten dichos cuidados, garantizando la calidad de los mismos. En este sentido cobra importancia, garantizar la atención integral de la mujer, la niñez y la adolescencia, el desarrollo del programa nacional de combate a la mortalidad infantil y materna y la lucha contra el Vih/Sida, con los cuales, junto con otros compromisos, en el campo de la educación, la pobreza y la cooperación, constituyen compromisos nacionales para el cumplimiento de las Metas del Milenio con el Sistema de Naciones Unidas.

Por otro lado, el sistema nacional de salud a ser conformado será regionalizado respetando la nueva regionalización del país. Será además descentralizado, concentrándose únicamente las compras de insumos en las que se aproveche la economía de escala. Se reconocerá, respetará y velará la inclusión complementaria de la medicina indígena tradicional, comprometiéndose con la orientación de los servicios hacia la promoción y prevención, garantizando la coordinación interinstitucional cuando sea necesario y en especial con el Ministerio de Educación con quien tiene la responsabilidad de incluir los contenidos de salud en los programas de estudios, así como implementar la Ley de Planificación Familiar y la ley de Desarrollo Social para que las mujeres y los hombres puedan decidir libremente sobre su propia vida sexual y reproductiva como producto de la reflexión que el desarrollo de programas de educación sexual promuevan. Por otro lado se promoverá la realización de programas de educación popular en salud a fin de garantizar que los círculos de estudios con trabajadores, adultos mayores, adolescentes, jóvenes y niños conozcan y desarrollen una cultura de salud que esté orientada a contribuir a modificar la propia vida cotidiana y la transformación de los procesos sociales.

El sistema de salud propuesto impulsará además el desarrollo de los recursos humanos en salud, lo cual implica entre otras cosas, la negociación de pactos colectivos negociados y consensuados con los trabajadores de la salud. Se promoverá asimismo la utilización de los resultados de la actividad científica y tecnológica aplicada al campo de la salud. Se facilitará el acceso de medicamentos de calidad a bajo costo y se impulsará la investigación en salud promoviendo la utilización de sus resultados, así como se promoverá la participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones sobre salud y seguridad social y en especial de la mujer, como garante del desarrollo y la equidad. Este esfuerzo requerirá además de la nueva definición de la cooperación internacional en salud solicitando para la concreción de esta propuesta la solidaridad de los pueblos hermanos latinoamericanos que de esta forma han avanzado hacia mejores condiciones de salud.

123. Impulso de la reforma educativa nacional. El gobierno de izquierda impulsará la realización de la reforma educativa surgido surgida de un serio debate entre la sociedad civil y representantes gubernamentales, la cual promueve una educación pública, laica, gratuita, inclusiva, universal, accesible y de calidad y que ha sido enriquecida por las organizaciones populares, sociales y el magisterio nacional en los últimos 10 años de lucha. La reforma educativa a ser establecida, presupone la formulación de un nuevo currículo nacional adaptado a las realidades sociales, económicas, culturales y lingüísticas de las distintas comunidades que integran la nación guatemalteca. El currículo será flexible y accesible y el Ministerio de Educación asumirá como política educativa la promoción de la educación inclusiva con el objeto de promover el acceso de la población con discapacidad en edad escolar al sistema educativo.

La reforma educativa deberá integrar el enfoque de género e intercultural democrático, eliminando de los programas y libros de texto la posición de subordinación de las mujeres, promoviendo la participación activa de las niñas y jóvenes mujeres y en especial de aquellas pertenecientes a los pueblos indígenas. La reforma educativa será apoyada además el desarrollo de un programa de formación de las y los docentes, impulsando una reforma consensuada al pensum de las Escuelas Normales, las cuales deben ser fortalecidas.

Se impulsará el mejoramiento de las coberturas en todos los niveles incrementando la presencia de instituciones públicas de primaria, absorbiendo los Institutos por Cooperativa, desarrollando el programa de Institutos tecnológicos suspendido desde el año 2004 e incrementando la cobertura en los niveles básico y diversificado enfatizando la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas que faciliten la inserción laboral de los estudiantes. En este marco se definirá un nuevo modelo de educación bilingüe intercultural aumentado las coberturas, estableciendo programas de capacitación y formación profesional y aplicando los resultados de las evaluaciones institucionales. El Ministerio de Educación fortalecerá la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural (DIGEBI) técnica y presupuestariamente a efectos de convertir la educación bilingüe en un instrumento de rescate y dignificación de nuestra diversidad cultural.

