El futuro de las izquierdas va a depender de cómo resuelvan el enfrentamiento con la incertidumbre cultural o civilizatoria del mundo contemporáneo. Ésta confrontación es finalmente el génesis de toda democracia, ya que el desconcierto predomina en los procesos sociopolíticos del siglo, sobredeterminados por la mundialización del capital.

La izquierda del siglo XXI tendrá que ser profundamente laica para olvidar los mitos revolucionarios (expresiones que tratan de explicar lo inexplicable) cargados de pensamientos mágicos y religiosos.

En la posrevolución, si la izquierda se propone alcanzar la gobernación futura de México, tiene que construir nuevos y extraordinarios paradigmas. El modelo desarrollista del nacionalismo revolucionario se ha desvanecido, y los nuevos modelos o paradigmas se construyen -a mi juicio- interrogando fácticamente al malestar sociopolítico existente.

En el siglo XX, la derecha soviética proscribió los derechos humanos y el ejercicio de la democracia, pero avanzó en los derechos sociales y -de esta forma- se trasvistió de izquierda vanguardista. En México, quienes estaban en la órbita soviético-estatista caracterizaron como derechista a la defensa de los derechos humanos, el desarrollo de la democracia y la institucionalización del mercado.

Después del fracaso del Estado burocrático social en sus tres vertientes, benefactor, desarrollista y comunista, es posible que el siglo XXI pueda ser una etapa en donde el espacio público no-estatal sea la clave para acordar la vida social productiva, dadas las proporciones que van adquiriendo los nuevos espacios de propiedad y los controles sociales públicos no-estatales (como lo ha propuesto el intelectual brasileño Carlos Bresser Pereira).

El Estado burocrático social enfrentó en el siglo pasado la crisis del Estado liberal; buscó proteger los derechos sociales e intervenir-impulsar el desarrollo económico industrial. En los países periféricos, logró garantizar la acumulación de capitales pero el burocratismo, el corporativismo, el clientelismo y el nepotismo se hicieron dominantes. Dicho Estado resultó ineficiente, controlador y quedó atrapado por intereses particulares rentistas (corrupción-impunidad) de conocidos políticos-empresarios que en cada quiebra o fracaso de sus funciones públicas salían más ricos (rent seeking), desde luego, con la complicidad de los "contralores internos" de las diversas dependencias.

Como efecto de tales contradicciones, surgió la construcción de la cosa o res publica, para evitar que los intereses privados (los delincuentes de cuello blanco) se apropiaran de lo que pertenece a todos los ciudadanos y es así como se convierte en un problema político fundamental en las sociedades civilizadas.

En el capitalismo contemporáneo coexisten cuatro ámbitos de propiedad:

1. La propiedad pública estatal;

3. La corporativa y

4. La privada.

La importancia creciente de estos espacios requiere urgentemente que el Estado del siglo XXI reinvente su institucionalidad para servir mejor al desarrollo socioeconómico y modifique la función de los aparatos de Estado para que se conviertan en auténticamente públicos, es decir, que el ámbito público no se agote en lo estatal.

La gestación en el transcurso de la historia de los llamados cuatro derechos ciudadanos ha permitido avanzar las acciones ciudadanas y la civilización en el mundo: a. El progreso de los derechos civiles marcó el comienzo de los regimenes políticos liberales; b. La afirmación de los derechos políticos permitió el surgimiento de la democracia liberal; c. La reivindicación de los derechos sociales promovió la emergencia de las socialdemocracias; d. Si logramos definir y acreditar los derechos republicanos, podemos perfeccionar el ciclo histórico-cultural de la consolidación del público ciudadano (Carlos Bresser Pereira).

Debemos entender y reiterar que todos los derechos son derechos del hombre y todos integran los derechos humanos. Son derechos que los hombres vienen tratando de acreditar a lo largo de los tres últimos siglos.

Los viejos pactos políticos y sociales que están escriturados en la Constitución mexicana de 1917 no dan cuenta de las nuevas tendencias o realidades sociopolíticas existentes en el país. Las estructuras políticas que derivan de ella están pensadas para garantizar y concentrar el ejercicio del poder presidencialista; al grado tal que el Estado termina identificándose con el señor presidente y con la administración pública burocrática que lo acompaña en su ejercicio. Es, en buena medida, la afirmación de la estadolatría donde abundan los amigos del ejecutivo, los buscadores de rentas o gorrones sociales (Rent Seeking/Free riders) de la cosa pública. Vivir fuera del presupuesto era un error y significaba vivir fuera de la constitución. Eran los soldados de la "revolución institucionalizada".

