La delegada provincial del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), Elena Parra, salió al paso de las críticas que realizaron los vecinos de la población Cerro Chuño, quienes se niegan a cancelar sus dividendos, argumentando que sus casas se hunden y deben vivir en medio de un basural y la contaminación por plomo. La funcionaria desmintió que haya demandas judiciales. "Ellos están recibiendo las notificaciones que se envían a todos los morosos y desmiento que haya problemas en las viviendas. Si los hubiera, no tenemos problema en repararlos, además, son casas saneadas y desconozco si hay plagas en la zona". También dijo que hay una parte de los pobladores que tienen suficiente dinero para cancelar sus deudas hipotecarias, pero no lo hacen simplemente por desidia, por lo que resulta improcedente hablar de quejas de toda la población. INFORME La funcionaria señaló que no es responsabilidad del Serviu que hayan aparecido los bullados casos de plomo entre la población y desmintió la información que dieron los vecinos, en el sentido que esa repartición sabía que el terreno esta contaminado con plomo y de igual manera comenzó a levantar la población. "Todas las poblaciones fueron fundadas en sitios donde antes había basura, pero ese problema ahora ya no se ve. Les digo a las personas que se acerquen a las oficinas del Serviu para ver sus casos y llegar a un acuerdo", finalizó. Cabe recordar que entre los años 1983 y 1984 comenzaron a depositarse en Cerro Chuño las primeras toneladas de desechos minerales, cuya real composición fue descubierta recién el año 1997, cuando los pobladores del sector Los Industriales y Cerro Chuño denunciaron el hecho. Esta población comenzó a edificarse a mediados de 1991 y, según Elena Parra, el Serviu y el Servicio de Salud no sabían que en esos terrenos existían minerales. "Antes no existían las exigencias ambientales que ahora son reguladas por ley; en ese tiempo no había estudios de impacto ambiental y el Serviu desconocía la existencia de plomo", afirmó.

Durante el segundo semestre del 2001 el puerto de Arica erradicará definitivamente los acopios de minerales del sector urbano. Así lo afirmó ayer el presidente del directorio de la Empresa Portuaria Arica, Antonio Lara, durante un desayuno en el Hotel Arica, en el que se entregó una cuenta pública de la gestión realizada durante el año 2000. Allí, junto a otros directores y ejecutivos, señaló que está tramitándose en la Corema el estudio de impacto ambiental del proyecto de recinto extraportuario que la empresa quiere instalar en terrenos del Parque Industrial Puerta de América. Indicó que en el transcurso del primer semestre espera obtener el visto bueno de la comisión ambiental y que inmediatamente comenzarán las obras, para trasladar allí todos los minerales antes de que termine el año. En el sector, la empresa portuaria adquirió con ese fin tres lotes, con una superficie total de 21,4 hectáreas. Según explicó el gerente del puerto, Eusebio Sankán, el recinto contará con varias medidas de seguridad para cumplir con todas las exigencias de la Corema y reducir al mínimo la emisión de minerales al entorno, como cierres perimetrales, riego por aspersión de los acopios y sistemas para aspirar los camiones antes de su salida. Todo esto significará una inversión total de 608 millones de pesos. En una segunda etapa, esta iniciativa será complementada con otro proyecto, todavía en etapa de diseño: la construcción de un recinto de preembarque en el sitio 6. Este será un galpón cerrado en el que se abrirá los camiones o carros con minerales, para ser llevados a los barcos mediante cintas transportadoras cubiertas, con el fin de evitar la dispersión de elementos tóxicos. Pero esto no es condición necesaria ni se esperará para el traslado de los minerales, aclaró Sankán. Consultado si las autoridades bolivianas y los dueños de las cargas están informados o han dado su anuencia a estos proyectos, el presidente del directorio dijo que se ha realizado reuniones con las partes interesadas, pero que esta es una necesidad de la ciudad y tendrán que acomodarse. Recordó, además, que en Antofagasta también hubo que erradicar los minerales de la ciudad "y se hizo en forma más traumática". En cuanto al impacto que tendrá en los costos y las tarifas portuarias la habilitación del recinto extraportuario, Sankán dijo que si bien en un principio puede elevar un poco los primeros, al mediano plazo significará un ahorro, por la posibilidad de almacenar grandes volúmenes y movilizar cargas en forma masiva. Explicó que así no debería haber más camiones detenidos dos o tres días esperando carga, lo que les permitirá optimizar su operación.

La Subdirección de Salud Ambiental del Servicio de Salud de Arica confirmó la presencia de niveles preocupantes de zinc, plomo y cobre en un camino interior a la altura del kilómetro 3 del Valle de Azapa. Ante esta evidencia, entregada por el Instituto de Salud Pública (ISP), la autoridad inició ayer un sumario sanitario. Con la investigación serán sancionados los responsables de la utilización de ese material como relleno vial, y se les exigirá la limpieza de los 600 metros de ruta contaminada. Nolberto García, subdirector de Salud Ambiental, declaró que el sumario quedó abierto con el acta de inspección del terreno y con la notificación respectiva al presunto culpable del ilícito. Según confirmó García, se trata del gerente de la empresa "Naviera Portuaria Arica", Edmundo Avila, quien quedó citado para presentar sus descargos ante el Departamento de Asesoría Jurídica del Servicio de Salud. Por lo pronto, no hay fecha definida para el término de las pesquisas. Hasta donde se sabe, la tierra fue obtenida del Puerto de Arica. Lo que no está claro es si el material fue sacado del acopio de minerales bolivianos que posee la naviera o si corresponde a desechos obtenidos de las obras de remodelación del acceso al terminal marítimo. Tampoco hay seguridad respecto a los permisos para haber hecho esta extracción. García no entregó los resultados de las muestras de tierra que fueron enviadas al ISP, por formar parte de la investigación sumaria. Sin embargo, admitió que se trata de niveles similares a los denunciados por el profesor de la Universidad de Tarapacá, Ernesto Ponce. El académico informó al servicio sobre la presencia de niveles de zinc, plomo y cobre que superan 38, 16 y 10 veces, respectivamente, los niveles naturales del suelo, respecto a tablas del propio ISP. Por lo pronto, el subdirector de Salud Ambiental declinó entregar detalles sobre el monto de la sanción pecuniaria que podrían recibir los culpables. Adelantó, en todo caso, que la resolución final que emane del sumario establecerá plazos y procedimientos para la remoción del relleno tóxico, su traslado y reemplazo por tierra limpia. Nolberto García descartó que el foco de contaminación en el valle revista algún riesgo para la salud de las personas. Explicó que los metales, en los niveles presentes en el camino, no pueden producir intoxicaciones agudas. Por otra parte, dijo que las intoxicaciones crónicas -que sí podrían generarse- están muy ligadas al lapso de exposición a los materiales. Sin embargo, como el relleno data de las obras de acceso al puerto, durante el último año, no ha habido tiempo suficiente para que los habitantes del sector sean contaminados.