Primera parte

Cuando un gobierno se propone gobernar democráticamente requiere de habilidades y capacidades políticas que le permitan realizar los compromisos necesarios para cambiar la naturaleza y articulación del poder y, al mismo tiempo, demanda determinación y arrojo para alcanzar los objetivos nacionales.

En México existe endémicamente un gobierno vacío y un Estado debilitado. Mina y predomina una sociedad política patrimonialista, brutalmente enriquecida e inepta, enfrentada a una sociedad civil empobrecida, encogida y boicoteada. En consecuencia, la presencia de un gobierno dividido ratifica que los canales institucionales en donde se afirme el interés del público-ciudadano están bloqueados. El objetivo fundamental del proceso gubernamental democrático, la ciudadanía, se encuentra extraviado y el régimen semiparlamentario es por ahora un buen deseo político. Las élites están separadas del pueblo.

Se trata de un viejo sistema político-autoritario que cambia lentamente (la re-articulación democrática: sociedad-estado, lleva entre nosotros 40 años) ante una globalización avasalladora: el astuto discurso del exceso de productividad -promovido por los países ricos, que hace competir económicamente a los estados-nación. Esta re-articulación geoestratégica internacional, en América Latina ha generado hasta ahora: insatisfacción, empobrecimiento, agresividad y violencia.

A pesar de las externalidades negativas, el TLCAN incorporó inequitativamente a nuestro país en el asimétrico, subsidiado, imperfecto e injusto mercado mundial. Externalidades negativas que los gobiernos no lograron frenar con el populismo fiscal. Mientras tanto, desaprovechado (por déficit democrático-institucional) el TLC, sin proyectos competitivos prospectivos y técnicamente eficientes (no tenemos una planta productiva para la exportación), somos el patio trasero de las prioridades imperiales.

En general, podemos afirmar que la eficacia del gobierno se percibe en el buen desempeño de las secretarías, y la presencia del Estado se valora como la garantía del orden jurídico y por la existencia de buenos servicios públicos. Una nación la constituyen ciudadanos capaces de elegir y organizar solidariamente la vida social en forma de un Estado y -mediante un pacto nacional básico- comparten un destino común. En discordancia para algunos segmentos sociales utilitarios, la nación existe en donde se recibe un salario y se hace efectivo el derecho ciudadano al trabajo.

Un estado-nación diseña con autonomía su propio modelo (regional e internacional) de desarrollo. Muerto el "nacionalismo revolucionario" necesitamos reinventar y fortalecer la idea del estado-nación contemporáneo: social-liberal, internacionalista y republicano. No olvidemos que sin autonomía nacional no hay desarrollo sustentable interno-externo. Discutamos con rigor si el TLCAN plus es una alternativa pertinente para desarrollar la nación. ¿Conviene la integración financiera en Norteamérica? ¿Hacia qué bloque regional vamos? ¿Hacia el multilateralismo estratégico y/o preferimos integrarnos a Latinoamérica? ¿Integración cultural y/o integración económica?

La ingobernabilidad es un proceso crónico y englobador, que posibilita la captura-privatización del Estado por grupos de interés poderosos internos y externos. El liderazgo-arbitraje político-autoritario que asumía el poder ejecutivo ha sido suplantado por una ilegal e ilegítima "pareja presidencial". Es imperativo que el Estado mexicano modernice su propia institucionalidad para que realmente sea público, y que el espacio público no se termine en lo estatal.

Hay que reconceptualizar-revalorar lo público y delimitarlo de la esfera privada, para ampliar espacio público no estatal. Reconocer lo público no estatal como control social de la actividad publica que democratiza el Estado y la sociedad; y, como la producción de bienes-servicios públicos proporcionados por organismos sociales que no se ubican ni en el Estado ni en el mercado -y que finalmente fortalecen la auto-organización y los derechos sociales. Además, otro síntoma característico de esta parálisis decadente en la gobernación se manifiesta palmariamente en el atasco existente en el Congreso de la Unión.

Gobernar para consolidar una democracia pluralista implica tomar decisiones y promover objetivos políticos básicos: libertad como no-dominación (la tradición liberal clásica no ha sido desarrollada), justicia-equidad como fundamento social y desarrollo económico-productivo compatible con los derechos ciudadanos-ecológicos.

El desafío es triple: la libertad como no-dominación no está razonablemente garantizada en México (mercado libre pero justo que promueva el desarrollo y modifique la estructura de clases), la justicia-equidad social y el desarrollo sustentable -que anticipen la propagación de damnificados sociales y refugiados ambientales- no existen como alternativas factuales desde que fracasó el Estado burocrático-social y populista.

El gobierno foxista no tiene proyectos alternativos que resuelvan estas graves secuelas. El populismo fiscal sigue a toda máquina. Fue electo basado en una elemental crítica anticorrupción, cultivada en el imaginario social del "cambio" -desde luego, generadora de votos y muy merecida para los anteriores gobiernos impunes. Ya en el poder, sin análisis histórico, ni visión de Estado y sin criterios elementales de ciencia política, el foxismo "yunkero", redujo el "voto útil" a un perverso ultimátum político: "votas y te vas".

En alianza con viejos priístas, no utilizó su popularidad como palanca política para impulsar proyectos sociales transformadores. Sin talento democrático no entendió que el estado-nación moderno es el principal impulsor de la acción colectiva y la matriz institucional privilegiada para transformar las instituciones formales. Ciertamente, las tepocatas (Fobaproa), las víboras prietas (Pemexgate) y otras alimañas (los amigos de Fox) nunca fueron presentadas ante el ministerio público.

