UNO

Don Luis H. Alvarez, senador en ese tiempo y presidente de la Cocopa (noviembre de 1996), nos convocó a los miembros de la comisión legislativa a reunirnos en San Cristóbal de las Casas. Llegamos todos: Heberto Castillo, Pablo Salazar, Juan Guerra, César Chávez, Pepe Narro, Rodolfo Elizondo, Juan Roque, López Velarde, Marco Michel, Oscar González, Benigno Aladro, excepto Fernando Pérez Noriega, quien andaba fuera del país, y nos reunimos en el hotel Flamboyant. La Cocopa tenía casi dos años de existencia y enfrentaba toda clase de situaciones y provocaciones contrarias al espíritu de la paz en Chiapas.

La discusión fue intensa, pero fructífera. El diálogo entre el EZLN y el gobierno federal se producía bajo el amparo de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas y contaba con el respaldo de las instituciones de la república, cámaras legislativas, Poder Ejecutivo, partidos políticos, organizaciones sociales, sociedad civil y ciudadanos. El proceso de paz y negociación no era un acto de buena voluntad ni una ocurrencia, sino una acción ciento por ciento republicana.

La agenda de diálogo acordada entre el gobierno federal y el EZLN se organizó por temas de interés común a través de un procedimiento de consultas mutuas, así como un método de trabajo que permitiera que cada acuerdo tuviera la legitimidad que reclamaban los actores involucrados en el conflicto. El primer tema a discutir fue derechos y cultura indígenas, después seguirían: democracia y justicia, bienestar y desarrollo, los derechos de la mujer, la reconciliación en Chiapas y el acuerdo final de paz.

El tema derechos y cultura indígenas se discutió de octubre de 1995 a febrero de 1996, mes en el que el gobierno federal y el EZLN firmaron lo acordado. Contrariamente a la buena disposición mostrada durante la negociación del primer tema, en la discusión sobre democracia y justicia la delegación gubernamental enmudeció, se mostró insolente y arrogante, mostrando una actitud impropia, por lo que el diálogo se convirtió en monólogo; en la mesa de negociación había dos partes, pero el gobierno no hablaba. Mientras esto pasaba, los partidos negociaban con el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayfett, una reforma electoral que no incluía el tema indígena. Por la vía de los hechos el diálogo entró en crisis, producto de la actitud del gobierno y las dirigencias partidarias. Al término formal de las sesiones de trabajo sobre ese tema, con justa razón el EZLN declaró suspendido el diálogo en tanto el gobierno federal no modificara su actitud y cumpliera lo pactado en el tema derechos y cultura indígenas.

En este contexto, los miembros de la Cocopa nos reunimos, y después de una intensa valoración de argumentos a favor y en contra por unanimidad decidimos elaborar una iniciativa de modificaciones constitucionales sobre la base del respeto puntual y escrupuloso del texto pactado entre gobierno y EZLN en materia de derechos y culturas indígenas. El acuerdo logrado en la Cocopa condicionaba la elaboración de la iniciativa de ley a que gobierno y EZLN asumieran el compromiso de que la misma sería el documento que se enviaría la Congreso de la Unión para su discusión y aprobación. Desde el salón de trabajo del Flamboyant, don Luis H. Alvarez y Heberto Castillo, ante todos los miembros de la Cocopa, llamaron al subcomandante Marcos y a Chuayfett para darles a conocer nuestra propuesta y su aprobación o no al acuerdo de la comisión legislativa. Ambos representantes de las partes en conflicto dieron su consentimiento y nos dimos a la tarea de elaborar la denominada ley Cocopa, cuyo contenido es una traducción literal de lo que se conoce como acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura indígenas.

Concluida la iniciativa de ley, enviamos simultáneamente una copia del texto a la comandancia zapatista y otra, vía fax, al gobierno federal. La respuesta del EZLN fue de aceptación, a pesar de "que tiene algunas lagunas consideramos que hay un avance importante"; incluso Marcos fue mas allá y dijo: "Si siguen las señales por buen camino, lo más seguro es que la paz se firme en el primer trimestre de 1997" (La Jornada, 3/12/96). ¡Te imaginas vos, la paz a la vuelta de la esquina!

