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ESPAÑA Y LA TRANSICIÓN POLÍTICA EN GUINEA ECUATORIAL

Joan Roig

El presidente ecuatoguineano Teodoro Obiang Nguema ha acusado reiteradamente a España de injerirse en los asuntos internos guineanos; sin duda, en este aspecto; al dictador africano no le falta razón: la evolución política y económica guineana de los últimos catorce años ha estado marcada decisivamente por la influencia española.

Tras 10 años de férrea dictadura, el 3 de agosto de 1979 se ponía en marcha en Guinea Ecuatorial la "operación Leon", golpe militar destinado a derrocar al presidente Francisco Macias. Dirigía la operación un sobrino de Macias, Teodoro Obiang Nguema, teniente coronel del ejercito guineano formado en la escuela militar de Zaragoza. Las autoridades españolas que estaban en contacto con Obiang, y habían dado su beneplácito a la operación, felicitaron a los insurrectos el 4 de agosto, cuando la situación aun era confusa, y ningún otro país había reconocido al nuevo gobierno. Mientras asesores españoles esperaban en Camerún el fin de los combates, Adolfo Suarez y Juan Carlos I ya habían dirigido sus mensajes de adhesión a Teodoro Obiang, y en España se preparaban ya grandes cargamentos de ayuda alimentaria y medica.

El nuevo presidente intento desmarcarse de la ideología anticolonialista de su predecesor, proclamándose fiel seguidor de las doctrinas de la Hispanidad y solicitando la ayuda española. Todo parecía indicar que Guinea Ecuatorial seria "la neocolonia de UCD", pero la evolución posterior desmentiría estos pronósticos. Sin duda, Obiang necesitaba la cooperación española para superar el estado de depauperación en que se encontraba el país, y deseaba fomentar los factores culturales hispánicos para evitar las ansias territoriales de los países vecinos; pero el nuevo gobierno guineano (integrado en gran parte por elementos macistas contrarios a España), consiguió marcar las distancias con la antigua potencia colonial. Poco después del golpe, Obiang declaró que "España no gozara de preferencia alguna en sus relaciones con Guinea", y recalcó que "Guinea esta abierta ahora a la amistad con todos los países del mundo". Y para evitar que España pudiera deponerlo mediante una acción militar (como lo había hecho con Macias), el presidente guineano se rodeó de una guardia presidencial compuesta por mercenarios marroquíes, cedidos por Hassan 11.

El 20 de agosto de 1979, Teodoro Obiang se pronunció a favor del NoAlineamiento, y de establecer relaciones diplomáticas con todas las naciones del mundo. Alegando los estragos causados por la dictadura macista, se consiguió obtener gran numero de proyectos de ayuda internacional; en 1980, Guinea llegó a ser el país que recibía mayor aportación de cooperación por habitante. A la ya consolidada ayuda de los países del Este, se le sumó la cooperación de las instituciones internacionales y de los países occidentales.

El gobierno militar tenia un gran interés en consolidar sus relaciones con Francia, pues la ayuda gala podía contrarrestar la influencia española, e impulsar las relaciones de Guinea con los países vecinos francófonos. En noviembre de 1979, ya había visitado Malabo el ministro francés de la Cooperación, asumiendo importantes compromisos económicos; pero a partir de la visita de Teodoro Obiang al Eliseo, en 1982, se produjo un verdadero reparto de áreas de influencia en Guinea entre España y Francia (con cuestiones altamente conflictivas como las prospecciones petrolíferas, conseguidas finalmente por una empresa de capital francés).

A pesar de la creciente influencia francesa, España seguía encabezando la cooperación internacional en Guinea. Entre 1979 y 1983 el gobierno español destinó 15.000 millones de pesetas a la reconstrucción del país. Las relaciones con el gobierno guineano, si bien intensas, siempre se caracterizaron por una cierta ambigüedad; a la vez que los militares guineanos confiaban todas las tareas de planificación a la "Madre Patria", el presidente, en sus discursos públicos, advertía constantemente contra el giro hacia practicas neocolonialistas (en referencia clara a España). No obstante, la UCD siempre defendió al gobierno militar, y en 1980, cuando la oposición parlamentaria española criticó las practicas despóticas de Obiang y acusó a Suarez de colaborar con el autoritarismo, el ministro de Asuntos Extranjeros (Oreja Aguirre) llegó a justificar que no se cediera el poder a los civiles, y vertió duras criticas contra los demócratas guineanos exiliados en España.

