¿SECRETOS ESPAÑOLES QUE MATAN?
"ADIÓS A LAS ARMAS": CAMPAÑA PARA EL CONTROL DE LAS ARMAS LIGERAS
El deterioro de la situación de derechos humanos en Timor Oriental aumento
tras el referéndum en el que casi el 80% de los habitantes de Timor votaron a
favor de la independencia. Grupos paramilitares, con la aquiescencia del
ejército y la policía de Indonesia, continúan atacando a civiles y controlan
zonasenteras de Timor Oriental. Asimismo, atacan, amenazan a intimidan a civiles
que apoyan la independencia y a desplazados internos. Decenas de personashan
sido asesinadas o heridas. Los observadores extranjeros y periodistas han
abandonado la zona. La ley marcial, impuesta por el Gobierno de Indonesia el
pasado 6 de septiembre, es muy probable que agrave los problemas de Timor
Oriental (ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones
forzadas).
Numerosos países occidentales han vendido armas a Indonesia en los últimos
años. Amnistía Internacional ha denunciado que las milicias pro-integracionistas
utilizaron munición vendida por Finlandia en un ataque el 17 de abril, el
ejército indonesio ha admitido que ha utilizado aviones Hawk en Timor Oriental,
pese a las promesas hechas al gobierno británico de que no emplearía armas
británicas en la zona y policías indonesios al parecer mataron con un rifle de
asalto SS1-V1 a Bernardino Guterres en Dili el 26 de agosto. Estas armas las
fabrica en Indonesia la empresa PT Pindad, con autorización de la empresa belga
FN Herstal.
El 14 de septiembre, la Unión Europea impuso un embargo de cuatro meses de
armas, municiones y material militar, que prohibe la venta de "material que
pueda ser utilizado para la represión interna o para el terrorismo" y
suspendió la cooperación militar con Indonesia. No obstante, el embargo no
menciona el suministro de repuestos y piezas de mantenimiento ni la formación
militar, policial o de seguridad y tampoco aborda la cuestión crucial de los
mecanismos de verificación del uso final de las armas que están en manos de
las fuerzas de seguridad indonesias.
En este contexto, Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón y Médicos Sin
Fronteras hemos solicitado al gobierno español que ponga fin al suministro a
Indonesia de armas ligeras, de pequeño calibre y otras clases de material de
seguridad, policial y militar que es probable que pueda ser utilizado por los
paramilitares en la comisión de violaciones de derechos humanos. España y
demás Estados Miembros de las Naciones Unidas deben impedir todos los
suministros de equipo, entrenamiento y personal militar, de seguridad y policial
a Indonesia, incluido cualquier apoyo logístico o financiero relacionado con
éstos, hasta que puedan demostrar -mediante un sistema efectivo de
verificación del destinatario final-, que tales transferencias no serán
utilizadas por las milicias pro-indonesias, las fuerzas armadas de Indonesia (TNI)
o la policía para cometer abusos contra los derechos humanos.
La falta de transparencia en el comercio de armas español impide saber qué
tipo de productos han sido exportados a Indonesia en los últimos años. El
gobierno debe hacer públicos los datos de todas las licencias de exportación
de materiales y servicios concedidas a Indonesia en, al menos, los dos últimos
años, detallando las armas exportadas, el importe y las empresas implicadas
porque ¿cómo puede estar seguro el gobierno de que las armas exportadas a
Indonesia no se están utilizando para cometer violaciones de derechos humanos
en Timor Oriental o en otras zonas en conflicto como Aceh?. Es patente que los
mecanismos que aplican las autoridades españolas para comprobar el uso de las
armas exportadas son inadecuados.
España vendió 4.240 pistolas a Indonesia por valor de 150 millones de pta.
entre 1994 y 1995 y munición y cartuchos por valor de 89 millones de pta. entre
1992 y 1998. Las ventas en este período autorizadas por la Junta
Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU) suman 1.178'3
millones de pta. en material de defensa y 143'6 millones en productos de doble
uso. Según un estudio de la Cátedra Unesco sobre Paz y Derechos Humanos de la
Universidad Autónoma de Barcelona (U.A.B.), en las estadísticas oficiales de
las ventas españolas de armas entre 1991 y 1996 publicado en febrero de 1998
faltan 4.000 millones de pta. Según la misma fuente, en 1996 Indonesia compró
6 aviones C-212 para su Armada, valorados en 10.000 millones de pta., que no
figuran en las estadísticas publicadas por el gobierno sobre las exportaciones
de 1997. En 1996, Indonesia firmó un contrato de 10.000 millones con la empresa
C.A.S.A. para la adquisición de 6 aviones de transporte y patrulla marítima
C-212, datos que no son contabilizados por el gobierno, aunque no se tiene
constancia de que hayan empezado a enviarse.
