Es reconocido universalmente que la educación, uno de los derechos fundamentales del hombre, es el mejor igualador social. Es el medio más adecuado para que individuos y familias accedan a mejores niveles de bienestar y la base más sólida para que una sociedad se encamine y continúe en la ruta del progreso y el desarrollo. Existe una correlación directa entre educación y desarrollo social y económico. Las sociedades más avanzadas son las que presentan niveles educativos más altos, los cuales también contribuyen a una mayor estabilidad y paz social. Por el contrario, a menor educación de una sociedad, se encuentran mayores índices de pobreza en la misma.

Es así, que una juventud más y mejor preparada puede acceder a condiciones de trabajo más justas y favorables, a niveles de vida dignos, a un mejor disfrute de los beneficios de la libertad, la cultura y el progreso científico.

En nuestro estado, la educación forma parte de un sistema social más amplio, en el que aún perviven situaciones de inequidad, desigualdad e injusticia y que sigue siendo un freno al desarrollo de las personas y de la colectividad. Un sistema que ha imposibilitado a miles de jóvenes de Tijuana y de Baja California a lograr sus metas y aspiraciones en la vida, precisamente por la falta de alternativas educativas al alcance de sus posibilidades.

Es por ello que cualquier programa que pretenda luchar contra la pobreza, debe tener necesariamente entre sus prioridades el incremento de los niveles educativos de la sociedad, particularmente los de aquellos sectores en los que existen mayores niveles de pobreza.

El ser joven en Tijuana es más difícil que en otras ciudades del país. El ser joven y ser pobre lo es aún más. Y si se es joven, pobre y mujer, la complicación crece y las alternativas vitales disminuyen.

¿Qué es lo que propicia esta situación? Por vivir en una ciudad fronteriza, nuestros jóvenes se ven más influenciados que en otras partes de la República por patrones culturales ajenos y que paulatinamente asimilan como propios. Viven en permanente situación de riesgo por la inseguridad pública. Básicamente, los jóvenes de menores recursos carecen de alternativas educativas y, en consecuencia laborales, que les permitan aspirar a mejores condiciones de vida en un futuro cercano.

La educación se ha elitizado y convertido en algo sólo para unos cuantos. Las opciones para aquellos jóvenes que no cuentan con recursos para estudiar en una universidad privada o para aquellos que no tienen la posibilidad de asistir a la universidad autónoma del estado son muy pocas: trabajar en las maquiladoras, dejando ahí la vida en largas jornadas y con bajos salarios; irse a buscar oportunidades al interior del país o preferentemente hacia los Estados Unidos como trabajadores ilegales, con todos los riesgos que esto implica; caer en la delincuencia o en las garras de la drogadicción, ya que la región es zona de alto tráfico hacia ese país; y en no pocos casos, las mujeres jóvenes se ven orilladas a la prostitución. ¿Cuántos de estos y de estas jóvenes poseen un verdadero talento, y que al no continuar sus estudios se desperdicia en perjuicio propio, de la sociedad y de México?

Los jóvenes, sobre todos los más pobres, parecieran no importar a los gobernantes, quienes tienen en sus manos la posibilidad de establecer estrategias y formular programas para su debida atención, considerando que la juventud es la fuerza vital de una sociedad y está formada por un sector heterogéneo que desea participar en la propuesta de sus propias expectativas y alternativas vitales, incluyendo la educativa.

Es inaceptable para la Tijuana del siglo XXI, que nuestros jóvenes vean frustradas sus naturales inquietudes, aspiraciones y esperanzas, porque no existan suficientes instalaciones educativas de los niveles medio superior y superior a su alcance, en los que puedan continuar sus estudios aún cuando posean pocos recursos. No edificar más escuelas en estos niveles, es condenar a muchos de ellos a una vida de frustración y fracaso, en el mejor de los casos. En el peor, es contribuir a engrosar las filas de la delincuencia y la drogadicción.

Los fines que tradicionalmente se han establecido para la universidad pública son la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Esas finalidades, que corresponden históricamente al modelo clásico de universidad, han aumentado y se han enriquecido, a la par de los cambios ocurridos en una sociedad altamente dinámica y politizada.

Actualmente, en muchas instituciones de educación superior, la actividad universitaria se preocupa ya no solamente por ejercer estos aspectos elementales, sino por adoptar un papel más participativo en relación con el estudio y la comprensión de los problemas públicos de interés general.

Asimismo, estas instituciones se han convertido en un baluarte en la defensa de los valores morales y los principios de justicia y libertad que son parte fundamental del patrimonio de la sociedad; y hoy en día la universidad es un actor fundamental en la defensa de los derechos humanos y de la forma de gobierno republicano y democrático.

Al proponer la creación de la Universidad Pública de Tijuana, si bien estamos convencidos de que todos y cada uno de estos aspectos deben ser parte de la esencia misma de la actividad universitaria, creemos que, por las características propias de su entorno geográfico y su contexto político, económico y social, esta universidad habrá de constituirse considerando las particularidades de la sociedad en la cual se encuentra inmersa.

Desde luego, estamos pensando en una universidad que sea pública, gratuita y de calidad. La educación es una responsabilidad fundamental del Estado y a éste corresponde crear las condiciones para que las nuevas generaciones de mexicanos estén preparadas para enfrentar los retos de un porvenir que, por una parte, demanda atender las crecientes necesidades del desarrollo nacional y, por la otra, presenta cada vez más una mayor competencia por los mercados, propia de la creciente globalización de las economías.

