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La
Promoción Industrial fue pensada para generar
trabajo y reactivar la economía de las provincias.
En San Luis produjo una explosión en los 80. En
esa época se radicaron 2 mil empresas, de las que
hoy sólo subsisten 70. Son las únicas que, por
ley, deberían conservar los beneficios del
sistema. Pero, violando las normas, el gobierno
provincial sigue recaudando: promete los mismos
privilegios a quienes quieran instalarse en suelo
puntano y a cambio se queda con una
"contribución". Una sola firma basta para
garantizar la operatoria y es la del máximo
responsable de la provincia: el gobernador Adolfo
Rodríguez Saá.
En el
83, cuando fue promulagada la Ley de Promoción
Industrial, San Luis pareció un paraíso. A las
empresas, el Estado no les cobró ni el IVA ni el
Impuesto a las Ganacias, entre otros beneficios.
Sin embargo, apenas permanecen 70 empresas o
galpones semivacíos que ofician como
depósito.
La ley
tuvo vigencia por 15 años, hasta que un decreto
del ex ministro de Economía Domingo Cavallo en el
96 prorrogó los beneficios por otros 15 años, sólo
para aquellas empresas que, habiéndose instalado
bajo el Régimen de Promoción Industrial,
continuaran produciendo. Sin embargo, Telenoche
Investiga probó que no es así: funcionarios del
Gobierno, bajo la tutela de Rodríguez Saá,
implementan maniobras que vulneran esa norma. Se
trata de negocios millonarios que provocan
pérdidas graves para el Tesoro de la
Nación.
La
investigación
T.I.
llegó a San Luis simulando ser una consultora con
dos clientes interesados en instalarse en la
provincia. El primer encuentro fue con Gustavo
Cerioni, funcionario de la Secretaría de Pequeña y
Mediana Industria de la Presidencia. Entre el 91 y
el 97 se había desempeñado como Subsecretario de
Industria, y desde el 97 hasta el 98 como
Subsecretario de Acción Social. Es uno de los
ejecutores de la política de seducción desplegada
por Rodríguez Saá para atraer empresarios y uno de
los especialistas en quebrantar la ley.
Cerioni
le ofreció a T.I. transferir los beneficios de una
empresa que gozaba de Promoción Industrial. Es
decir, el equipo iba a convertirse en propietario
de una firma que se había instalado en San Luis
bajo el sistema. Para eso, era imprescindible que
el decreto que se firmara para permitirles gozar
de los beneficios sin el pago de impuestos llevara
la fecha en la que Cerioni había sido funcionario.
Violar la ley era la única forma. Y debían firmar
tanto él como el Gobernador.
El
"decreto a medida" tenía un costo. Sobre el
cálculo de las exenciones impositivas que gozaría
la empresa en 15 años se sacaba un porcentaje que
iría a parar a la caja del gobierno provincial.
Los operadores de Rodríguez Saá habían aprendido
de memoria la operatoria: armar el mejor negocio
para el cliente y cobrarle en función de ese
negocio.
En
total, la gestión de Cerioni valía más de dos
millones de pesos. La idea era vender una empresa
beneficiada con la Promoción Industrial para no
pagar impuestos. La mano de obra era lo de menos:
en San Luis, el trabajo de un operario vale un
peso la hora. Es, en realidad, en las
"contribuciones" para la provincia donde están los
egresos más importantes: la habilitación cada
siete meses tiene un costo; organizar un evento o
una exposición valen también.
Silvio
Closa ocupa un puesto estratégico en el Ministerio
de Industria y es el apoderado de la empresa que
quería vender Cerioni. Fue el segundo contacto de
T.I. y quien dio las garantías de su gestión para
concretar la operación.
En
tanto, Rafael Echenique es escribano de Gobierno.
Su oficina está instalada en el mismo edificio que
Cerioni, a pasos de la Gobernación. Siendo el
hombre que Rodríguez Saá elegió para dar fe a los
actos institucionales, ante el interés de T.I.
desplegó un amplio abanico de ofertas. Las
instalaciones fabriles que mostró valían entre 25
y 60 millones. Esas cifras extraordinarias
equivalían al monto que el supuesto empresario
ahorraría en la exención impositiva.
Existe
otro negocio y consiste en permitirle a un
empresario cambiar el rubro de su firma, un
beneficio que sólo pudo solicitarse en el 96. De
esta manera, una empresa puede conseguir instalar
otra, aunque sea para otro producto, bajo el mismo
Régimen de Promoción Industrial, duplicando, en
este caso, sus beneficios.
Las
prácticas fraudulentas que engendró este sistema
se siguen, así, desarrollando en terreno oficial:
la Casa de Gobierno de San Luis. Y todas las
propuestas deben llevar la firma del Gobernador,
que termina avalando una estrategia para vulnerar
la ley. El dominio de "El Adolfo" o "El León" en
la provincia es absoluto, y el imperio que
construyó en 17 años de gestión, un caso sin
precedentes en la historia argentina, parece
inamovible. |
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