A 1994 se le cataloga, con mucha razón, como el año de la crisis financiera, la mayor que haya padecido Venezuela y también la mayor, proporcionalmente, acaecida en el mundo. Comienza con la intervención del Banco Latino y parecía que se contendría con la estatificación del Grupo Latinoamericana Progreso, entre cuyas fechas, 13 de enero y 15 de diciembre respectivamente, se desploman más de una docena de instituciones. Pero no se contiene: febrero de 1995 comienza con la estatificación de tres entidades más: Principal, Ítalo y Profesional.
Las instituciones auxiliadas y luego intervenidas en junio de 1994 son el Banco Amazonas, Bancor, Banco Barinas, Banco de la Construcción, Banco La Guaira, Banco de Maracaibo, Banco Metropolitano y Sociedad Financiera Fiveca. Más tarde son estatificados el Banco de Venezuela (9 de agosto) y el Banco Consolidado (11 de septiembre). Como escribe Pedro Palma: “Al fin del proceso, un tercio de la Banca Comercial había sido afectada. Trece bancos, representantes del 37% de los depósitos totales del sistema, habían desaparecido, mientras otros, tradicionalmente percibidos como los bancos más sólidos, experimentaron un crecimiento de grandes proporciones al ser los receptores de buena parte de los depósitos de los bancos afectados”.
Esta crisis no es un episodio aislado y exclusivo, porque fenómenos parecidos ocurrieron en varios países latinoamericanos y europeos en diversos momentos. Lo efectivamente dramático son los desatinos incurridos en su manejo. Para aliviarla se entrega una suma gigantesca de recursos a la discreción de quienes de alguna manera la han causado. El sacrificio por parte del organismo asegurador (Fogade) es de alrededor de 10.000 millones de dólares, denominados en emisiones de moneda nacional, sin tener provisión de fondos y autorizados con el consentimiento del BCV.
El cierre abrupto de los bancos mencionados repercute en una contracción súbita del mercado de
bienes y de trabajo; en la expansión desordenada del circulante que contribuye
a depredar las reservas internacionales existentes y a generar inflación. Estos
hechos tienen repercusiones traumáticas que profundizan el escepticismo y la
pérdida de credibilidad en las instituciones.
En los anales policiales del período 1994/1999, el “caso Samana” ocupa lugar prominente. Un pago por US$ 9.500.000 por concepto de repotenciación de las fragatas misilísticas de la Armada venezolana es ordenado por el ministerio de Hacienda, a nombre de la compañía italiana Otto Melara, titular de la deuda. Un misterioso fax indica que el monto sea acreditado a cuenta de la compañía Samana. La compañía acreedora alegó no haber recibido el pago.