Ha repetido algunos aciertos y, sobre todo de manera patética, los errores de los gobiernos priístas. Sin proyecto transformador de las instituciones autoritarias, de construcción cívica, ni ampliación de la participación ciudadana, la pobreza programática del ultraliberal foxismo-panista se quedó colgada en el anzuelo de la alternancia electoral, la impunidad-corrupción y la cultura priísta del autoritarismo liberal: el liberalismo social de Reyes Heroles-Salinas.

Todo ello viene a confirmar el tamaño de las dificultades para que en el próximo sexenio se pueda gobernar democráticamente a México.

(Segunda parte)

Las dificultades para gobernar democráticamente a México están sobredeterminadas por factores estructurales que se patentizan en indicadores institucionales e internacionales. Las causas estructurales son bien conocidas: la dimensión del país, su extensión geográfica-poblacional, la crisis fiscal crónica, la concentración de la riqueza desfiscalizada y una profunda pluralidad e injusticia social, dadas las radicales y vergonzosas diferencias de clase.

La pluralidad social y las diferencias de clase se equilibran en parte por una lengua oficial predominante (las lenguas indígenas se consideran dialectos regionales y marginales) y una identidad cultural patriotera alimentada por caudillos muertos que no termina por consolidarse en una innovadora responsabilidad cívica e identificación política nacional, sobre todo ante la apabullante american way of life (la comida-basura es un ejemplo).

Contrariamente de lo que sucede en EU y en otros países ricos, no está claro para los mexicanos que el gobierno tiene como obligación defender el trabajo, el capital, la seguridad pública, la igualdad económica, la equidad de género, las políticas públicas para niños y jóvenes, la generación de capital intelectual, la innovación en ciencia-tecnología-desarrollo, y como país, la cohesión social básica que incluya a los mexicanos que trabajan, mandan dinero y viven en el extranjero.

Aún no asumimos con lucidez política la sorda e inexorable integración social con EU y Canadá. Para ello, necesitamos la certeza de que somos un país de leyes que afirmen los derechos ciudadanos-humanos universales y no de garantías individuales concesionadas políticamente por un Estado pri-vatizado.

Otra dificultad estructural para gobernar democráticamente el país, se localiza en nuestra sociedad, sobre todo en las élites intelectuales y sus grupos con intereses rentistas (los tecnoburócratas), y es que son dependientes del exterior e incapaces de repensar el país abierto que ahora somos -en función del nuevo interés nacional- precisamente en la era del capitalismo intensivamente globalizado. Las instituciones nacionales reflejan en la actualidad los desacuerdos de esa pluralidad social, las desgarradoras diferencias de clase y, en consecuencia, dificultan la gobernabilidad y el desarrollo productivo-democrático.

Las fallas e inadecuaciones en las instituciones electorales federales y especialmente en los estados (el Congreso de la Unión no modificó los errores técnico-jurídicos de la ley electoral), tienen particular importancia, ya que han propiciado en la sociedad mexicana tres males públicos: la partidocracia, el transfugismo y el parlamentarismo. Todos ellos, además del floreciente soborno-cabildeo (conflictos de interés, público-privado, sin legislar), son los modernos atracadores del patrimonio público-ciudadano.

La existencia de diputados plurinominales que obedecen servilmente a las direcciones de los partidos -y también la no reelección de diputados nominales y pluris- promueven la elección de políticos rentistas que cambian sus preferencias partidarias sin tener efectiva representatividad pública-ciudadana. Desafortunadamente, toda representación delegada (institucionalizada) restringe el avance de la democracia moderna: la acción participativa, directa y colectiva de los ciudadanos. ¿Qué serían los partidos políticos sin la franquicia (política y monetaria) que les suministra ese gran concesionario y filántropo mexicano llamado estadolatría?

Esta grave falla institucional facilita la elección de "políticos buscadores de negocios" que sólo pretenden enriquecerse de la "cosa pública". Sorprendentemente, el parlamentarismo ha establecido una muralla para la elección de políticos con vocación neo-republicana convencidos que para consolidar la democracia es importante la reelección (la competencia-transparencia de proyectos políticos, económicos, sociales), y que la no-reelección es, además, un impedimento para asimilar el interés del público-ciudadano.

El reto para consolidar-radicalizar la democracia participativa y mejorar la calidad de vida no es solamente cuidar cómo se accede al poder (sigamos vigilando al IFE), sino cómo se constituye -formal o empíricamente- el poder mismo.

En este horizonte de salida, apremia la reconstrucción del Estado y la desburocratización de la administración pública: fortalecimiento fiscal del Estado; refuncionalizar sus intervenciones; disminuir la producción de bienes-servicios públicos aumentando el financiamiento y la autonomía de los mismos; vigorizar la institucionalización de un mercado libre pero justo que promueva el desarrollo; implementar la gestión pública orientada por políticas públicas; redefinir el espacio público no estatal e instituir la evaluación-fiscalización y la toma de decisiones ciudadanas.

Necesitamos ciudadanos que participen activamente en los asuntos político-politológicos para que -repensando el federalismo- gestionen un nuevo Estado republicano en el siglo XXI. Asombrosamente, la estadolatría es el priísta que la mayoría de los mexicanos llevan adentro y los partidos políticos han secuestrado las acciones políticas del público-ciudadano.

(*) Centro de Estudios del Espacio Público no Estatal. Profesor de la FCPyS-UNAM

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