"Cuando quiero que un asunto no se resuelva, lo encomiendo a un comité".
Napoleón Bonaparte (Emperador francés)

A la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres del Gobierno del Estado de Chihuahua (que ha tenido a cinco titulares), a la Fiscalía Mixta, a la Comisionada Guadalupe Morfín y al Programa Integral de Seguridad para Ciudad Juárez, ahora la PGR agregó una Fiscalía Especializada para Investigar los Hechos de Femicidio en Chihuahua. El viernes 30 de enero, el procurador Rafael Macedo de la Concha anunció el nombramiento María López Urbina como Fiscal Especial.

El sentido de la medida probablemente tiene su génesis en el ideario napoleónico. No se busca investigar lo evidente: la influencia del narcotráfico en los asesinatos. Por el contrario, el intento es continuar el desvío de la atención para beneficio, precisamente, del narcotráfico. Y con ello las muertes recientes de mujeres asesinadas en León, Guadalajara y el mismo Distrito Federal, se pueden formar desde ahora en la puerta del olvido y el abandono institucional, por más que el tema sea utilizado para distraer la atención y medrar políticamente.

Fiscales especiales fueron y fiscalías especializadas vinieron y nadie entregó resultados veraces. Por el contrario, sirvieron para enredar los asuntos, perder las pruebas iniciales -si las hubo- o superponer otras que desviaran el rumbo de las investigaciones, fabricar culpables y tener al gran público nacional entretenido con Pacas, esqueletos enterrados, fuegos cruzados, asesinos cambiados y toda clase de truculencias para las que se gastaron millonadas, que sólo mantuvieron en el empleo a grupos de funcionarios dispuestos a realizar el ridículo, que no investigaciones verdaderamente ciertas.

La primera fiscalía en la última etapa del siglo pasado fue la del caso Manuel Buendía, encargada a Miguel Ángel García Domínguez, quien a donde más pudo llegar fue al ex director de la Dirección Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla, quien por mantenerse con vida supo aguantar antes de delatar a los asesinos intelectuales; la siguiente fue la del caso Ovando y Gil, encabezada por Leonel Godoy, quien presuntamente encontró a los autores materiales del doble asesinato, pero no llegó a los asesinos intelectuales. Guillermo González Calderoni llegó a declarar que, de acuerdo a una confidencia de su amigo Juan García Ábrego, Carlos y Raúl Salinas de Gortari pidieron al narcotraficante que hiciera el "trabajito" contra Francisco Xavier Ovando Hernández y Román Gil Heráldez, operadores electorales de Cuauhtémoc Cárdenas, asesinados cuatro días antes de los comicios en los que resultara ganador Carlos Salinas.

El caso Posadas estuvo bajo el mando de Alejandro Arenas Gallardo, Pablo Chapa Bezanilla, Luis Raúl González Pérez e Ismael Eslava Pérez. Su resolución aún trae agarrados del chongo al entonces procurador Jorge Carpizo y a la jerarquía católica. El caso Colosio encargado a Miguel Montes, Olga Islas, Pablo Chapa y Luis Raúl González Pérez es el que más dudas ha dejado y nadie en su sano juicio compra la teoría del asesino solitario.

El Caso Ruiz Massieu que investigaron Mario Ruiz Massieu, Pablo Chapa y Luis Raúl González Pérez, aunque tiene a Raúl Salinas de Gortari como presunto asesino intelectual, a dos asesinos materiales y otro organizador, tiene un eslabón muy importante perdido: Manuel Muñoz Rocha.

No menos importantes son los de Aguas Blancas, "atendidos" por Adrián Vega Cornejo (Gobierno del Estado) y Miguel Ángel García Domínguez; de Digna Ochoa por Renato Sales y Marina Margarita Guerra; el de la Guerra Sucia por Ignacio Carrillo Prieto; el del Ejido Morelia por Demetrio González; el de Acteal por Efrén González Pola; el de Griselda Tirado en Huehuetla, Puebla, por José Luis Montaño.

Y como éstas, no menos importantes, pero sí con menor publicidad, existen otra docena más.

Las autoridades encargadas de impartir justicia han sido duramente criticadas no sólo por los organismos y la opinión pública en el país. Pasaron también los relatores especiales para la independencia de jueces y abogados de la ONU, Dato Param Cumaraswamy (dijo que la investigación ha sido "ineficiente e incompetente, si es que acaso ha habido alguna investigación"); y sobre ejecuciones sumarias o arbitrarias, Asma Jahangir; para los derechos de la mujer, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Marta Altolaguirre, su presidente, Juan Méndez; y la comisionada de derechos humanos de la ONU, Mary Robinson.

Como respuesta, Macedo de la Concha nos recetó con una nueva fiscalía para incrementar la burocracia alrededor del caso.

