En Baja California, el crimen ha desbordado la capacidad de las instituciones para controlarlo, siendo la inseguridad pública, hoy por hoy, el principal problema de la entidad. Consideramos que el avance de la inseguridad pública es reflejo de la existencia de un poder criminal paralelo en Baja California, producto de la impunidad con la que opera la delincuencia organizada.

Por su magnitud, este problema es ya un asunto de Estado y, por su cercanía con la frontera, de seguridad nacional, lo cual debiera preocupar también a las autoridades federales, quienes deben asumir a la brevedad la responsabilidad gubernativa que les reclama la sociedad bajacaliforniana.

El reto para todos es extraordinario. El llamado crimen organizado dispone de armamento sofisticado, utiliza tecnología de punta, tiene a su servicio a profesionistas experimentados que trabajan en muy diversos campos y que se encargan, desde el lavado de dinero, hasta la defensa y organización de vastas redes ilícitas, donde se trafica con drogas, armas, autos robados, trabajadores indocumentados, y se realiza la trata de blancas. Cuenta también con recursos que le permiten comprar funcionarios, organizaciones y ciudadanos.

El crimen organizado es capaz de infiltrarse y utilizar cualquier estructura partidaria, política y organizacional. Negar esta característica consustancial de este tipo de hampa, para poner a salvo supuestos o reales honores políticos y/o partidarios, es un grave error.

En otro nivel, la criminalidad ocasional, agravada por las difíciles condiciones económicas que vivimos, tiende a crecer y golpea directamente al ciudadano común. El crimen organizado penetra y daña a las instituciones. El crimen ocasional o por motivaciones socioeconómicas atemoriza y aumenta la desconfianza en la capacidad gubernamental para combatirlo eficazmente. Entre ambos lesionan la unidad social y, a la larga, la gobernabilidad.

El ciudadano observa como la inseguridad se va adueñando de las ciudades y coarta sus derechos fundamentales, ante la incapacidad de las autoridades para cumplir mínimamente su responsabilidad de proteger a la ciudadanía.

Baja California ocupa el nada honroso primer lugar a nivel nacional en materia de delitos comunes. También existen más posibilidades de morir en forma violenta, que en cualquier otro estado de la República. En cuanto a esto último, debe aceptarse que gran parte de la inseguridad pública es originada por la acción del crimen organizado y, en especial, del narcotráfico, dada la situación geográfica del Estado.

Es hora de asumir el combate frontal a la ilegalidad como uno de los principales retos de nuestro estado, con nuevos y efectivos métodos que, sin lesionar las garantías constitucionales y los derechos humanos, obtengan mejores resultados.

Esta lucha no admite el que se antepongan intereses partidarios o políticos que no sean afines a la preservación de los bienes y la integridad física de los bajacalifornianos.

La globalización de la economía, nuestra cercanía como país al mercado de consumo de drogas y de mano de obra más grande del mundo, trajeron aparejados efectos no deseados, entre ellos, la internacionalización del crimen organizado, que opera en forma profesional con territorialidad "propia" aunque en permanente disputa por las zonas de influencia. En este sentido, las pugnas entre bandas rivales han dejado en nuestras ciudades una estela de sangre y muerte.

El problema de la inseguridad pública debe ser considerado a fondo. Gobernantes y gobernados requerimos distinguir entre la delincuencia organizada y aquélla producto de condiciones socioeconómicas para, en consecuencia, atender desde sus orígenes las causas y, desde luego, asumir el combate de ambas.

El crecimiento de la delincuencia es un fenómeno complejo que requiere de múltiples iniciativas y suma de esfuerzos a ser encaminados a que nuestros conciudadanos retomen la seguridad de vivir y desarrollarse en un marco de justicia y paz social.

La situación que enfrentamos en Baja California nos motiva a convocar a la formación de un Frente Común por la Seguridad Pública, considerado como un lugar de encuentro para la acción; como un movimiento amplio cuyo sustento sea una base social plural y organizada, que involucre la actividad y compromiso, sin titubeos, de los sectores y grupos que la conforman, de las instituciones y de todas las fuerzas políticas en el diseño, ejecución y evaluación de acciones en materia de seguridad pública.

Los objetivos que este Frente Común por la Seguridad Pública pretende alcanzar, parten de la idea central de que es necesario proceder a la brevedad en el planteamiento y, sobre todo, la instrumentación de soluciones factibles y creativas al problema. Es decir, menos palabras y más acción en cuanto a analizar las verdaderas causas y tipos de la delincuencia; al establecimiento de un programa común que considere los recursos necesarios, que establezca tiempos y responsabilidades, y que proponga las adecuaciones legales a que haya lugar.

En síntesis, un Frente Común por la Seguridad Pública que se convierta en la propuesta de una sociedad madura, capaz de expresar su visión de las cosas, de comprometerse, de formular una estrategia de fondo, que plantee proyectos legales y programas precisos para el corto, mediano y largo plazo, mismos que pueden ser debidamente planeados, supervisados y evaluados para garantizar mejores resultados.

Para asegurar la operación del Frente Común por la Seguridad Pública, éste tiene que quedar formalmente constituido, funcionar en forma permanente y celebrar reuniones periódicas y públicas. Se considera fundamental su papel como parte actuante en los distintos órganos y consejos que han sido creados en materia de seguridad pública. La responsabilidad de convocar y dirigir los esfuerzos que se realicen, deberá recaer necesariamente en los tres órdenes de gobierno y en los tres poderes del Estado, de acuerdo a sus ámbitos de competencia y a las acciones que se acuerden para actuar en forma conjunta y coordinada.

Los problemas de violencia y de inseguridad pública no se resuelven solamente a partir de acciones de carácter policiaco, sino también de aquellas de carácter preventivo, de desarrollo social y de organización comunitaria. La preocupación que debe guiarnos es prevenir antes que reprimir.

Por ello, el Frente Común por la Seguridad Pública, debe estructurarse en tal forma que permita la constitución de grupos de trabajo interinstitucionales, que sumando los esfuerzos de la sociedad, realicen a la brevedad posible, acciones que atiendan áreas específicas relacionadas con el problema.

Consideramos que la inseguridad pública tiene su origen en tres principales causales que debemos desmantelar: la impunidad, la ineficacia policiaca y la corrupción. Para ello debemos enfocarnos en cinco líneas de acción específicas:

1º. Prevención del delito.

2º. Profesionalización de la función policiaca.

3º. Organización y administración interna de la policía.

4º. Reforma legal.

5º. Participación y confianza de la ciudadanía.

Baja California merece tranquilidad y paz. Nuestros hijos deben crecer en un ambiente en el cual la ley sea el camino, nuestro espacio de libertad, nuestro punto de encuentro y límite de nuestras ambiciones. Ha llegado el momento de iniciar un gran movimiento ciudadano por devolverle a Baja California la tranquilidad. Ha llegado el momento, independientemente de los partidos políticos, de asumir nuestra responsabilidad y frenar a los delincuentes y establecer un orden justo.

Esta propuesta es fruto del estudio y del análisis pero, sobre todo, es expresión de la convicción de que en Baja California es posible vivir en paz y con tranquilidad. Esta propuesta puede y debe ser enriquecida por la sociedad civil y los expertos. A todos nos debe unir un objetivo común: Baja California.

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