Las autoridades directivas y propietarias de El Nacional se enteraron y, posteriormente, estuvieron de acuerdo con el inicio de una campaña de denuncias referidas a la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales, por la vía de un memo que redactamos el 27 de marzo de 1989.
Como consecuencia de un par de reuniones sostenidas previamente con el Jefe de Información Económica, Amado Fuguet; y con el Jefe de Redacción, Alvaro Benavides La Grecca; escribimos un informe de cuatro páginas donde destacó, especialmente, el punto Antecedentes, en el cual asentamos lo que a continuación decimos: a) Entre diciembre de 1988 y febrero de 1989, Carlos Andrés Pérez ordenó constituir un grupo de seguridad e inteligencia, para intervenir e investigar Recadi. b) La medida está orientada a indagar sobrefacturación de importaciones y cartas de crédito. Por igual, el sobregiro del presupuesto de divisas en 1987 y 1988. c) Se enmarca dentro de intervenciones, también, en el Hipódromo, Gobernación de Caracas, Centro Simón Bolívar, administración de la Urbanización Juan Pablo II, y tiene derivaciones hacia Foncrei y Corpoindustria. d) Establecido en el Gobierno, el equipo ha ocupado posiciones en organismos de seguridad del Estado, y ha profundizado las investigaciones. De seguidas, en tres partes, enunciamos un inventario de 41 casos, suficientemente sustentados, con los que el periódico comenzó lo que después se llamó La Agenda Secreta de Recadi. Teníamos desde la confirmación de que los presupuestos de divisas de 1987 y 1988 habían sido excedidos, hasta la historia del falso hermano de Hurtado. Los diferentes aspectos fueron ordenados en tres áreas fundamentales: Recadi, Puerto Libre de Margarita y Aduanas, y Verificadoras. "Sobre cada uno de estos aspectos -se planteó en el documento interno- existe documentación pormenorizada, testimonios y cintas grabadas, a todo lo cual tendremos acceso autorizado y exclusivo... A los fines de comenzar el trabajo, solicitamos: apoyo global e institucional de la empresa en sus niveles gerenciales y directivos superiores en materia legal y de seguridad, garantía de espacio fijo y jerarquización en la presentación de las denuncias y trabajos y para el seguimiento que se desprenda de las informaciones; apoyo del resto de la Sección de Economía y de la de Política, y en la confidencialidad de la fuente primaria" . Los 41 casos inicialmente comunicados, todos, fueron divulgados desde La Agenda Secreta de Recadi y, posteriormente, desde La Agenda Externa de Recadi. El mismo día obtuvimos el consentimiento de la empresa. De esta información preliminar, obtenida y madurada durante los meses de enero, febrero y marzo del 89, pudimos titular el viernes 24 de febrero: "Investigar sobrefacturación de Importaciones ordenó el Presidente Pérez" , punto de partida para todo el trabajo posterior. De inmediato se nos dotó de oficina, mobiliario, terminales de computación, códigos de acceso confidenciales, teléfonos, y se procedió a la organización de los materiales iniciales y se escogieron dos casos para comenzar: Francisco Maldonado Cisneros (había sido destituido) y Moral Rodríguez (posible tráfico de influencias). El 28 de marzo expusimos el plan a Fabricio Ojeda, quien fue cedido de la Sección Política, porque de antemano se previeron las implicaciones policiales y tribunalicias del caso, que no solamente económicas, financieras y políticas. Se "decomisó" todo lo referido a la existencia de Recadi del archivo central del periódico, se fotocopiaron los documentos fundamentales, se abrió un menú fotográfico, un directorio telefónico clave, un diario de amenazas, otro de operaciones y seguimiento, y un listado de afectados con sus direcciones. Finalmente, el viernes 31 de marzo comenzó La Agenda Secreta de Recadi, nombre propuesto por Amado Fuguet, Jefe de Información Económica. Las otras opciones fueron: La Agenda Confidencial de Recadi (muy largo) y El Expediente Interno de Recadi (una variante de como se llamó la serie posteriormente despachada en El Diario de Caracas). En la primera entrega se advirtió a la opinión pública y a nuestros lectores que "en la tarea de investigación y preparación de las sucesivas entregas participan profesionales del periodismo y del derecho" . El abogado consultor del Colegio Nacional de Periodistas, Beltrán Haddad, fue incorporado para coordinar y procesar las implicaciones y consecuencias jurídicas y legales del trabajo. A los doce días, el 11 de abril, y