Aunque fueron ingentes los gastos de España en cooperación, los resultados fueron muy insatisfactorios, y marcaron algunos precedentes negativos, que afectarían posteriormente toda la acción española en este país africano. España carecía de la experiencia en cooperación internacional que tenían Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, y debieron improvisar los primeros envíos, obrando con absoluta falta de planificación y de conocimiento de las técnicas de cooperación. El ministro de Asuntos Exteriores reconoció implícitamente la inexperiencia española, al desear que Guinea fuera en un futuro "el modelo y también la escuela de nuestra política de cooperación con otros pueblos".

Entre agosto de 1979 y enero de 1980 se mandaron diversos tipos de ayuda de emergencia, escasamente coordinados (por carecer España de un organismo institucional dedicado específicamente a la cooperación): algunas de estas ayudas no llegaron jamas a manos de sus destinatarios. Durante 1980 y 1981 se intentó mejorar el sistema de cooperación, creando un organismo específico dependiente de la Presidencia del Gobierno, pero este estaba integrado por personal poco experimentado, y no consiguió articular los esfuerzos que la Cruz Roja, la Iglesia y los cooperantes españoles realizaban separadamente en Guinea.

Aun mas nociva que la ineficacia era la corrupción. UCD consideró Guinea Ecuatorial como un gran negocio en el que los políticos adictos al partido podían obtener un copioso botín. Las ayudas de España eran sistemáticamente saqueadas por los funcionarios de ambos países (que revendían las ayudas alimentarias a Gabón y Camerún), por los empresarios españoles que tenían buenos contactos con el personal diplomático (que facturaban los productos a un precio hasta cinco veces superior al del mercado), y hasta por la cúpula de la Cruz Roja Española (que mandó fármacos caducados cobrándolos al gobierno español como nuevos). El mismo embajador José Luis Graullera y diversos altos cargos de UCD (como Abril Martorell) fueron acusados repetidamente de estar implicados en turbios asuntos de corrupción. Las nuevas autoridades guineanas pronto comprendieron el peculiar funcionamiento de esta cooperación, y consiguieron enriquecerse recibiendo copiosos sobornos a costa de desviar las ayudas españolas.

El gobierno guineano agradeció repetidamente a España sus ayudas, pero en 1981 empezó a exigir un incremento de la cooperación (considerando que entre los deberes de la "Madre Patria" se encontraba el de ayudar a la reconstrucción del país). La reacción española fue intentar racionalizar los envíos, canalizándolos a través de una nueva "Oficina de Cooperación con Guinea Ecuatorial", dependiente directamente del Ministerio de Asuntos Exteriores, que no ocultaba un cierto regusto neocolonial: el propio ministro reconoció que su objetivo era impulsar "una acción exterior española que pueda permitir la creación de las condiciones para un Estado perfectamente autosuficiente, perfectamente viable, para un Estado hispánico que mantenga nuestra lengua y nuestra cultura en aquel punto del golfo de Biafra".

Pero la reestructuración de la cooperación se saldó con un enrarecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos Estados. Durante el ano 1981, el gobierno militar inicio una campana demagógica contra Espafia, con la finalidad de exigir una mejora de la cooperación. Y para "evitar calumnias y mejorar las relaciones diplomáticas", Obiang Nguema prohibió la entrada en Guinea de Diario 16, Cambio 16, y Interviu, publicaciones que se habían mostrado muy criticas con el Consejo Militar Supremo. La tensión fue aumentando en Guinea, y diversos españoles fueron agredidos por la policía del país.

Paradójicamente, el gobierno español, para evitar un mayor deterioro de las relaciones diplomáticas, opto por reforzar los contactos con el gobierno guineano, y en lugar de denunciar las violaciones de los derechos humanos en Guinea, envío al general Saenz de Santamaria a Malabo para asegurar la cooperación policial y militar con la dictadura nguemista. Y el presidente Obiang, para contrarrestar las presiones de España y la CEE contra el despotismo guineano, sustituyo el Consejo Militar Supremo por un gobierno civil (integrado por miembros de su propio clan, que actuaban con el mismo autoritarismo que los militares). España apoyo plenamente a la nueva dictadura civil, y el presidente Calvo-Sotelo vistió Malabo en diciembre de 1981, donde firmo el "Tratado de Amistad y Cooperación España-Guinea Ecuatorial" por el que se concedían nuevas ayudas al gobierno de Teodoro Obiang.