La paz que tanto anhelábamos los mexicanos tenía enemigos: Ernesto Zedillo, su empleado Chuayfett, las dirigencias partidarias y quién sabe cuántos más. Al llegar a la reunión en Gobernación, Chuayfett nos recibió tratando de mostrarse como un constitucionalista, cuestionando la iniciativa de ley y señalando que tenía algunas observaciones de "técnica jurídica". Poco después, en una reunión que sostuvimos con el presidente Zedillo, éste le enmendó la plana y le aclaró: "Emilio, no es un asunto de técnica jurídica. Tú porque eres del altiplano no eres tan claro como nosotros los del norte. No estoy de acuerdo con la iniciativa y punto". Delante de una subcomisión de la Cocopa, en un ambiente tenso, lo enfrenté: "Usted será el presidente, pero es el responsable de lo acordado en San Andrés". Me respondió con la mirada fija y la quijada rígida: "Si hubiera sabido lo que iba a firmar Bernal, hubiera preferido haberme esperado dos o tres meses para que no firmara lo que firmó". Todavía socarrón le contesté: "Pero el hubiera no existe. La iniciativa contiene literalmente lo que su gobierno firmó con el EZLN". Apretó más la quijada y casi nos corrió de Los Pinos.

Heberto, don Luis, Pepe Narro y Juan Roque, uno a uno expusieron sus argumentos y defendieron con firmeza la iniciativa de ley, pero salimos con rabia, impotencia y el corazón destrozado ante la actitud presidencial. Fue la última vez que la Cocopa se reunió con Zedillo. Un año después, cuando sobrevino la masacre de Acteal, se decía condolido. La hipocresía no tiene límites en las salas del poder: tuvo la paz a su alcance y la mandó al carajo. ¿De qué chingaos lloraba?

La ofensiva mediática contra la iniciativa de la Cocopa fue tan brutal como mentirosa.

DOS

Al terminar la última reunión de la Cocopa con el presidente Ernesto Zedillo (diciembre de 1996), él se comprometió a responder las demandas zapatistas en un documento que contendría las observaciones a la iniciativa de ley en materia de derechos y cultura indígenas. Pero, muy en su estilo, el documento no era tal, sino una nueva iniciativa de ley que desconocía lo pactado en San Andrés Larráinzar.

La estrategia presidencial nos echó montón: articulistas cercanos a la Presidencia, empresarios y "constitucionalistas" oficiales acusaron a la Cocopa de pretender "balcanizar" el país, atentar contra la soberanía nacional, y a Pablo Salazar y a mí de haber traicionado a Zedillo, dado que en nuestro carácter de priístas deberíamos haber obedecido ciegamente la línea presidencial.

En plena etapa de descalificación de la iniciativa, Ignacio Burgoa Orihuela declaró su ignorancia sobre el tema al afirmar que "la Cocopa era una comisión que representaba sólo a un grupo de indígenas de Chiapas" (sic) y calificó de ignorantes a los que pretendían reformas constitucionales para la autonomía de los pueblos indios, en virtud de que "una reforma que diera autonomía a los pueblos indígenas pondría en riesgo la soberanía nacional, ya que se convertirían en pequeños estaditos independientes y soberanos". El burro hablando de orejas. No sabía ni siquiera el carácter de la integración y representación de la Cocopa, pero en el concierto de desatinos su voz silvestre se convertía en vocero oficioso habilitado de la postura presidencial.

La boruca sustituyó la sustancia; nadie pudo demostrar, ni lo ha podido hacer, que el contenido de la iniciativa de ley Cocopa es distinta al contenido de lo pactado en San Andrés. Este elemento nunca fue tratado por articulistas o constitucionalistas oficiosos de la Presidencia. Es decir, si existía inconformidad con la iniciativa, deberían haber cuestionado al Ejecutivo por haber pactado en los términos que lo hizo. Pero nunca lo hicieron porque sus posturas eran parte de la estrategia presidencial del desconocimiento en los hechos de los acuerdos de San Andrés. Por otro lado, con justa razón el EZLN nos planteó la necesidad de definir nuestra postura ante la posición presidencial y la propia iniciativa de ley.