como consecuencia de las primeras reacciones surgidas desde adentro de AD, hicimos pública la justificación de la campaña, en un editorial que se nos encargó. Ya Jaime Lusinchi y Gonzalo Barrios, respectivamente, habían tildado el esfuerzo como desestabilizante y atentatorio contra la democracia. - No es solamente El Nacional - dijimos en su oportunidad- de quien se puede pensar, acertadamente, que también lleva adelante la suya, la única instancia que está haciendo denuncias claramente sostenidas y asesoradas y, dentro del papel que le corresponde como medio de comunicación de divulgar, también, la información que genera diariamente el caso Recadi... Corresponde al Tribunal Superior de Salvaguarda y a los Tribunales de Primera Instancia en lo penal en esta materia... incluidas las denuncias de El Nacional, ordenar las correspondientes averiguaciones para que, en definitiva, se determinen los delitos cometidos y la responsabilidad penal de los funcionarios, particulares y terceros en esas conductas antijurídicas y antinacionales. Un día más tarde, el 12 de abril, un confidente (relacionado con la fuente primaria) nos llamó por teléfono para pedirnos nuestro número de telex y comunicar esto: - ¿Está Agustín por allí? - nos preguntó. - Si, okey- respondimos. - Atención Agustín, material en tu poder debe ser trasladado de sitio. Posiblemente puedan intentar recuperarlo por alguna vía. Toma tus precauciones. Llámame por teléfono para otra vaina... - Adiós- terminó. Todos los documentos importantes, fotocopiados, todavía están en la caja de seguridad de la Presidencia de El Nacional. Sobre la marcha se nos asesoró para enfrentar alegatos provenientes de inspecciones oculares que pudieran solicitar los señalados a tribunales mercantiles o penales. Esto nunca ocurrió. En tres oportunidades solicitamos a la propia empresa, por la vía administrativa, que chequeara los saldos de las cuentas bancarias de todos los integrantes del equipo. Otro confidente, esta vez desde Margarita, nos alertó sobre esta posibilidad, cuando comenzamos a señalar nombres y empresas relacionadas con la guerra de los cupos por las divisas preferenciales en el Puerto Libre. El mismo 12 de abril, el Editor, Franklin Whaite, recibió una comunicación oficial firmada por Walter Emilio Nouel Velasco, Director General Sectorial de Inspección y Fiscalización del Ministerio de Hacienda. En la misiva, de página y media, por una parte se elogió el esfuerzo emprendido. Pero por la otra, Nouel Velasco señaló: "... es oportuno significarle la importancia de la información que maneja y la utilidad que nos reportaría si, se nos facilita el acceso directo a la fuente o, de ser posible, se nos amplíen detalles con antelación a la publicación..." . Aquello nos pareció una "trampa cazabobos" que perseguía detectar la ubicación de las filtraciones de documentos confidenciales del gobierno anterior, en especial algunos de Inspección y Fiscalización. El punto fue remitido al Colegio Nacional de Periodistas. Dada la agresividad reiterativamente expresada contra El Nacional por Gonzalo Barrios, presidente de AD, Franklin Whaite se vio precisado a responder al patriarca en tono no menos duro, el 9 de mayo desde la propia Agenda. Desde que El Nacional -dijo Whaite- comenzó la serie titulada Agenda Secreta de Recadi, el doctor Barrios, presidente de Acción Democrática, ha estado atacando a los denunciantes como enemigos de la democracia... Es un golpe bajo contra El Nacional que, en sus estatutos corporativos, hace obligatoria una conducta democrática ("la actitud u orientación del Diario no será en forma alguna oficialista como tampoco de oposición sistemática" ) en todo su personal... El Nacional quiere una democracia como la que Acción Democrática -y su presidente- están obligados a mantener. Limpia y honrada. Barrios ripostó al día siguiente, el 10 de mayo, y expresó: "He declarado y ratifico mi apoyo a la investigación y al posible castigo de los responsables de esos hechos, no obstante el empeño de algunos adversarios en atribuirme el propósito de exculpar a los posibles delincuentes. Pero también juzgo indispensable rechazar y condenar todo intento de hacer aparecer los posibles fraudes que se denuncian como algo propio del régimen democrático y de imposible sanción como consecuencia de la misma naturaleza del sistema" . Por nuestra parte, tuvimos que responder a Blanca Ibáñez veinticuatro horas más tarde, puesto que ella insinuó que la entrevista realizada