Repetidamente, en anos posteriores, el ejecutivo guineano ha utilizado la misma maniobra. Con acusaciones demagógicas impulsa una campana antiespañola, que se traduce en coacciones contra los españoles residentes en el país. Posteriormente, el mismo presidente se encarga de reducir las tensiones, consiguiendo obtener importantes contraprestaciones a su "mediación". Manteniendo siempre un cierto nivel de conflicto en las relaciones diplomáticas, Obiang consigue evitar que se plantee alguna vez el problema puramente político.

En 1982, el gobierno de Guinea, con la ayuda de Naciones Unidas, convocó una "Conferencia Internacional para la Reactivación Económica y Desarrollo de la República de Guinea Ecuatorial", en la que España se comprometió a impulsar numerosos proyectos, a pesar de que la Alianza Nacional de Restauración Democrática (ANRD, principal partido en el exilio), advirtió claramente que la ayuda internacional iba a ser empleada en consolidar la dictadura.

Aunque el gobierno español cedió a todas las exigencias de Obiang, las relaciones diplomáticas entre España y Guinea volvieron a deteriorarse súbitamente. En mayo de 1983, un grupo de militares guineanos prepararon un golpe de Estado contra el dictador, que pudo ser abortado por los mercenarios marroquíes. El organizador del putsch, el sargento Venancio Mikó, huyó y se refugió en la embajada española. El gobierno guineano, solicitó la entrega del golpista, violó la valija diplomática española, y amenazó con asaltar la embajada. El presidente Felipe González anunció que no toleraría el asalto a una sede diplomática, y puso en estado de alerta las fuerzas militares aerotransportadas estacionadas en Canarias. La tensión en Guinea aumentó: la policía agredía sistemáticamente a todos los sospechosos de ser contrarios al gobierno, y amenazaba abiertamente a los españoles residentes en el país. Fernando Moran (entonces ministro de Asuntos Exteriores) se desplazó urgentemente a Malabo, y finalmente, entregó al sargento Mikó a cambio de la promesa de que este seria tratado correctamente (compromiso que las autoridades guineanas olvidaron en el mismo momento en que se hicieron cargo del militar).

En 1985, Guinea intentó mejorar su posición en el marco regional, ingresando en la Unión Aduanera de los Estados del África Central (UDEAC). El gobierno español temió que este paso marcara la gravitación de Guinea hacia la órbita francófona, y para evitarlo reforzó su cooperación elaborando el Primer Plan Marco, por el que España se comprometía a mantener sus ayudas durante cuatro años. Y en 1986, el dictador guineano fue ascendido a General de Brigada en un acto solemne en el que acudió el director de la Academia Militar de Zaragoza en representación del Rey de España.

En 1987 se descubrió que el banco GUINEXTEBANK, de capital mixto hispano-guineano había quebrado (contabilizándose las perdidas en mas de 1.300 millones de pesetas), con lo que se puso al descubierto la corrupción existente en altas esferas guineanas, y el escaso control a que eran sometidas las ayudas financieras a este país. En octubre de 1988, al debatirse en el Parlamento español la ayuda a Guinea Ecuatorial, los partidos de la oposición (especialmente Alianza Popular e Izquierda Unida), se enfrentaron al PSOE, considerando que era improcedente otorgar nuevas ayudas a un régimen dictatorial. Pero el PSOE mantuvo su solidaridad con el gobierno de Teodoro Obiang: en 1989, Francisco Fernández Ordoñez (ministro de Asuntos Exteriores por aquel entonces) renunció a exigir la democratización a cambio de ayuda, y en 1990 (cuando los EE. UU. y Francia ya habían presionado a algunos dictadores africanos, forzándoles a convocar elecciones) el gobierno español aprobó el Segundo Plan Marco de Cooperación, por el que se comprometía a invertir 12.780 millones de pesetas entre 1991 y 1994.

Progresivamente, los cambios políticos provocados por la perestroika afectaron también a Guinea Ecuatorial. Tras muchos anos de terror, la población, animada por los cambios registrados en los países del Este y en diversos Estados africanos, comenzó a mostrar abiertamente su rechazo a la dictadura. En septiembre de 1990, los guineanos residentes en el Gabón empezaron a estructurarse políticamente, planteando su decidida voluntad de actuar en el interior del país. 1991 se inició con fuertes ataques de la Iglesia guineana contra el despotismo y la corrupción, y las calles de Malabo y Bata aparecieron, por primera vez, cubiertas de pasquines denunciando el régimen de Teodoro Obiang.