Desde 1998 existe una Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres, dependiente de la Procuraduría de Chihuahua, cuyo portavoz, Manuel Esparza, declaró el 20 de julio de 2003 que no son crímenes en serie, sino en su mayoría casos aislados, de los que tenían contabilizados 74 casos, con un total de 89 víctimas. ¡Vaya!

Sólo la Fiscalía Especial de Homicidios Contra las Mujeres del Gobierno de Chihuahua ha tenido a cinco encargadas: María Antonieta Esparza, Sully Ponce Prieto, Zulema Bolívar, Liliana Herrera López y Ángela Talavera Lozoya.

La senadora María del Carmen Ramírez presentó desde el 21 de noviembre del 2001 una iniciativa de creación de una comisión de carácter transitorio para el seguimiento de las investigaciones, la que se materializó en octubre pasado con el nombramiento de Guadalupe Morfín como comisionada de la Presidencia de la República para el caso, que como se esperaba, tampoco ha logrado un ápice de avance.

El 22 de julio de 2003, el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda y el gobernador del estado de Chihuahua, Patricio Martínez, acompañados de los secretarios de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota y del procurador Macedo de la Concha, presentaron oficialmente el Programa Integral de Seguridad para Ciudad Juárez.

Pocos días después, el 31 de julio, la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) recibió de la Fiscalía Especial para la Investigación de Homicidios de Mujeres, 100 expedientes de estos crímenes que no han sido resueltos.

El 13 de agosto, Rafael Macedo de la Concha y su homólogo del estado de Chihuahua, Jesús José Solís Silva, pusieron en operación la Fiscalía Mixta para la Investigación de Homicidios de Mujeres, la cual no ha arrojado ningún resultado.

Pero que no le busquen mucho. Este asunto es para levantar una cortina de humo y permitir que el narcotráfico continúe enseñoreándose en aquella ciudad y región. ¿Acaso no se dieron cuenta que desde el descubrimiento de las muertes de mujeres comenzó a crecer el narcotráfico con Rafael Aguilar Guajardo, Rafael Muñoz Talavera y Amado Carrillo, los tres desaparecidos actualmente? ¿Acaso no son los policías locales y sus jefes, los principales interesados en obstaculizar las investigaciones? ¿Acaso no es por Ciudad Juárez por donde pasa la mayor cantidad de droga a los Estados Unidos, y por allí mismo regresa el dinero de su venta? ¿Acaso no se paró la persecución contra Juan José Esparragoza Moreno (a) El Azul, principal narcotraficante en el país?

Si realmente quieren solucionar el problema deben seguir las líneas del narcotráfico y dejarse de crear burocracias que nada resuelven.

Pero no, se creó la Fiscalía Especial -una figura ilegal porque en el marco jurídico mexicano no existe la figura de fiscal- en la que se concentrarán las 25 averiguaciones previas que actualmente son de competencia federal, y que se relacionan con líneas de investigación, como el tráfico de órganos, participación de sectas religiosas e incluso organizaciones dedicadas a la pornografía, donde se presume la participación de homicidas seriales, por las características similares que presentan los crímenes. Pero del narcotráfico, nada.

Si como afirmó el presidente Vicente Fox, la solución de los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez es un asunto personal, la fiscal María López Urbina debe darle credibilidad a la investigación a partir de incluir en ella a los diferentes actores sociales que han luchado porque el femicidio no se olvide; que se destaquen los alcances que tendrán las investigaciones, además de ofrecer resultados inmediatos y con información documentada.

No es menos importante, también, que cumpla con la promesa de investigar y, en su caso, sancionar a los servidores públicos que permitieron la impunidad por acción u omisión.

No obstante la indudable experiencia de la Fiscal Especial en materia de procuración de justicia -fue delegada en los estados de Coahuila, Tamaulipas, Guanajuato y Zacatecas, así como en diversas subdelegaciones de procesos penales del país-, ha sido impugnada porque no tiene capacitación en asuntos relacionados con la desigualdad e inequidad que viven las mujeres. Pero, sobre todo, porque su nombramiento no fue consensado con los integrantes del Congreso de la Unión, quienes solicitaron a Rafael Macedo de la Concha conocer antes su perfil. Nadie de renombre quiso trabajar en la Fiscalía, ya que o cumplen las órdenes del General Procurador o simplemente pasan a ser un objeto decorativo en la oficina a su cargo. Y eso es lo que seguramente espera a María López Urbina en la fiscalía de Ciudad Juárez, para darle sentido a la medida, probablemente tomada del ideario napoleónico, y para justificar más la relación militares-narcotráfico.

Réplica y comentarios al autor: renatoconsuegra@yahoo.com.mx