Si bien fue en los días finales de febrero de 1989 cuando se denunció que los contratos suscritos entre el Ministerio de Hacienda, Recadi y las empresas verificadoras internacionales eran clandestinos y atentaban contra la soberanía nacional -según los directivos de la Asociación de Agentes Aduanales (ASONAGA)-; estas compañías fueron también señaladas desde La Agenda Secreta de Recadi, a partir del miércoles 5 de abril, sobre la base de informes preliminares y confidenciales del Congreso de la República.
De acuerdo con los términos expresados en esos escritos, algunas de estas empresas verificadoras permitieron la sobrefacturación. Se escribió que "con la participación de las empresas verificadoras se legalizó la sobrefacturación fraudulenta contra el Estado Venezolano" .
En efecto, las firmas internacionales Caleb Brett (norteamericana), Bureau Veritas (francesa) y la Société Générale Surveillance (suiza) y, posteriormente, la Chinesse National Import and Export Commodities Inspection Corporation (de la República Popular China), se encargaron de emitir certificados de verificación (report of findings) de todas las importaciones privadas desde el 25 de mayo de 1986, de acuerdo con el Decreto Presidencial No. 1.702 del 17 de abril del mismo año, publicado en la Gaceta Ofician No. 33.458.
La entrada de estas compañías, en principio, fue una consecuencia natural de la eliminación del pago al contado de las importaciones con dólares preferenciales, por lo que surgió como necesidad aparente, realizar una labor certificadora de preembarque, a los fines de constatar precios, calidades y cantidades de todas las mercancías extranacionales, cuyas especificaciones debían quedar plasmadas en los referidos reportes, para luego ser supervisadas en todas las aduanas de Venezuela, garantizándose así el buen uso de las divisas otorgadas.
Un informe del Congreso precisó que la actividad fundamental de Recadi fue servir como administrador de dólares preferenciales preconvenidos en los presupuestos de divisas correspondientes.
"De tal modo que durante el gobierno de Jaime Lusinchi se instalaron en el país -dice el texto que se comenta- las empresas verificadoras, las que emitieron dos tipos de certificados: limpios y sucios, y se convirtieron en grandes fuentes, en consecuencia, de evasión de impuestos" .
Argumentaron también las fuentes investigativas del Parlamento que "las empresas fueron contratadas para determinar las alteraciones, sin embargo, con los 30.000 millones de dólares que manejaron, -a los que se les debía aplicar impuesto de 1% -300 millones de dólares-, se pudo haber creado un equipo multidisciplinario de alto nivel técnico, de eficiencia, que permitiera un mejor control y seguimiento de las divisas preferenciales para importación y evitar así esta nueva forma de salida de poderosas sumas por concepto de verificaciones que, a la larga, se convirtieron en avales de operaciones ilícitas" .
En consecuencia - se estimó-, "el Estado debe asegurar, clausurar y sellar los expedientes que tienen las verificadoras en sus archivos" .
Se insistió en comentar que "el manejo que se daba entre las verificadoras y algunos importadores originó: certificados no limpios y sobrefacturación. Por ello se podrían pedir los documentos de exportación en los países de origen (de las mercancías), para determinar las operaciones fraudulentas" .
Se agregó que "el gran negocio fue la compra de dólares baratos preferenciales para colocarlos en el exterior. Al margen de quienes resulten culpables o implicados en la investigación de Recadi y sus operaciones, se debe declarar el caso Recadi como un problema de Estado. Se requiere la urgente aprobación de una Ley contra el Crimen Tecnificado o delitos económicos" .
Otro aspecto digno de destacar en cuanto a las actividades de las compañías verificadoras en Venezuela es que, si bien las mismas manejaron un mercado anual de unos 8.000 millones de dólares en importaciones que tenían que ser certificadas, la revisión de sus estadísticas mostró un bajísimo nivel de emisión de certificados con salvedad, es decir, con observaciones que generaban la pérdida para el importador de su derecho al pago de los dólares preferenciales de determinada importación por parte del Banco Central de Venezuela y el pago de honorarios adelantado proporcionalmente a cualquiera de las empresas.
La respuesta que se dio en el Congreso fue la siguiente: o las empresas verdaderamente tienen una gran capacidad mundial y eficiencia operativa, o "realmente no verificaron absolutamente nada" .
En materia de estadísticas revisadas por nosotros mismos, la empresa Caleb Brett -por mencionar sólo una- habiendo iniciado operaciones el 25 de mayo de 1986, con miles de conformidades de importación y manejando casi el 50% del mercado de certificación de mercancías, para el 14 de abril de 1987, apenas un año después -de acuerdo con sus recibos correlativos -sólo había emitido 12 certificados con salvedad. Así, cada una de estas empresas registró en sus archivos un número ínfimo de los denominados "non negotiable report of findings" .
A mediados de 1986, en la víspera de la decisión oficial, la Asociación Nacional de Agentes Aduanales denunció que "la Ley Orgánica de Aduanas, en su artículo 45, atribuye directamente a los funcionarios de las aduanas del país la potestad de: verificar documentos, identificación, examen, peso, determinación de tarifas y restricciones, valoración, peso, medida y contaje de las mercancías a ser importadas. De allí se infiere que estas compañías transnacionales, sin duda, están usurpando funciones que son ejercicio irrenunciable de nuestra soberanía nacional" .
Todas las operaciones de la empresa verificadora Caleb Brett, por manejar 46.691 conformidades de importación expedidas por Recadi con un valor FOB de 5.980 millones de dólares, posteriormente recibidas para generar certificados de origen con salvedad y sin salvedad, supuestamente, fueron ilegales y fraudulentas contra el Estado Venezolano y sus correspondientes 4.917 clientes importadores.
El 29 de abril de 1986, Michael E. DeArmond, presidente de un consorcio de dos empresas denominado Caleb Brett Intertek (The Inspection and Quality Control Specialist), ambas filiales de otro emporio corporativo denominado Inchape Inspection and Testing Services (IITS), con sede en Crechurch Lane, Londres, escribió al ex-director de Recadi, Francisco Maldonado Cisneros, una carta donde explicó que "sometemos a su consideración... los recaudos que acreditan a nuestra empresa como una de las pocas compañías a nivel mundial con amplia experiencia, trayectoria y reputación para realizar todas las labores pertinentes a la emisión de certificados de comprobación de los valores reales de las importaciones FOB que se realizan bajo el régimen de cambio preferencial, al igual que la inspección de la calidad y cantidad de los bienes importados antes de su embarque" .
Agregó DeArmond en su misiva a Maldonado que "nuestra compañía reúne hoy en día una experiencia comprobada del Grupo Caleb Brett International LTD y de Intertek Services Corporation que, sumado a las 184 oficinas y laboratorios en 36 países y corresponsales en muchos otros, le permite mantener un personal directo o indirecto de más de 14.000 inspectores, ingenieros, químicos, maestros técnicos, con un promedio de 27 años de experiencia en inspecciones y certificación de materias primas y bienes de consumo, sirviendo a las empresas más importantes del mundo que se listan en la revista Fortune 500" .
El 14 de mayo de 1986 Francisco Maldonado Cisneros le comunicó al Ministro de Hacienda, Manuel Azpúrua, en memorandum 049-86 la calificación de empresas que podían emitir certificados de origen a los efectos del cumplimiento del artículo 9 del Decreto 1.072 del 17 de abril del mismo año. Allí, el ex-director de Recadi planteó que se citaran a las diversas empresas especializadas, en número de 7 y "se recomienda, para comenzar, el sistema a Bureau Veritas, Caleb Brett y Société Générale Surveillance" . De modo que se descartaron, por catalogarse en el tercer nivel, a Comitec (Inspectorate International), Inversiones Técnicas Financieras C.A. (Survey Associates Inc. Intefica), Investigaciones y Desarrollo (Indesca), y a Supervisiones e Inspecciones Venezuela C.A. (Control International).
Posteriormente, el 21 de mayo de 1986, el ministro Azpúrua retornó una misiva a Maldonado Cisneros, donde le anunció que "el Gabinete Sectorial de Asuntos de Política Económica y Financiera, en su reunión No. 38 del 15 de presente mes, acordó aprobar la recomendación de esa Oficina (Recadi) en su punto número 4, relacionada con la clasificación de empresas que pueden emitir certificados de origen para efectos del cumplimiento del artículo 9 del Decreto 1.072... en el sentido de iniciar el programa con tres empresas, las cuales en base a los criterios descritos son: Bureau Veritas, Caleb Brett y Sociéte Générale Surveillance" .
Aprobada la anterior determinación por el gobierno de Jaime Lusinchi, Francisco Maldonado Cisneros dirigió comunicaciones, el 26 de mayo, a las empresas favorecidas por la decisión del 15 de mayo. En el caso de la Caleb Brett, que en los documentos oficiales no apareció como Intertek, ni como International LTD, ni como Venezuela C.A., el ex-director de Recadi expuso: "después de un amplio análisis realizado tomando en cuenta los elementos suministrados por varias empresas y luego de efectuadas diferentes reuniones con las mismas, esta oficina elaboró un informe en el que planteó las pautas para ser presentadas a consideración del Gabinete Económico" .
Leído el documento genérico, dirigido a las tres seleccionadas, el señor Livio Pernetz, presidente de la empresa Caleb Brett Venezuela C.A., originalmente denominada Inspecciones Caribe, en sociedad con la empresa norteamericana Esperanza USA INC., firmó la resolución de Recadi en representación de Caleb Brett. En consecuencia, la notificación no la firmó Michael E. DeArmond, presidente de Caleb Brett Intertek, quien fue la persona que inició conversaciones con el gobierno de Jaime Lusinchi, por intermedio del Ministerio de Hacienda. Como tampoco lo hizo, en ese momento, René Villa, presidente en Venezuela de Caleb Brett International LTD, puesto que éste comenzó a ejercer las operaciones posteriores derivadas del manejo de las conformidades de importación, cuando tomó la presidencia de la denominación Caleb Brett International LTD, a partir de marzo de 1987.
Pero lo importante de este caso fue que la denominación Caleb Brett International LTD y la Caleb Brett Intertek, cuyas presidencias las ejercieron, como dijimos, René Villa y Michael E. DeArmond, respectivamente, no aparecieron en ningún registro mercantil de Venezuela. La única denominación que figuró fue la Caleb Brett Venezuela C.A., que presidió Livio Pernetz, a quien no reconoció René Villa sino como empleado de la Caleb Brett International LTD. Así quedó recogido en la entrevista que Fabricio Ojeda realizó a René Villa y que se publicó el 7 de abril de 1989. Pero se dio una circunstancia extraña: las oficinas de Villa y Pernetz eran contiguas y su trato indicaba una relación de socios y no de jefe a empleado.
Quiero aclarar -explicó Villa-, que en principio la empresa que salió descrita en El Nacional (Caleb Brett Venezuela C.A.) no es ni está relacionada con la compañía que él (Livio Pernetz) dirige en Venezuela. Se trata de una firma local, que después cambió de nombre y todo eso, pero que nada tiene que ver con el proyecto aprobado por el gobierno con esta verificadora.
Entre nosotros surgió la siguiente interrogante: ¿Cómo un simple empleado de la Caleb Brett International LTD (Livio Pernetz) que tenía su oficina ubicada al lado de la René Villa, en el piso 7 de la Torre Extebandes (Avenida Tamanaco, El Rosal) y que figura en el registro mercantil como presidente de Caleb Brett Venezuela C.A., asociado con la empresa norteamericana Esperanza USA INC., que se rige bajo las leyes del Estado de Delaware y con oficina principal en Dallas, Texas, (¿fantasma?) y sin ninguna vinculación con Londres, firmó ante Francisco Maldonado Cisneros la recepción oficial de la delegación que se le entregó a la Caleb Brett Intertek que presidía para ese entonces Michael DeARmond, quien solicitó la asignación para su empresa Caleb Brett?
Esto fue lo que permitió concluir, sin lugar a dudas, que las operaciones de la empresa Caleb Brett International LTD tenían un origen fraudulento, por cuanto la firma comercial Caleb Brett Intertek que solicitó la designación como empresa verificadora, era distinta a la Caleb Brett Venezuela C.A. (la de Livio) que da conformidad a la asignación aprobada por el gobierno, pero quien dio la cara en la ejecución de las operaciones de verificación fue la de Villa, Caleb Brett International LTD.
La situación nos llevó a afirmar que había una participación fraudulenta en la función verificadora de todas las denominaciones Caleb Brett y, al mismo tiempo, se planteó una situación de negligencia administrativa por parte de Francisco Maldonado Cisneros, al no "verificar" a la empresa solicitante contra la empresa receptora y la ejecutora, en su oportunidad. La rúbrica de Livio Pernetz figuró en la comunicación entregada por Maldonado a Caleb Brett, y se constató con la firma de Pernetz en varios documentos acuñados por él en diversos registros mercantiles de Venezuela.
En una comunicación (HRC-DG-049) enviada por Maldonado Cisneros al ministro Azpúrua, informó al superior inmediato respecto de "algunas consideraciones sobre las diferentes entrevistas realizadas" con las siete posibles empresas verificadoras que están en capacidad de emitir certificados de origen.
En efecto, en esta misiva del 14 de mayo de 1986, Maldonado Cisneros comunicó a Azpúrua que la empresa Société Générale Surveillance planteó al gobierno que le otorgaran el monopolio exclusivo del negocio de la verificación y de emisión de certificados de origen de las importaciones venezolanas: "se debe trabajar con un sistema exclusivo con una sola empresa y que el Estado firme un convenio expreso. La elección debe ser bajo un proceso de licitación pública (era la posición confidencial de la Sociéte Générale Surveillance). Por cierto que quien nos aclaró la forma correcta de escribir Surveillance fue Manuel Caballero. Hasta ese momento se le venía mencionando como Sourveillance, porque en todos los documentos figuraba así, mal escrita por los funcionarios venezolanos. Caballero aleró en torno a que no existía ninguna palabra en el idioma francés que comenzara por sour..."
Aclarado este punto idiomático y de acuerdo con el documento suscrito por Maldonado Cisneros, la clasificación establecida por Recadi dio un primer nivel de calificación a Bureau Veritas y Caleb Brett; en un segundo nivel a la Société Générale Surveillance y a las otras cuatro antes mencionadas una tercera categoría en importancia. "Las demás empresas -escribió Maldonado- señalan o una simple especialización, una dimensión reducida o simples representaciones" , por lo que quedaron prácticamente descartadas las firmas Sivenca, Investigaciones y Desarrollos C.A., Inversiones Técnicas Financieras C.A., y Comitec.
Añadió que "cada una de esas empresas hizo una amplia exposición y entregó material de la presentación a los funcionarios presentes: Oscar Páez Bohórquez (Director de Operaciones) y Marbella Rotundo (Directora de Autorización de Divisas). Como producto de las entrevistas realizadas, surgieron las siguientes coincidencias entre los aspirantes: en lo referente al enfoque democrático y transparente del proceso de múltiples empresas, estuvieron de acuerdo que la modalidad era novedosa en el mundo; consideraron que no debían ser muchas las firmas participantes (mínimo 2 y un máximo de 5), y que no sólo debería certificarse precios, calidad y cantidad, sino también los aspectos legales de la operación" .
Igualmente, señalaron los candidatos, que el nuevo mecanismo traería una reducción de las importaciones, debido a los controles pre-embarques, "a la vez que un aspecto disuasivo; recomiendan que se exija el certificado de origen para las importaciones del sector público (con la excepción de armamento) y las exportaciones del sector privado para evitar subfacturación y aprovechamiento indebido de los incentivos fiscales oficiales; coinciden en que al inicio habrá manifiestas quejas de los despachadores en el extranjero como de los importadores, pero que es indispensable la intensidad con la que el gobierno respalde la medida" .
Las tarifas a aplicar por las empresas a los importadores para realizar las operaciones de verificación variaron entre 0,9 y 1,2% sobre el valor FOB de la mercancía inspeccionada e independientemente del resultado sin salvedad o con salvedad.
Finalizó esta parte de la comunicación de Maldonado a Azpúrua diciéndole que "se opina que por seriedad y tradición de las empresas en primero y segundo nivel, se debe comenzar el programa con estas tres empresas. Por el planteamiento de la Société Générale Surveillance, ésta no está dentro de los parámetros fijados" .
A las empresas escogidas se les dictó un manual de operaciones constitutivo de 17 condiciones que iban desde que el "Estado no va a controlar los servicios, sino que determinará aceptación dentro de las pautas fijadas de los certificados de origen... hasta que los mismos no son negociables" .
En el mismo documento enviado por Maldonado Cisneros a Manuel Azpúrua el 14 de mayo, donde se recomendó a los favorecidos, también se dio cuenta del proceso de descalificación de las solicitantes Conitec, Sivenca, Inversiones Técnicas Financiera e Investigaciones y Desarrollo, Indesca.