Se promoverá así mismo la descentralización educativa, financiera y presupuestaria así como el ejercicio de la gestión local del quehacer educativo. De esta manera se impulsará la creación del Sistema de Consejos municipales y regionales de Educación de acuerdo con la nueva regionalización del país que nuestro gobierno impulsará y de esta manera, garantizar la plena participación de las madres y padres de familia y del magisterio en la gestión docente-educativa. Estas disposiciones presuponen un nuevo marco jurídico que se promoverá y aplicará, así como la implementación presupuestaria de las más de 35 mil plazas para maestros y maestras que actualmente aún trabajan por contrato.

Inmerso dentro de la reforma educativa nacional se impulsará con los artistas de nuestro país la política de rescate, apoyo y desarrollo de nuestra pluriculturalidad y nuestras diferentes expresiones artísticas.

Como apoyo a todas estas iniciativas, se re-direccionalizará los programas de cooperación internacional en el campo educativo estableciendo alianzas estratégicas con otros actores y apoyándonos en las experiencias y resultados de países hermanos que han avanzado rápidamente en el campo educativo.

124. Dignificación del personal de los servicios públicos de salud y educación. En materia educativa y de salud, nos comprometemos a impulsar la dignificación del magisterio nacional y del personal de salud. Para el efecto todos los trabajadores de la Educación quedarán cubiertos por la Ley escalafonaria y de dignificación del Magisterio y se iniciará la carrera administrativa y de escalafón para los trabajadores de la salud, negociándose y suscribiéndose pactos colectivos entre los gremios y sindicatos y el Estado como vía para mejorar las condiciones laborales, la dignificación de los trabajadores y el compromiso de todos con el alcance de los resultados consensuados en cada campo.

125. Política de vivienda y asentamientos humanos. El gobierno de izquierda promoverá una política de vivienda y asentamientos humanos que se corresponda con las directrices emanadas en el nuevo proceso de regionalización que implica la territorialidad democrática sustentable. Se promoverá la constitución del Ministerio de la Vivienda y Asentamientos Humanos y la institucionalidad regional y local, debiéndose garantizar la implementación de la política aprobada para el efecto. El gobierno realiza el compromiso de revertir el estado actual de déficit cuantitativo y cualitativo de la vivienda, lo cual incluye los servicios de infraestructura y espacios de área común, para lo cual deberá promoverse la coordinación interinstitucional y la operacionalización de esta política en el nivel municipal, aumentando considerablemente para el efecto el monto del financiamiento público para una vivienda digna y decorosa, que corresponda como solución espacial arquitectónica y urbanística a la cultura de los habitantes de cada una de las regiones. La Institucionalidad regional deberá interpretar las necesidades y diferentes expresiones populares en cada región para que junto con la población determinen proyectos viables que satisfagan los proyectos de cada población. Debe establecerse además programas de micro créditos para el mejoramiento y construcción de vivienda así como el establecimiento de programas de ahorro para vivienda, especialmente dirigidos a los trabajadores del sector público y privado.

126. Aumento del financiamiento de los programas de salud, educación, vivienda y desarrollo local. El programa social de la revolución requiere a corto plazo aumentar al doble las actuales asignaciones en salud, educación, vivienda y desarrollo local. Los presupuestos de salud y educación deberán alcanzar cada uno y en el mediano plazo un 6% del PIB. Deberán fortalecerse asimismo las instituciones nacionales autónomas y semiautónomas comprometidas con el desarrollo de cada uno de los sistemas encargados de la aplicación y el desarrollo de estas políticas públicas. En especial, el Estado deberá cumplir con las responsabilidades financieras con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social promoviéndose el pago de las deudas contraídas por las municipalidades y por el sector privado con relación a las cuotas patronales. En correspondencia con los Acuerdos de Paz el IGSS debe ampliar sus coberturas tanto en la ampliación de las y los afiliados y beneficiarios (as) como en los programas, debiendo ofertar ampliaciones en los programas de asistencia médica y prestaciones relacionadas con la enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, sobrevivencia, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, empleo y familiares.




