¿Está permitido omitir o rehusar tratamientos
inútiles que ya no curan una enfermedad y que se limitan a...
Una legislación acerca de la "Muerte Natural", en que se reconoce
el derecho a morir de un paciente terminal, bajo condiciones legales cuidadosamente
determinadas, Otros 17 Estados se encuentran deliberando sobre la posibilidad
de hacer otro tanto para la fecha actual, 1987, prácticamente ya todos
los Estados Unidos han legislado en favor de la "Muerte Natural"(.
7he New York Times Febrero 5 de. 1978.
El objetivo que se proponen estas leyes es el de defender el derecho del paciente
a morir. ¿Sí alcanzan este objetivo? Parece cierto pero sólo
en forma limitada. El derecho de¡ paciente se encuentra restringido por
el requisito de escribir un documento, que debe ser renovado de tiempo en tiempo
de acuerdo con diversas estipulaciones (en California, por ejemplo, cada cinco
años) para que conserve su validez. ¿Cuántas personas se
van a imponer la molestia de escribir y de renovar tal documento para salvaguardar
el derecho natural, que ya poseen sin necesidad de legislación alguna?
En California en 1978 se distribuyeron más de 100 mil formularios sobre
el Derecho a Morir. Pero de acuerdo con el informe de una Asociación
Médica de California tales formularios no se usan con mucha frecuencia.
Ya avanzado el año 1977, un sondeo hecho a 112 médicos, que pidieron
un total de más de 11 mil copias, reveló que sólo se utilizaron
6720. Todo paciente crítico hospitalizado sin un documento -Esta es mi
Voluntad", ajustado a la ley, corre el riesgo de que lo sometan a tratamientos
inútiles que prolongan su proceso de morir. Los médicos tratantes,
afectados por demandas de "mala práctica·" con seguridad
se negarán a no comenzar o a interrumpir un tratamiento innecesario ante
la ausencia de un documento legal que los protegiera.
La preocupación principal de cualquier legislación sobre la Muerte
Natural debiera ser afirmar, de manera práctica, el derecho natural de
cualquier persona a no ser sometida a tratamientos inútiles. El Estado
no nos concede este derecho. Hablando con más propiedad, él debe
venir en defensa de tal derecho, ya que lo tenemos en virtud de nuestra propia
naturaleza. Richard A. Mac Cormick y André E. Hellegers sugirieron que
tal ley debiera especificar la obligación de todo médico a registrar
una enfermedad mortal con un personal apropiado del hospital, que tendría
el derecho a verificar el asunto. "Un paciente capaz podría entonces
exigir por escrito que no se le apliquen tratamientos extraordinarios. En el
caso de un paciente que no estuviera en condiciones de hacerlo, por la edad
o por las circunstancias, la familia podría redactar un documento semejante
con la solicitud. Una vez que se haya escrito esta la legislación podría
determinar que el médico tratante no estaría sujeto a demanda
civil o penal por omisión o interrupción del tratamiento"
( RICHARD A. McCORMICK and ANDRE F- HELLEGERS, "Legislation and the Living
WiLL- América , marzo 12,1977. p. 213.)
El moralista Mc Cormick en un artículo escrito en 1981 suavizó
su posición referente a la legislación sobre "Esta es mi
Voluntad" porque "un impresionante número de médicos,
abogados y legisladores siguen creyendo que la afirmación de una persona
no es válida sin el respaldo de la ley". Soy de parecer que las
principales objeciones contra la legislación acerca del Derecho a Morir
* están todavía en pie. El propósito de tal legislación,
afirmar el derecho natural de un paciente terminal a morir en paz, es recomendable
y moralmente justa. Con todo, este objetivo no se alcanza con facilidad, porque
las leyes exigen un documento legal, una voluntad expresa, antes de que se tome
la decisión de no aplicar las técnicas para mantener la vida.
Una futura legislación debiera, tener en cuenta esta dificultad de tal
suerte que pueda alcanzarse de manera fácil el fin tan laudable de las
leyes que defienden el derecho a morir con dignidad. Robert M. Veatch redactó
tal proyecto de ley, basado en el derecho natural del paciente terminal a rehusar
un tratamiento que pro-
longue la vida23.
¿Es lícito dejar morir a un paciente, incapaz de tomar decisiones,
no aplicándole o suspendiéndole un tratamiento inútil?
Si un paciente terminal, en buenas condiciones mentales, puede lícitamente
rehusar un tratamiento inútil, las personas responsables de un paciente
inepto mentalmente deben poseer tal derecho. En el caso de menores de edad,
la práctica médica reconoce el derecho de los padres, a rehusar
un tratamiento inútil. Sin embargo, se ha dado un buen número
de casos en los que el hospital ha rechazado la decisión de los padres
y. ha recurrido a los jueces para obtener la autorización de un tratamiento.
El caso de Karen Ann Quinlan cautivó atención mundial.
La señorita Quinlan, de 21 años, sufrió un colapso (por
sobredosis de una mezcla de drogas y alcohol) y quedó en estado de coma
el 15 de abril de 1975. No recuperó su estado de conciencia y fue mantenida
en vida mediante un aparato respirador y alimentación intravenosa por
muchos meses. Dado que no se veía esperanza de su recuperación,
sus padres solicitaron al hospital que retirara el respirador. Rehusada la solicitud
por los médicos de la señorita Quinlan, los padres recurrieron
al juez y te solicitaron autorización para retirar el respirador. El
Juez Muir, Jr.., de la Corte Superior de New Jersey, el 10 de noviembre de 1975
negó
la solicitud del padre de Karen. Este hizo apelación a la Corte Suprema
de New Jersey, la cual el 1 de abril de 1976 falló por unanimidad en
el sentido de que podía retirarse el respirador. Se suspendió
tal aparato pero Karen continuó respirando por su cuenta sin lograr salir
de su estado de coma. Continuó así por largos y penosos años
para sus padres (Karen murió finalmente en 1986).