En el interior de la Cocopa la presión se hizo presente: los del PAN tenían marcaje personal para que no insistieran en seguir apoyando la iniciativa; a Salazar y a mí, del PRI nos mandaban recomendaciones de la Presidencia y Gobernación para retirarnos del proceso de negociación.

Sin ningún argumento y sólo por "razones de Estado", Zedillo y el subsecretario de Gobernación, Arturo Núñez, pedían a mis amigos Mario Luis Fuentes, director del DIF, y a Carlos Rojas, secretario de Desarrollo Social, que me convencieran de desistir, pero ambos entendieron mis razones y fueron respetuosos de ellas, aunque reconozco que Núñez guardó lealtad absoluta al presidente Zedillo, quien no le correspondió en sus aspiraciones por Tabasco, ya que más bien lo dejó colgado de la brocha.

Dionisio Pérez Jácome, coordinador de Comunicación Social del gobierno federal, reiteraba con un doble discurso presidencial la disposición de las autoridades para sumar a los indígenas al desarrollo y reconocer sus derechos, pero "sin vulnerar el marco jurídico hecho para todos los mexicanos".

No obstante las presiones y dado que las posturas de la Cocopa se definían por consenso, en nuestra respuesta al EZLN no lo logramos para continuar con el proceso legislativo de la iniciativa de ley; sin embargo, la sostuvimos como parte sustancial del proceso de negociación, cuando en el punto número tres del pronunciamiento público de la Cocopa del 4 de marzo de 1997 precisamos: "La Cocopa, con las consideraciones que a continuación se mencionan, sostiene la propuesta de reformas constitucionales en materia indígena de fecha 29 de noviembre de 1996, que es resultado de un esfuerzo honesto y serio de todos sus miembros para conciliar las diferencias de las partes".

Después de casi dos meses de toma y daca, quienes sosteníamos una postura en defensa de la iniciativa habíamos logrado, en medio de presiones intensas, el consenso para impedir sacar del proceso de negociación a la iniciativa de ley Cocopa, cuyo referente es y ha sido obligado en la búsqueda de cualquier escenario que permita un desenlace positivo para el proceso de paz.

Si bien nuestra respuesta no fue la que esperaría el EZLN de la Cocopa, y su contestación fue muy severa al respecto, la iniciativa de ley seguía como una de las partes sustantivas de la negociación ante el desencanto presidencial.

Posteriormente, en 1998, Zedillo turnó una iniciativa de ley indígena al Congreso de la Unión que no tenía nada que ver con los acuerdos de San Andrés y sólo con el propósito de crear un clima de distracción pública porque detrás de la misma turnó la iniciativa de ley del rescate bancario, hipotecando el futuro de varias generaciones de mexicanos. De nueva cuenta por "razones de Estado" el gobierno utilizaba y manipulaba el tema indígena para imponer una de las leyes más leoninas y draconianas que recuerde el país: el IPAB

Concluido su sexenio, Zedillo, defensor del "marco jurídico hecho para todos los mexicanos", se alquiló como empleado de una de las empresas ferrocarrileras trasnacionales beneficiadas con las privatizaciones producidas durante su mandato.

TRES

En la campaña presidencial de 2000, los acuerdos de San Andrés se convirtieron en uno de los temas principales. El entonces candidato Vicente Fox se comprometió a cumplirlos, pero ya como Presidente de la República, en un acto mediático y sin trabajo de operación política ni construcción de acuerdos con las diferentes fuerzas políticas, turnó la iniciativa de ley en materia de derechos y cultura indígena, elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), al Senado, acompañándola de intensa campaña publicitaria.

De nueva cuenta, como diputado federal del PRI, el grupo parlamentario me designó representante ante la Cocopa. De la primera comisión no había ni vestigios. Demetrio Sodi, representante del PRD en esa instancia, era una cosa espantosa: sus intervenciones "lúcidas" giraban en torno a defender a Diego Fernández de Cevallos y alabar la "bondad presidencial". Heberto, ¡cuánta falta nos hiciste!

Como pudimos, Rutilio Escandón, Emilio Ulloa, del PRD, José Narro, del PT, y yo realizamos las acciones a nuestro alcance para enfrentar lo que vislumbrábamos una acción mediática y traicionera de las fuerzas de la derecha enquistadas en los tres partidos más grandes.