Políticas con relación a las personas con discapacidad



127. Políticas con relación a las personas con discapacidad. Se promoverá el conocimiento y severidad de los problemas de las personas con discapacidad incluyendo aquellas personas que como producto del conflicto armado interno se encuentre en esa situación, realizando para el efecto un censo nacional. Se fortalecerá el Consejo Nacional para la atención de personas con discapacidad (CONADI) y se cumplirán los compromisos de los Acuerdos de Paz sobre esta materia de manera estricta y rigurosa. Se promocionará el establecimiento de la legislación y la aplicación de los reglamentos de ella derivados a efecto de que las personas con discapacidad tengan acceso al trabajo, educación, salud y demás servicios públicos y se respeten las regulaciones relativas para garantizar la accesibilidad universal a los espacios físicos en la ciudad y el campo.




Políticas con relación a las personas con discapacidad



128. Apoyo y protección a personas de la tercera edad. Las personas de la Tercera Edad gozarán de los beneficios del nuevo Sistema de Seguridad Social. Aquellas personas que han quedado excluidas del beneficio de los mismos serán incluidas como beneficiarios de este régimen especial así como se promoverán acciones públicas y de la sociedad a efecto de que las personas de la Tercera Edad sean consideradas para proyectos productivos, educativos, recreativos a efecto de que la sociedad siga beneficiándose de sus potencialidades.

Se promoverá la construcción y funcionamiento de centros de atención integral al adulto mayor en el ámbito municipal.

Gestión ambiental, gestión comunal de las áreas protegidas y desarrollo de capacidades para la población que viven en zonas costeras

129. Gestión ambiental y comunal de las áreas protegidas y de reserva ecológica. Impulsaremos una política para proteger, mejorar y conservar el medio ambiente por lo que la gestión ambiental es un componente del desarrollo sustentable y requiere de la amplia participación ciudadana garantizando los derechos de los pueblos indígenas. Se presentará al Ejecutivo una nueva Ley de Aguas y se procederá a la regulación de los convenios internacionales en materia ambiental, de los cuales Guatemala es signataria.

Con la nacionalización de las empresas que detentan el usufructo de los bienes naturales se fortalecerá su aprovechamiento en beneficio de las grandes mayorías, así como la preservación de las riquezas naturales del país. La gestión de las áreas protegidas deberá generar beneficios ecológicos y el servicio ambiental que requiere el futuro de nuestros hijos, desarrollándose dicho proceso con pertinencia cultural. Asimismo, realizaremos las investigaciones necesarias que permitan la adecuación de los planes de desarrollo de acuerdo con el llamado al cuidado de nuestra madre tierra y en especial en estos momentos en los cuales se ha comprobado el daño infringido a la naturaleza por los seres humanos y que provoca, entre otras cosas, el calentamiento mundial con graves consecuencias para el futuro de la humanidad. En este marco se desarrollará una política de turismo respetuoso de la ecología y como una estrategia del desarrollo para todas las regiones.

Se promoverán la generación de procesos productivos limpios, autosostenibles y autosustentables. Se buscará crear un conocimiento comunitario que no sólo preserve los bosques sino amplíe su cobertura. Se fomentará el conocimiento para el manejo del agua así como su preservación y recuperación de las servidas. En general, esta política requerirá de la implementación de una educación formal y no formal de carácter ambiental y la aplicación desde el municipio de propuestas en esta dirección para lo cual, en nuestro caso, debe tomar en cuenta los valores y las prácticas de las culturas indígenas en su relacionamiento con la naturaleza.

130. Desarrollo de la capacidad de navegación y cabotaje para la población que vive en las zonas costeras. Se capacitará a los pescadores para que mejoren sus destrezas y técnica en su actividad que permita el desarrollo y explotación marina sustentable, se prohibirá la caza de ballenas y otros mamíferos marinos en el territorio nacional.

Otros vínculos:

Página de inicio: Walda Barrios-Klee
Testimonio gráfico de la campaña del binomio de URNG