La Universidad Pública de Tijuana conlleva también fines de carácter eminentemente social, al pretender convertirse en la alternativa principal para los estudiantes de bajos recursos, quienes tendrán así, a su alcance, el conocimiento y los estudios que les permitan elevar sus niveles de vida y los de su familia; y con ello, cerrar la brecha entre la pobreza y la riqueza existentes en nuestra sociedad.

Para poder llevar a cabo sus cometidos, nuestra universidad habrá de responder a la pregunta: ¿Qué tipo de universidad queremos?

La forma en que concebimos la Universidad Pública de Tijuana, es que ésta sea una universidad:

La libertad de pensamiento, cátedra y expresión habrán de ser valores fundamentales y permanentes en el quehacer universitario. Proponemos una universidad en la que exista libertad de cátedra orientada a la búsqueda de la verdad como una de las características esenciales de esta institución de educación superior.

Que esté dotada de los medios materiales más modernos y funcionales y los recursos humanos que le permitan generar nuevos conocimientos; y de la que surjan publicaciones especializadas de su comunidad de investigadores, que contribuyan al desarrollo de la ciencia, la técnica y la tecnología en el país, como aspectos clave para el progreso nacional. Con planes de estudios que respondan a la realidad y las necesidades contemporáneas y los que se revisen periódicamente, con el fin de que transmita conocimientos de vanguardia.

La universidad es una fuente del cambio social y en no pocos casos, caja de resonancia de los conflictos políticos y sociales de su contexto mediato e inmediato. Si bien no es esa su misión, no es ajena a ello. Bajo una mística de compromiso para un mundo mejor, la universidad que proponemos habrá de estar abierta al debate sobre el destino de la ciudad, del estado y del país; y no será ajena a la problemática de otras latitudes de América y del mundo.

Por ello, habrá de adoptar una posición crítica, al servicio de las mejores y más nobles causas; habrá de postular, con firmeza, la defensa de la soberanía y los intereses nacionales, y estar abierta a tratar en su seno los problemas del entorno, con el compromiso intelectual de analizarlos profundamente y contribuir a resolverlos, proponiendo respuestas a necesidades de la comunidad y a los grandes movimientos sociales del país. Con ello, estará contribuyendo a cambiar para bien la parte de la historia que le toque vivir.

La enseñanza de la democracia empieza en casa. En la Universidad Pública de Tijuana los órganos colegiados de decisión y las autoridades universitarias se elegirán libremente, en forma transparente y democrática; y estas últimas habrán de estar sujetas a la rendición de cuentas y a la permanente supervisión del ejercicio de los recursos por parte de la comunidad universitaria.

Si la universidad la sostiene el pueblo debe estar al servicio del pueblo y formar a sus hijos. Debe quedar claro, desde el principio, que la idea de la Universidad Pública de Tijuana es que sea una universidad para todos aquellos que teniendo capacidad para el estudio, carecen de los medios para seguir estudiando en otra parte.

Queremos una universidad que, como su propio nombre lo indica, sea verdaderamente universal y políticamente plural, en la cual quepan todas las ideas, sin dogmatismos; y, por lo mismo, en sus aulas puedan argumentarse y debatirse, las distintas corrientes sociales, económicas y políticas del pensamiento de nuestro tiempo.

Lo que menos debe esperarse de una Universidad, es que sus egresados sean personas indiferentes a las necesidades sociales, que piensen sólo en función de sus propios intereses y olviden, en su egoísmo, que son parte de una sociedad que, al formarlos, espera ser retribuida. En la sociedad contemporánea se requieren jóvenes de conciencia despierta, capaces de indignarse ante la corrupción, la violencia, la violación de los derechos humanos, la inequidad económica y social y las injusticias; y sentirlas en carne propia, convirtiéndose en seres solidarios con los afectados.

La universidad es un albergue para lo más excelso del espíritu humano. Un recinto concebido especialmente para el libre ejercicio del pensamiento y las ideas y de las distintas expresiones de la cultura, que encuentran ahí el mejor punto de encuentro para expresarse en su diversidad. La Universidad de Tijuana habrá de ser un espacio que de cabida a cualesquier manifestación intelectual, precisamente por su libertad y antidogmatismo; para ser, en su humanismo, como alguien señalara alguna vez, el corazón y el cerebro de la patria, en donde mora su conciencia más lúcida.

Estamos convencidos de que una universidad que administre eficaz y eficientemente sus recursos, podrá hacer que éstos le permitan instrumentar un mayor número de programas y acciones relacionadas con sus finalidades.

Lo aquí expresado es factible y está muy cerca de nosotros.

La ignorancia ha costado ya a nuestra juventud y a nuestras familias miles de víctimas silenciosas. Ha sido fuente de injusticias, de sufrimiento, de dolorosas separaciones de los seres queridos para buscar el sustento en tierras ajenas. Ha propiciado delincuencia y frustración de por vida; y nublado el porvenir para los hijos y los hijos de los hijos de quienes hoy viven en la pobreza.

Esto debe cambiar. La creación de esta universidad habrá de darse si existe la unidad en torno a la importancia que tiene su constitución. Si se logra conjuntar el sentir, el talento, la capacidad de lucha y el trabajo de la sociedad de Tijuana, las aportaciones de sus intelectuales, la participación de sus estudiantes, la colaboración de los medios y la voluntad política de sus gobernantes.

Estamos a tiempo de construir un mejor futuro, aquel que puede ser edificado por una universidad que, desde donde empieza la patria, produzca frutos generosos de humanismo, de conocimiento, de amor hacia al ser humano, al país y al planeta; y en consecuencia, responda a los retos cada vez mayores de la realidad del siglo XXI que nos tocó vivir.

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