Desarrollo Rural Integral, Desafió que Afronta el País
Un
artículo del Dr Xavier Gamboa Villafranca
Referencia
Bibliográfica: Gamboa Villafranca, Xavier: “Desarrollo Rural e Integral,
Desafió que afronta el País”, Excelsior, Sección Metropolitana. 18 de junio de 1987. México, DF.
México.
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De
conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 (PND), durante el
sexenio de la Madrid se sentarían las bases para avanzar en el desenvolvimiento
integral del campo mexicano. La inclusión de este concepto, en el conjunto de
puntos modales del quehacer gubernamental como promotor y rector del desarrollo
nacional representó un avance por lo menos en dos sentidos.
Por un lado, el régimen se comprometió a que las
políticas y acciones específicas que emprendiera orientadas al agro ya no
marcharían por separado o contrapuestas, como a menudo venía sucediendo. Habría
un marco común definido por la estrategia del cambio estructural del PND. Este
común denominador permitiría aglutinar las actividades que llevara acabo cada
dependencia, empresa pública y organismo descentralizado del ejecutivo federal
permitiendo la coordinación en la marcha para auspiciar el fortalecimiento del todo.
Estaría constituido por una clara delimitación del papel que el medio rural
habría de desempeñar en la sociedad mexicana del futuro.
En el campo , en esta perspectiva, tendría múltiples
efectos positivos. Coadyuvaría al establecimiento de una dinámica efectivamente
productiva , en el proceso de intercambio de la agricultura, la ganadería, y la silvicultura. Con la industria y el
comercio interior y exterior.
Contribuiría a la progresiva democratización del país en su conjunto .
Participaría determinadamente en la
reducción del desequilibrio entre el campo y las ciudades , esto en
términos de condiciones de vida , como
trabajo.
Coadyuvaría al logro y mantenimiento de la soberanía
nacional en materia alimentaría. Apoyaría la dinámica del progresivo de los
niveles nutricionales de la población urbana . Generaría divisas, vía
exportación de materias primas agropecuarias y forestales, así como de bienes
manufactureros a partir de ellas.
Por otro lado , esta conceptualización integral que
el PND incluye en materia del tipo de desarrollo rural que en este sexenio se
auspiciaría, implicaba la asunción del
compromiso de ampliar y respetar una suerte de autodeterminación del propio
agro. La actividad gubernamental de normatividad , planeación, ejecución, supervisión,
control y producción, no se definirá más exclusivamente, por funcionarios de
diverso nivel en la federación, gobiernos locales y municipales.
En el futuro, la burocracia pública compartirá esta
función con representantes legítimos
del complejo mosaico conformado por la población del medio rural. Es probable
que sea precisamente por ello que el propio PND también incluye una serie de
propósitos , definidos de hecho por las principales fuerzas sociales del campo, en el cual este ya no aparece esencialmente
como medio, sino como un fin.
La transformación cualitativa del agro, en sí mismo,
es aquí, no ya una vía para lograr el
avance del país, sino que se
traduce en objetivos que identifican a
sus habitantes como beneficiario
directos . Se pretende, de esta manera , lograr que cuenten con sólidas e
independientes organizaciones para su lucha
económica , política e ideológica con niveles de vida dignos ,
tratándose de alimentación, vivienda, salud, educación y transporte; con una
mayor participación en la distribución
nacional del ingreso ; con empleos permanentes y renumerativos, no necesariamente vinculados al reparto agrario de tierras; con una clara
definición de que es de quien, en materia de suelos agrícolas de riego y de temporal y de otros medio de
producción; con racionales ecosistemas para desempeñar su trabajo y para
habitar en ellos.
La planeación integral, con altas dosis de
autodefinición , para el desarrollo rural, se formaliza al finalizar el primer
semestre del régimen de la publicación del PND durante el resto del Sexenio,
los grupos y corrientes más progresistas del aparato del gobierno se empeñarían
en lograr su cristalización. Al menos hasta el primero de septiembre de 1986,
su lucha se dio principalmente a lo
largo de cuatro frentes político-ideológicos; tres, ubicados en el plano
interno y, uno en el exterior del país.
En primer lugar, fue menester combatir para que las
partes del gobierno y de la administración federal que tenía que ver
directamente con el campo, se organizaran entre sí en la medida requerida para ser el motor del cambio estructural del
campo mexicano. Se desarrollaron imaginativos
procedimientos dirigidos a lograr que todas esas dependencias actuarán coordinadamente. Al
nivel de los COPLADE’s, se hicieron
ejercicios de evaluación
concebidos por la Secretaría de la Contraloría, con la participación de los tres niveles de gobierno y de representantes de los sectores social y privado, en
torno a avances y retrocesos de grupos
de actividades clasificadas como de
“desarrollo rural integral”.
