Las "colitas" de Pdvsa
El ministro de Energía y Minas, Erwin Arrieta, y el viceministro de ese despacho, Evanán Romero, deben reponer al Estado 409 millones de bolívares por las "colitas de Pdvsa".
La Contraloría General de la República solicitó tres estudios jurídicos para determinar quiénes eran los responsables por los daños al utilizar los aviones de Petróleos de Venezuela para viajes por razones personales y de placer. Los expertos coincidieron en que los únicos responsables por el mal uso de las aeronaves son el ministro y el viceministro de Energía, porque Petróleos de Venezuela es una compañía anónima y los jefes son los presidentes de la asamblea, leáse Arrieta y Romero.
Por lo tanto, ellos deben reparar el daño con el dinero de su bolsillo o solicitando a los "beneficiados" que cancelen lo correspondiente. Lo último no es difícil porque hay un estudio que especifica cuál sería el costo si los aprovechados "vacacionistas" hubieran utilizado los servicios de una agencia privada. El colmo sería que pagaran con recursos del Estado, que además, en este caso, está expresamente prohibido.
Es larga la lista de los aprovechadores, la cual podría estar encabezada -por simple capricho- por el ministro de Hacienda, Luis Matos Azócar, quien ha pretendido ser una especie de conciencia colectiva, predicando la obligación que todos tenemos de pagar los impuestos y de cómo, si todos cumplieran con las obligaciones tributarias, el aumento del precio de la gasolina no hubiera ocurrido. También está el comisionado presidencial contra la corrupción, cargo gris, inútil y que sólo ha servido para engrosar la lista de espera de los pasajeros de Pdvsa.
Cada uno de los involucrados en esta irregularidad tiene copia del informe de la Contraloría y está a punto de finalizar el lapso para responder y no lo han hecho. En lo formal puede venir un dime y direte jurídico para apelar el fallo del organismo contralor, el cual pasará a la Fiscalía General de la República para que se determine si hay responsabilidad penal. Eso es escarceo. Si este Gobierno quiere demostrar que no hay corrupción y que la ley entra por casa, debería impedir esos juegos pirotécnicos jurídicos y decirle al ministro Arrieta que pague lo que debe para que dé ejemplo de austeridad y de gerencia.