Estimados lectores.....ya apareció el importante trabajo de Carlos Echague :
ARGENTINA:
DECLINACION DE LA SOBERANIA
Y DISPUTA INTERIMPERIALISTA
Adelantamos fragmentos del capitulo primero
Capítulo primero:
Declinación de la soberanía nacional
La soberanía nacional está en declinación. La Argentina corre el gravísimo peligro de recolonización y de desintegración territorial. Se levantan abiertamente voces en el exterior y dentro de nuestra nación que promueven una suerte de protectorado. Las minorías oligárquicas, cuya existencia y desarrollo depende de los imperialismos, en función de sus mezquinos intereses someten al país a la humillación, al saqueo de sus riquezas y a un verdadero genocidio social.
¿Quién decide las principales medidas de gobierno?
La declinación de la soberanía se expresa concentradamente en el plano político. Los poderes públicos, desde el presidente para abajo, aceptan discutir y acordar las decisiones políticas, jurídicas e institucionales con los "organismos internacionales de crédito" y con gobiernos extranjeros.
Un caso emblemático es la ley de reforma laboral sancionada en los primeros meses del 2000, por exigencia del FMI - especialmente - y de las entidades patronales. La nueva norma favoreció la rebaja directa y nominal de los salarios, permitió que los convenios de ámbito menor, por ejemplo de empresa, prevalezcan sobre los de rama, liquidó otras conquistas sociales básicas fruto de la lucha de décadas del movimiento obrero y rebajó los aportes patronales llevándolos a los niveles más bajos vigentes hoy en el mundo. El gobierno de De la Rúa reprimió ferozmente manifestaciones obreras contra esa reforma y coimeó a los legisladores justicialistas para que aprobaran la ley. Al amparo de esta política y legislación antiobreras, punto central del llamado neoliberalismo, crecieron como nunca el trabajo en negro y la desocupación. En estas condiciones, entre 1993 y 2003 el costo laboral – según información oficial del Ministerio de Trabajo del 15-12-03 - cayó en un 61,7%. O sea que trepó en cerca de dos tercios la plusvalía que se embolsan los monopolios imperialistas y la burguesía. Así se evidencia que la lucha por los derechos de la clase obrera y por la liberación social y el combate en defensa de las libertades conquistadas por el pueblo y por una verdadera democracia son inseparables de la lucha antiimperialista por la liberación nacional.
Se ha hecho público que el subsecretario del Tesoro norteamericano monitorea diariamente la marcha de la economía argentina.
En la práctica, las principales medidas de gobierno que afectan la vida diaria de los argentinos y los destinos de la nación, son dictadas por el FMI y, en definitiva, por el gobierno yanqui y el G-8 (Grupo de los Ocho: EEUU, Rusia, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, Italia y Canadá. Cabría agregar también a España y China). En definitiva, los corruptos gobernantes de turno actúan como gerentes que cumplen directivas de sus superiores. Y éstos denigran a la nación y pisotean su dignidad. Uno de los "notables" enviados por el FMI para dictaminar sobre nuestra economía, Hans Tietmeyer, declaró con una soberbia repugnante que "la Argentina ha caído en la insignificancia...posiblemente para siempre". Un mes más tarde, el cipayo Cavallo lo repitió en Nueva York, donde se ha autoexiliado. En declaraciones a la revista brasileña Dinheiro pontificó: "Argentina se tornó un país insignificante".
Los enviados imperiales vienen y van. Se instalan en oficinas oficiales y ante ellos desfilan y rinden examen ministros, gobernadores, parlamentarios, jefes militares, policiales y de los servicios, grandes empresarios, jerarcas sindicales, etc. Dan explicaciones y asumen compromisos directos o indirectos, ofreciendo un espectáculo que provoca asco e indignación.
Las continuas misiones especiales exigen nuevas concesiones. Las embajadas de los países imperialistas presionan constantemente a favor de sus monopolios. Unos, como los yanquis, los franceses, españoles, italianos, ingleses o alemanes lo hacen abiertamente y hasta ruidosamente; otros, como los rusos, prefieren hacerlo discretamente; pero todos ellos ejercen la presión y el chantaje, se apoyan en sectores "amigos" de burguesía intermediaria y de grandes terratenientes, practican el soborno y reclutan agentes. Siendo embajador de EEUU en nuestro país, James Cheek, llegó a confesar públicamente que en los primeros años de su gestión iniciada en 1993 imaginó que podía "ser echado" de la Argentina a raíz de sus "continuas intervenciones a favor de los intereses de empresas norteamericanas".
En su visita a nuestro país en julio de 2002, el enviado especial del gobierno yanqui, Otto Reich, expuso abierta y descaradamente qué condiciones debía reunir el candidato a presidente para que EEUU lo apoyara. Ni Duhalde, ni Alfonsín, ni los ministros, ni los gobernadores, ni los jefes parlamentarios, dijeron nada ante semejante manoseo y ante tamaña prepotencia.
Aunque constitucionalmente es el único de los tres poderes que debe tratar las cuestiones de la deuda externa, el Congreso se entera por los diarios de las medidas que el FMI y los gobiernos imperialistas le dictan al país. El poder ejecutivo las traduce en decretos de "necesidad y urgencia" que contradicen abiertamente leyes en vigencia aprobadas por este mismo parlamento. Pero salvo
honrosas excepciones, los legisladores permanecen en silencio.