La firma Conitec, filial de Inspectorate International Services, presentó una oferta vendiendo una estructura de 42 oficinas, 1.300 empleados y relaciones similares con 47 gobiernos del mundo. De origen suizo.
En tanto que Sivenca, filial de Commodity Control Services, tenía sólo experiencia en el manejo de productos energéticos y ofreció servicios adicionales en las ramas agrícolas, alimentos, petróleo y consumo, con plataforma en Estados Unidos.
Inversiones Técnicas Financieras C.A., ofertó a nombre de la transnacional Survey Associates INC., de Miami, Florida, y estaba especializada en peritajes y ajustes a la propiedad en general y mercancías para determinar estados y valores.
La única empresa totalmente venezolana que ofreció servicios fue Indesca, conformada con participaciones de la Petroquímica de Venezuela S.A., Estireno del Zulia y Polímeros del Lago, filial de Pequiven. Se desarrollaba básicamente con experiencia en la supervisión de importaciones de equipos tecnológicos sofisticados. Esta empresa salió en el tapete un poco más tarde, como veremos adelante.
El lunes 11 de abril de 1989, El Nacional abrió edición anunciando que, por las denuncias hechas hasta la fecha, el Tribunal XXXVII Penal, del Juez La Riva, citaría a declarar a los directivos y ejecutivos de las empresas verificadoras que operaron en el sistema de supervisión de importaciones. En la lista de los requeridos para declarar estaban: René Villa y Livio Pernetz, de Caleb Brett; Richard Gautier de la Société Générale Surveillance, y Dominique Le Denmat, de Bureau Veritas. La solicitud estaba apoyada en un petitorio introducido por los Fiscales Ana María Padilla, José Gregorio Rodríguez (a quién después le dictaron auto de detención por chantaje) y Alberto Barroso.
Mientras tanto, en La Agenda Secreta del 17 de abril se denunció que dos diputados y un militar habían actuado en las conversaciones y negociaciones que realizaron Francisco Maldonado Cisneros, director de Recadi, y otros funcionarios de la Oficina de Régimen de Cambios Diferenciales en Ecuador, donde quedaba la sede principal para Latinoamérica de la empresa Société Générale Surveillance.
Se trató de los parlamentarios, en la época, Leomagno Flores, de Acción Democrática, Alejandro Rodríguez Cirimelle, del Partido Socialcristiano Copei y del Teniente Coronel de la Guardia Nacional, Orlando Hernández, adscrito al Servicio de Inteligencia y Resguardo Nacional de las Fuerzas Armadas de Cooperación.
De acuerdo con Francisco Maldonado Cisneros, "esta comisión se integró, además, con la Dirección de Operaciones (Oscar Páez Bohórquez), la consultoría Jurídica (Zhaidee Rivas Randert) y el propio director de Recadi" .
Aunque Maldonado, en nuestra primera conversación en Miami, no lo nombró, el Teniente Coronel de las FAC, Hernández Villegas se incorporó al grupo que viajó a Quito en febrero de 1986. Ese último dato se obtuvo de una copia certificada firmada por Wilfredo Maduro Pernía, director encargado de la Oficina de los Servicios Administrativos del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia (el titular era Carmelo Lauría), quien autorizó el pago de una orden de viáticos por el equivalente a 22.500 bolívares (4.500 bolívares para cada viajero al tipo de cambio oficial de 7,50 bolívares por dólar) a los fines de "una misión ordenada por el despacho con motivo de evaluar el funcionamiento de la Société Générale Surveillance en la República de Ecuador..."
Esta solicitud de viáticos fue, a su vez, convenida en el Consejo de Ministros realizado el 29 de enero de 1986, según comunicación posterior del 30 del mismo mes de la Dirección General del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia.
Sobre este viaje, Maldonado Cisneros nos dijo que "el Ministro de Hacienda (Manuel Azpúrua) me comentó que le había solicitado al Presidente del Congreso (Reinaldo Leandro Mora) que designara a los diputados que creyere conveniente para asistir y, efectivamente, fueron escogidos Alejandro Rodríguez Cirimelle y Leomagno Flores. El día del viaje, el diputado Rodríguez Cirimelle se excusó de ir por cuestiones de trabajo, pero el diputado Leomagno Flores si asistió con nosotros" .
Oscar Páez Bohórquez, director de Operaciones de Recadi, nos diría el día que se reunió con Carlos Tablante, para ser interpelado, que tampoco asistió a Ecuador porque consideró, luego, que eran demasiados los funcionarios de jerarquía los que abandonaban la oficina. Fue en la oportunidad en que entregó a Tablante el famoso cuaderno con las llamadas importantes, donde figuraban las hechas desde Miraflores por el diputado de AD, Luis Guevara.
El ex-director de Recadi explicó en Miami que el movimiento a Ecuador generó una apretada agenda: se revisaron todos los aspectos legales, las opiniones de la empresa privada, la actuación de la empresa verificadora Société Générale Surveillance, y se pidieron las opiniones a nivel del sector oficial ecuatoriano, especialmente de las aduanas.
De regreso a Venezuela -dijo Maldonado Cisneros- acordamos que la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales iba a preparar un informe exhaustivo con las conclusiones de todas las reuniones y que se pasaría al Ministerio de Hacienda (Azpúrua). Ese informe se elaboró y se le envió una copia a los diputados. Posteriormente no hubo reuniones, sino la redacción del informe que se le envió a los diputados para que ellos hicieran sus observaciones. No se recibieron mayores objeciones y, en base al mismo, Recadi preparó una serie de pautas y pasos a seguir... A todas esas reuniones asistió el diputado Leomagno Flores, interviniendo en muchas oportunidades, para hacer planteamientos" .
Con esta información en la calle, fue consultada la opinión el 18 de abril, del presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Armando Sánchez Bueno, de Acción Democrática. Su respuesta no pudo ser más elocuente:
- Creo que se debe a una confusión, por cuanto mal podría yo haber designado una comisión de diputados, ya que ésta es una función privativa de la Cámara de Diputados o del Presidente de la misma. En todo caso, ni Flores ni Cirimelle pertenecieron a la Comisión de Finanzas de Diputados.
En tanto que Leonardo Ferrer, presidente de la Cámara de Diputados para el momento de la realización del viaje, aclaró:
- Ni la Cámara ni su presidente designamos ese tipo de comisión a solicitud de Recadi. A pesar del sinnúmero de comisiones especiales que designa anualmente la Cámara de diputados, en cada caso existe el respectivo expediente y, por tanto, es fácilmente verificable la escogencia.
El jueves 27 de abril, el Juez Luis Guillermo La Riva, Instructor Especial del caso Recadi, dictó los primeros autos de detención basados en las investigaciones a la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales: la medida recayó contra Richard Ames François Gautier, presidente en Venezuela de Société Générale Surveillance; Livio Pernetz, presidente de Caleb Brett Venezuela C.A., y André Marcel Dominique Le Denmat, presidente de Bureau Veritas. Ese mismo día salieron autos para los chinos de las 19 empresas fantasmas denunciadas por Tablante: Ho Fuk Shum y Ho Fuk Wing. Fueron las primeras cinco medidas judiciales del caso Recadi.
Carlos Tablante y yo nos enteramos el viernes 28 de abril, al día siguiente, cuando nos dispusimos a abordar un avión de Viasa que nos trajo de vuelta a Caracas, luego de él haber interpelado en Miami a Maldonado y nosotros hacer una larga entrevista al ex-director de Recadi. Entre la interpelación y la entrevista -también escuchamos las preguntas del diputado y las respuestas de Maldonado- se invirtieron doce horas de conversación.
Al pie de la misma página de La Agenda Secreta de Recadi se informó, desde Punto Fijo, que Livio Pernetz había sido capturado por la Guardia Nacional en el aeropuerto de Las Piedras, cuando trataba de fugarse del país, rumbo a Curazao, en el bimotor BE-90, y fue puesto a la orden de la Disip para ser trasladado a Caracas. En realidad había salido desde La Carlota, pero una avería no programada obligó al piloto del avión donde viajaba Pernetz Janovitz a aterrizar en Punto Fijo. Ya Richard Gautier y Dominique Le Denmat se habían marchado del país.
Cuando Carlos Tablante vio las informaciones de El Nacional exclamó:
- ¡Qué vaina tan buena! Los de las verificadoras son presos tuyos y los chinos son míos.
Al presidente de Bureau Veritas, Dominique Le Denmat lo conocimos en la sede de la empresa ubicada en la Torre Las Mercedes de Chuao, por intermedio de la señora Evelyn Branger, su asistente. Sostuvimos un encuentro privado después del 15 de abril en el que nos dio información confidencial sobre las otras dos verificadoras: Société Générale Surveillance y Caleb Brett. De esta forma pudimos ponernos en las estadísticas de la competencia. La firma Bureau Veritas nos dio la impresión de ser la más decente de las tres verificadoras fundamentales. Sin embargo, levantó sospechas el robo y posterior incendio que ocurrieron en sus instalaciones el día 29 de abril al mediodía. El Juez La Riva ordenó custodiar las sedes de las empresas con efectivos de la Guardia Nacional y PTJ.
Con respecto a Livio Pernetz Janovitz, éste envió una comunicación a la Dirección de El Nacional, el viernes 9 de abril. Nunca lo tratamos, pero sí tuvimos que responderle públicamente porque en esta misiva afirmó a Franklin Whaite: "si bien son ciertos los señalamientos... Specialist Services International de Venezuela (S.S.I.), es una empresa nacional, distinta y diferenciada de la empresa verificadora Caleb Brett International LTD, empresa esta última constituida y existente de acuerdo a las leyes del Reino Unido, con capital accionario y directiva distinta a los de mi representada" .
A pesar de lo dicho por Pernetz, respondimos desde La Agenda Secreta que "la última denominación registrada por Livio Pernetz, es decir la Specialist Services International de Venezuela (S.S.I.), es la misma que figura, junto con la de Caleb Brett, en las tarjetas personales de presentación de René Villa, presidente ejecutivo de Caleb Brett International LTD en Venezuela... La sigla SSI -en todo caso- se correspondía con una filial de la Inchape Inspection and Testing Services (IITS), que tenía sede en Londres y no en Estados Unidos, como informó Livio Pernetz en el Registro Mercantil" .
De lo anterior nos dimos cuenta cuando analizamos las tarjetas de presentación de Villa y Pernetz, las cuales todavía conservamos en archivo.
Ya fuera del país, Richard Gautier, presidente en Venezuela de Société Générale Surveillance, por intermedio del colega Enrique Castejón, profesor de la Escuela de Periodismo de la UCV, nos hizo llegar copia de una comunicación enviada el día anterior a los autos de detención dictados por La Riva, la cual dirigió a un espectro importante de dirigentes políticos de todos los partidos.
Así, Octavio Lepage, José Rodríguez Iturbe, Rafael Caldera, Freddy Muñoz, Douglas Dáger, Pompeyo Márquez, Teodoro Petkoff, Eduardo Fernández, Godofredo González, Gustavo Tarre Briceño, Carlos Canache Mata, Carlos Tablante, Rhona Ottolina, Vladimir Gessen, Andrés Velásquez, Alonso Ojeda, Gonzalo Barrios y Humberto Celli; pudieron leer: "para el momento en que la Société Générale Surveillance fue seleccionada por el gobierno nacional para verificar, junto a otras dos empresas las importaciones con divisas preferenciales, ya la SGS Venezuela S.A., había cumplido 18 años operando en el país. De tal modo que no se trata, como podría llegar a pensarse, de una compañía oportunista que sólo se interesó por la realidad económica venezolana en unos momentos específicos" .
Desde Miami, el 4 de mayo siguiente, Francisco Maldonado Cisneros, especificó, al analizar la incorporación de las empresas verificadoras en el proceso de supervisión de las importaciones venezolanas, que había planteado en un informe al Gabinete Económico que el pago de 1% por parte de los importadores a la compañías de inspección tenía que ser al tipo de cambio del dólar libre.
No obstante, el gabinete sectorial resolvió lo contrario, es decir que el pago de los honorarios fuese al tipo de cambio preferencia de 14,50 bolívares, argumentando que el costo al dólar libre provocaría ciertos efectos inflacionarios en los productos de consumo importados. Sin embargo, los analistas de Recadi consideraron que "las unidades económicas" , en tanto que estaban en plena operación productiva y de importaciones, podían absorber perfectamente un costo bajo al tipo de cambio en el mercado libre de divisas.
- La recomendación -explicó Maldonado- está en el informe correspondiente y fue cambiada al dólar preferencial. Pero el hecho de que no se haya aceptado es muy importante. Hay que estar muy claro en que Recadi, como oficina, realizó un sistema y propuso una serie de condiciones. Pero tampoco hay que despreciar el poder de decisión de un gabinete económico y después de un Consejo de Ministros que emite un Decreto Presidencial.
El 10 de mayo fueron interpelados, por separado, los parlamentarios Alejandro Rodríguez Cirimelle y Leomagno Flores. El primero confirmó que no había viajado al famoso itinerario de Ecuador, y que había criticado el sistema de verificación en una rueda de prensa. Flores, quien sí se trasladó a Quito, informó que lo hizo como profesor universitario y no como parlamentario.
- Los parlamentarios -dijo-, no nos peleamos por ir a un viaje. Mi interés fue como profesor de Derecho Internacional de la Universidad Católica Andrés Bello.
El martes 24 de mayo el Juez La Riva dictó otra medida de detención en contra de la ciudadana Nina Giovanna Caiazza, también funcionaria de la Sociéte Générale Surveillance, quien fue detenida el mismo día temprano por la mañana.
Carlos J. Ruíz Poleo, representante en Venezuela de la cuarta verificadora incorporada al sistema, Chinesse Import and Export Comodities Inspection Corporation -que en el pasado no había ofrecido servicios- consignó a El Nacional abundante información donde se dio cuenta de que a pesar de existir un convenio de cooperación bilateral entre Venezuela y China Popular, la Directora de Recadi, Edgalia Bastardo de Leandro, había marginado la incorporación de la misma al proceso. Sólo lo lograron, al cabo de dos años y medio, después de elevar una protesta al Ministerio de Relaciones Exteriores.
En mayo 30, desde La Agenda Secreta se dio cuenta de que las empresas verificadoras Société Générale Surveillance, Caleb Brett y Bureau Veritas, tenían antecedentes por corrupción en otros países.
Concretamente, la Asociación de Exportadores e Importadores del Sur-Este del Estado de Florida, en documentos exclusivos obtenidos por El Nacional en Miami, expresó que "nos sentimos complacidos y aliviados porque han terminado los continuos abusos y presiones del sistema de obtención de divisas preferenciales en Venezuela" .
- No es casualidad -escribieron desde este gremio- encontrar que en todos los países donde se conocen las experiencias de verificación de precios para efectos de importación, tipo Bolivia, Paraguay, Nigeria o Ecuador, etc., aparece como denominador común en todos ellos las mismas empresas inspectoras o verificadoras de precios.
En este informe se apuntó que, "al revisar los casos de escándalos y de corrupción en todos estos países, se observa como la Société Générale Surveillance y Bureau Veritas, aparecen consistentemente en los expedientes. De hecho, de las tres empresas mencionadas se sabe en forma abierta que la empresa suiza Société Générale Surveillance es la esencia misma de este mecanismo de entrabamiento y corrupción" .
- La empresa Société Générale Surveillance- afirmaron estos empresarios-, propiedad de diferentes grupos bancarios suizos, ha sido la creadora y principal promotora de estos mecanismos, a través de los Bancos Centrales y otras dependencias oficiales de los diferentes países afectados, actuando en muchos casos, como en Ecuador, el más reciente y sonado de todos los casos anteriores al escándalo venezolano, en forma de monopolio.
Se agregó que "no debemos dejar de mencionar que no existe ninguna duda de que el triste y empobrecedor proceso del cual Venezuela se viene percatando durante los últimos meses, está directamente e íntimamente relacionado con el caso de Ecuador. No cabe duda que es la empresa Société Générale Surveillance la que lo establece allí y es esta empresa, en combinación con el gobierno del Presidente León Febres Cordero, y el Ministro venezolano de Hacienda, Manuel Azpúrua Arreaza, quienes lo implantan en Venezuela, con apoyo de la banca suiza. Es absolutamente cierto que, al igual que en Ecuador, al inicio se estuvieron ejerciendo presiones para que solamente se le otorgara la exclusividad a la Société Générale Surveillance, pero debido a las características propios del caso venezolano, se decidió dar entrada a las empresas Caleb Brett y Bureau Veritas, con el fin de hacerlo más transparente ante la opinión pública" .
Basados en el contenido de las regulaciones implantadas el 23 de octubre de 1984 por la Junta Monetaria (el Recadi del país suramericano), el 12 de marzo de 1985, Armando Tomaselli y Fabián Corral, director ejecutivo y del departamento jurídico de la Cámara de Comercio de Quito, respectivamente, oficiaron un documento económico-jurídico de 25 páginas al presidente del Banco Central de Ecuador, Raúl Clemente Huerta, donde expresaron ciertas inquietudes, "a fin de que rectifiquen los errores cometidos" , luego de la decisión tomada que permitió a la empresa verificadora Société Générale Surveillance actuar en la emisión de los certificados pre y post-embarque de todas las importaciones y exportaciones desde y hacia esa nación.