España se vio obligada a reconsiderar su posición. Felipe González recomendó a Teodoro Obiang la democratización de Guinea; y el dictador guineano se comprometió a implantar el multipartidismo en el país (pero no dio ningún paso decisivo para legalizar la oposición). Para tratar las relaciones entre ambos países, el presidente español anunció su visita a Guinea para septiembre de 1991. Pero en agosto de 1991, en Guinea corrió el rumor de que se avecinaba un golpe de Estado, y se endureció el control policial, multiplicándose las amenazas (veladas o abiertas) contra los opositores. El dictador anunció públicamente que el multipartidismo no se adoptaría siguiendo el modelo europeo, sino que se aplicaría una variante autóctona que no afectaría a las costumbres tradicionales guineanas (eufemismo que empleaba para indicar que el multipartidismo no acabaría con el despotismo). Ante la confusa situación reinante en el país, Felipe González aplazó el viaje a Guinea. En octubre de 1991 el gobierno guineano elaboró un proyecto de reforma de la Ley Fundamental de Guinea, en la que si bien se aceptaba el multipartidismo y se anunciaban elecciones presidenciales, sólo permitía ser candidatos electorales a aquellos guineanos que hubieran residido ininterrumpidamente durante los últimos diez años en el país (excluyendo automáticamente a todos los exiliados políticos, obligados a huir del país por las arbitrariedades de la política nguemista).

Finalmente, Felipe González visitó Guinea en noviembre de 1991, envuelto de un clima de gran expectación. La población esperaba del presidente español el apoyo decidido a la democratización, y el gobierno guineano temía que González se pronunciara en contra de la dictadura. Por eso, se distribuyeron entre la población gorras y camisetas con el slogan: "jViva la amistad HispanoGuineana!", y se preparó un espectacular recibimiento popular. Y, contra todos los pronósticos, Felipe González claudicó, limitándose a defender el multipartidismo, pero sin censurar las constantes violaciones de los derechos humanos en Guinea, y prometiendo que la ayuda no seria disminuida bajo ningún concepto. La actitud española frustró las esperanzas de muchos guineanos, que confiaban que la visita del presidente español impulsaría de forma decisiva la democratización .

Pero la población no se resignaba a aceptar la dictadura de Obiang, y el miedo dejó paso, lentamente, al desafío. En 1992, el impacto de la caída de algunos dictadores africanos fue extraordinario en Guinea. La población empezó a superar el miedo y las criticas al gobierno surgieron abiertamente. Las detenciones masivas de opositores registradas en febrero de 1992 tuvieron un amplio eco en la prensa española, y el PSOE se vio obligado a replantear su posición respecto a la dictadura guineana. El embajador en Malabo cursó una protesta formal ante el presidente guineano, el cónsul en Bata se destacó por su defensa de los presos políticos, y fue suspendida "por Fazones técnicas" la Comisión Mixta de Gestión de los Recursos de Cooperación.

Obiang respondió a las presiones españolas intensificando sus contactos con Francia. La creación de un "Ministerio de la Francofonia" era una clara provocación al gobierno español, que siempre ha temido perder su influencia en el único país de África Negra de lengua española. Esta estrategia del gobierno guineano paralizó las protestas de España y Francia; quedando las reivindicaciones democráticas en manos del embajador estadounidense, John Bennet, muy activo en la defensa de los derechos humanos y frontalmente opuesto a la dictadura nguemista.

Ante la pasividad del PSOE, Adolfo Suarez se ofreció para actuar como mediador entre el Partido "Democrático" de Guinea Ecuatorial (PDGE, en el gobierno), y los partidos de la oposición, intentando utilizar la transición española como modelo para Guinea Ecuatorial. Suarez obtuvo el acuerdo de ambas partes, y en mayo de 1992 vistió Malabo, pero tuvo muchas dificultades en sus tareas, al ser sometido a un fuerte control policial. Las gestiones del ex-presidente español fructificaron con el indulto concedido por Obiang a algunos presos políticos, pero el gobierno guineano se opuso a que Suarez visitara de nuevo el país, y llegó a reforzar militarmente la vigilancia del aeropuerto de Malabo para evitar su entrada en el país.

