Por un estado de derecho sin privilegios.

La confrontación de proyectos políticos entre el Presidente de la República y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, pone en evidencia la falta de una agenda política-administrativa común, que permita dar respuesta eficiente y oportuna a los problemas de la ciudadanía, al margen del necesario debate de las ideas y las propuestas. Para la confrontación política existen otros espacios en la sociedad que la ley legitima a través de los partidos políticos; la función ejecutiva de la administración pública es gobernar responsablemente para todos.

Con la intervención de la Procuraduría General de la República, se pretende entorpecer la aplicación de la legislación que obliga a los banqueros a garantizar la seguridad al interior de las sucursales bancarias. La PGR argumenta que entre sus atribuciones se encuentra el velar por la plena vigencia del Estado de Derecho. A nadie se engaña con este argumento. Lamentablemente, se sigue con la política de la cortina de humo en relación a la banca establecida en México. Da la impresión de un nuevo Complot Mongol.

Es vergonzoso constatar que entre la delincuencia que asalta sucursales bancarias y la de cuello blanco, los ahorradores mexicanos parecen no tener muchas alternativas.

La Procuraduría General de la República debe centrar su actividad en las funciones sustantivas que le han sido encomendadas, preservando la plena vigencia del Estado de Derecho en la totalidad del territorio nacional. El marco legal vigente le permite a todos los mexicanos, incluidos los banqueros, a interponer los recursos legales que crean convenientes para la salvaguarda de sus legítimos intereses.

Por Dios, los banqueros mexicanos cuentan con los suficientes recursos para pagar a los mejores abogados y no tienen necesidad de recurrir a la defensoría de oficio y, mucho menos, que la PGR se constituya en un defensor de oficio de los banqueros y de sus privilegios.

Por otra parte, el Gobierno y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deben aplicar y perfeccionar la legislación que protege a los usuarios en las sucursales bancarias con todo el rigor que la ética de un buen gobierno exige.

La falta de seguridad pública en la capital de la República representa un gran esfuerzo e imaginación, por parte de las autoridades encargadas de dar solución a este flagelo social, que distorsiona el adecuado desarrollo de la actividad económica, el sano esparcimiento y, sobre todo, la apreciación real y no declarativa de vivir en un clima de libertad.

Ojalá los ahorradores aplicaran el derecho que asiste a todo consumidor de servicios: exigir a los bancos -a cambio de las millonarias cantidades que cobran por concepto de comisiones- seguridad para sus ahorros e integridad física al asistir a las sucursales, calidad en los servicios, capacitación y profesionalismo, tanto de los dueños, como de los trabajadores de la banca.

Si la banca no responde a las expectativas de la sociedad, ésta seguramente encontrará en las inversiones inmobiliarias y en el consumo, opciones más efectivas para su beneficio. Además, no estaría mal explorar nuevas y sabias formas de ahorro social, como la de las tandas entre vecinos, familiares y amigos, en donde el componente fundamental de su funcionamiento es la confianza, misma que ya se ha perdido en la banca especulativa.

Es más, la Asociación de Banqueros de México tiene la obligación de constituirse en un factor de financiamiento para el desarrollo del país. Ya basta de la simple intermediación financiera de prestar dinero a un precio caro y pagar ínfimos intereses a los ahorradores. Nuestros pudientes banqueros han elogiado el proceso de globalización, sin embargo, lejos de aprovechar esta dinámica mundial, han sido víctimas de la misma por su falta de imaginación y competitividad en la aldea global. Sólo Banorte, un banco de tamaño mediano, se ha mantenido mayoritariamente mexicano; los otros, que eran considerados los grandes, fracasaron y ahora penosamente todos están en manos de bancos extranjeros.

La misma CONDUSEF, dentro del marco de sus atribuciones, debería asumir un papel mucho más activo a favor de los usuarios de los servicios financieros y abandonar el comodino papel de ventanilla única de gestión, y constituirse en un verdadero ombusman financiero, que tanta falta nos hace desde que se cometieron los grandes fraudes y crímenes sociales del FOBAPROA-IPAB.

Hasta el sindicalismo bancario está obligado a modificar sus actitudes y costumbres laborales. Para nadie es un misterio la baja calidad de los servicios bancarios y la deficiente capacitación de quienes prestan estos servicios. La responsabilidad de este deterioro es de aquellos liderazgos que se anclaron en el pasado y piensan que el mundo no ha cambiado. Los líderes sindicales tienen ante sí la oportunidad de modernizar la defensa legítima de los derechos laborales de los trabajadores bancarios, empezando por ya no darle tanta prioridad a las cuotas y prebendas, y sí a la formación de una nueva generación de trabajadores bancarios que sean profesionales de las finanzas y no tristes gestores de la burocracia financiera.

Los liberales mexicanos creemos en la fuerza de la razón y del Estado de Derecho; que sea por el sano financiamiento de la actividad económica y para el bien de México.

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