En virtud de un acuerdo parlamentario de marzo de 1997, el gobierno remite
semestralmente al Congreso de los Diputados información sobre las ventas de
armas autorizadas. Aunque los últimos informes incluyan un mayor grado de
información, estos datos no permiten todavía conocer el importe, los productos
y las empresas implicadas en las transferencias, datos todos ellos esenciales en
una política de transparencia. El gobierno no puede ampararse en el carácter
secreto de las actas de la JIMDDU para no facilitar esa información esencial a
fin de que el Parlamento y la sociedad civil puedan ejercer una labor de control
del ejecutivo, ya que ambos tienen derecho a conocer el grado de responsabilidad
del gobierno español en la situación actual. El gobierno debe eliminar el
carácter de "materia clasificada" de estos datos, acordado en un
Consejo de Ministros de noviembre de 1986.
Ya es hora de romper el círculo vicioso que hemos visto en repetidas crisis en
los últimos años: exportación descontrolada de armas que alimentan conflictos,
con el consiguiente estallido de crisis humanitarias que hacen que la opinión
pública tenga una sensación de impotencia. Hay que abordar la raíz del
problema: el secretismo que sigue rodeando la exportación de armas, para que el
parlamento pueda controlar este comercio de la muerte. Sólo con la adopción de
medidas como las solicitadas por las ONG podremos saber si el gobierno esconde
secretos que hoy pueden estar matando en Indonesia, Timor Oriental y mañana en
cualquier otro país.
¿Qué puede hacer hoy usted para parar las violaciones de derechos humanos en
Indonesia?.
Escriba, firme o mande la carta adjunta a la Secretaria de Estado de Comercio.
Dª Elena Pisonero
Secretaria de Estado de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
28046-Madrid
España
Fax: 91 3495242
Exma. Sra. Pisonero:
Le escribo para pedirle que España cese el suministro al gobierno indonesio de
armas ligeras, de pequeño calibre y otras clases de material de seguridad,
policial y militar (MSP) que es probable que pueda ser utilizado por los
paramilitares en la comisión de violaciones de derechos humanos.
Le pido que haga públicos los datos de todas las licencias de exportación de materiales y servicios concedidas a Indonesia en, al menos, los dos últimos años, detallando las armas exportadas, el importe y las empresas implicadas.
El gobierno no puede ampararse en el carácter secreto de estos datos para no facilitar esa información esencial a fin de que el Parlamento y la sociedad civil puedan ejercer una labor de control del ejecutivo, ya que tenemos derecho a conocer el grado de responsabilidad del gobierno español en la situación actual.
Solicito al gobierno que establezca mecanismos rigurosos y eficaces de
verificación del uso final de las transferencias MSP. Estos mecanismos deben
tener en cuenta la situación actual en Timor Oriental y Aceh, así como el
sistemático incumplimiento de las autoridades indonesias de las promesas que
han hecho a la comunidad internacional en relación con la seguridad en Timor
Oriental.
Considero que el gobierno español debe dar garantías específicas de que no se
transferirán armas a los paramilitares en Indonesia, aplicando estrictamente el
criterio nº 2 del Código de Conducta en materia de exportación de armas
adoptado por el Consejo de la Unión Europea el 25 de mayo de 1998 que establece
que:
"...los Estados miembros no expedirán una licencia de
exportación cuando exista un riesgo manifiesto de que la exportación propuesta
pueda utilizarse con fines de represión interna."
Le insto a que el gobierno establezca controles rigurosos acerca de las
actividades de los intermediarios y transportistas de transferencias de armas
para garantizar que éstos no proporcionan armas ligeras, armas de pequeño
calibre y otros tipos de material militar, policial y de seguridad que es
probable que se utilice para cometer violaciones de derechos humanos.
Le agradezco la atención prestada a esta carta y quedo a la espera de su
respuesta.
Atentamente
Nombre y Apellidos
Dirección.