Ante la postura del dictador guineano, Suarez, Izquierda Unida y el Partido Popular denunciaron la actitud dictatorial del PDGE, y el PP pidió que se suspendiera toda la cooperación con Guinea Ecuatorial hasta que Obiang demostrara claramente su voluntad-democratizadora. El PSOE, presionado por la oposición, solicitó tímidamente a Teodoro Obiang que impulsara la democratización del país, a lo que este respondió repudiando esta "injerencia en asuntos internos", y acusando a Severo Moto (uno de los principales portavoces de la oposición) de ser un "maleante manejado por España". Para evitar un mayor deterioro de las relaciones, el embajador español Arturo Abelló se negó a recibir a los representantes de la oposición, que se habían entrevistado, por las mismas fechas, con el embajador norteamericano.

En septiembre de 1992, los mercenarios marroquíes detuvieron en Malabo al periodista español Jesús Navares, con el objetivo de bloquear su tarea informativa. La embajada española consiguió evitar que este fuera encarcelado, pero fue decretada su expulsión, bajo la acusación de espionaje en favor del gobierno español. A las criticas por violar el derecho a la libertad de prensa, Obiang respondía implicando a España en supuestas maniobras neocoloniales.

Superado este incidente, un nuevo factor fue a enturbiar las difíciles relaciones diplomáticas entre España y Guinea. En octubre de 1992 fueron detenidos en Bata los empresarios españoles Santiago Hanna (la mayor fortuna del país) y Salvador Vilarrassa. El gobierno guineano los acusaba de suministrar armas a la oposición guineana para preparar un movimiento guerrillero. Con esta acción, Obiang intentaba desprestigiar a la oposición (caracterizada por su pacifismo), pero también presionar a España, implicándola subrepticiamente en este affaire. La población guineana no creyó en ningún momento las teorías de Obiang, acostumbrada ya a los montajes publicitarios sobre espectaculares "complots" de potencias extranjeras. Pero la difícil situación de los dos empresarios (a los que se solicitaban duras penas de cárcel), obligó al gobierno español a intervenir. Las negociaciones fueron difíciles, y el PDGE llegó a amenazar con declarar el estado de sitio en Bata. Finalmente, los empresarios fueron indultados, pero durante unos meses el gobierno español no intercedió a favor de la democracia, por temor a perjudicar a los encarcelados (verdaderos rehenes con los que Obiang presionaba a España).

En diciembre de 1992, ante las detenciones masivas de estudiantes y opositores guineanos, el embajador norteamericano en Malabo, John Bennet, se enfrentó al español, Arturo Abelló, otorgándole la responsabilidad de estos sucesos. Y realmente, no cabe ninguna duda de que el gobierno español ha actuado en algunos casos con sorprendente debilidad ante los excesos de la dictadura nguemista.

El PSOE siempre ha temido perder su influencia en Guinea Ecuatorial (único punto de África Negra donde los intereses españoles están ampliamente representados). Por otra parte, Felipe González ha hecho gala de un profundo nacionalismo, que repercute en una política agresiva de defensa de la lengua española en Guinea (ante la posibilidad de que sea desplazada por el francés o por las lenguas autóctonas). Sin duda, la política española hacia Guinea responde a un claro neocolonialismo cultural (ya que son escasas las posibilidades económicas del país).

Por otra parte, es obvia la ignorancia absoluta de los políticos españoles, no solo acerca de los mecanismos de la cooperación internacional, sino de la propia realidad africana. Diversos personajes vinculados a la diplomacia y a I a cooperación española en Guinea, como Antonio Nuñez (ex-embajador) y Luis de la Rasilla (ex-director de la UNED), han expresado repetidamente su disgusto por la incoherencia y la ineficacia de las políticas africanistas españolas.

El gobierno guineano no ha dudado en recurrir a la coacción para presionar al ejecutivo español, y ha utilizado como rehenes a los españoles residentes en Guinea (que no pueden salir del país sin visado de salida y que tienen problemas para desplazarse por su interior sin un pase especial). Cada crisis entre ambos Estados se ha saldado con coacciones y amenazas a los ciudadanos españoles (incluso en algunos casos han resultado agredidos cooperantes). La diplomacia española, en constante conflicto con las autoridades guineanas, no ha destacado precisamente por su efectividad a la hora de defender a los españoles de las arbitrariedades de los agentes del dictador, inhibiéndose en algunos casos para evitar radicalizar las tensiones ya preexistentes.