a Maldonado Cisneros en Miami fue manipulada. - De la entrevista publicada ayer- señalamos -, sobre la cual asumo la responsabilidad, quiero precisarle a la señora Ibáñez que en ningún momento manipulé la información y, por tanto, me permito decirle, como me siento aludido en su carta, que en mis funciones dentro del periodismo investigativo, le pregunté a Francisco Maldonado Cisneros si Blanca Ibáñez había ejercido presiones sobre Recadi, y el entrevistado respondió que no. No obstante, usted se siente agraviada sin razón y me pregunto ¿por qué?... Entiendo sí, que el oficio de periodista supone riesgos e ingratitudes. Estamos acostumbrados a recibir de quienes ejercen o ejercieron el poder, ese calificativo tan manoseado y efectista de "manipulador" , en casos en que son tocados determinados intereses o la importancia personal de los funcionarios señalados. No basta con invocarlo y restregárselo al periodista para que todo vuelva a la normalidad, que no pase nada, que estemos en paz, sino que hace falta lo que todavía en este caso que nos atañe, no ha salido a flote: la impecabilidad ante la justicia. En lo que pareció una estrategia montada por ciertos dirigentes y personajes afectos al ex-presidente Jaime Lusinchi, de desacreditar a toda costa La Agenda Secreta de Recadi, el propio ex-mandatario participó desde la cúspide declarativa. En un evidente intento por detener la campaña, en un programa de televisión (el que fue fraguado desde La Ermita), transmitido por Venevisión, acusó a El Nacional de presionarlo para obtener, también, divisas preferenciales. Fue en la oportunidad en que responsabilizó a sus ministros de Hacienda por lo ocurrido en Recadi. Una vez más, el editor de El Nacional, Franklin Whaite, tuvo que salirle al paso a las expresiones "inamistosas y prevaricadoras del doctor Lusinchi" , el 12 de mayo: - El todo es que El Nacional, por ser independiente de gobiernos y de partidos, mantiene una línea de conducta que responde únicamente al lector. El todo es que El Nacional prefiere la credibilidad antes que la docilidad. La política informativa de El Nacional no es de Miguel Henrique Otero, ni de José Calvo Otero. Es de todo un equipo.. Por eso está de mal gusto que el doctor Lusinchi diga que Franklin Whaite es el director de El Nacional, pero no manda, manda Miguel Henrique. Como chiste quizá se pueda dejar pasar. Pero como chiste malo, de todas maneras. Porque nosotros nunca diríamos que en Miraflores, el Presidente era el doctor Lusinchi, pero quien mandaba no era él. La agresión de Lusinchi tocó la sensibilidad de toda la redacción que, reunida en una asamblea, concretó el 13 de mayo una posición de principios y puntualizó en la edición respectiva: "Rechazamos categóricamente las insinuaciones lanzadas por el ex-presidente Lusinchi, en cuanto a una presunta incondicionalidad de los periodistas de El Nacional respecto a los dueños de esta empresa. Emplazamos al doctor Lusinchi a probar lo contrario. Siempre hemos actuado con honestidad, veracidad, sentido profesional y apego a la ética que siempre ha caracterizado a este diario desde su fundación" . La denuncia formulada por Lusinchi, en el sentido de que El Nacional lo presionó para obtener dólares preferenciales la tomó para sí la Comisión de Medios de Diputados el 16 de mayo. Los parlamentarios de Acción Democrática este día, impidieron, al romper el quórum reglamentario, que se votara un acuerdo para pedirle al ex-mandatario que ratificara su queja por escrito, tras ser contradenunciado por el Diputado Miguel Henrique Otero, copropietario de El Nacional. La cosa no pasó de allí. El 20 de mayo el Juez instructor del caso, Luis Guillermo La Riva, culpó a los periodistas por la fuga de los indiciados en el caso Recadi. Se refirió, seguramente, a que una semana antes habíamos anunciado al país que venían autos de detención contra los molineros, como en verdad sucedió. - En la medida en que los medios de comunicación sigan actuando así -dijo- irresponsablemente, es imposible que cualquier policía del mundo puede aprehender a las personas a quienes se les dicta auto de detención. Como en Venezuela es una norma consagrada y no escrita que cuando se ordenan detenciones judiciales, por lo general los indiciados ya están fugados del país -y el caso Recadi no fue la excepción a este principio, todo lo contrario- el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Luis Vezga Godoy, salió al paso y le devolvió la pelota a La Riva, algunas