- De los análisis... se concluye que no existe basamento jurídico suficiente para el cobro de la comisión a importadores y exportadores (1 y 2%) por los servicios prestados por la Société Générale Surveillance. Este costo debe ser absorbido por el Instituto Emisor... Los avisos de conformidad y no conformidad deben convertirse en elementos de juicio para que el Banco Central de Ecuador ejerza sus atribuciones. Una reforma del sistema parece imperiosa, para que la intervención de la Société Générale Surveillance no contraríe el esquema jurídico ecuatoriano.
La anterior historia resumida viene a colación, en tanto que un año después de comenzar actividades de supervisión de importaciones y exportaciones ecuatorianas -en medio de una gran pelea entre empresarios y funcionarios públicos- el gerente general de la Société Général Surveillance en Quito, Enmanuel Bonnet, aprovechó la presencia en Ecuador de Francisco Maldonado Cisneros, del diputado Leomagno Flores y del Teniente Coronel Orlando Hernández Villegas, para enseñar las virtudes y procedimientos impuestos en este otro país.
Siempre nos resultó importante tratar de determinar si los venezolanos que estuvieron en Ecuador, en enero de 1986, conocieron los cuestionamientos lanzados por el empresariado ecuatoriano en contra de las actuaciones de la Société Générale Surveillance: Enrique Orcés Jijón, Director de Aduanas: "actuaciones de SGS planteaban vicios reglamentarios" ; Alfredo Gallegos Banderas (posteriormente denominado presidente de la Cámara de Comercio de Quito): "pagos de comisiones a la SGS son ilegales" ; Emilio Parodi: "el contrato con SGS es oneroso y atentatorio de la dignidad nacional" ; Rodolfo Kronfle, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil: "La SGS ocasiona un perjuicio irreparable a las empresas" .
Es justo decir que el Ministro de Finanzas, Francisco Swett, advirtió al sector privado que el contrato suscrito entre del Banco Central de Ecuador y la Société Générale Surveillance "nació de la absoluta necesidad de lograr que el monto de las exportaciones e importaciones sea fidedignamente reportado y no se presenten problemas distorsionadores y de mala utilización de la reserva monetaria internacional" .
La polémica está recogida en los diarios El Comercio, Hoy y El Universal, en sus ediciones comprendidas entre marzo y abril de 1985.
El 2 de julio de 1989 se informó en La Agenda Secreta que, a su vez el 26 de junio de 1986, Remigio Juan Apolloni, presidente de la empresa Supervisiones e Inspecciones Venezuela C.A., la única empresa nacional que fue descalificada como verificadora potencial por Recadi, con sede en Puerto Cabello, alertó al Presidente de la República de entonces, Jaime Lusinchi, en torno "al conflicto de intereses" que representaría para el Estado Venezolano la participación de las empresas verificadoras Caleb Brett, Bureau Veritas y Société Générale Surveillance.
Efectivamente, denunció ante el Primer Magistrado nacional a la firma SGS, la misma que presionó el monopolio en Ecuador, cuestionada por los exportadores de Florida, Nueva York, Baltimore, Nueva Orleans y Texas y, por añadidura, acusada por soborno en Nigeria.
- Señor Presidente -escribió Apolloni-, respetuosamente solicitamos atienda nuestro llamado. Como venezolanos, exigimos que el Estado nos proteja y evite el monopolio y ventajismo que atenta contra la libertad de comercio según reza en nuestra Constitución y les prohiba tanto a estas empresas transnacionales como a sus filiales, que operen en el país por presentarse el mencionado conflicto de intereses. (El gobierno no estaría en condiciones reales de comprobar o verificar la imparcialidad y solvencia de estas empresas, actuando en los dos puntos, cargue y descargue). Esto ocasiona que la empresa certificadora en un momento dado pueda tener la libertad de tapar sus errores.
En la misma edición del 2 de julio, se denunció que la Société Générale Surveillance tenía antecedentes por soborno en Nigeria. La prensa de este país y de Inglaterra, como el Daily Times, The Punch, National Concord, New Nigerian y Lloyd´s List, informaron, entre febrero y diciembre de 1982, sobre el soborno a casi todos los miembros de la Comisión de Finanzas. Un señor llamado Dassonville, segundo vicepresidente de la Société Générale Surveillance a nivel mundial entregó, por equivocación, un sobre en 1981 con 120.000 dólares a Ernest Allison, sub-jefe de la embajada nigeriana en Berna, el cual estaba originalmente destinado a comprar al Presidente de la Comisión de Finanzas, Ralph Obioha y otros integrantes del comité parlamentario de diputados.
Según el relato escrito por el periodista nigeriano Raymond Okiti del National Concord, el 23 de febrero de 1982, la situación fue más o menos de la siguiente manera:
- Un funcionario de la embajada nigeriana en Suiza, Frederick Allison, confirmó ayer que le entregaron por error 120.000 dólares en el aeropuerto de Ginebra, destinados a la comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados. Dijo que él acompañó a los diputados integrantes de la comisión después que ellos inspeccionaron las instalaciones de la SGS en Ginebra... Allison dijo que preguntó a Dassonville qué contenía el sobre y que el funcionario de la SGS le respondió que eran dólares estadounidenses. Dijo que fue a un baño, en donde abrió el sobre y tomó nota de su contenido. Conté, conté, conté, ¡coño! Son 120 mil dólares, gritó agitado.
Esta otra historia viene a colación porque, si bien no fue rigurosamente confirmada la información, el mismo señor Dassonville estuvo en Caracas a mediados del mes de marzo de 1986, quién sabe con qué intención. De esto informaron varios empleados de Recadi, que siempre pidieron no ser nombrados públicamente. La presencia de este personaje fue escasamente quince días antes de que el gobierno de Jaime Lusinchi decidiera incorporar a las empresas verificadoras de importaciones.
Es necesario precisar que la intención inicial fue la de establecer unos supuestos controles para evitar sobrefacturaciones, (objetivo que por supuesto nunca se logró, por el contrario se estimuló con la pésima administración de los presupuestos de divisas), las importaciones del sector público no tuvieron ningún tipo de control porque el sistema, expresó, no fue concebido para calibrar gastos, mucho menos precios, calidades y cantidades de las importaciones del sector oficial.
Solamente Petróleos de Venezuela venía trabajando en el despacho de barriles petroleros con la firma Bureau Veritas, pero a raíz de las investigaciones y del escándalo sacaron a esta certificadora del registro de proveedores "hasta nuevo aviso" .
El 17 de agosto de 1989, el presidente del Tribunal Superior de Salvaguarda, ordenó investigar las actuaciones de la Cónsul venezolana en París, Ana Cristina Anzola, porque esta funcionaria otorgó un poder al exilado presidente de la Bureau Veritas, Dominique Le Dem Matt, con un auto de detención en Venezuela, al abogado defensor Jorge Sosa Chacín, contra lo que estipula el artículo 92 de la Ley de Salvaguarda. El punto de la discordia fue que como Le Dem Matt no se puso nunca a derecho, le correspondía al Tribunal de Salvaguarda designarle un defensor público.
Más tarde, el viernes 2 de septiembre, el Tribunal Superior de Salvaguarda ordenó revocar los autos de detención que el Juez Instructor La Riva había dictado cinco meses atrás por aprovechamiento de fondos públicos. La magistrado encargada de hacer el anuncio fue Carmen Alaide Mazzarri Mendoza: -la revocatoria de los autos de detención se hace- informó a los periodistas de la fuente- porque el delito no aparece plenamente probado en el expediente. Pero por eso mismo, también se ordenó proseguir las averiguaciones.
El expediente bajó a las manos de la Juez Luisa Doris Castellanos, del XXXIII Penal, quien luego de La Riva se encargó de seguir las investigaciones sobre las empresas verificadoras. Ello significó que el único preso importante por este caso, Livio Pernetz Janovitz, recuperó la libertad luego de varios meses bajo sombra. Seguramente se marchó del país también.
Pero fue casi un mes y medio después, el 22 de septiembre, cuando la Subcomisión Especial del Congreso que investigó también las empresas certificadoras emitió su condena política. Señalaron Carlos Tablante, Nelson Chitty La Roche y Liliana Hernández, sus integrantes, que el ex-ministro de Hacienda, Manuel Azpúrua Arreaza, y el ex-director de Recadi, Francisco Maldonado Cisneros, "cometieron presunta comisión de delito en el proceso que incorporó a las empresas en la certificación de importaciones hacia Venezuela" .
Recomendaron una nueva indagación judicial para establecer las responsabilidades penales. Este informe sectorial, a su vez, fue absorbido por el Informe presentado por el Presidente de la Comisión Especial, Douglas Dáger, a la consideración de todo el comité investigador parlamentario.
- La actividad de las empresas verificadoras -se lee en este otro documento-, fue costeada , es cierto, por los propios importadores, pero con dólares preferenciales, constituyendo este mecanismo el establecimiento de una curiosa relación según la cual el vigilante devino en asalariado del vigilado, con los resultados fácilmente imaginables... Está evidenciado que las verificadoras permitieron la sobrefacturación. El entendimiento y la comunidad de intereses entre las verificadoras y algunos importadores, dieron lugar a certificados no limpios y sobrefacturación.
Este caso, prácticamente cerrado, demostró que la verdad de la prensa siempre estuvo por delante de la verdad procesal o judicial, de manera que rápidamente se olvidó que alguna vez cuatro empresas verificadoras internacionales operaron en Venezuela.
Con diez días de anticipación, el 15 de mayo de 1989, El Nacional anunció que el Juez Instructor del Caso, Luis Guillermo La Riva López, tomaría medidas judiciales que se desprenderían del expediente del sector Alimentos, específicamente del área de molinos de trigo.
Efectivamente, aún cuando había cesado la primera etapa de La Agenda Secreta de Recadi -que se prolongó desde el 31 de marzo hasta el domingo 14 de mayo, cuando se presentó un primer resumen con todo lo denunciado y los resultados hasta ese momento ocurridos a nivel de justicia-, el periódico alertó a sus lectores que el cierre temporal de la campaña de ningún modo significó que no se siguiera investigando e informando en torno al escándalo.
Por el contrario, la segunda fase diaria y sistemática de la Agenda se extendió desde el martes 23 de mayo hasta el 5 de julio siguiente. La razón que privó para que el equipo se tomara una semana de relativo descanso fue el cansancio y la necesaria revisión de otros documentos y expedientes en nuestro poder. A pesar del alerta público, fuimos criticados. Por ejemplo, el martes 16 de mayo, Miguel Angel Capriles, en un editorial de El Mundo, acusó que a El Nacional se le había "enfriado el guarapo" . Mucha gente pensó igual que él.
Lo cierto es que para la semana intermedia transcurrida entre el lunes 15 y el martes 23 de mayo, se dejaron algunos trabajos escritos. Uno de ellos fue la página D-1 del 15 de mayo, anunciado los autos de detención contra los molineros. En ese momento ni nos pasó por la cabeza que una de las decisiones judiciales habría de recaer sobre el conocido empresario Nicomedes Zuloaga. Mucho menos sobre un futuro Ministro de Economía del nuevo gobierno argentino de Carlos Menem: Néstor Mario Rapanelli.
Ocurrió que nos "pusimos" en varios de los informes en los que el Juez La Riva estuvo centrando las indagaciones sobre el uso de dólares preferenciales para las importaciones de trigo.
Había uno levantado por la Comisión de Economía del Senado de la República, presidida por Angel Reinaldo Ortega, de Acción Democrática, y otros dos elaborados por la Dirección de Inteligencia y Resguardo Nacional de las Fuerzas Armadas de Cooperación.
Un cuarto informe, verdaderamente importante, sirvió de base a todos los anteriores y marcó la investigación que desde el 21 de marzo de 1986 adelantó el Senado de la República: un estudio elaborado por profesores y alumnos del Post-grado de Economía Agrícola de la Facultad de Economía de la Universidad Central de Venezuela. El 21 de marzo de 1986 el Decano de esta Facultad, Manuel Rodríguez Mena, junto con los profesores del curso: Alfredo Van Kesteren, Armando Martel y Bernardo González, solicitaron a la Comisión Parlamentaria "investigar todo lo relacionado con la importación, transformación, industria y comercialización del trigo y sus productos derivados en los últimos años" .
Basaron su petitorio en dos aspectos centrales: un crecimiento progresivo y constante del consumo de trigo, en detrimento de otros cereales nacionales; y las importaciones de trigo que venían ocurriendo (con dólares preferenciales) a precios extremadamente altos y muy superiores a los de referencia que regulan y privan en el mercado internacional. En realidad, había otras conclusiones pero nos pareció que estos fueron los alegatos más notorios.
La investigación del Senado duró prácticamente un año, puesto que en marzo de 1987 se produjo un voluminoso informe analítico, recopilatorio de todas las actuaciones, y se concluyó, entre otras cosas, en las siguientes: se transgredió el ordenamiento legal y jurídico de la República "relativos a la economía, las relaciones económicas y la apropiada supervisión y control por parte del Estado" , en cuanto a las importaciones de trigo.
- En buena parte, la documentación oficial -dice el informe del Senado- que emiten los órganos competentes con motivo de otorgar Delegaciones de Importación, Conformidades de Importación y Autorizaciones para Retiro de Divisas, y en la información que suministra el importador, aparece una descripción insuficiente del producto objeto del trámite o adquisición, indicándose en muchos casos sólo el tipo de trigo sin su grado nutricional, o señalándose solamente la palabra Trigo.
En la página que divulgamos ese 15 de mayo, titulada: "Juez de Recadi dictará medidas contra directivos de molineras" , escribimos que el magistrado "tomará varias decisiones judiciales contra directivos y funcionarios de las empresas Monaca, Gramoven, Mocama, Molvenca, Mimesa, Sahiv, Molinarca, Halaca, Monguaca e Hidalgo, todas afiliadas a la Asociación de Molinos de Trigo; y a las firmas independientes Molorca, Pastificio Universal, La Lucha y Gofio Canario."
El Juez La Riva venía recopilando informaciones fundamentales, en tanto que había encontrado indicios suficientes para cuestionar judicialmente las importaciones de trigo provenientes de Estados Unidos, Canadá, Argentina, y la Comunidad Económica Europea.
El viernes 19 de mayo fueron citados a declarar al tribunal los representantes de Gramoven, Molinos Guacara y Monaca. Pero el domingo 21 de mayo, los directivos de Asotrigo montaron una rueda de prensa dominical en la que trataron de rebatir el informe de la UCV. Este día insistieron en que la investigación del Senado había terminado, no obstante que el Juez La Riva mandó prohibir la salida del país a los empresarios del ramo.
Fue el viernes 26 de mayo cuando el Instructor La Riva dictó nueve autos de detención en contra de Nicomedes Zuloaga, Salvador Armada, Néstor Mario Rangonelly -así quedó registrado el nombre del futuro Ministro de Economía Rapanelli en el libro del Tribunal-, y Oleg Williamsom de la empresa Gramoven; Giácomo Calabresse Vesce, de Molinos Guacara; Ricardo Ponce de León, presidente de Monaca; Vicente Vegas Soko y Michael Stewart Denger, de Pillsbury; y Héctor Aníbal Hidalgo, presidente de Molinos Hidalgo.
La noticia confirmó la primicia de El Nacional de una semana atrás, pero constató que algunos de los señalados ya habían abandonado el país, para variar. La decisión del Juez se basó en contrabando y malversación de fondos públicos, según la Ley de Salvaguarda.
- La reactivación del caso Gramoven y mi auto de detención obedecen a motivos políticos -declaró Nicomedes Zuloaga en sus últimas horas de libertad-. En Venezuela estamos sometidos a la teoría de algunos adecos corruptos que dicen que la supervivencia de los ladrones adecos es indispensable para la supervivencia del partido y de allí la maniobra de tirar cortinas de humo. El Juez forma parte del mismo partido, que lo llevó a la Presidencia del Colegio de Abogados.
Por su parte, el mismo día La Riva respondió: "Lo que pasa es que a lo mejor el doctor Zuloaga lo que quiere es que yo me inhiba, y no lo voy a hacer, porque no hay razón, causal moral ni procesal para que me inhiba. Yo dicté una decisión de acuerdo a lo que pienso. El procesado puede ejercer los recursos que le consagran la Constitución y las leyes" .
Este día acompañó las declaraciones iniciales de Zuloaga, el conocido empresario Alfredo Paúl Delfino.
- Los verdaderos culpables y que no están presos son Jaime Lusinchi y Blanca Ibáñez -exclamó sin pepitas en la lengua-. Estamos contemplando un terror judicial, legislativo y una farsa que ya llega a extremos intolerables.
