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CONTRATACIÓN EN SALUD



 

 CONTRATACIÓN ESTATAL

 La Constitución de 1991, define la atención en salud como un servicio publico a cargo del Estado a quien corresponde, además organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud, así mismo establecer las competencias y recursos a los distintos entes territoriales.

 La Ley 100 en sus artículos 238 y 239 establece que las Direcciones Seccionales, Distritales y Locales de Salud, deben garantizar la celebración de contratos de compraventa de servicios con los hospitales públicos para atender la población que se le asigne. En forma gradual las entidades territoriales deben organizar un régimen de subsidios  y sustituir las transferencias directas por la contratación de servicios, transformando el subsidio a la oferta en subsidios a la demanda en salud.

 La Ley 80 de 1993 dispone reglas y principios que rigen la contratación de la Administración Publica  de obligatorio cumplimiento para entidades estatales entre las cuales se encuentran la nación, los departamentos, distritos y municipios. La Ley 80 enuncia expresamente los principios de transparencia, economía y responsabilidad que tienen una importancia trascendental para el manejo moral, imparcialidad, agilidad y responsabilidad de la contratación estatal.

 PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL

 Los principios de la contratación estatal son los establecidos por la Ley 80

 PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

 Este principio garantiza la moralidad de la contratación y la imparcialidad en la escogencia del contratista. En el confluyen los principios de igualdad, publicidad y de libre competencia que sirven de base para la selección del contratista.

 PRINCIPIO DE ECONOMÍA

 Este principio busca que  el acto contractual se realice con celeridad y eficacia a través de la agilidad de los trámites para impedir dilaciones y retardos en la ejecución del contrato, en la selección de procedimientos estrictamente necesarios para escoger el contratista, en la garantía de las respectivas partidas presupuéstales antes de abrir el proceso antes de abrir el proceso de contratación, en la adecuada interpretación de las normas de tal manera que no den lugar a interpretaciones adicionales a los estrictamente previstos, en la adopción de mecanismos que garanticen la pronta solución a las diferencias

 PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD

 Este principio obliga  a todos los integrantes de la relación contractual a velar por su correcta e idónea ejecución, para asegurar la continua y eficiente prestación de los servicios, obliga también a responder disciplinaria, penal y civilmente por el cumplimiento de los deberes contractuales. La responsabilidad recae contra quienes ordenan la contratación, quienes seleccionan al contratista y quienes dirigen y controlan la ejecución del contrato. Los contratistas son responsables de la ejecución satisfactoria y oportuna del contrato, como de los hechos antijurídicos que se le imputen. Es importante dejar claro que son responsables los consultores e interventores que participan en la actividad contractual.