El dictador guineano ha aprovechado el interés de España en mantener sus relaciones con Guinea, y su desconocimiento de los mecanismos de la cooperación, para exigirle muchas aportaciones sin ninguna contrapartida. No cabe duda de la habilidad negociadora de los políticos guineanos, pues a pesar de su desconocimiento de los mecanismos de la política internacional, han conseguido forzar a España a cooperar con la dictadura.

El gobierno español ha concedido numerosas ayudas económicas a Guinea, pero el gobierno guineano ha incumplido sistemáticamente las políticas económicas diseñadas de mutuo acuerdo, y la cooperación sólo ha servido para enriquecer a los ministros corruptos, sin revitalizar la economía guineana.

Pero España no sólo ha subvencionado a la dictadura, sino que la ha apoyado activamente. Desde 1979, el gobierno español suministró cooperación militar y policial a la dictadura nguemista, haciendo llegar material antidisturbios, vehículos y armas al ejercito guineano, y entrenando a policías y militares. La cooperación española también se hizo cargo del aparato de propaganda del régimen, facilitando técnicos para la radio y la televisión y editando en su Centro Cultural el único periódico del país (al servicio del PDGE, como todos los medios de comunicación del país, controlados mediante una estricta censura).

El gobierno socialista ha recibido escasas presiones para cambiar su política respecto a Guinea Ecuatorial, pues en España la opinión publica no ha prestado demasiada atención a la evolución política guineana. Pocos españoles conocen la realidad africana, y los exiliados guineanos en España, organizados en pequeños partidos políticos (hay as de una decena, algunos de ellos totalmente inactivos), no han conseguido la capacidad de movilización necesaria para forzar al gobierno español a tomar posturas de fuerza contra el dictador guineano. Aunque en España residen muchos guineanos su dispersión, la falta de medios, y los antagonismos étnicos y políticos han mermado su operatividad. Solo el denominado Pacto de Madrid consiguió aglutinar a algunas organizaciones, erigiéndose en el portavoz en España de las reivindicaciones de la oposición, pero las divisiones internas bloquean algunas de sus actividades. Por otra parte, es palpable su falta de coordinación con la oposición interior (e incluso se puede percibir un cierto antagonismo respecto a sectores de ella).

Tampoco la oposición interior (a pesar del crecimiento experimentado durante 1991 y 1992) se ha erigido aun como alternativa de poder. Si bien buena parte de la población se declara contraria al régimen, los partidos existentes no han conseguido popularizar su mensaje debido a la falta de recursos y al estricto control policial al que se someten sus actividades (no es posible convocar reuniones, ni editar documentos, ni siquiera hacer publicidad). Hasta el momento, la plataforma conjunta que coordina las acciones de los diferentes partidos no ha conseguido superar las divisiones existentes entre ellos (parece ser que alguna fuerza política podría actuar en connivencia con el PDGE para boicotear la unidad de la oposición). A pesar de las diferencias, se suelen establecer acuerdos colectivos de forma puntual, y se negocia de forma colectiva la ley electoral (clave del proceso democrático). Recientemente, los nuevos partidos legalizados en Guinea han intentado conseguir el respaldo internacional; pero hasta el momento solo el Partido del Progreso, de Severo Moto, ha conseguido el ingreso en la Internacional Demócrata Cristiana. La indefinición política de muchos partidos guineanos, su división, y su adscripción étnica les ha supuesto una perdida de apoyo por parte de los partidos políticos españoles, que si bien son partidarios de un cambio radical en Guinea, desean dar su apoyo a una fuerza política próxima a sus posiciones.

Muchos guineanos confiaban en que España tuviera un papel relevante en la transición a la democracia, pero hasta el momento, el gobierno del PSOE ha traicionado estas esperanzas. En Guinea Ecuatorial, la oposición a la dictadura aumenta día a día, pero el apoyo internacional seria imprescindible para que la transición llegara a buen puerto. España, como ex-metropoli, y principal inversor en Guinea, debería apoyar activamente a la oposición, pues seria necesario controlar a una dictadura que, si bien tiene los días contados, esta decidida a morir matando.


El autor de este trabajo, Joan Roig es licenciado en Geografía e Historia.

Nota de los editores la secuencia de hechos comentados por el autor inducen a un tipo de análisis con el que no todos tendrán que identificarse; sin embargo su lectura es fruto de la opinión política de muchos analistas.

 

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