Por la noche, el gremio de molineros agrupado en Asotrigo se reunió de emergencia y en secreto, con el fin de evaluar la situación y diseñar la estrategia a seguir.
Mientras que los autores del informe de la Universidad Central convocaron a un foro que se efectuó el 19 de mayo en la Sala A del Ateneo de Caracas, para "responder la intensa campaña de las empresas comprometidas en el caso" . Insistieron en que si los controles de Recadi y el BCV hubieran funcionado, como lo establecía la legislación cambiaria, se pudieran ahorrar unos 100 ó 150 millones de dólares en favor de las reservas internacionales.
Nicomedes Zuloaga, ex-embajador de Venezuela en Argentina cuando el gobierno de Lusinchi, se entregó el viernes 26 de mayo sobre las cinco de la tarde, e inmediatamente fue trasladado al Retén de El Junquito, donde permaneció 132 días en cautiverio.
La Agenda pudo obtener y luego publicar, el 1 de junio, uno de los documentos levantados por el Servicio de Inteligencia y Resguardo Nacional de la G.N.
En el mismo, el Comando de Operaciones de las Fuerzas Armadas de Cooperación, dio a conocer los resultados de una inspección que realizaron sus miembros por las ciudades norteamericanas de Minneapolis, Nueva Orleans y Washington, en julio de 1987. Suscrito por el General de Brigada (GN) Elías Ricardo Tarbay Assad, el coronel (GN) Orlando Hernández Villegas (el mismo que viajó a Ecuador), el teniente (GN) Alfredo Vásquez Tarbay, y el doctor Erwin Thomas; el papel de 13 folios concluyó que en el proceso de importación y comercialización de trigo con dólares preferenciales "Venezuela compró dicho producto en las peores condiciones del mercado" , coincidiendo plenamente con el informe de la UCV. Por otra parte, que si en el momento de la inspección se hubiera resuelto aplicar un sistema de trueque en el que estaba interesado el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las importaciones pendientes podrían generar ahorros por unos 50 millones de dólares, cosa que no ocurrió.
El 2 de junio el diputado Oswaldo Alvarez paz, de Copei, denunció al juez Luis Guillermo La Riva, autor de la detención judicial de Zuloaga, desempolvando expedientes del año 1967, cuando el magistrado, siendo militar, habría instigado un magnicidio contra el Presidente de la República de entonces, Rafael Caldera. Solicitó públicamente que La Riva fuera sustituido e investigado por el Consejo de la Judicatura.
- El Juez -afirmó Alvarez Paz- no está capacitado ni jurídica ni éticamente para conducir el proceso.
El candidato a ocupar la gobernación del Estado Zulia, también presentó la copia de una carta dirigida por los integrantes de la Fundación La Riva, integrada por hermanos y por el propio Juez de la causa, donde acosaban como abogado, al ex-ministro de Hacienda, Manuel Azpúrua, representante legal de la empresa Vencemos, y referida a un litigio entre terrófagos, donde la citada sucesión pidió 12 millones de bolívares para indemnización de algunas tierras sujetas a expropiación.
Un asunto particular entre una sucesión familiar y una empresa privada, nos pareció, estaba siendo utilizado para provocarle presiones al Juez, centro de atención del Caso Recadi. Pero las denuncias contra La Riva, casualmente, provenían de la misma persona, el diputado Oswaldo Alvarez Paz, que el 15 de abril declaró:
- Los brazos y tentáculos de los diferentes sectores partidistas y las posiciones clave que ocupan en los niveles de decisión, hacen considerar la posibilidad de que las investigaciones que se adelantan sobre Recadi, no concluyan de forma optimista.
En ese momento fueron dos las versiones que se tejieron en torno al comportamiento del futuro gobernador electo del Zulia: una, que la campaña por lograr la primera posición regional estaba siendo financiada por poderosos grupos económicos muy ligados a las actividades de Nicomedes Zuloaga. La otra, que el diputado Alvarez Paz hacía juego junto con Rafael Caldera, en favor de orientar la acción judicial sobre los funcionarios de la administración y no contra empresarios importadores y mucho menos importantes como Zuloaga. Recuérdese que para el momento, el Juez La Riva también había prohibido la salida del país a importantes funcionarios de empresas automotrices y laboratorios médicos. Se temió que La Riva siguiera cargando la mano al sector privado.
La detención de Nicomedes Zuloaga colocó, sin duda, el caso Recadi en otra perspectiva. Allí comenzó la caída del Juez más odiado y conocido de Venezuela en las últimas décadas de la historia judicial.
El viernes 3 de junio, por una parte, fue trasladado en medio de una gran trifulca organizada por sus familiares al Tribunal de La Riva el empresario Zuloaga, para ser impuesto del auto de detención. Gritos, insultos, empujones, golpes y el discurso acalorado de Cachi Pocaterra, esposa de Zuloaga, marcaron la jornada.
Pero por la otra, el Juez La Riva acusó el golpe:
- El doctor Alvarez Paz es un embustero y un farsante. Yo voy a demostrar que es embustero. Lo voy a retar, para que él escoja el sitio, los documentos, la hora... Manuel Azpúrua me llamó indignado, que estaba dispuesto a declarar...
Como Alfredo Paúl Delfino había dicho que todos los jueces eran unos ladrones, La Riva lo mandó a arrestar por 36 horas. Entonces tenía presos a dos Amos del Valle.
El 4 de junio, Nicomedes Zuloaga planteó en un foro con Alfredo Peña que había "que sacar las ratas de Acción Democrática" .
El diputado Oswaldo Alvarez Paz volvió a la carga el domingo 4 de junio: "Me gradué en la Universidad del Zulia de Abogado y no sé dónde se graduó el Juez La Riva. Tuve los mejores profesores y maestros, ejercí junto a jueces de verdad y no con payasos. La Riva no se respeta a sí mismo" .
El compañero de armas de La Riva, Mayor Rafael Angel Terán Barroeta, explicó el 5 de junio que "Oswaldo Alvarez Paz, basándose sólo en una hoja del expediente de La Riva, pretende desprestigiar la persona de este notable legislador, desconociendo de la manera más clara el resto de su historial" .
El cuadro descrito también provocó que el Juez La Riva se desmoralizara y no ocultara este sentimiento, ni siquiera, ante los representantes de la prensa. El 6 de junio expresó:
- Como juez no debería decirlo, pero creo que la investigación de Recadi no va a llegar a ninguna parte, y ninguna investigación donde se pretenda encubrir a algunos privilegiados puede llegar a ningún sitio si continúan las presiones.
El 7 de junio la actividad rutinaria del XXXVII Penal se interrumpió. Una manifestación de estudiantes de leyes de la Universidad Católica Andrés Bello llegó a las puertas del juzgado de La Riva. El líder del grupo, Gustavo Cedillo Vaz, experto en derecho militar, denunció que Oswaldo Alvarez Paz había violado el reglamento sobre documentos militares.
Siempre aprovechando, como parte de su ofensiva particular, cualquier entrevista solicitada por un medio de comunicación, Nicomedes Zuloaga declaró el 9 de junio que "la carta de Meneses era un documento importantísimo" .
El mismo día de la anterior declaración, en La Agenda Secreta publicamos el segundo informe preparado por la Oficina de Inteligencia y Resguardo Nacional de la Guardia Nacional. Se señaló que el escrito concluyó en que había un sobreprecio por casi 5 millones de dólares en las importaciones de trigo realizadas por la empresa Gramoven, de la que fue presidente Néstor Mario Rapanelli. En ese documento de 15 folios estaba recogido el testimonio de quien después fue un frustrado ministro de Economía argentino, cuadro importante de la transnacional Bunge and Born Corporation, inversionista de Gramoven.
Este expediente fue abierto por órdenes expresas del Comandante de la Guardia Nacional de entonces, General Luis Ramón Contreras Laguado, y estuvo escrito por el Teniente Coronel Orlando Hernández Villegas (el mismo del viaje a Ecuador), el Subteniente Eddie Ramírez Moyeda, el Subteniente Pedro Javier Dávila Rodríguez, el funcionario Ernesto Bracho, por el Teniente Alfredo Vásquez Turbay y por el General Elías Tarbay Assad. Es decir, casi los mismos que realizaron la inspección por varias ciudades de Estados Unidos.
El 15 de julio, el Juez La Riva envió los recaudos del caso de los molineros al Tribunal Superior de Salvaguarda, presidido por Ortiz Bucarán. La finalidad, conocer la apelación de los señalados, muchos de los cuales se defendían en ausencia.
Luis Piñerúa Ordaz volvió a figurar en esta historia el 17 de junio, cuando declaró: "sería muy grave que una vez remitidos al Superior los expedientes en manos del Juez La Riva, bien sea para continuar su investigación o para conocer decisiones apeladas, se cayera en el congelamiento o la inanición que contraste con el dinamismo que le ha dado al caso el Tribunal de Primera Instancia. Las actuaciones del superior no sólo deberán, en consecuencia, ser cristalinas, sino oportunas, para que la opinión pública no se sienta defraudada."
Como el asunto estaba tomando un giro que podía tocar intereses fundamentales, especialmente críticas gremiales al sector empresarial, el Presidente de Fedecámaras, Eddo Polesel le cargó la mano al Juez La Riva y a los parlamentarios de la Comisión Especial del Congreso.
- Observamos que en las investigaciones -dijo el 30 de junio- que se realizan, como en las opiniones e informaciones que a diario se producen, se presentan situaciones que están afectando la seriedad y pueden comprometer la objetividad de los resultados... Tales investigaciones deben realizarse sin desviaciones de los órganos institucionales que deben practicarlas, ni distorsiones en la aplicación de los mecanismos legales.
Paralelamente, el presidente de la sub-comisión alimentos de la Comisión Especial del Congreso, Diputado Alexis Ortiz (independiente-Copei), refirió el 13 de junio que varias empresas del ramo estaban sujetas a investigación, más que esto no significaba una acusación a priori. Se trató de Alimentos Souto, Balanceados Super Integrados C.A., Le Biscuit, Margarita C.A., Heinz, Kraft, Turagua, Protinal, La Caridad, Balanceados Vivas, Adda´s y Kellog´s. El 4 de julio Nicomedes Zuloaga asistió a entregar un voluminoso expediente en el Tribunal Superior de Salvaguarda. Dijo que confiaba con que le revocarían el auto de detención.
El martes 18 de julio fue nombrado Ministro de Economía por el nuevo Presidente Argentino, Carlos Menem, un cuadro importante de la transnacional Bunge and Born: Néstor Mario Rapanelli, quien había ocupado por delegación de la directiva las labores de presidente de Gramoven, durante 1 año y 8 meses.
Al día siguiente, el Juez La Riva ratificó que el auto de detención contra el ministro argentino estaba plenamente vigente.
Pero el Presidente de Argentina, Carlos Menem, al dar una rueda de prensa en el Palacio Rosado, sede del gobierno, el mismo 19 de julio, asumió la defensa de Rapanelli, y dijo que "el ministro tiene en su poder documentación de la fiscalía nacional de investigaciones de ese país y está totalmente sobreseído" . Cosa totalmente incierta.
Mientras tanto, Luis Guillermo La Riva pidió al Consejo de la Judicatura que investigara las declaraciones suministradas en Buenos Aires por el diputado Peronista, Eduardo Varela Cid, quien afirmó que el Juez XXXIII Penal "estaba ligado al narcotráfico" .
El Canciller argentino, Domingo Cavallo, el 11 de agosto, descartó cualquier maniobra de extradición para Rapanelli y exaltó que en Venezuela los poderes estaban plenamente divididos, por lo que el Presidente Carlos Andrés Pérez no podía interferir en la administración de justicia.
Volviendo a Caracas, el 21 de agosto, el Magistrado Enrique Sánchez Falcón, miembro del Tribunal Superior de Salvaguarda y ponente en el caso de Nicomedes Zuloaga planteó inhibirse de emitir criterio, "porque me siento injuriado por las expresiones de sus defensores" .
- He sido injuriado, he sido difamado. Se me ha dicho que estoy en connivencia con algunas otras personas para dictar una decisión que no es la que ellos esperan. He tenido entrevistas bastante fuertes con los abogados de Zuloaga, las cuales no se corresponden con lo que debe ser una relación jurídica...
En la misma rueda de prensa, donde además estaban los otros dos integrantes del máximo Tribunal de Salvaguarda, Silvestre Ortiz Bucarán y Carmen Alaide Mazzarri, se informó que habían confirmado los autos de detención a los ciudadanos chinos Ho Fuk Wing y Ho Fuk Shuk y con la misma se le dictó autos de detención a los funcionarios de la aduana Marítima del Puerto de La Guaira: José Ignacio Alvarez, Félix Sánchez Sánchez, Mireya del Valle Martínez de Guarino, y Lilian Josefina Escobar Ceballos, por el delito de expedición indebida de documentos, en el mismo expediente de las empresas fantasmas de los chinos.
Pero, por otra parte, se revocaron los autos de detención a los empleados del Banco Italo: Lola Consuelo Ardila Vezga, Ana Gioconda Gil Balza, Pablo Antonio Mata Cedeño y Angelo Tiso Meola, junto al de Nina Giovanna Calazza, empleada de la verificadora Société Générale Surveillance, en tanto que los delitos de peculado culposo y falso testimonio no estaban plenamente comprobados en el expediente instruido por el Juez La Riva. Todos estos personajes estaban presos desde el mes de mayo de 1989.
El mismo día se conoció que le fueron dictados autos de detención, confirmando al XXXVII Penal, a Francisco Elías Moya, José Ruiz López y a José Nicomedes Molina Utrera, también por expedición indebida de documentos y aprovechamiento de fondos públicos en importación de vacas.
Ya para el 5 de octubre de 1989, el Juez La Riva, reducido su ámbito de competencias solamente al Sector Alimentos, ordenó investigar a los importadores de maíz y sorgo, donde figuraba nuevamente la empresa Gramoven.
Pero el mismo día el Tribunal Superior de Salvaguarda revocó el auto de detención al empresario Nicomedes Zuloaga quien tras 132 días detenido en el retén de El Junquito, volvió a recobrar su libertad. Sus primeras palabras fueron: "demandaré a La Riva" .
- Yo pienso todavía que los culpables deben ser castigados. Por ahora queda demostrado como se han manipulado los expedientes y es reivindicado el nombre de Nicomedes Zuloaga.
Pero en el otro lado de la ciudad, el Juez La Riva, nuevamente desanimado, ripostó:
- El caso Recadi está como el mamón macho que florea, pero no carga. Estoy decepcionado porque aquí no se puede ser Juez. Las presiones son demasiadas y persistentes. Pienso que los miembros del Tribunal Superior tendrán que tomarse un calmante para poder dormir tranquilos. Yo, por mi parte, tengo mi conciencia tranquila, aunque me duela admitir que el caso Recadi penalmente está muerto.
Al día siguiente, el 6 de octubre, los integrantes del Superior oficiaron al XXXVII Penal y le notificaron que le revocaban su competencia para seguir conociendo del expediente del Sector Alimentos. Fue pasado, el mismo, al Tribunal XXVI, a cargo del magistrado Braulio Sánchez. No se sabe si fue por la calentera que agarró, pero lo cierto es que Luis Guillermo La Riva fue operado de una afección intestinal ligada con una amibiásis, al día siguiente de producirse la liberación de Nicomedes Zuloaga. Pero la ofensiva de los abogados del Amo del Valle no se detuvo con motivo de hacerse efectiva la libreta de excarcelación. Uno de éstos, Ramón Rangel Mantilla (sobrino del ex-ministro de Agricultura y Cría de Lusinchi, Wenceslao Mantilla) anunció por prensa que iba a denunciar al senador de su mismo partido Acción Democrática, Angel Reinaldo Ortega, ante el Tribunal de Etica de AD. Ortega, como ya dijimos, coordinó la investigación contra los molineros desde la Comisión de Economía del Senado.
En el interín, el Presidente Carlos Andrés Pérez viajó a Buenos Aires a reunirse con su colega Carlos Menem. Desde allá las agencias internacionales recogieron las palabras dichas por el Primer Magistrado Nacional a los periodistas locales, en el sentido de que el Ministro de Economía, Néstor Mario Rapanelli, había sido absuelto también. El Tribunal Superior de Salvaguarda se vio obligado a reafirmar en Caracas que esta causa todavía estaba sin concluir. CAP, a su regreso aclaró que él no había dicho que Rapanelli había sido exhonerado de responsabilidad.
El 16 de diciembre todas las agencias internacionales dieron cuenta de que el Ministro de Economía de Argentina, Néstor Mario Rapanelli, fue excluido del gabinete y sustituido por Antonio Ermán González.
La versión de la agencia AP presentó el tema así: "El gobierno argentino, en un esfuerzo por restaurar la confianza en su deteriorado programa económico, anunció una reestructura del gabinete, que incluye el alejamiento del cuestionado ministro de Economía, Néstor Mario Rapanelli. La suerte de Rapanelli quedó sellada como secuela de una delicada crisis que provocó la abrupta caída del austral con relación al dólar, en un 54 por ciento en tan sólo cinco días" .
