Fortalecer al sector social, mandato constitucional
Un artículo del Dr Xavier Gamboa
Villafranca
Referencia Bibliográfica:
Gamboa Villafranca, Xavier: “Intentan evitar compromisos claros. Embestida al Sector Social”, Excelsior,
Sección Metropolitana. 1° de junio de
1988. México, DF. México.
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Como resultado de la primera Reunión de Evaluación del Programa de Defensa de la Economía Popular, además de la evaluación de las acciones realizadas durante 1983, se acordaron los siguientes metas para 1984: dos mil nuevos grupos de autogestión, 50 cooperativas de consumo, 400 tianguis, 700 tiendas populares y 50 tiendas sindicales .
Por otra parte,
el día 18, la prensa nacional difundía –formulada en lenguaje metafórico- la
posición del presidente de la CONCANACO
en el sentido de que los dirigentes del movimiento obrero habían aceptado un
bajo Incremento en los salarios mínimos, a cambio de asegurar que e aparato
gubernamental; apoyara:
A) La ampliación de la participación del
sector obrero en la producción de artículos;
B) La creación
de un sistema comercial, paralelo al sector privado, a cargo del sector,
social de la economía mixta, del país. Acompañaba su interpretación un reclamo
al Presidente de la República por no cumplir su compromiso de eliminar gradualmente
controles gubernamentales sobre los precios. De estos hechos claramente
relacionados entre sí,
desprende un requerimiento fundamental para que el proceso de fortalecimiento del sector social incluido como objetivo en la línea de cambio estructural de la sociedad, del Plan Nacional de Desarrollo se empiece a convertir en realidad.
El
requerimiento es la lucha institucional, y atañe fundamentalmente a el grupo de
la CTM que en diciembre de 1982- tuvo indudable éxito en negociar el
reconocimiento constitucional del sector social como uno de los tres grandes
componentes de nuestra economía.
Estos
dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México, al lograr que su
concepción se convirtiera en hegemónica dentro de la CTM, pudieron obtener otros
dos avances durante 1983. Condujo las acciones que cristalizaron en firma,
celebrada en enero, del programa de Producción, Control y Abasto del Paquete
Básico de Consumo Popular. También hizo posible que el Plan Nacional de
Desarrollo, promulgado el 31 de mayo., incluyera explícitamente al sector
social como actor y sujeto fundamental, tanto de la política económica
global y de las políticas sectoriales, social y regional de él, cuanto de su
vertiente de concertación.
La CTM ha
logrado consenso interno en cuanto a la necesidad de que los tradicionales
métodos de lucha reinvindicativa de los trabajadores vayan acompañados de
instrumentos político-jurídicos y económico-tecnológicos, que auspicien el
surgimiento y consolidación de formas de organización social para la
producción, comercialización, distribución y abasto de bienes y servicios de
consumo socialmente
generalizado. Pero la Confederación no ha logrado que el movimiento
obrero de apoyo pro-estatal, en su conjunto, acepte esta concepción y, menos
aún, que la aceptación provenga de las organizaciones de trabajadores ubicadas
a la izquierda del sistema político mexicano. Aquí se encuentra su tarea
principal.
Es esta
situación la que hace peligrar todo lo logrado en esta dirección para iniciar
el cambio estructural del país. Sin amplias bases de apoyo, la expansión del
sector social (hasta convertirse en responsable de buena parte de las
actividades productivas) es altamente vulnerable. Ello explica el porque la
amplia concepción del artículo 25 constitucional, del Plan Nacional de
Desarrollo y del Programa para la Producción, Control y Abasto del Paquete
Básico de Consumo Popular, se reduzca, para enero de 1984 –apenas transcurrido
un año- a un Programa de Defensa de la Economía Popular que contempla acciones
casi exclusivamente ubicadas en la esfera del comercio y de la distribución, no
en la producción de bienes. También explica el que, con todo y su limitación
actual, esta concepción sea ideológicamente atacada por las organizaciones que
representan los intereses de la fracción comercial de la clase del capital,
cuyos dirigentes aparentan perder de vista que el fortalecimiento del sector
social –abarcando la producción y comercialización de bienes y servicios- es un
mandato constitucional. La voluntad política del Estado mexicano –con algunas
excepciones representadas por funcionarios gubernamentales ubicados en
posiciones secundarias de mando- está claramente empeñada en su logro.
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