El propio gabinete agropecuario normó la casi
totalidad , de sus programas bajo este rubro. Siguiendo el modelo del
propio Plan Nacional de Desarrollo, las
oficinas gubernamentales y organismos
descentralizados del sector público con injerencia en el medio rural, al hacer
sus programas operativos anuales y sus programas de mediano plazo, clasificaban
sus acciones como contribuciones al
Desarrollo Rural Integral. Sin embargo a nuestro juicio no se avanzó lo suficiente.
Estos procedimientos integrados de la burocracia no fueron suficientemente
válidos, antes de ponerlos a operar. Pocas representaciones y delegaciones
federales realmente lograron desembarazarse de la nociva tradición de “moverse
por su cuenta”. En términos generales,
sólo en las ocasiones formales en que
se tenía que rendir cuentas en lo concerniente al desarrollo rural integral ,
se tenía una coherencia y un grado de
compromiso que solo existía en los propios actos protocolarios.
En realidad los programas –para los cuales si existía
presupuesto – seguían siendo los mismos con prácticamente los mismos niveles de
descoordinación en la practica. Resultado global: poca coherencia y
coordinación en términos comparativos
con los requeridos para responder
a las expectativas de una concepción a la naturaleza tan profundamente
progresista con la que aquí se reporta.
El feudalismo administrativos, pese a los esfuerzos, seguía estando presente para septiembre de 1986,
donde por décadas había estado más arraigado: en el conjunto de dependencias
federales y estatales que tenía jurisdiccionalmente al agro como su razón de
ser.
Protagonismo básico
Otro frente de lucha lo estableció el régimen en
torno al sector social rural. En la concepción de cambio estructural del PND
para el desarrollo rural integral hay un protagonista básico: el conjunto de
formas campesinas de organización para la producción, distribución, transporte
y abasto de bienes y servicios de consumo
socialmente generalizado en el propio agro y en el país todo. Pues bien,
durante los primeros tres y medio años del sexenio delamadrista, hubo que
vencer a las presiones que pugnaban, no solo por evitar que asumiera este
potencial protagonista principal, sino por la desaparición jurídica de la más
clara figura del sector social rural: el ejido.
La lucha fue en lo ideológico (rescatado de los
orígenes del ejido actualizado, en las más cara reivindicaciones del movimiento
armado 1910-1917), en lo político
(actuando para fortalecer a las organizaciones
campesinas de lucha, no solo de apoyo proestatal –CNC, UGOCM, CAM, CCI,
etc., sino también de izquierda –CCRI, CNPA, CIOAC, entre otras- incluso de inspiración en la derecha del
sistema político -FNDR, por ejemplo-) y en lo económico (manteniendo los
niveles de apoyo a la construcción y operación de obras y servicios cuyos
usuarios principales eran unidades de
sector social). El sector rural social,
en la realidad y como potencialidad, no fue severamente debilitado, aún cuando
quedo mucho por hacer en ,materia de fortalecimiento efectivo de este tipo de
unidades productivas.
Una tercera dimensión de lucha consistió en resistir,
desde el gobierno la embestida
proveniente de la clase de capital en conjunto que buscaban una drástica
reducción del gasto social en el medio rural. Conasupo, diconsa y el sistema
educativo, en el campo fueron reiteradamente acusados, los primeros de
competencia desleal y el último de
barril sin fondo del erario público como impactos casi nulos en el proceso de superación de los
niveles de formación de recursos humanos para el “tipo” de trabajo que –según
ellos- se requería en el campo. A pesar de estas presiones, continuó la acción
orientada a la ampliación de los servicios de agua potable, educación y abasto
de alimentos básicos.
Desde la secretaría de la salud se estimulo el que
organizaciones campesinas manejaran aspectos relacionados con la prevención,
curación y rehabilitación, como parte de sus demandas , se abrió una poderosa
línea de investigación científica y de
desarrollo tecnológico dirigida al
mejoramiento de las condiciones de vida en el campo. Fue modificado el artículo
123 constitucional, para eliminar la desventaja de los jornaleros y otros
asalariados del medio rural, en materia de salarios mínimos generales.
La cuarta dimensión de lucha tuvo lugar en el
contexto internacional del país, específicamente en el ámbito de la vinculación
México- Estados Unidos. Parlamentarios mexicanos y miembros del ejecutivo
federal y de diversos estados fronterizos , lucharon porque en Estados
Unidos no se aprobara la ley
Simpson-Mazzoli posteriormente transformada en ley Simpson-Mazzoli. Ello con la
finalidad de evitar que se elevaran significativamente los niveles de desempleo
en la economía nacional y específicamente en la agricultura, la ganadería y
silvicultura, como consecuencia de una eventual deportación masiva de cientos
de miles –quiza millones- de ilegales mexicanos.
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