Previamente en Caracas, el presidente de la Comisión Especial del Congreso que investigó el Caso Recadi, hizo público el informe preliminar y en éste, se señaló lo siguiente con respecto al Sector Alimentos:
- Suponemos una estrecha relación entre el importador y el proveedor extranjero, que en todo caso propiciaba la sobrefacturación, con el concurso o la negligencia de los funcionarios encargados de aprobar las sumas solicitadas, al no verificar los precios unitarios a través de consultas en las bolsas de cereales ubicadas en Buenos Aires, Chicago, Minneapolis, Kansas City, etc. Esta falta de verificación de los precios internacionales de los insumos del Sector Alimentos, propició que se otorgaran grandes sumas de divisas sin verdaderos controles, auspiciándose así las transferencias de ganancias al exterior, en detrimento del Estado venezolano.
En el interrogatorio al que fue sometido Néstor Mario Rapanelli en Caracas por los agentes de Inteligencia y Resguardo Nacional de las Fuerzas Armadas, a partir de las cuatro de la tarde del 2 de septiembre de 1987, recogido en uno de los dos documentos en los que el Juez La Riva basó la decisión contra los molineros, se lee lo siguiente:
- En respuesta a la pregunta de cómo explica que en el embarque del vapor Atlantic Hero, que de acuerdo al boletín de Analysis del Thionville Laboratories Corporation, presentó una proteína de 14,1 por ciento y Gramoven, en la orden de compra solicitó un trigo con mínimo de 14 por ciento y en el formulario de Molienda Experimental realizado en los laboratorios de la empresa Gramoven se aprecia una proteína de 13,2 por ciento: (Rapanelli), manifestó que ignora situaciones tan particulares como las referidas a ese barco... (Rapanelli) no tuvo explicación para explicar la disparidad de los datos.
Más recientemente, a propósito de los autos de detención a los ex-funcionarios del gobierno de Jaime Lusinchi, el juez Braulio Sánchez, XXVI Penal, reveló como nuevo Instructor Especial del expediente del Sector alimentos, que había abierto nuevas averiguaciones contra las empresas: Agropecuaria Los Cueros, La Laguna, Inversiones Gussi y Agropecuaria Gussi (22-2-1990).
Desde mayo de 1989 el Juez Instructor del caso, Luis Guillermo La Riva López, comenzó a investigar a todas las ensambladoras de automóviles, sector que consumió el más alto nivel de divisas preferenciales. Aproximadamente unos 6.000 millones de dólares, según el Diputado Leonardo Montiel Ortega. Aunque el Presidente de la Cámara Automotriz de Venezuela, Germán Pérez Díaz, aseguró que la cifra estaba en el orden de los 3.716 millones de dólares, consumidos por los afiliados: Toyota, Fiat, Ford, General Motors, Renault, Mack, Jeep y Cif-Diasa.
El grueso del expediente sectorial en manos de La Riva estuvo sustentado en el hecho de que el comportamiento operativo de las ensambladoras en los últimos años, supuestamente no correspondía, en principio, con el sacrificio fiscal -entiéndase aprobación de divisas preferenciales- que el Estado Venezolano hizo por la industria importadora de partes y repuestos.
Pero, ¿en qué se basaron las diversas denuncias que reposaban en el XXXVII Penal? El Magistrado Luis Guillermo La Riva tenía en sus manos tres tipos de documentos.
1) Los referidos a una presunta sobrefacturación global en el sector por el orden los 125 millones de dólares.
2) Los que advertían sobre una supuesta posibilidad de que las empresas ensambladoras no hubieran cumplido exactamente con el programa de unidades de exportación sustentado en la importación de CKD (armazones) con dólares preferenciales.
3) Los que referían en torno a una posible falta de correspondencia entre la política automotriz, con el esfuerzo fiscal del Estado y la escasez de repuestos, la ausencia de unidades producidas suficientes para cubrir el mercado y el aumento desbordado de los precios de los automóviles.
El otro aspecto que quería clarificar el Juez La Riva fue el concerniente a un conjunto de datos que apuntaban a los funcionarios que, desde el Banco Central de Venezuela, manejaban directamente la entrega de divisas a las empresas ensambladoras. Algunos de éstos renunciaron y otros fueron despedidos del Instituto Emisor con prestaciones dobles, casualmente. Pero el conjunto dependió de la Gerencia de Administración Cambiaria, al frente de la cual estuvo Carlos Hernández Delfino, funcionario denunciado por el diputado de Ora, Jorge León Díaz.
El caso sectorial comenzó a tomar calor cuando el Juez, el 26 de abril prohibió salir del país a Joseph W. O´Neill, presidente de Ford; John Werner, presidente anterior de Argenis Gamboa de la General Motors; Carlos Siso Paván, presidente de Tocars; y Bernardo Brum, gerente general de Fiat.
Un día después Cavenez publicó un remitido en todos los periódicos de circulación nacional donde se afirmó que "las empresas ensambladoras afiliadas a esta Cámara, operan en Venezuela desde hace más de dos décadas, con cuantiosas inversiones y sus transacciones de importación han estado siempre bajo la más rigurosa supervisión de los organismos gubernamentales, desde mucho antes de que fuese decretado el Régimen de Cambios Diferenciales (Recadi). En ningún caso se trata de negocios establecidos con el objeto de beneficiarse, indebidamente, de los mecanismos cambiarios... Queremos manifestar nuestra preocupación por el manejo precipitado e indiscriminado que pudiera darse a esta situación, lo cual perjudicaría la imagen de seriedad de las empresas integrantes de esta Cámara y de las personas que las dirigen" .
- Los dólares preferenciales que se dieron a la industria -declaró el 22 de mayo Germán Pérez Díaz en el Tribunal XXXVII Penal- fueron para favorecer a los consumidores. Los precios y su estructura están bien claras, las tiene el Ministerio de Fomento.
El sábado 3 de junio se corrió la bola de que La Riva iba a dictar autos de detención a directivos y ejecutivos importantes de todas las empresas automotrices. Ello no ocurrió.
El Diputado Leonardo Montiel Ortega se apareció muy temprano en la mañana del martes 6 de junio en la Policía Técnica Judicial, donde el Juez estuvo varios meses despachando por la huelga de los trabajadores tribunalicios, consignando un documento donde rebatió las cifras de Cavenez.
- El congreso también es culpable de no haber tomado en cuenta mis denuncias del 7 de mayo de 1986, cuando reclamamos y denunciamos que Recadi era un foco de corrupción y todavía se podía corregir. Escribí a Lusinchi poniéndole una ley contra los ilícitos cambiarios. Las ensambladoras, que recibieron más de 6.000 millones de dólares preferenciales no le pagaron un centavo de impuesto sobre la renta al Estado.
Una vez más, el 12 de junio, La Riva renovó la prohibición de salida del país a los jefes de las compañías automotrices, pero específicamente a los presidentes de Ford, General Motors y Tocars, Cornelio Koreman, Argenis Gamboa (ex-presidente de Sidor y de la Corporación Venezolana de Guayana en el anterior gobierno de Carlos Andrés Pérez) y Alfredo Behrens Dala Costa.
El Diputado Carlos Tablante denunció a la empresa Tocars por haber sido favorecida con la entrega de dólares preferenciales, en detrimento de las demás ensambladoras.
El caso involucró a Héctor Meneses, ex-ministro de Fomento; Eduardo Rafael Behrens Linares (director de operaciones de Recadi); Ana Teresa Herrera Balduz, directora de Recadi, por tráfico de influencia.
Alfredo Behrens Reverón, director de la empresa Tocars-Toyota luego de aclarar que nada tenía que ver familiarmente con el legendario Eduardo Rafael Behrens Linares (de quien nunca se supo si había sido Director de Operaciones o Director General de Recadi, o ambas cosas a la vez), precisó el 14 de junio que Tocars estaba obligada "a actuar de manera transparente frente al país" , porque era la única cien por ciento venezolana.
Guillermo Zuloaga, primo-hermano de Nicomedes Zuloaga y vicepresidente de ARS Publicidad a quien habíamos conocido en el pasado reciente, agencia que llevaba la cuenta promocional de Toyota, propició un encuentro entre Alfredo (Boro) Behrens Reverón y este redactor en su oficina. Allí escuchamos una larga presentación del ejecutivo de Tocars en la cual rebatió, desde su punto de vista, la denuncia interpuesta por Tablante en su contra.
Se argumentó que la acción no tenía fundamento, porque la conformidad de importación número 1724-055411 del 25 de noviembre de 1984, autorizada por Héctor Meneses y cuyo monto ascendió a 8 millones de dólares preferenciales, sí fue descontada del presupuesto de divisas correspondiente a 1987. El punto de discordia fue ése: había sido o no descontado el adelanto que se convino con las ensambladoras en general.
Tablante, por su parte, señaló varias veces que no había ningún papel oficial en Hacienda o Recadi que dijera que el descuento por anticipo se hubiera efectuado.
El Presidente de General Motors, Argenis Gamboa, acudió a declarar ante La Riva el 21 de junio. Antes lo hizo por haber sido presidente de Jeep de Venezuela.
El jueves 3 de julio, el Juez La Riva dictó auto de detención a los directivos de Ford: Cornelio Koreman, José Bisogno, Emmanuel Cassigena y Alfredo Guadarrama, ya había abandonado el país. Estaban en Aruba y Curazao.
Desde la ensambladora, ubicada en Valencia, el 5 de julio se emitió un comunicado, donde se expresó que "la Ford no puede hacer comentarios sobre el contenido de la decisión judicial del Juez Luis Guillermo La Riva, contra directivos de la empresa... En todo caso las cuentas de la Ford están completamente claras. Naturalmente que los resultados exigen una explicación judicial, la cual hasta el momento desconocemos. Ford Asumirá la defensa responsable y sin duda alguna, la situación será aclarada por cuanto nada tiene que temer y ocultar" .
Como después el Juez la Riva cayó en desgracia por el caso de Nicomedes Zuloaga, a partir del 17 de julio el Juez XXVIII, Efraín Medina, se encargó de todos los expedientes industriales, menos laboratorios y medicinas. Nunca se supo que tomara alguna decisión que profundizara esa del Juez La Riva.
En el informe preliminar entregado por el diputado Douglas Dáger al Congreso, al abordar el sector automotor se señala lo que a continuación revelamos:
- Durante el desarrollo de las actividades de revisión y análisis se pudo determinar la existencia de facturas por concepto de adquisición de material de Ensamble Importador (MEI) procedente de Canadá, Estados Unidos, Brasil, que incluyen gastos denominados: logística de importación, fletes internos o cargos por manejo, conceptos éstos extraños a los previamente solicitados y convenidos en las órdenes de compra emitidas por la empresa y que sirvieron de base a Recadi para expedir las correspondientes conformidades de importación. Asimismo, constituyeron el elemento para establecer el parámetro limitativo entre el valor FOB, el número de unidades objeto de importación y las demás condiciones establecidas para cada caso en particular. Consecuencialmente, los precios unitarios resultaron alterados e incrementados en la misma medida en que las divisas otorgadas fueron utilizadas para atender gastos que se encontraban incluidos en el valor FOB de la mercancía... todo lo cual configuraría un sobreprecio, resultante de importar realmente una cantidad menor de material CKD en contraposición a los volúmenes que indicaban en la cotización o factura pro-forma.
En enero de 1985, el Presidente de Los Estados Unidos, Ronald Reagan, aprobó al Departamento de Agricultura (USDA) el Termination Program (Programa de Exterminio) de 1 millón de vacas holstein. La finalidad no fue otra que eliminar, mediante una programación precisa, un severo problema de sobreproducción lechera.
El interés del gobierno norteamericano era tan urgente que, incluso, instituyó un subsidio especial de compensación para que los ganaderos de los 56 Estados de la Unión salieran rápidamente del número de cabezas de ganado antes señalado: 1 millón de la especie holstein.
El destino fundamental del programa de exterminio era México. De tal manera que de todas partes de los Estados Unidos se enviarían lotes de animales al Estado de Florida, específicamente a Miami, desde donde saldrían a su destino por vía aérea y marítima.
En Florida, el profesor Dave E. Bruch, asistente del Area Veterinaria del Departamento de Agricultura de este Estado se encargó de los procedimientos de importación interna y de exportación global. Así las cosas, Bruch diseñó un formato denominado "Certificado de Declaración" , cuyo texto fue el siguiente: "las vacas lecheras anotadas en esta lista de certificado son parte del Programa de Terminación de Leche del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica. El objetivo del programa es reducir el número total del ganado lechero en los Estados Unidos, para contrapesar la superproducción de Leche" .
El referido procedimiento comenzó de inmediato y los ganaderos norteamericanos -frente al atractivo del incentivo establecido- no vacilaron en salir, primero, del ganado holstein más viejo y deteriorado. Así como el destino fundamental del programa era México, Venezuela no estaba contemplada en el mismo.
De acuerdo con la documentación suministrada por el Diputado del MAS, Orlando Fernández, a propósito de un viaje a Miami, "muchas de estas vacas holstein fueron compradas en subastas y rodeos en el Estado de Florida, para ser embarcadas hacia México, pero fueron, a su vez, desviadas a Venezuela vía Panamá."
Los precios de venta oscilaron, en promedio, entre 30, 40, 50 y 60 centavos de dólares por cada libra de peso del animal.
El Diputado Fernández entregó a este redactor una copia del acta firmada por él, por Gerardo T. Thielen, Cónsul de Segunda Autorizado por el Cónsul General de Venezuela en Miami; y por Anelo Segundo Espinoza (el mismo que hizo la investigación inicial de las empresas de la Corporación Venezolana de Guayana), Segundo Vicecónsul y Delegado Especial del Cuerpo Técnico de Policía Judicial; donde se recoge un resumen de las conversaciones sostenidas por este equipo investigador con el profesor Dave E. Bruch, coordinador del programa de exterminio.
La plática con el profesor Bruch se realizó, fundamentalmente, el 19 de mayo de 1989. El acta señaló que el grupo se trasladó "a varias partes de la ciudad a indagar sobre la exportación de ganado hacia Venezuela" .
Más adelante, el documento reseña que "la primera visita se efectuó al señor Julio Suárez, de la compañía "Suárez Shipping Services Inc." ... En dicha entrevista, el señor Suárez manifestó que tenía poca información, pues solamente se limitaba a recibir bienes a ser importados, por lo tanto no podía hablar de precios ni de otros particulares" .
El aparte continúa destacando que "nos refirió al doctor Dave E. Bruch, quien es el asistente al jefe del Departamento de Agricultura... Con el doctor Bruch indagamos sobre los Certificados de Exportación de Ganado a Venezuela que reposan en dicho despacho. El doctor Bruch nos hizo entrega de algunas copias de certificados de inspección de animales..."
La información señaló que "Bruch nos indicó que el gobierno tomó una determinación hace cuatro o cinco años, de establecer un programa de eliminación de 1 millón de cabezas de ganado lechero para nivelar la sobreproducción existente para ese momento. En confirmación de esto, el doctor Bruch nos entregó una copia de la planilla hecha por él mismo en 1986, en nombre del Departamento de Agricultura. En cuanto a los precios, indicó que ese departamento no tiene ese tipo de control, pero nos entregó fotocopias de direcciones y teléfonos de algunas oficinas que nos podrían orientar al respecto" .
El grupo, en consecuencia, sostuvo reuniones con los siguientes organismos: The American Shorthorn Association ("en dicha asociación informaron que su ganado solamente se vendía en subastas" ); The Holstein-Friesan Association of America ("donde nos informaron que los precios de su ganado dependen de antecedentes, certificación y producción de los padres del animal" ). Se conversó con el director de servicios internacionales de dicha asociación, quien señaló que Venezuela no estaba incluida entre los países a los cuales se podía exportar el ganado del programa. Dejó abierta la posibilidad de que se hubiera podido exportar a Venezuela ganado destinado al sacrificio con un precio entre 50 y 70 centavos de dólar la libra.
Igualmente, el equipo sostuvo un encuentro con el Departamento de Flora y Cultivos de los Estados Unidos, desde donde se comprometió el envío posterior de una lista de precios de referencia de ganado holstein de los años 1986, 1987 y 1988, "el cual se remitiría a la Comisión del Congreso, una vez que lo reciba el Consulado General de Venezuela en Miami" .
Por último, el acta en cuestión reveló que "se recomienda solicitar al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, a través de la Embajada de Venezuela en Washington, los precios de referencia de venta de ganado que este organismo subsidió para sacrificio dentro del referido programa, pues dichos datos se encontrarían diseminados en cada oficina que aprobó solicitudes de inclusión que presentaron los ganaderos" .
