Propuesta para el próximo Presidente de la República y al nuevo Jefe de Gobierno del D.F.:

El problema consiste en que los servicios de salud en el D. F. y en la Zona Metropolitana están saturados, no tienen calidad les falta coordinación. La prestación pública de la salud es monopólica.

Para que los servicios de salud y los hospitales sean eficientes y ofrezcan buena calidad en los servicios, la moderna administración pública propone que la propiedad de los servicios y hospitales no tiene razón para ser estatal, ni tiene que ser privada; debería ser pública no-estatal. Esto implica que deben pertenecer a las entidades de la sociedad civil organizada que no persiguen fines lucrativos. La mayoría de la población capitalina y nacional tiene denegados sus derechos sociales; no son derechohabientes, sino que son ciudadanos con derechos denegados.

Un buen ejemplo de esta estrategia innovadora son las escuelas primarias en España, impulsadas por el PSOE; en EUA, los Chartered Schools; los Quangos (quasi non gubernamental) financiados por el gobierno laborista de Inglaterra; los museos en Holanda, y algunos de los hospitales en Sao Pablo, Brasil, etcétera.

La alternativa consiste en que para empezar a comprender la crisis recurrente en los servicios de salud y los hospitales en el D.F. y en todo el país, debemos dejar de pensar que se trata de un problema coyuntural que puede ser resuelto reformando internamente la administración de los hospitales y los servicios de salud.

Si dejamos a un lado el pensamiento administrativista, tradicionalmente dominante, y empezamos a pensar que se trata de un problema estructural, concluiremos que está involucrada la forma de propiedad de los servicios.

Para que la eficiencia se vincule a la buena calidad de los servicios públicos, la nueva administración-gestión pública enseña que la propiedad de los servicios de salud y hospitales no debe ser estatal, ni tiene por qué ser privada: debe ser pública no-estatal y establecerse como entidad sin fines lucrativos y formar parte de la sociedad civil organizada.

Es imperativo pensar en una coordinación metropolitana de los servicios de salud y hospitalarios para resolver los complejos problemas en los espacios de salud o en los deficientes servicios hospitalarios que se ofrecen en la Ciudad de México y en los municipios aledaños, transformándolos en organizaciones sociales.

Necesitamos convertir los servicios de salud en organizaciones controladas por la comunidad municipal, estatal o federal, estableciendo consejos administrativos (con autonomía administrativa) donde los representantes de los tres niveles de gobierno tengan una participación minoritaria.

Estos sistemas de salud deberían prestar sus servicios absolutamente gratuitos, atendiendo pacientes protegidos por el SMS (Sistema Metropolitano de Salud), y este mismo, desde luego, no tiene por qué formar parte, como hasta ahora, del aparato de Estado. Sus nuevos funcionarios, por tanto, no deberían ser empleados estatales, sino empleados al servicio de la ciudad.

El derecho constitucional a la seguridad social y el financiamiento de la atención médica debe reformarse, para superar los problemas que impiden que los derechos ciudadanos-humanos a la universalidad de los servicios a la salud de buena calidad se cumplan.

Hay que romper con la visión dicotómica de la relación pública y privada que no permite aprovechar las nuevas potencialidades organizativas y financieras de la sociedad democrática del siglo XXI.

La reforma del Estado en ciernes debería considerar la original rearticulación entre la sociedad y el Estado: la innovación del espacio público no-estatal que trata de aglutinar los recursos de la sociedad organizada y del estado para atender conjuntamente las demandas, largamente reprimidas, de la población metropolitana y nacional.

La importancia de construir y consolidar las relaciones públicas no-estatales, mediante la afirmación jurídica de las organizaciones de la sociedad civil, hace posible el tener buenos servicios sociales para la comunidad y ejecutar políticas públicas ciudadanas que superen los obstáculos que el Estado (con recursos escasos) y/o el mercado (competencia desleal de monopolios y oligopolios entre proveedores) no han logrado resolver hasta ahora.

Más del 51% de los servicios de salud, en la actualidad, se realiza por el oligopolio médico-farmacéutico-industrial, a través del financiamiento privado con fines lucrativos, en un contexto teleológico que agudiza la desigualdad. El encarecimiento de medicamentos no es únicamente un problema distributivo, y los ciudadanos del siglo XXI no tenemos por qué seguir tolerando los gastos catastróficos del capitalismo de los compinches ni de los gobiernos de compinches.

Hay que desmantelar los monopolios sindicales autoritarios y corporativos que existen en el sector salud. Democratizarlos y hacerlos competitivos optimizará la salud pública republicana. La libertad sindical es imperativa en las relaciones laborales del siglo XXI.

Si partimos de la idea de que la ciudad de México es una ciudad de ciudades, es también imperativo crear una coordinación de ciudades-municipios-saludables, integrados en un Sistema Metropolitano de servicios universales hospitalarios y de salud. La propuesta puede ampliarse a nivel nacional.

(*) Centro de Estudios del Espacio Público no Estatal. Profesor de la FCPyS-UNAM

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