Surgen dos preguntas con respecto a la eutanasia involuntaria
1 ra).- ¿Según la moral, es lícito, tratándose de
un paciente terminal, mentalmente incapaz, no aplicarle un tratamiento inútil
o suspendérselo, retirándole aparatos, o como se suele decir,"desconectándolo?"
2da). - ¿Quién es la persona autorizada para tomar tal decisión?
Se sigue de nuestras consideraciones anteriores que es moralmente lícito
permitir que todo paciente, en tales condiciones, muera. Contradice a la naturaleza
racional aplicar medios inútiles. En un Mensaje de Su Santidad Pío
XII, dirigido a un grupo de anestesiólogos el 24 de noviembre de 1957
hizo énfasis en el derecho que asiste a todo ser humano de morir dignamente.
Se valió de los términos utilizados entonces de medios ordinarios
y extraordinarios, y enseñó con acierto que no existe obligación
de usar medios extraordinarios para conservar la vida
El 5 de mayo de 1980 la Santa Sede promulgó un Documento con el título:
Declaración sobre la Eutanasia. Aquí se repite la doctrina tradicional
de la Iglesia Católica expuesta por Pío XII y luego la aplica
a las condiciones actuales. Allí se afirma:
"No se puede imponer a nadie la obligación de recurrir a un tipo
de tratamiento que, aunque ya esté en uso, todavía no está
libre de peligro o es demasiado costoso. Su rechazo no equivale al suicidio;
significa más bien o simple aceptación de la condición
humana, o deseo de evitar la puesta en práctica de un procedimiento médico
desproporcionado a los resultados que se podrían esperar, o bien una
voluntad de no imponer gastos excesivamente pesados a la familia o a la comunidad"
¿Quién está autorizado para tomar la decisión de
dejar morir a un enfermo terminal sin que se prolongue innecesariamente su proceso
de morir? De acuerdo con el orden de la naturaleza, tal derecho corresponde
a aquellos que tienen el deber de velar por tal persona. Tales son los miembros
de la familia, los padres, cónyuges, hijos y parientes cercanos. Tal
derecho no pertenece a las autoridades públicas, ya que los ciudadanos
no son propiedad del Estado. De acuerdo con el principio de subsidiaridad las
autoridades públicas poseen tal derecho y tal deber sólo cuando
no existen miembros o deudos competentes de la familia que ejerciten este derecho.
El derecho de los padres para suspender un tratamiento en el caso de menores
de edad es en general reconocido por las leyes en Norteamérica. Con todo,
parece que no existe una política clara con respecto a los adultos, mentalmente
incapaces. La Corte Suprema de Massachusetts, en su decisión de¡
28 de noviembre de 1977, refiriéndose al caso de Joseph Saikewicz afirmó
que el Tribunal del Testamento posee dicha autoridad . Un decreto tal, si fuera
a ser reconocido en toda ' la Nación (USA) privaría las familias
y a aquellos que velan directamente por el enfermo, de su derecho natural a
tomar esta decisión. La Corte se affogaría un derecho que no tiene
y además estaría en incapacidad de ejercitarlo. Se están
presentando a diario tantos casos semejantes que las cortes se van a ver demasiado
recargadas. Entretanto todos los pacientes terminales van a estar sujetos a
la tortura de verse sometidos a aparatos que les prolonguen la vida indignamente.
La Corte Suprema de Massachusetts aclaró más
adelante que no se requería una orden de la corte para todos los casos.
Pero insistió en que, en última instancia, la validez legal de
una decisión hecha en nombre de un paciente termina¡ sólo
podía ser juzgada por las cortes. Para evitar la necesidad de recurrir
a las cortes, la legislación sobre la "Muerte Natural" redactada
con esmero, debiera proteger en forma clara el derecho natural de la familia
y de todos aquellos que se encargan directamente del moribundo.
La sentencia que afirma que la eutanasia pasiva o sea el retiro o suspensión
de un tratamiento inútil, es moralmente lícita, se ataca desde
dos frentes: los defensores de la eutanasia argumentan que la pasiva no difiere
de la activa. No cuenta si una persona muere a consecuencia de una inyección
mortal o por la desconexión del respirador. En ambos casos se produce
la muerte. Si la moral y la ley justifican la eutanasia pasiva, siguen argumentando,
entonces se justifica también la eutanasia activa y debiera legalizarse.
Algunos opositores de la eutanasia, equiparando de la misma manera las dos clases
de eutanasia, sostienen la posición contraria. Dado que no existe diferencia
entre la eutanasia activa y la pasiva, ambas son inmorales y ambas deben ser
proscritas por la ley. Por tanto, un paciente moribundo debe mantenerse forma
indefinida bajo el control de aparatos que le den vida artificial
Debemos a nuestros hermanos, los seres humanos, el ser sinceros con ellos, en
todo momento, pero en especial cuando se están aproximando al fin de
su peregrinación terrena. Nosotros mismos no queremos para nosotros nada
menos que una sincera compasión en los últimos momentos de nuestra
vida.