El profesor Dave E. Bruch entregó al Diputado Orlando Fernández y a los funcionarios consulares venezolanos, la siguiente lista de Certificados de Inspección de Animales para la Exportación, en la cual destaca que de un total de 5.747 vacas holstein importadas desde Venezuela con dólares preferenciales autorizados por Recadi, Carlos Rumbos, ex-presidente de la quebrada e intervenida Sociedad financiera de los Andrés, Finandes, y exgobernador durante el gobierno de Lusinchi del Estado Cojedes; y Alejandro Trías, presidente cuestionado de la Asociación de Ganaderos del Estado Anzoátegui y financista y protegido político de Luis Alfaro Ucero, secretario nacional de organización de AD, controlaron la importación de 3.001 cabezas de este tipo de ganado.
1) Nº 76809, exportado por International Supplies Limited Inc. Y consignado a Inversiones Guanarito, ubicada en Guanarito (490 vacas holstein del Estado de Florida).
2) Nº 76805, exportador por Agro System Inc. Y consignado a la Asociación Regional de Ganaderos del Estado Anzoátegui (Argea, presidida por Alejandro Trías, quien tenía prohibición de salida del país dictada por el Juez la Riva). En este caso se trató de 481 vacas holstein del Estado de Florida.
3) Nº 82002, exportado por North West Cal Farm y consignado a Carlos Rumbos, para la empresa Inversiones Agropecuarios en Valera (1.182 vacas holstein).
4) Nº 76819, exportado por International Supplies Unlimited y consignado a Pablo Sánchez González, en El Tigre, (559 vacas holstein).
5) Nº 76803, exportado por Agrotech International y consignado a Inversiones Lucerito en el Estado Barinas (409 vacas holstein del Estado de Florida).
6) Nº 98221, exportado por North West Cal Farm y consignado a Carlos Rumbos, a la misma Inversiones Agropecuarias C.A. de Valera (1.338 vacas holstein del Estado de Iowa).
7) Nº 76813, exportado por Agro Systems of America y consignado a Pedro Pérez en Tucacas, Estado Carabobo (?) (385 vacas holstein).
8) Nº 76810, exportado por Frezo International Trading Corp/Brown Swiss Enterprises Inc. Y consignado a Agropecuaria Mi Futuro en Barinitas (51 vacas holstein).
9) Nº 76761, exportado por Agro Systems of America, y consignado a Germán Urdaneta Rincón en San Cristóbal (100 vacas holstein).
10) Nº 76765, exportado por International Suppliers Unlimited Inc. Y consignado a Agropecuaria Tibisay (300 vacas holstein).
El 3 de abril, desde La Agenda de Recadi, se hizo la primera denuncia con respecto a la importación de vaquillas con divisas preferenciales. En esta nota titulada "Tengo mi vaca lechera" , firmada por nuestro compañero Fabricio Ojeda, se empezó a informar el mal estado de salud en el que se encontraban los animales holstein destinados al programa de exterminio y que vinieron a dar a Venezuela.
El viernes 29 de abril se corroboró que al país habían ingresado unas 150.000 vacas y vaquillas holstein y friesan de raza lechera que, a un costo unitario promedio, de 1.750 dólares cada una, arrojaban la importante cifra de unos 265 millones de dólares preferenciales.
Una primera clave importante en este caso fue la inspección ordenada por los Diputados Orlando Fernández (MAS) y Edgar Mora (COPEI) en la empresa Aseguradora Nacional Agrícola, adscrita al Ministerio de Agricultura y Cría, por intermedio del Instituto de Crédito Agropecuario (ICAP) y del Fondo de Crédito Agropecuario (FCA).
Aparte del ganado proveniente de Estados Unidos, también Venezuela se inundó de becerros enfermos traídos de Canadá y Nueva Zelandia, donde los gobiernos de estos dos últimos países también iniciaron programas de limpieza de rebaños que contaminaron los nuestros con enfermedades neumónicas y digestivas.
Ya para el 30 de abril el Juez Instructor la Riva había dictado auto de detención al ganadero Antonio José Grimaldi. Algunos colegas de éste, Juan Semidey, Julio Girón, Eddy Perroni, Omar Rivas, Oswaldo Correa, julio Vhalis y Mireya Ferrer, todos hacendados de Tumeremo, denunciaron que más del 50 por ciento de los animales comprados a Grimaldi habían fallecido por inadaptación e infertilidad, con problemas, además, para cobrar los consiguientes seguros sobre ventas efectuadas por encima de los 17.000 bolívares por animal.
El jueves 4 de mayo reaccionó Alejandro Trías Rojas desde Barcelona, en Anzoátegui.
- Orlando Fernández se hubiera podido evitar toda esa molestia si en alguna oportunidad se le hubiera ocurrido visitarme o haberme invitado a que lo viera personalmente, en Caracas, o con una simple llamada telefónica. Yo estoy dispuesto a ir a cualquier tribunal y al Congreso, si así lo creen conveniente, pues nada tengo que ocultarle al país. Pero lo que siempre me pregunto es por qué se empeña tanto conmigo y no dice nada de Luben Petkoff (legendario jefe guerrillero del pasado) y de las novillas importadas de Cuba. Eso también es interesantísimo saberlo...
Así como los recientes brotes epidémicos de dengue, estalla una cadena de denuncias por venta con sobreprecio de vacas holstein, friesan y sahiwall, por parte de ganaderos de Zulia, Táchira, Barinas, Bolívar, Anzoátegui, Monagas, Falcón, Mérida, Guárico y Apure.
El diputado Edgard Mora de Copei denunció, por intermedio de La Agenda Secreta de Recadi, el 13 de mayo de 1989, a la firma importadora de ganado B. Venca S.A., de Nicolás Bauman. Concretamente, que "existen pruebas suficientes para inferir la existencia de un gran fraude, amparado por funcionarios del Ministerio de Agricultura y Cría" .
- El primer cargamento de vaquillas importadas por la empresa llegó al puerto de Maracaibo el 1 de agosto de 1986, procedente de Nueva Zelandia. Fueron vendidas por la firma Agricultur Exports LTD y embarcadas en el puerto de Cambridge. 1.200 animales mueren en la travesía y el resto, otros 1.200, llegan enfermo sy fueron llevados a pastar a una finca ubicada en las afueras de Bailadores y Pregonero, en la frontera entre los Estados Mérida y Táchira.
Según Mora, "B. Venca S.A., pese a la situación, continúa los contactos con los ganaderos en procura de los registros de capacidad de sustentación de las fincas, documento primario par lograr las conformidades de importación con dólares preferenciales de Recadi" .
Otro embarque llegó los días 20 y 21 de abril de 1987, procedente de Nueva Zelandia, y así fueron llegando hasta completar seis embarques, que en total sumaron unas 10.000 cabezas de ganado.
El mismo Diputado denunció el 23 de junio a otra empresa de Bauman, llamada Sematec, y, posteriormente a la firma Agro-Trasandina, integrada por Pedro Mora y Guillermo Nieves (este fue el ganadero asesinado en el oriente del país, cuyo caso estaba en manos de la PTJ).
- Nicolás Bauman -señaló el diputado Edgard Mora- fue en Occidente, lo que representó Alejandro Trías Rojas en el Oriente del país.
Mientras esto ocurría en el campo de las denuncias, también se pudo constatar por una declaración del médico veterinario Pedro Casanova Ostos, ex-director de Sanidad Animal del MAC que hubo malversación de semen de toros americanos, producto de alto valor energético, el cual se trajo a Venezuela en recipientes que lo que contenían era "nitrógeno líquido" .
Entre 1986 y 1988, la Comisión de Importaciones aprobó erogaciones del orden de los 16 millones de dólares, para la importación de 1.601.162 pajuelas de semen. Pero ingresaron al país 3.202 termos por un valor de 46,5 millones de dólares preferenciales, es decir tres veces más del cupo oficial asignado.
El 3 de julio, Carlos Tablante, asesorado por el abogado Alberto Quintero, acudió una vez más al Tribunal Superior de Salvaguarda, y denunció a Sinbrand José Cárdenas Rubio, ex-director General Sectorial de Desarrollo Ganadero del MAC; Alfonso Rivas Encinozo, ex-director de Política y Mercadeo; y a Jesús Alberto Román Pernía, ex-director General de Desarrollo Agrícola; por haber autorizado un total de 5 millones 26 mil 148 dólares preferenciales a las empresas fantasmas Distribuidora Nueva Zelandia y Maquinarias Europa, para la importación de ganado y maquinaria agrícola en general.
El 18 de agosto, el ex-ministro de Agricultura y Cría, Wenceslao Mantilla (tío del abogado Nicomedes Zuloaga, Ramón Rangel Mantilla, quien denunció al senador Angel Reinaldo Ortega, el que adelantó la primera investigación a los molineros) fue citado al Superior de Salvaguarda para declarar en el caso de la importación de vaquillas. A la salida del interrogatorio dijo a los periodistas:
- Yo Traje la información de cómo era el mecanismo de la importación, que estaba destinada a disminuir la dependencia del exterior y la importación de leche en polvo, aumentar la producción de leche nacional y mejorar la cría nacional por la vía de la importación de vientres puros y mestizos.. Creo realmente que se han llegado a unos excesos que me parecen poco cónsonos con lo que el país quiere y con lo que el país necesita, porque están presentándonos como si todo el país fuera de bandoleros. En los cardúmenes de bagres, se dan sardinas -remató emulando un refrán de Luis Herrera Campíns.
Pero el 13 de octubre se conoció que el Juez XL Penal, Francisco Caracciolo Lamus, consideró que en la importación de vaquillas no había delito alguno, por lo que el expediente abierto a propósito de la detención de Antonio (Tony) Canavés, entre otros elementos, ocurrida el 11 de abril en Maiquetía, una vez deportado por las autoridades de Estados Unidos, quedó sepultado para la historia.
Como empresario y al margen de la famosa fiesta de los caimancitos, Canavés también recibió 14,5 millones de dólares preferenciales para la importación de novillas desde las empresas: Agroindustrial Timotes, Agropecuaria Hato La soledad, Agropecuaria Hato Santiago, Agropecuaria Los Araguaneyes, Almacenadora Intefica, Consorcio de Inversiones Canebai, Intefica Agroindustrial, Magutrading. Trajo 1.250 animales, según lo consignó en un escrito el Consejal del MAS en Monagas, Mauro Marcano.
El 14 de julio de 1989, el Juez VI Penal, Jorge Rosell, revocó el auto de detención que pesaba sobre Canavés por comercio ilícito de drogas, pero le dejó prohibición de salida del país por el caso Recadi.
A lo largo de nuestra investigación sobre la importación de ganado quedó claramente establecido que "la centrífuga de las cuatro patas" operó cuando muy pocos venezolanos, algunos están mencionados aquí otros seguramente que no, negociaron con todas las Asociaciones de Ganaderos del país y sus afiliados la capacidad de sustentación de muchas fincas, para lo cual cancelaron bolívares a los incautos, pero solicitaron dólares preferenciales para importar animales enfermos y a más bajo costo. Esto les permitió reciclar la inversión en bolívares, incumplir con los ganaderos en muchos casos, y convertir a Venezuela en un verdadero cementerio de vacas holstein, friesan y sahiwall, muchas de las cuales, enfermas, nos la comimos o nos tomamos su leche. Cantidad de ganaderos perdieron sus reales porque, cuando llegaron los animales a los Puertos de Venezuela los mejorcitos fueron rematados en la propia Aduana, como por ejemplo en la de Guanta.
El informe del Diputado Douglas Dáger, en torno a este punto concluye lo siguiente: "Faltó control por parte del Ministerio de Agricultura y Cría en la no verificación de los precios reales de las novillas y permitió la importación indiscriminada de semovientes, sin selección adecuada respecto a la procedencia y raza de los animales, que se correspondiera con las verdaderas necesidades de los climas tropicales como el nuestro. Fue así como nuestro país se convirtió en el más grande cementerio de ganado holstein del Mundo" .
Hay otros dos aspectos dignos de destacar. El primero, que la denominada política del "Milagro Agrícola" , basada en las importaciones indiscriminadas para el sector agropecuario, ciertamente tuvo como resultado la superproducción agrícola que creó un problema contrario al interés de la política, pero en cuanto a los efectos en el campo de la leche, en el período de su ejecución, fue cuando más leche en polvo se importó, puesto que el cometido de mejorar el rebaño nacional nunca fue posible por la mortandad animal descrita.
El otro punto fue que Recadi aceptó que se rompiera la tramitación unipersonal de los ganaderos al solicitar sus conformidades de Importación. De modo que en el lapso de mayor desbordamiento en la entrega de las divisas preferenciales (1986 a 1988) fue cuando unos pocos negociaron la capacidad de sustentación de muchos que creyeron que iban a descansar de las tramitaciones burocráticas, pero también fueron engañados. Cuando comenzamos a sacar el tema de las vacas, fue impresionante el cúmulo de llamadas que recibimos en El Nacional de parte de muchos ganaderos que se sentían estafados.
Atrás quedaron los autos de detención del Juez XXXVIIU Penal, Luis Guillermo la Riva, en contra del veterinario Francisco Elías Moya; del ingeniero agrónomo William José Ruiz López; y del militar retirado José Nicomedes Molina Utrera. El mismo juez se inhibió en el expediente de Alejandro Trías, porque era su amigo personal del Oriente del país, y el caso pasó a manos del Juez XXI Penal, Cristóbal Ramírez Colmenares, mezclándose con la denominada Conexión Francesa Ugape, cuyos detalles los veremos debajo del próximo intertítulo.
El primer indicio que sacó a colación al denominado Consorcio Capricornio, constituido por los franceses Gerard Debasee y Cristian Lachaise Mury, se publicó en La Agenda Secreta del 21 de abril de 1989: "Se constituyeron con 750.000 y recibieron más de 47 millones de dólares preferenciales para la importación de maquinaria agrícola, en sociedad con cinco inversoras y otras diez empresas agropecuarias, desconocidas hasta ese momento."
Se trató del caso especial del diputado del MAS, Orlando Fernández, miembro de la subcomisión del Sector Agropecuario de la comisión Especial del Congreso.
Este primer indicador apuntó a otro desfalco millonario, relacionado con la retención en Paraguaná, en dos galpones ubicados en la carretera Coro-Punto Fijo, de 374 tractores marca Zetor procedentes de Checoslovaquia y la Unión Soviética, pero embarcados hacia Venezuela desde Francia.
Fueron recibidos en la Aduana de Guanta, en el Estado Anzoátegui. Muchas de estas máquinas cruzaron el mar a bordo de los buques Melody y Encadede, de bandera belga. Por primera vez se mencionó al célebre fundo La Alegría.
Otro diputado, Salvador Militello de Copei, denunció que junto con la entrada ilegal de tractores vino un contrabando millonario de cauchos, toda vez que los Zetor originales fueron modificados estructuralmente para incorporales dos juegos de cauchos en el tren trasero. Ya la cantidad de tractores estaba perfectamente identificada; 598 unidades importadas por la Asociación de Ganaderos del Estado Anzoátegui, presidida por Alejandro Trías Rojas. De manera que los encontrados en Falcón fueron parte de un lote mayor.
El otro aspecto a resaltar es que en la valoración y liquidación de derechos aduanales operada en la aduana de Guanta, se concertó un arreglo entre funcionarios e importadores, tras la finalidad de liberar los tractores y no cancelar una multa grande por la anormalidad detectada por el interventor Juan Méndez.
Trías Rojas, a quien a lo largo de la investigación se le colocó como financista y amigo de Luis Alfaro Ucero, Secretario Nacional de Organización de Acción Democrática, interpuso ante el General Jesús Vargas Chirinos, Director de Aduanas de Hacienda, una solicitud de gracia, donde alegó: "no existió intención dolosa por parte de Argea en la importación de tractores agrícolas sobre ruedas" .
- La decisión de la Dirección de Aduanas - resaltó Salvador Militello en nuestras oficinas -fue la de anular la multa impuesta por los interventores, mediante la escueta comunicación enviada por Vargas Chirinos, el 5 de Agosto de 1988... "no se aprecia de autos la concurrencia de circunstancias que demuestre intención dolosa por parte de la contraventora (ARGEA), institución privada sin fines de lucro y cuyo objetivo principal es propiciar el desarrollo socioeconómico de los pequeños y medianos productores del campo, interés tutelado por el Estado..." Demás está decir que el interventor Juan Méndez fue destituido del cargo, a raíz de su actuación en este caso.
Fabricio Ojeda dio un parte en La Agenda el 26 de abril, donde se informó que "en la solicitud hecha por Alejandro Trías Rojas ante el Ministerio de Fomento el 25 de julio de 1987, (dirigido por Héctor Meneses) se expuso que la idea era colaborar con el desarrollo de las regiones mencionadas (Anzoátegui, Monagas y Guárico) y enfrentar los compromisos del Plan Trienal de la Cuenca del Unare, en el que el gobierno tiene grandes esperanzas" .