horas después: - Si el Juez La Riva realmente cree que la publicación de informaciones periodísticas es lo que ha impedido detener a los implicados en corrupción, prácticamente se descalifica como juez y como esperanza cierta para seguir atendiendo el caso Recadi. Las estadísticas de Recadi revelan que fueron sólo tres "peces gordos" los que cumplieron con la responsabilidad de ponerse a derecho, tras la orden de captura en su contra: Nicomedes Zuloaga, Modesto Freites y Eduardo Mayobre. Hoy todos están en libertad plena. La designación y posterior juramentación de Otto Marín Gómez, como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, trajo consigo otro debate de interés para los periodistas. En su primera entrevista por televisión, en un programa con el periodista Carlos Croes, ex-ministro de la Secretaría de la Presidencia del gobierno de Lusinchi, Marín Gómez planteó la necesidad de "resucitar" la vieja idea de una ley mordaza para la prensa y los periodistas. Dijo que era inconveniente la manera cómo se estaba denunciando e informando sobre actos de corrupción administrativa a través de los medios de comunicación social. Aunque generalizó, obviamente que se refirió al caso Recadi, que era lo que estaba en el tapete desde hacía meses. Trató, el 15 de junio, de remendar el capote cuando afirmó "la prensa debe decir la verdad" . - Ustedes se dan cuenta- respondió a los periodistas de la fuente judicial que acordaron no asistir a los seminarios propuestos por Otto Marín Gómez- cómo si es verdad que por prensa, televisión y radio se impacta mucho cuando se dan muchas noticias seguidas sobre un mismo hecho, en una sociedad común que no conoce los hechos. Pareciera que estamos al borde del colapso. -¿Pero usted no cree que en casos como Recadi -le preguntó el veterano Víctor Manuel Reinoso- donde hubo un desfalco muy grande al país, el periodismo ha hecho un gran trabajo al sacar a relucir esta situación? - Claro que sí lo creo- respondió el presidente de la Corte. - Lo que sí no creo es la cifra: 32 mil millones de dólares. ¿De dónde la sacaste tú? Cualquier cifra que se hayan cogido tendrá sanción penal... Sobre la marcha, el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa le cayeron encima a la propuesta de Otto Marín Gómez. - Al parecer -declaró Mario Villegas, secretario General del SNTP-, detrás de estas quejas contra los periodistas se esconde a veces el lamento de quienes se incomodan con la insatisfacción y quienes preferirían ver a los periodistas complacientes, sumisos y amordazados. La polémica en torno a las primeras acciones de Marín Gómez se complicó aún más el 15 de agosto, cuando en un almuerzo de la Cámara Venezolano-Americana, puntualizó que consideraba que "las prohibiciones de salida del país ordenadas por algunos jueces venezolanos eran ilegales e inconstitucionales" . En esta oportunidad no mencionó al Juez La Riva. Este opinó el miércoles 17 lo siguiente: - Es insólito pensar que un juez no pueda dictar prohibiciones de salida del país. Respeto mucho al doctor Otto Marín Gómez, pero afortunadamente tenemos derecho a disentir. Lo dicho por Otto Marín Gómez sobre el tratamiento periodístico al tema de la corrupción y la legalidad o no de una medida judicial como lo es la prohibición de salida del país, tal vez presagiaba la actitud absolutoria del Presidente de la Corte Suprema de Justicia seis meses más tarde, cuando otorgó el voto favorable a la ponencia del magistrado Jesús Moreno Guacarán, con la cual se revocaron los autos de detención a los diez ex-funcionarios a los que el Tribunal Superior de Salvaguarda acusó por malversación de fondos públicos. También en agosto, Blanca Ibáñez, como fue su costumbre, hizo llegar a El Nacional, vía fax y después de las seis de la tarde, una carta escrita por ella el 29 de mayo de 1989, y dirigida al director de la Policía Técnica judicial, Mauro Yánez Pasarella, en la que denunció que "presuntos periodistas o representantes del diario El Nacional han estado solicitando de mis hermanos Armando y Carlos, mediante llamadas telefónicas, declaraciones que me perjudiquen, a lo cual se han negado, no obstante los halagos con dinero que les han hecho" . A pesar de los absurdo y necio de tal denuncia, una nueva asamblea de la redacción consideró importante responder a la ex-secretaria privada de Jaime Lusinchi, el 14 de agosto, en los siguiente términos: - Los periodistas de El Nacional -nos correspondió en esa oportunidad escribir la