En la actualidad, uno de los desafíos más importantes que enfrentan los gobiernos municipales es el del diseño e implementación de políticas que compatibilicen el desarrollo económico y social del municipio con los principios rectores de protección y preservación del ambiente que exige la sociedad moderna.

Para resolver adecuadamente esta cuestión, se requiere disponer de una visión global de la problemática ambiental del municipio y de sus perspectivas futuras, que permita establecer una adecuada política de gestión ambiental, tendiente a lograr el objetivo final, que es el desarrollo sostenido y sustentable de la zona.

La gestión de impacto ambiental pretende reducir al mínimo nuestras intromisiones, y elevar al máximo las posibilidades de supervivencia de todas las formas de vida, por muy pequeñas e insignificantes que resulten desde nuestro punto de vista, y ello no por una especie de magnanimidad por las criaturas más débiles, sino por verdadera humildad intelectual por reconocer que no sabemos realmente lo que la pérdida de cualquier especie viviente puede significar para el equilibrio biológico.

La evaluación de impacto ambiental es uno de los instrumentos preventivos de gestión que permite que las políticas ambientales puedan ser aplicadas y, más aún, cuida que ellas se incluyan tempranamente en el proceso de desarrollo y de toma de decisiones. Por ende, evalúa y corrige las acciones humanas y evita, mitiga o compensa sus eventuales impactos ambientales negativos.

Dicho estudio documenta de manera completa el análisis de los impactos ambientales de una acción determinada, así como de las diferentes alternativas para su implementación, las medidas de mitigación y/o compensación, y los planes de seguimiento, monitoreo y control. Además, constituyen la fuente de la información primordial para aquellas instituciones que deberán pronunciarse acerca de una acción propuesta. Por otra parte, un estudio de impacto ambiental es un conjunto de estudios técnico-científicos, sistemáticos e interrelacionados entre sí, cuyo objetivo es la identificación, predicción y evaluación de los efectos positivos o negativos que puede producir una o un conjunto de acciones de origen humano sobre el ambiente físico, biológico o humano. La información entregada por el estudio debe permitir llegar a conclusiones sobre los efectos que puede producir la instalación y desarrollo de una acción o proyecto sobre su entorno, establecer las medidas a implementar para mitigar y monitorear los impactos, y así proponer los planes de contingencia necesarios.

Un proceso de evaluación de impacto ambiental presenta un conjunto de ventajas que deben ser respetadas e incluidas, y que lo hacen un instrumento apropiado para lograr una adecuada protección ambiental. Al ser incluida en la toma de decisiones acerca de una acción determinada se incorporan variables que de otra manera no son consideradas. Tradicionalmente, las decisiones se han realizado sobre la base de los costos económicos inmediatos, la rentabilidad y las necesidades a corto plazo, entre otros. Sin embargo, se reconoce que éstas deben considerar las relaciones de interdependencia hombre-naturaleza, el uso racional de los recursos y, en definitiva, la sustentabilidad de las acciones humanas.

En este sentido, incorporar un proceso de evaluación de impacto ambiental a la gestión de una acción propuesta complementa las decisiones, permitiendo que ellas sean transparentes, informadas y consensuadas. La evaluación del impacto ambiental debe seguir los siguientes requisitos:

• Corresponder a las tareas propias del gobierno y no restar espacio a la comunidad o al sector privado.
• Estar integrada con otras políticas en un programa consistente, jerarquizado y financiable.
• Clarificar las responsabilidades del sector público, pero que también abra la participación de la comunidad y del sector privado en un muy vasto número de temas.
• Tener la gestión más adecuada a su propósito, estableciendo mayores responsabilidades en los ejecutores, creando una mayor transparencia y responsabilidad.
• Ser objeto de controles internos y externos en forma clara y rápida.
• Ser evaluada en todos los casos.
• Permitir una fluida comunicación del sector público con la comunidad, en cada una de las etapas.

El término evaluación de impacto ambiental es reservado en la actualidad a aquellos estudios referidos a determinadas etapas de la vida de la empresa o emprendimiento, como son su emplazamiento o instalación, pues habitualmente es necesaria para la obtención de autorizaciones de funcionamiento y, por lo tanto, previa al funcionamiento de la empresa.

Estos estudios son actualmente solicitados para la realización del procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental. A su vez, la realización de dichos estudios se ha convertido en una modalidad adoptada frecuentemente como parte del procedimiento administrativo para la toma de decisiones, en relación con actividades productivas en funcionamiento o para la aprobación de proyectos o planes de inversión para la instalación y funcionamiento de las actividades de producción y/o de servicios, así como para la construcción de edificios y habilitaciones de diversas actividades comerciales e industriales, entre otras actividades.

Antes de empezar determinadas obras públicas o proyectos o actividades que pueden producir impactos importantes en el ambiente, la legislación obliga a hacer una evaluación del impacto ambiental. La finalidad de los estudios es identificar, predecir e interpretar los impactos que esa actividad producirá si es ejecutada.

Se denomina impacto ambiental a las consecuencias provocadas por cualquier acción que modifique las condiciones de subsistencia o de sustentabilidad de un ecosistema, parte de él o de los individuos que lo componen. No existe una valoración cuantitativa universalmente aceptada para determinar el grado de afectación de un impacto, salvo aquellos casos en que la acción que lo provoca está asociada a una cantidad mensurable. Por ejemplo, la concentración de un determinado contaminante en el agua.

Sabemos que la provisión de agua potable para el consumo de la población, así como el suministro de ese elemento a las industrias y establecimientos que la requieran, es una de las mayores responsabilidades de las autoridades de los municipios.

La alta contaminación detectada en las napas proveedoras de agua de la mayoría de las ciudades de nuestro país, así como la de los cursos de aguas superficiales, ocasionada fundamentalmente por la falta de servicios adecuados en las concentraciones humanas y por la actividad industrial marginada del cumplimiento de las normas ambientales, determina que los municipios deban reforzar el control de la calidad de las aguas de consumo humano.

Uno de los propósitos básicos de la evaluación de impacto ambiental es prever que un proyecto no provoque impactos ambientales significativos que afecten las variables ambientales por encima de lo que la sociedad ha acordado proteger. Para hacer viable este propósito es indispensable contar con un marco legal adecuado, en el que consten las políticas y la legislación para la protección del ambiente, a las que tiene que adecuarse el proyecto o acción.

En la evaluación de impacto ambiental, el mayor problema para la aplicación eficiente de este instrumento reside en el bajo nivel de cumplimiento y efectividad de los planes de manejo ambiental, en buena parte por la debilidad de los mecanismos de seguimiento y control y la aplicación oportuna de medidas correctivas.

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