- Los tractores se vendieron -escribió Fabricio-, como es lógico, a precios superiores a los costos de importación. Pero lo curioso es que no se mantuvieron precios unitarios para todos los clientes, sino que se fueron incrementando en algunos casos. Por ejemplo, el tractor Zetor modelo 101-11 cuyo precio de importación fue 200 mil 448 bolívares, fue vendido al productor Agustín Salcedo Hernández, a bolívares 264.631; es decir, con una diferencia de 54.183 bolívares que representa 25 por ciento de incremento sobre el costo de importación.
El equipo de La Agenda tuvo en sus manos cada una de las facturas de los usuarios de los 600 tractores importados, y en más del 50 por ciento ocurrieron diferencias en los precios de venta con relación a los costos de importación.
El 27 de abril, otro periodista del equipo, Régulo Párraga, encontró suficientes elementos que vinculaban a la Asociación dirigida por Trías Rojas con las empresas del Consorcio Capricornio, Equipagro y Promotora San Antonio. Al parecer, la relación entre los franceses ya mencionados y los venezolanos Adalberto Prinz, Fernando y María Elena Almeida con Trías era por la vía del financiamiento a las actividades de Acción Democrática y Luis Alfaro Ucero en los Estados Orientales del país.
Los 300 tractores llegados a Guanta, pero encontrados en Falcón, fueron confiscados en el Fundo La Alegría propiedad del consorcio Capricornio. Sobre un terrero en litigio.
La red de operaciones denunciada por Fernández involucró no solamente a Argea, sino a las asociaciones regionales de ganaderos Aproeme, Asoproha, Apragui, Aporata, Ugape, Sogatru, y Ugani. Mientras que la centrífuga provocada por la fusión de la Promotora San Antonio y el Consorcio Capricornio, apoyada en la Infraestructura de Argea, permitió constituir las empresas: Desarrollo Capricornio, Panagro, APK, Interamericana Agrícola de Venezuela, Invercosta, Plaza, Tauro, Palma Dorada, El Parque, Inveragri, Rancho Grande, Totalagro, Globalca, Maquipeca, Praga, Almacentro, Agrorepuestos, Servicampo, Los Alamos, El Hierro, Santa Elena, San Andrés, El Mirador, El Guachipano, Los Robles, Los Cedros, El Apamate, Río de Oro, El Charal, El Limón, Equipagro, Agriforest, y Fundo la Alegría.
El caso se complicó cuando el diputado Fernández, desde el Congreso, denunció el 24 de mayo que la Dirección de Control de Empresas e Inversiones Extranjeras del Ministerio de Energía y Minas, dirigida por Ulises Ramírez, "concedió dólares preferenciales también para bienes de capital, adquisición de tecnología y transferencias de capital, sin que existiera por parte de esta oficina los estudios previos necesarios para el otorgamiento de las divisas" .
Mencionó a la empresa Inverminca, (Inversiones Mineras C.A.), constituida por los abogados Adalberto Prinz Kurucar y María Elena Almeida el 15 de septiembre de 1988, con un capital de 10 millones de bolívares. Pero el 22 de diciembre de 1988 comunicaron al MEM que el francés Christian Lachaise Mury tendría la custodia de los equipos de Inverminca.
Así las cosas, el 3 de enero de 1989, Inverminca solicitó autorización de crédito externo con el First Chicago Financial Corporation de Miami, por 45 millones de dólares preferenciales, para financiar un programa minero en Falcón, destinado a la producción de 4.000 metros cúbicos, por día, de piedra picada.
Pero la empresa Inverminca trajo, ciertamente, una Trituradora, una excavadora frontal, una niveladora de presión autopropulsada, una excavadora zancuda y una planta secadora que jamás fueron utilizadas. E inundaron al país de tractores Zetor alterados y presentados en forma de oruga algunos y con contrabando de cauchos otros.
El representante en Venezuela del Banco Firts Chicago Financial Corporation de Miami y luego sustituido por el Noridib Arab Finance Corporation, era Fernando Almeida, hermano de María Elena Almeida, socia del Adalberto Prinz y los franceses.
Orlando Fernández, antes de viajar a Miami, se reunió con el Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, y de regreso consignó una copia certificada de una investigación emprendida en Miami, por el Cónsul General de Venezuela, Benjamín Ortega Romero; y el Cónsul de Segunda, Gerardo Thielen Graterol, donde se atestiguó que el First Chicago Financial Corporation era un banco fantasma. "Nos trasladamos a la supuesta dirección de la empresa, 6960 N.W. 46th Street, Miami, Florida, 33166, y pudimos constatar que la misma estaba desocupada... En la fachada de dicha dirección existen anuncios de la compañía International Freight Systems Inc." .
El otro supuesto representante del banco fantasma en Venezuela, Rudolf Werner, a la par de Inverminca, había solicitado ante la misma Dirección de energía y Minas, 5 financiamiento adicionales para las empresas Minera Las Cumbres, Inlain C.A., Naviera Táchira, Forjas Orinoco y Astilleros del Sur, por 156 millones de dólares preferenciales.
Un empleado de Energía y Minas, William Roquet Hernández quedó directamente involucrado en el asunto, porque había recibido varios cheques en su cuenta de la Industrial Entidad de Ahorro y Préstamo, sucursal Parque Central, por hacer favores de reconocimiento al banco fantasma.
Aparte de Inverminca, también quedó señalada la firma Quifoven, de los hermanos Pedro y Dario Kovar, por la misma vía.
El 30 de abril, Orlando Fernández solicitó al Juez Cristóbal Ramírez Colmenares, decidir medidas judiciales en contra de los socios de la llamada conexión francesa. Entre otros elementos, planteó que eran responsables por "uso indebido de dólares preferenciales, contrabando y fraude contra la República" .
Mientras tanto el Ministro de Energía y Minas, Celestino Armas, ordenó a Ulises Ramírez, detener todas las operaciones de apoyo financiero a Inverminca y los créditos basados en el First Chicago Financial Corporation de Miami.
El 8 de junio, el mismo día que conseguimos por segunda vez la carta dejada por Héctor Meneses, Ramírez Colmenares ordenó un tercer allanamiento a las instalaciones del Consorcio Capricornio, ubicado en el Edificio Onix de El Rosal. Onix era otra empresa de la retícula francesa. Fuimos invitados por Orlando Fernández, pero rechazamos el traslado porque lo de Meneses era demasiado importante como para saturarnos de trabajo. El allanamiento, no obstante, fue reportado en la Agenda del día siguiente, 9 de junio.
El diputado del MAS, a lo largo del proceso de denuncias contra la conexión francesa, fue objeto de amenazas de muerte, intimidaciones, intentos de soborno en dólares y bolívares.
- Esa misma mañana - el 8 de junio- una voz de mujer me dijo por el teléfono (de su habitación habitual en el hotel El Conde - que me estaban preparando una trampa. Por ello anuncio públicamente que he tomado medidas personales y familiares, a partir de este momento, más que nunca, no recibiré ni una simple galleta de nadie.
El lunes siguiente, 12 de junio, Orlando Fernández en el programa de televisión de Napoleón Bravo (el Hit Parade de la Corrupción) denunció formalmente que su vida y la de Agustín Beroes estaban corriendo serio peligro. El punto impactó brutalmente a nuestra familia.
No teníamos claridad de la relación existente entre la peligrosidad atribuida a las relaciones de cierto poder político con los integrantes del Consorcio, y un informe que, incluso llegamos por nuestra cuenta a leer en detalle.
Un comisario amigo, por la vía de un conocido común, nos citó en un bufete de abogados ubicado en el centro de Caracas. Pudimos leer un denominado "ejercicio policial de posibilidades" . En ciertas instancias se pensó, en un momento dado, que estaban dadas las condiciones para que el caso Recadi fuera reventado al caos por la vía de un atentado.
En la lista de posibilidades en primer orden estaban: Orlando Fernández, el Juez Luis Guillermo La Riva; y el diputado Carlos Tablante. En un segundo orden: el recién nombrado Fiscal General de la Nación, Ramón Escovar Salom y, de último, subrayado en rojo, nuestro nombre.
La realidad, la atmósfera que rodeaba las denuncias contra Capricornio se tornó muy pesada y el caso Recadi ya tenía 96 días de cobertura diaria en La Agenda Secreta de Recadi. En los mismos días se filtró la información de que dos individuos portando armas largas habían sido atrapados por la Disip en el aeropuerto de Maiquetía. Pudimos verificar ésto, al menos que había ocurrido el hecho, pero no detallar el porqué esta gente estaba armada y a quien respondía. Un tercer elemento fue detectado encima del techo de la oficina de Tablante en el Capitolio Federal. Esto lo pudimos corroborar directamente con el jefe de la Guardia Nacional del Palacio Legislativo. Este"Espía" fue consignado en la Disip, Y allí se lo tragó la tierra. Nunca pudimos saber los nombres de ninguno de los tres Hombres
Con el cuadro planteado así, hicimos una presentación a las autoridades de la redacción del periódico y, una vez más, concluimos que no era necesario ser vigilados ni custodiados por personal policial desconocido de la C.A. Editora El Nacional.
Tomamos medidas personales y familiares, y se hizo más rígido el mecanismo de mezclar rutas y estar siempre acompañados por gente del periódico.
Tiempo después supimos que el ejercicio policial se hizo por razones distintas a la situación planteada por el grupo Capricornio. Sólo habían coincidido ambas situaciones en el tiempo. Es la verdad.
El 10 de Junio, el abogado Humberto Mendoza D´Paola nos llamó por teléfono y dio cuenta de que abogados relacionados con la gente de Capricornio Habían hecho circular copias de una cinta magnetofónica donde se escuchaba la voz de Orlando Fernández. Supuestamente, el Diputado del MAS pedía dinero a la empresa Onix, para abandonar las denuncias. La cinta en cuestión estuvo varios días dando vueltas por ahí. Fue rechazada por varios Jueces, quienes no aceptaron darle curso por lo burdo del montaje hecho con fragmentos del programa radial de Orlando Fernández en Barquisimeto.
Entre el 15 y el 26 de junio, se concentraron nuevas evidencias contra la conexión francesa por el seguimiento persistente hecho por los Diputados Orlando Fernández y Salvador Militello. Se introdujeron ante el Juez Ramírez Colmenares unos nueve escritos jurídicos, los cuales salieron todos de manera exclusiva en El Nacional.
El 25 de junio Adalberto Prinz y María Elena Almeida fueron detenidos por la Policía Técnica Judicial, cuando intentaban abordar un avión en Maiquetía con destino a Canadá y luego a París. El seguimiento que provocó la detención de la pareja estuvo a cargo de un comisario apodado "El Chino" , a quien vimos alguna vez en la oficina de Orlando Fernández.
Pero fue el 26 de junio cuando el Juez Cristóbal Ramírez Colmenares dictó diez autos de detención por este expediente a las siguientes personas: los franceses Gerard Marc Dabasse, y Christian Lachaise Mury; empresarios de la Onix; por aprovechamiento de fondos públicos y actos falsos; como cómplices, a los venezolanos, Adalberto Prinz, María Elena Almeida, Fernando Almeida, Edgard Rodríguez, gerente general del Consorcio Capricornio; Simón Pinto, presidente de Apamol; Carlos López; Ciro Núñez, presidente de Fegafalcón; y al francés Claude Gordard, representante legal en Venezuela del Noridid Arab Finance Corporation.
Se dejó investigación abierta a Alejandro Trías Rojas, presidente de Argea; Anselmo Reyes, Regino Burgos, presidente de Ugape; Francisco Hernández, Tomás Domínguez y Sadi Raimondi, ex-directivos de Capricornio-Equipagro.
El mismo día Orlando Fernández, con su característico estilo agresivo y puntual precisó: "no hay sanción completa y justa, si Alejandro Trías Rojas permanece libre. Debe ir a la cárcel, porque cobró comisiones a los franceses al participar en la operación fraudulenta que trajo al país 600 tractores Zetor" .
Previamente, el día antes de intentar marcharse del país, Adalberto Prinz y los hermanos Fernando y María Elena Almeida publicaron un remitido en todos los periódicos, donde expresaron:
- Orlando Fernández nos ha hecho víctimas de imputaciones falsas y delictivas... Ya nos condenó y, nos sometió al desprecio público. Pedimos al Congreso que abra una investigación para aclarar los intereses y las intenciones del Diputado Orlando Fernández y que la Comisión de medios inicie otra al programa del Diputado en una radio en Barquisimeto, donde injuria y calumnia a diversos sectores de la colectividad.
El primero de julio, Adalberto Prinz recusó al Juez Ramírez Colmenares, por intermedio de su abogado Eliécer Peña, y el expediente pasó al X Penal, a cargo del magistrado Saúl Ron Brash. En todo el país comenzó la incautación de maquinaria agrícola, tractores y vacas de todas las empresas mencionadas.
Cinco meses y medio después, el martes 14 de noviembre de 1989, el Tribunal Superior de Salvaguarda, por apelación, revocó todos los autos de detención que pasaban sobre la gente de Capricornio (los franceses lograron salir del país con destino a Aruba antes de que Ramírez Colmenares sentenciara, se supo después). La ponencia la elaboró Enrique Sánchez Falcón, fue apoyada por Alaide Mazzarri Mendoza y contó con el voto salvado del presidente Silvestre Ortiz Bucarán. Se argumento la revocatoria en que no estaban suficientemente demostrados los delitos que originaron las detenciones de Fernando Almeida, María Elena Almeida y Adalberto Prinz Kurucar.
Enterado de lo anterior, su principal denunciante, Orlando Fernández, en gesto solitario, se encadenó y esposó en las puertas del Superior de Salvaguarda el 15 de noviembre.
- Estas esposas son las que se colocan a los delincuentes, entonces yo me las coloco, en vista de que no las tienen en sus manos los que salieron en libertad. Como aquí los valores se han invertido, me las coloco yo... Se trata de demostrar que nuestro combate a la corrupción es en serio y esta es una protesta en nombre de tanta gente desmoralizada por esta decisión.
Como moraleja, entre otras, sólo quedó que Venezuela, también, se convirtió en un gran garaje de tractores Zetor y de otras maquinarias como cosechadores, las cuales en poco tiempo quedaron inservibles por falta de repuestos y por no existir técnicos capacitados para reparar las orugas.
El 9 de marzo de 1987, el Ministro de Agricultura, Felipe Gómez Alvarez, quien concibió la política del fracasado "Milagro Agrícola" , escribió a su colega de Hacienda, Manuel Azpúrua Arreaza, especificándole como se pensaba hacer en reparto trimestral de 150 millones de dólares preferenciales para la importación de tractores y cosechadoras en 1987. Ya en 1986 se habían importado 3.500 tractores y 400 cosechadoras, autorizadas por Francisco Maldonado Cisneros, director de Recadi, según comunicación del 15 de enero de 1986, y firmada por José Azócar Aguilera, Viceministro del MAC a quien el Superior de Salvaguarda dictó auto de detención por malversar fondos públicos desde la Comisión de Importaciones.
En la misiva enviada por Gómez Alvarez se planteó la importación balanceada de tractores entre 50 y 150 HP de las marcas Ford, John Deere, Case International, Massey Fergusson, Landini, Fiat, Same, Zetor y Styer. Pero el país se inundó de la marca Zetor.
En el aparte correspondiente al sector agropecuario el informe preliminar de la Comisión del Congreso, llega a lo siguiente:"la ausencia por parte del Estado de una planificación ordenada, técnica y veraz, que ha debido ser diseñada en el Ministerio de Agricultura y Cría, ocasionó una considerable malversación de divisas y convirtió este subsidio (el dólar preferencial) en una fuente de negociados de diversa índole. Hay suficiente irregularidades denunciadas en su oportunidad por algunos parlamentarios en los Tribunales de la República..."
Desde que se creó el Régimen de Cambios Diferenciales hasta 1986, el Puerto Libre de la Isla de Margarita, así como la Zona Franca de Paraguaná, aparte de asignárseles un cupo en divisas para su uso al tipo de cambio libre, no contaron con dólares preferenciales al tipo de cambio controlado, especialmente al tipo de 14,50 bolívares por dólar.
Fue a propósito de la devaluación de finales de 1986, que en los años 1987 y 1988 el Puerto Libre no solamente recibió de nuevo su cuota de dólares, sino, además, al tipo de cambio de 14,50. Cantidades de productos suntuarios que habían sido desplazados al mercado libre de divisas, fueron rescatados a la tasa oficial, bajo el argumento de evitar escaladas inflacionarias por los efectos de la devaluación decidida por el gobierno de Jaime Lusinchi.
De tal modo que en 1987, se incluyó al Puerto Libre de Margarita en el Presupuesto Nacional de Divisas al tipo de cambio de 14,50 con una cantidad de 176 millones 627 mil 232 dólares, de los cuales fueron ejecutados en este ejercicio 171 millones 496 mil 291 dólares, de acuerdo con las cifras de la propia Recadi.