El secretario de Gobernación, Santiago Creel, ya apuntaba desde entonces a ser lo que es: puro bla, bla, bla. Nunca reunió a los coordinadores de los grupos parlamentarios, mucho menos a la Cocopa, para diseñar una ruta de trabajo con el propósito de desahogar tan importante tema. Sólo conferencias de prensa con la voz impostada y haciendo alardes de muchacho chicho, deslindándose siempre del resultado legislativo. En su "brillante estrategia de dar atole con el dedo", el "bueno de la película" sería el gobierno federal y los "malos" los muchachos del Congreso, para lo cual Diego Fernández se prestó con mucho gusto y se llevó al baile incluso a los senadores del PRD.

Casi en paralelo a la presentación de la iniciativa de ley indígena del Ejecutivo federal, el EZLN realizó una exitosa caravana del sur al centro del país. Las movilizaciones en torno al zapatismo y a la causa indígena fueron enormes y vibrantes. Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Michoacán, Querétaro, Guerrero, Puebla, Tabasco vieron pasar la caravana zapatista entre grandes muestras de apoyo y solidaridad. La movilización social generó grandes expectativas en torno al gran pendiente indígena. Por la calidad y cantidad de apoyos hacia los zapatistas, parecería que el Congreso sabría leer lo que de él esperaban los pueblos indígenas del país.

A su llegada al Distrito Federal, se concretó una reunión entre la Cocopa y el EZLN en la Escuela de Antropología de la UNAM. Los nuevos miembros de la comisión legislativa, acostumbrados a recibir línea de sus líderes parlamentarios, aceptaron llevar una propuesta cuentachiles para el establecimiento de un formato de diálogo entre el Congreso y el EZLN; casi se proponía a los zapatistas "verse en lo oscurito" y no de frente a la nación.

La respuesta del EZLN fue enérgica y demandó hacer uso de la tribuna del Congreso para aportar sus argumentos en relación con la propuesta de ley en materia de derechos y cultura indígenas. Ante dicha petición la derecha mexicana se mostró horrorizada y se preguntaba en voz alta, "¿cómo es posible que indios desarrapados quieran hablar en la más alta tribuna de la nación?"

El debate en el Congreso fue intenso: las derechas del PAN y del PRI mandaron a sus "expertos juristas" para impedir la pretensión indígena. Pero lo que estaba en discusión no era una acción cuya interpretación fuera jurídica; lo esencial y el fondo del debate era si el actual sistema político incluía o no a todos los mexicanos. Esta cuestión, que taladra a los más conspicuos personajes de la política mexicana, intentó ser detenida infructuosamente por la derecha parlamentaria. Por 10 votos ganamos en la Cámara de Diputados para que los indígenas hicieran uso de la tribuna.

La maniobra del Ejecutivo federal estaba clara: él enviaba la iniciativa de ley indígena, pero los legisladores de su partido se oponían a cualquier acción en favor de ella, y aunque perdieron esta votación en la Cámara de Diputados, en la de Senadores se fraguó el dictamen sobre la ley indígena, el cual tiró al cesto de la basura todo el esfuerzo y trabajo de años de funcionarios del propio gobierno, del Congreso, del EZLN y de grandes núcleos de la sociedad civil.

La ley aprobada no tiene nada que ver con el proceso de negociación ni con el contenido de lo esencial de los acuerdos de San Andrés. No fue aceptada ni por los zapatistas ni por ningún pueblo indígena. Como aportación para la paz no sólo es una traición, sino un fracaso.

En febrero de 2002 un grupo de 160 legisladores de todos los partidos políticos, acompañados de núcleos indígenas de diferentes partes del país y miembros de la sociedad civil, volvimos a presentar la iniciativa de ley Cocopa ante la Cámara de Diputados, la cual hasta hoy sigue vigente, esperando que algún día las instituciones honren su palabra y recuperen la actitud republicana que nunca debieron perder. Eso será posible cuando la mayoría de los mexicanos decidamos tomar el rumbo del país en nuestras manos; ojalá no sea muy tarde.

P.D. No sé por qué me dio la nostalgia, pero me volví a acordar de Heberto, a quien saludo donde quiera que se encuentre.

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