Mirando hacia el 2003.

Los desafíos para las organizaciones políticas nacionales en la actual y compleja transición política del país, son muchos y tienen frente a sí una disyuntiva: construir un proyecto político distinto o sumirse en una crisis de credibilidad ante la opinión pública, que podría llevarlos a luchas intestinas por la disputa de sus propios liderazgos, a rupturas y escisiones tanto de algunos grupos regionales como de poderosas estructuras corporativas.

Tienen también el riesgo real de que las dirigencias formales se vean amenazadas con potenciales asaltos por parte de la cleptocracia que se ha incrustado en algunos de ellos. Por supuesto, también existe la posibilidad auténtica de construir liderazgos inteligentes y propositivos, compartidos entre los diversos actores de las militancias partidistas, sin incurrir en las prácticas clientelares o corporativas que tanto han desprestigiado a la actividad política nacional.

Es un hecho que la transformación de la sociedad mexicana y la atinada participación de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) han propiciado una actitud más crítica sobre el comportamiento de los partidos políticos. Hoy, están obligados a modificar muchas de sus prácticas ancladas al pasado, y abrir sus estructuras a la sociedad para que ésta los reconozca y los acepte como parte de ella en sus legítimas luchas.

La realidad nos enseña que ya no está segura la alternancia en el ejercicio del poder ejecutivo, ni tampoco el predominio de un solo partido en la integración de las cámaras de diputados y senadores.

Es más, en el caso de que continuara acrecentándose el desencanto de la ciudadanía con la gestión de la actual administración presidencial, tampoco significaría que automáticamente en el año 2003 y en el 2006 volviesen a votar por los candidatos del anterior partido en el poder. Lo más probable, lo más lógico -dicen los que saben- es que sufraguen a favor de los candidatos de un tercer partido o de una nueva alianza de partidos que refleje el nuevo interés mayoritario de los mexicanos.

Para los comicios intermedios del próximo año, en donde se renovará la Cámara de Diputados, es muy probable que el electorado atomice más su voto, con el fin de evitar que los grupos parlamentarios grandes, impongan sus visiones partidistas sin consensarlas con el resto de la sociedad, precisamente aquélla que se vería afectada o beneficiada con alguna iniciativa en particular.

La lección es clara por lo que costó aprenderla: la idea de un gobierno "dividido" le resulta atractiva a la opinión pública, en tanto esto represente menos poder concentrado en unos cuantos políticos. Bajo esta perspectiva, el electorado en ciertos segmentos de la población, (predominantemente clases medias urbanas) habrá de diferenciar su voto intencionalmente para provocar un acotamiento mayor a los poderes ejecutivo y legislativo, en tanto que otro segmento de la población continuará votando inercialmente por todos los candidatos de un mismo partido (voto duro), sin reflexionar en la propuesta o calidad del candidato en particular. Es lamentable que todavía subsistan vicios de consentimiento en algunos electores; en otros casos, el fundamentalismo de algunos militantes de todos los partidos los lleva a sufragar por "sus" candidatos, en un erróneo y obsoleto concepto de lealtad partidista.

Ciertamente, estos hechos son inéditos en la historia política nacional y requieren de imaginación y responsabilidad de parte de todos los actores políticos, lo que hace indispensable incorporar a nuestra vida política contemporánea la Reforma del Estado Mexicano. En este sentido, el alcance real de la transición no se debe detener en una simple reforma para modificar los usos y costumbres en el ejercicio del poder. Los mexicanos debemos darnos la oportunidad de construir un país diferente en sus aspiraciones y proyectos, independientemente del signo o color político de quienes construyamos la Nación.

Los liberales mexicanos creemos en la fortaleza y perfeccionamiento de las instituciones republicanas. Deseamos ayudar a construir el sendero en donde el titular del poder ejecutivo sea el responsable de alentar los esfuerzos nacionales en un clima de libertad con responsabilidad, con una estructura de gobierno en donde un solo hombre no concentre, ni todas las decisiones, ni todo el poder, un Congreso donde las prácticas parlamentarias mexicanas se actualicen para hacer del proceso legislativo, una respuesta más eficiente a los anhelos y reclamos ciudadanos.

Es muy cierto que en los escenarios por edificar, ninguna derrota o victoria electoral será para siempre. La competencia por lograr que los ciudadanos refrenden su intención electoral, obligará a los partidos a esforzarse por cumplir cabalmente con el mandato ciudadano. De no ser así, los electores mirarán hacia otras alternativas en el espectro político; seguramente serán aquéllas que habrán de incorporarse por primera vez en el proceso electoral del 2003.

La nueva plataforma política para poner en marcha los proyectos del ejecutivo federal, deberá considerar como insumo básico el componente de las alianzas, esquemas coaligados que no se limiten a los procesos electorales. Si se logra, México estará dando un paso más hacia la consolidación de la transición democrática y en poner -por fin- los pies en la tierra en el proyecto de Nación al que todos o casi todos aspiramos.

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