Mientras que en 1988, el cupo asignado a Margarita fue por 150 millones 486 mil 126 dólares, de los cuales se ejecutaron 122 millones 231 mil 549 dólares preferenciales.
| Presupuesto de Divisas. Puerto Libre de Margarita | |||
| (Millones de dólares) | |||
| Año | Presupuestado | Ejecutado | Saldo |
| 87 | 176 | 171 | 5 |
| 88 | 150 | 122 | 28 |
| 87/88 | 326 | 293 | 33 |
El jueves 7 de abril de 1988, Morel Rodríguez ex y luego de nuevo gobernador del Estado Nueva Esparta, denunció por El Nacional que "dos altos, pero muy altos funcionarios del Ministerio de Hacienda, (Jorge García duque, el viceministro, y Jesús Vargas Chirinos, director de Aduanas) han recibido comisiones multimillonarias (aproximadamente unos 150 millones de bolívares), manipulando la asignación de cuotas de importación a favor de terceros" en el Puerto Libre de Margarita.
La denuncia de Morel Rodríguez cayó como un plomo, a tal punto que el Ministro de Hacienda, Héctor Hurtado, decidió oficiar por instrucciones del Presidente Lusinchi, al Fiscal General de la República de entonces, el inolvidable, Héctor Serpa Arcas, el 11 de abril de 1988, solicitando una exhaustiva investigación al respecto.
De acuerdo con un informe confidencial mandado a elaborar por el viceministro de Hacienda, Jorge García Duque, a mediados de 1988, Rodríguez utilizó sus influencias como Gobernador o Secretaria General de AD en Nueva Esparta, para presionar la asignación de divisas a sus recomendados que eran ciertos grupos empresariales registrados en el Puerto Libre "los cuales comercialmente y por su constitución jurídica son independientes... pertenecen a una misma persona natural o por lo menos ésta mantiene una supremacía accionaria en cada una de las empresas del grupo" .
El documento en cuestión añadió que por estos grupos empresariales "aboga una persona (Morel Rodríguez), que según informaciones adicionales goza de participación en las empresas" .
Los supuestos protegidos eran: Husseie Yassine, Said Rahal, Hassan Saleh, Afif Hassan Rmaili y Saki Nicolás Rahal. Este grupo de cinco árabes controlaba las solicitudes de importación de las empresas: Importadoras El Mago, El Sha, El Faraón, La Playa, Pepe El Grande, Mi Lindo Sueño, El Gran Mayor, El Gran Poder, Las Pirámides, Doña Juana, El Petróleo, El Pitigüei, Tienda Beatriz, Creaciones Porlamar, Importadora Par, Miss Ganga, Sabana Import, Adriana, La Chinita, El General, El Gobernador, Sultan Hassan, La Fundación, Import Curichaqui, El Terremoto, El Profeta, Importadora Sekmar, Michel, La Raya, Time Store, Importadora Británica y Zorba.
Estas 32 empresas representaron en su conjunto, casi 1 tercio de los cupos en el presupuesto otorgado a Margarita en 1988. ("Las cantidades solicitadas en 1988 fueron infladas -dice el informe- con relación a años anteriores, cosa que no podía otorgarse de acuerdo a lo solicitado... El perjuicio es evidente y esa es una de las razones para que el solicitante quedara insatisfecho. De ahí -sugiere el documento- que se hayan decidido denunciar ( desde el Puerto Libre) presuntos actos de corrupción en el otorgamiento de divisas)".
Lo que estaba planteado era una reacción que denominamos en La Agenda Secreta de Recadi como la "guerra de los cupos" , entre diversos grupos y centrífugas empresariales, protegidas políticamente por funcionarios importantes, para tratar de obtener el máximo de las divisas previstas para el Puerto Libre.
La conformación del presupuesto de divisas para los importadores de Margarita en 1988, hizo presuponer que el sistema de distribución de asignaciones legalmente atribuido a la Dirección de Aduanas, estuvo sometido a las más diversas presiones políticas y económicas.
El presupuesto de divisas anunciado por el Ministerio de Hacienda el martes 24 de mayo de 1988, a través de avisos en toda la prensa nacional, no se correspondió con el que fue originalmente corregido por el Despacho, de acuerdo con algunas reformas elevadas a la consideración por instancias técnicas del sector oficial que discreparon con el reparto.
Esto significó que, inicialmente la Dirección de Aduanas de Hacienda presentó un proyecto a la consideración de los superiores (Viceministro y Ministro), quienes señalaron un conjunto de observaciones en cuanto a los montos a otorgar y a la necesidad de recortar asignaciones, pero la versión anunciada a la prensa no recogió la totalidad de las correcciones.
Por ejemplo, la versión presentada al despacho de Hacienda, en orden alfabético, recogía un listado de licencias de importación desde la denominación 002 hasta la 3.711, y fue sobre ésta que se hicieron recortes. No obstante, al anunciarla públicamente a los importadores del Puerto Libre, ciertamente, partió de la licencia 002, pero llegó sólo hasta la denominación 3.571 y fue presentada de manera aleatoria y no alfabética, descartándose en el camino cerca de 200 licencias históricas.
Es decir, que los 176 millones, luego reducidos a 160 millones de dólares preferenciales, se repartieron entre 3.571 y no entre 3.711 licencias establecidas. De esta manera quedaron distribuidos los 160 millones, de la siguiente forma: -83 millones 670 mil 383 dólares para las empresas que importaron el 95 por ciento del cupo otorgado en 1987; - 66 millones 815 mil 990 dólares para las empresas que importaron menos del 95 por ciento del cupo otorgado en 1987;
- Quedó a disposición de nuevas licencias un total de 9 millones 513 mil 625 dólares por asignar.
Al comparar todas y cada una de las licencias favorecidas en las dos versiones aprobadas por la Dirección de Aduanas con la lista hecha pública el martes 2 de mayo de 1988, y tomando en cuenta siempre como agravante que una versión computarizada difiere de la otra por los correctivos que fueron aprobados y que no se instrumentaron, en todos los miles de casos se constatan las diferencias entre el cupo consumido en 1986 y 1987 contra el cupo otorgado y consumido en 1988, con francas violaciones a la legislación establecida.
Una averiguación iniciada a fines de 1987 por importantes funcionarios técnicos del Ministerio de Hacienda, constató que no era conveniente otorgar de nuevo, el 1988, dólares preferenciales al tipo de cambio de 14,50 bolívares, puesto que el sistema de precios del Puerto Libre estaba todo referido al valor del tipo de cambio libre.
Uno de los argumentos de peso para plantear, como se hizo, que se mantuvieran las operaciones al cambio libre, fue que la gran mayoría de las licencias del Puerto Libre no llegaron a consumir nunca los cupos establecidos en 1987, por una parte, y por la otra, que habían introducido para 1988 aspiraciones por encima de los 300 millones de dólares, sin que la base de costos y operación reflejara precios distintos a la denominada dolarización excesiva basada en el tipo de cambio libre.
A pesar de que algunos funcionarios medios llegaron a encontrar suficientes razones para no otorgar más dólares preferenciales al Puerto Libre de Margarita, otros resolvieron que si se hiciera, no obstante la precaria situación de déficit en la balanza de pagos y la imposibilidad de conseguir nuevas transferencias netas en divisas desde el exterior.
El martes 4 de abril, desde La Agenda Secreta de Recadi se reportó que la Cámara de Importadores de Margarita, presidida por Luciano Marín cobraba por la asignación de los cupos.
El Ministro de Hacienda, Héctor Hurtado, y el Viceministro García Duque hicieron el seguimiento a varios recibos expedidos desde los talonarios de la aludida Cámara. Una factura, la correlativa 4.144, correspondiente a la empresa Pinky Movil, por ejemplo, pagó a la Cámara de Importadores de Margarita, "por concepto de asignación de cupo" , el 29 de marzo de 1988.
Resultó para nosotros desconcertante que el Ministerio de Hacienda investigara algunas actividades de la Cámara y que al mismo tiempo la misma hiciera el papel de denunciante de actividades de corrupción.
En un memorandum fechado el 25 de febrero de 1988, Luciano Marín y Ramón Barra Gómez, director ejecutivo de la Cámara de Importadores de Margarita, dirigido a Jorge García Duque expusieron: "ante las llamadas e informaciones recibidas a cerca de gestores que se dicen con buenos contactos para aumentos en las asignaciones de los cupos de 1988, hemos procurado el respaldo que soporte la respectiva denuncia, sin ningún resultado" .
- Ante la insistencia de estos comentarios - escribieron - que tanto preocupa a la institución, en directorio de fecha 24 de los corrientes, se acordó plantear el caso a las autoridades de Hacienda y al Gobernador del Estado (Morel Rodríguez), a los efectos de buscar fórmulas que permitan clarificar los que pudiere existir alrededor de tan enojoso asunto" .
Posteriormente, desde la misma Margarita, estos dos directivos declararon a Régulo Párraga lo siguiente:
- El llamado cobro de comisiones no es tal, sino que se trata de una contribución no obligatorio que hacen los afiliados por las diligencias que realiza la Cámara, para velar por la distribución equitativa de los cupos, al tiempo que sirve para sufragar gastos propios de la institución.
El ex-gobernador Morel Rodríguez, luego reelecto el pasado 3 de diciembre para ocupar el mismo cargo por minoritaria elección directa, reaccionó contra La Agenda Secreta de Recadi luego que desde ésta se publicó un memorandum dirigido por él a la doctora Mariela Rey de Quinteto, Viceministro encargada del Ministerio de Hacienda en la época de Manuel Azpúrua, donde escribió: "Es grato dirigirme a Usted, en ocasión de recomendarle el otorgamiento de un cupo en dólares para la Importadora Elfa, C.A. licencia de importación Nº 3.509. Le agradezco sus buenos oficios en la solución favorable de este planteamiento" . Vino el oficio con membrete, firma y sello del Gobernador de Nueva Esparta.
A propósito de esta comunicación, el Viceministro de Hacienda, Jorge García Duque mandó a investigar las actividades y relaciones de Morel Rodríguez, - su enemigo histórico -.
- Si mi denuncia la hubieran oído a tiempo el gobierno y la justicia, hubiéramos evitado la sangría que tuvo el país mediante los cupos de divisas y hubiéramos sentado un gran precedente, porque el señor Jorge García Duque estuviera preso hoy en día, junto con su compinche (Jesús Vargas Chirinos). Pero las autoridades fueron alcahuetas -señaló indignado Morel Rodríguez desde Porlamar-. Ante mis denuncias... hoy García Duque y su compinche quieren aparecer ante la opinión pública como unos angelitos que nunca rompieron un plato.
Morel Rodríguez pagó un remitido en la prensa nacional donde puntualizó que en efecto era un gestor, pero "del desarrollo económico y social en Nueva Esparta" .
- No permitiré que el caso Recadi se convierta en una venganza contra Margarita -explicó-. Quienes se enriquecieron corruptamente con los dólares preferenciales para el Puerto Libre ni son margariteños ni viven en Margarita y tampoco tiene sus corruptas fortunas en la Isla.
El caso particular de lo acontecido con la entrega de dólares preferenciales a los Importadores del Puerto Libre, se diluyó en una investigación mayor practicada por el Diputado Nelson Chitty La Roche de Copei, en todas las aduanas del país.
Ya en La Agenda del 7 de abril, nuestro compañero Régulo Párraga enviado especialmente una semana a la Isla, había reportado lo siguiente: "las aduanas alimentaron al monstruo" .
- Con gran sorpresa fue recibida en la Isla de margarita -escribió Párraga- la reciente designación de Arevalo Marín Gómez (Hermano de Luciano Marín) como administrador de la Aduana de La Guaira. Hasta hace algunos días él se desempeñó como tal en la Aduana de El Guamache (desde donde en el pasado reciente le habían lanzado acusaciones a Ana Teresa Herrera Balduz, cosa que escribimos en los capítulos pasados) " .
Pudimos constatar que el traslado de Marín Gómez fue posible gracias a los buenos oficios de Alfaro Ucero, Secretario Nacional de Organización de Acción Democrática. Marín Gómez trabajó en El Guamache directamente con Santos Zapata, jefe de interventores y supervisor inmediato de Juan Méndez (el mismo que evaluó irregularidades en la entrada de tractores por Guanta).
- Pretenden descalificarme como interventor -dijo Méndez a Fabricio Ojeda el 4 de mayo de 1989, cuando visitó nuestra oficina bautizada como DDS.
Debido a la intensa actividad que estaba cumpliendo el Diputado Chitty la Roche, la Dirección de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Hacienda, comenzó a investigar las aduanas de Margarita, Puerto Cabello, Puerto Ayacucho, Maracaibo y Barquisimeto. Otro tanto comenzó a hacer la comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional.
La misma Dirección de Inspección y Fiscalización de Hacienda, por órdenes de la Ministro Eglée Iturbe de Blanco removió a todos los jefes de las aduanas de Margarita, La Guaira y Maracaibo sobre la marcha.
El 30 de mayo de 1989, el General Rafael Salazar Pasarelli, Jefe del Servicio de Inteligencia y Resguardo Nacional de las Fuerzas Armadas de Cooperación, entregó a los diputados Carlos Tablante y Liliana Hernández de Acción Democrática, un voluminoso resumen donde se recogían 52 expedientes valorados en 20.000 millones de bolívares, en casos originados en la importación con dólares preferenciales que degeneraron en contrabando de extracción por las aduanas entre 1986, 1987 y 1988.
Las investigaciones de Resguardo Nacional de la GN involucraban a las empresas: Federal Mogul, Dental Cygramca, Química Universal, Química Toptex, Noehmy C.A., Quifoven, Lampoluz, Importadora Delfin, Beech Acceptance Corp., Productora Econogas, Industrial Carichana, Automercados Tía, Industrias Montecatini, Kevic Nuclegan, Maderas Paraguana, Textil Paraguana, Transporte Transilaca, Aeronaúticas Profesional y Tecnoconsult.
Además, Consorcio Sucre-Miranda, Diablitos Venezolanos, Industrias Zicasa, Fábrica de Ascensores, Comercial Pantamar, Codemiven, Fermiconi, Gerad Dabasse (el mismo de Invermica y Capricornio) Futhormave, Avencasa, Stephamar, Interpromar, Golfomar, Empresa Comercial Rubén Darío Perozo, Le Gourmet, Comercial Leven, Pereira y Asociados, Exportadora e Importadora San Rafael, Corporación Yatastay, Comercial Singapur, Importaciones Alcalá Barboza, Inverminca (asociada a Capricornio) y Agropecuaria Onix (asociada de Argea).
Todos estos casos estuvieron para la fecha en manos de juzgados Nacional de Hacienda, de Aduanas y Jueces penales de Salvaguarda.
El sábado 1 de julio de 1989, el Presidente Carlos Andrés Pérez, desde Cumaná, declaró que estaba de acuerdo en que se tomarán medidas en las aduanas, dentro del marco de la nueva política comercial y arancelaria, "para evitar que las mismas se conviertan en nuevo Recadi" .
El Diputado Nelson Chitty La Roche denunció por quinta vez, el jueves 15 de febrero de 1990, que la entonces Ministro de Hacienda Eglée Iturbe de Blanco, estaba obstruyendo la investigación en las aduanas, la cual todavía no ha terminado.
- La ex-ministro Eglée Iturbe y la Directora de Aduanas, Eva Morales (liquidadora de Recadi) estaban protegiendo a funcionarios aduaneros incursos en delitos de corrupción.
Concretamente, identificó Chitty a los funcionarios Carlos Orense ex-administrador de la Aduana Aérea de Maiquetía; Santos Benjamín Zapata (el socio de Arevalo Marín), funcionario que ocupó posición en El Guamache; Adatiles Silva, de El Guamache y con expediente en Salvaguarda de Nueva Esparta; y Jesús Vargas Chirinos, ex-director de Aduanas de Hacienda. "es el enlace -dijo Chitty- entre las Aduanas y la Guardia Nacional y su impunidad ya resulta irritante" .
Sobre el tema de la corrupción general en las aduanas y la específica asociada al caso Recadi, el informe preliminar elaborado por el Presidente de la Comisión Especial Douglas Dáger -quien se nutrió de la investigación todavía no concluida por Chitty- dijo lo siguiente: "Las aduanas y su trámite para nacionalizar las mercancías, constituyen la etapa final, la corona, del proceso que se inició con la expedición de las conformidades de importación y la correspondiente autorización de retiro de divisas desde el Banco Central de Venezuela" .
- Es una voz no contradicha que las aduanas son y fueron - se escribió -, sobre todo en esos años de vigencia de las Oficinas del Régimen de Cambios Diferenciales, un centro de corrupción... Paralelamente, es conveniente mencionar la actuación en estos años del Director General de Aduanas, Jesús Vargas Chirinos, quien mostró debilidad en la consideración de los recursos que por vía jerárquica debía conocer, además de obviar sospechosamente los lógicos procedimientos de revisión de conocimientos aduaneros cuando el supuesto infractor lo recomienda. Las tareas de control e investigación, no siempre contaron con la colaboración de la Dirección de Aduanas ni con la del Director de Inspección ni de la Ministro de Hacienda Eglée Iturbe de Blanco.