base del comunicado- compartimos la opinión de quienes señalan que, en estos casos, lo procedente para cualquier denunciado es ponerse a derecho -en este caso, la justicia venezolana ha citado varias veces a la señora Ibáñez, sin que hasta ahora se haya presentado a rendir cuentas- antes que estar enviando cartas con dudoso sustento, que a nadie convencen a priori de su inocencia, y que a la vez tratan de vincular en su defensa -que es más bien ataque- al personal de un diario serio y profesional como éste, que en absoluto tiene que ver con prácticas reñidas con la ética. El viernes 8 de septiembre regresó el ex-presidente Jaime Lusinchi de uno de sus rutinarios viajes a Miami. Al poner pie sobre el asfalto caliente del aeropuerto de La Chinita en Maracaibo, dijo: "Esto está muy movido y veo que algunos medios y algunos periodistas están empeñados en moverlo más" . - Las explicaciones acerca de la corrupción deberían darlas quienes están haciendo las impugnaciones. Yo quisiera saber dónde están las pruebas de esa corrupción sistematizada, porque nadie las ha dado. Eso no es cierto y muchos de los impugnadores deberían ser investigados y algunos medios de comunicación social entre ellos. Es cuestión de esperar un poco. Yo niego que en mi gobierno se diese la corrupción como sistema... Como se sabe, la -Corte Suprema de justicia, el lunes 19 de febrero, revocó los autos de detención a los ex-funcionarios de la administración Lusinchi, por no considerar delito con castigo penal la malversación del presupuesto nacional de divisas, inicialmente denunciada por El Nacional, el Congreso y ratificada por el Tribunal Superior de Salvaguarda. Como quiera que en el tiempo surgió una asociación directa entre El Nacional y el Caso Recadi, el editor, Franklin Whaite, nos pidió el martes 20 de febrero de 1990 una base de datos para un editorial que él firmaría. La hicimos y al final salió bajo nuestra firma, porque a Whaite le pareció un crimen poner la suya. Fue necesario fijar una posición profesional y principista puesto que desde el periódico nos sumamos a la indignación colectiva que trajo como secuela el dictamen absolutorio de la corte. - La decisión de la Corte- planteamos abiertamente- supone que nadie se enriqueció. Nadie traficó influencias. Nadie otorgó privilegios. Nadie gozó de ventajas económicas en detrimento de otros. En fin, ningún funcionario, político o particular se excedió en contra de la posición y estabilidad de las reservas internacionales... Este fallo de la Corte Suprema de Justicia cierra un capítulo, el más importante, de la desquiciante carrera de la corrupción administrativa en Venezuela. Sólo quedan enfrentadas, para la historia, la verdad procesal, la verdad del parlamento y la verdad de la prensa. El 22 de febrero, el Editor hizo lo propio y recogió muy bien el desaliento colectivo. - Poco faltará para que, en el futuro, los jueces declaren culpable al propio pueblo, por el caso Recadi. Es oportuno destacar que la posición de los periodistas y de El Nacional en materia de corrupción ha sido, es y seguirá siendo invariable en el tiempo: "Considerando -escribimos el 11 de abril de 1989- que la prensa en una democracia debe y tiene que cumplir un papel que contribuya a reforzar ciertos valores éticos y morales de la sociedad, en procura de la más genuina transformación en beneficio de todos, es por lo que es necesario combatir frontalmente la corrupción" . En momentos en los que privó el vacío de justicia mencionado con anterioridad, donde las autoridades judiciales, fiscales y contraloras no habían sido renovadas por desacuerdo político, en El Nacional se comenzó a planificar una campaña paralela y de refuerzo a La Agenda Secreta de Recadi, precisamente para hacerle seguimiento a nuestras propias denuncias y a las de terceros. Se iba a llamar La Agenda Abierta de La Justicia. En efecto, se hicieron dos reuniones previas con el asesor legal Beltrán Haddad, el editor, Franklin Whaite; el jefe de Redacción, Alvaro Benavides La Grecca; y los colegas Amado Fuguet, William Becerra, Roberto Giusti, Leopoldo Linares, Kalinina Ortega y Fabricio Ojeda. No se adelantó porque ocurrió la remoción de las directivas de la Corte, Salvaguarda y Consejo de la Judicatura. Era necesario sacarlas porque estaban viciadas, desgastadas y desacreditadas ante la opinión pública. La Agenda Abierta del Crimen, más recientemente, fue una variante, tal vez, de la de La justicia, pero con otros objetivos por delante.