En la Constitución del 17, el Estado otorga y tutela derechos, y no los reconoce como prerrogativas que peleando se han ganado los individuos para poder organizarse y vivir en comunidad, sociedad o Estado. Para esta Constitución, la nación sólo puede respirar en la silla presidencial, y la soberanía no radica realmente en los públicos ciudadanos (el demos) porque, para ella, la res pública no existe.

Este orden jurídico indujo y controló un pacto político para que la mayoría de los ciudadanos aceptara, con su silencio y su voto cautivo (cuasi súbditos), la hegemonía de una sola fuerza política, hasta el extremo de degradar la convivencia de las libertades políticas.

Ahora los servicios públicos están determinados por la partidocracia que ha degradado la política representativa (el financiamiento de todos los partidos se multiplica cuando se registra un nuevo partido), no hay reelección de diputados, ni rendición de cuentas y se ha generado una democracia electoral onerosa; además, se monopoliza la participación y se impiden las acciones ciudadanas legales.

Todos los renglones torcidos o mal redactados de la Constitución siguen llegando a los titulares del poder ejecutivo para que se digne corregirlos. El legislativo y la sociedad civil participan de manera incipiente. Las múltiples correcciones existentes así lo atestiguan; los controles y contrapesos no tienen sentido o están anulados; la planeación democrática es letra muerta; el poder municipal, el legislativo y el judicial han sido los mayores agraviados. El imperio de la ley prácticamente no existe y lo que perdura en nuestra Constitución es el imperio del ejecutivo sobre el ministerio público.

Las tres o cuatro generaciones de derechos humanos no están incorporadas en las garantías individuales y una Constitución que no construye ni facilita las acciones ciudadanas legales y que reduce al ciudadano a mero espectador debe ser reformada.

En la burocracia pública, la clásica profesionalización del servicio público de carrera avanza muy lentamente. Prevalece la estadolatría encarnada en el culto al presidencialismo o el "ogro filantrópico" como certeramente le llamó Octavio Paz. Sin embargo, para salir del estancamiento económico e impulsar una estrategia de desarrollo, la reforma del Estado y de la Administración (gestión) Pública son fundamentales, pues garantizan el imperio de la ley.

En la economía globalizada, el suministro a bajo costo de servicios sociales de salud, educación y científicos-tecnológicos que las sociedades modernas requieren, el Estado-Nación es un factor clave para asegurarlos y garantizar la competitividad internacional del país.

Hay que re-fundar y re-constituir un nuevo orden jurídico, un nuevo bloque histórico; hay que establecer nuevos derechos a la cosa pública o a la res pública. Lamentablemente, las deformadas estructuras constitucionales con las que debemos redundar una nueva gobernación están ahí, persisten, están vivas.

El pasado siempre se acuerda de nosotros -a veces hasta nos asedia- y nuestro tiempo se caracteriza por la incertidumbre: "El pasado ya no ilumina el porvenir y el espíritu humano camina entre tinieblas", como desde hace tiempo afirmaba Tocqueville.

En la incertidumbre no demos por muerto lo que no entendemos o despreciamos. Inventemos con fraternidad discreta -simplemente porque somos demasiado desiguales- una civilización posmoderna. Evitemos una alternancia rentista (típicamente priísta) en el poder ejecutivo, como ya sucedió con Fox o como acontece en el gobierno panista de Baja California y en el gobierno perredista de Baja California Sur.

En síntesis, no hay desarrollo democrático sin un nuevo pacto constitucional que lo acredite. La democracia es el método más eficiente para la toma de decisiones gubernamentales. Las distorsiones del mercado creadas por los oligopolios no se solucionan con decisiones técnicas, sino con decisiones políticas democráticas. Rompamos con el pacto presidencialista y ciudadanicemos la Constitución afirmando los nuevos derechos republicanos de los diversos públicos ciudadanos.

Para saber más: ¿Después de la Revolución? de Robert A. Dahal, Edit. Gedisa, 1994.

(*) Centro de Estudios del Espacio Público no Estatal. Profesor de la FCPyS-UNAM

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