Así, por ejemplo, a mediados del 2002, de manera pública y a lo matón, el FMI envió un ultimátum con fecha y hora para que el Congreso derogara las leyes de subversión económica y de quiebras. El gobierno duhaldista no sólo se arrastró a los pies del FMI sino que apretó al máximo a senadores y diputados con la ayuda de Alfonsín y de Ibarra. Y los vendepatrias y coimeros que pueblan ambas cámaras se sometieron al chantaje. Episodios semejantes salieron a la luz durante el gobierno delarruista. Por ejemplo, en diciembre de 2000, Machinea presionaba a los senadores justicialistas por el presupuesto y para definirlos levantó el tubo del teléfono delante de ellos y habló con el FMI para saber si aceptaría que se postergara por un par de días la aprobación del presupuesto. La respuesta fue no.
En los contados casos en que el Congreso no obedece en el 100% de lo que exige el Fondo, el Poder Ejecutivo veta artículos de leyes y las reglamenta de manera tal de cumplir con todas sus demandas. Por ejemplo, Duhalde vetó 14 artículos que fueron agregados por los legisladores al presupuesto 2002. Ello obedeció al paquete de condiciones planteadas por el enviado del FMI Anoop Singh a mitad de marzo de ese año. Y a principios de julio de 2002, Duhalde vetó la ley 25.609 en su totalidad, que prohibía a las empresas privatizadas interrumpir - por falta de pago - sus servicios de agua, luz, gas y telefonía a establecimientos públicos asistenciales, a los colegios y a las fuerzas armadas. En consecuencia, por ejemplo, según llegó a mi conocimiento en abril de 2003, hay unidades del Ejército en Jujuy que tienen cortado el teléfono.
Merced al acuerdo firmado por Duhalde, a fines de abril de 2003, junto con la primera vuelta de las elecciones presidenciales, se anunció que el FMI designaba un "representante residente" de jerarquía. A partir de mediados de 2003, el FMI se ha instalado en Buenos Aires de manera permanente para fiscalizar el cumplimiento de cada uno de los puntos. El "representante residente" es el inglés John Dodsworth, un alto funcionario del Fondo. Funciona como una suerte de virrey del FMI, que controla al ministro de economía y al presidente del Banco Central.
Con el crecimiento explosivo de la deuda y al sumarse las privatizadas, el FMI pasó a ser el "organismo multilateral" representante de los intereses imperialistas que en nuestro país manejan el crédito, las jubilaciones, los seguros, la electricidad, el petróleo, el gas, el agua, las comunicaciones, los puertos, el comercio exterior.
No hace falta hablar del papel que desempeña en todo esto la corrupta Corte Suprema, que, por ejemplo, al avalar la rebaja de las jubilaciones y de los salarios de los estatales – medida adoptada por el gobierno delarruista para asegurar el pago de intereses de la deuda externa ilegítima y fraudulenta - proclamó una doctrina anticonstitucional, según la cual, "acontecimientos extraordinarios justifican remedios extraordinarios".
Las tratativas directas con los gobernadores por parte de embajadores y gobernantes de potencias imperialistas y de enviados del FMI constituyen una nueva etapa, más grave, de la declinación de la soberanía y acrecienta los peligros de desintegración nacional. Nunca antes el Fondo negociaba cara a cara con los mandatarios provinciales. Por otra parte, las reuniones del poder ejecutivo nacional con los gobernadores son monitoreadas directamente desde Washington por el FMI. Por ejemplo, en una de las tantas reuniones del gobierno delarruista con los gobernadores justicialistas para discutir un nuevo pacto fiscal exigido por el Fondo en noviembre de 2000, cuando ya estaba listo el documento para ser suscripto, el jefe de gabinete Cristian Colombo les comunicó que lo conversado durante la mañana ya no tenía validez porque no era aceptado por el FMI.
Todo esto es público y notorio.
Los de arriba tratan de acostumbrarnos a que las cosas no pueden ser de otra manera. ¿Hay que elaborar el presupuesto, o sea, la ley de leyes? Se hace con el FMI y aceptando los lineamientos, o sea, las "reformas estructurales" y las medidas coyunturales que exige. El Congreso, que en la práctica queda como convidado de piedra, levanta la mano para aprobarlo una vez que haya sido bendecido por el FMI y delega sus poderes al Ejecutivo. Luego el pueblo, la víctima, se enterará a través de los nuevos ajustes, impuestazos y tarifazos.
El FMI dicta la política económica y audita su cumplimiento. Desde antes de que se instalara el "representante residente" ya operaban enviados del FMI de manera permanente en Argentina, con oficina en un sector del Banco Central. ¿Quién la ha dado atribuciones al FMI para fijar políticas, legislar, supervisar? Según lo establecido al crearse, el Fondo tiene el cometido de "ayudar a los países que atraviesan por dificultades en sus balanzas de pagos" y nada más que esto. Pero, evidentemente, opera como instrumento de las grandes potencias, sus bancos y sus monopolios y puede concretarlo en los países cuyos gobernantes se someten y aceptan su intromisión.
En 1996, Pedro Pou designó como subgerente general del Banco Central al economista inglés Andrew Powell. Para ello se modificó el estatuto del personal de la institución, de aplicación también para los contratados como Powell, que exigía que fueran argentinos por nacimiento u opción. De la Rúa mantuvo a Pou durante un tiempo y luego lo reemplazó por Mario Blejer, un argentino que durante 20 años fue alto funcionario del FMI. Luego de la caída de De la Rúa, Blejer se mantuvo un primer tramo con Duhalde y cuando dejó la presidencia del Banco Central se fue nuevamente del país, volvió "a las fuentes", es directivo del Banco de Inglaterra. Lo reemplazó en el Central Alfonso Prat Gay, quien también vino directamente del exterior, donde ejercía altas funciones en uno de los mayores bancos del mundo, el J.P.Morgan (fusionado recientemente con el Chase). Esto trae a la memoria la década infame, cuando la ley del Banco Central fue diseñada por el director del Banco de Inglaterra Otto Niemeyer. Los imperialistas son insaciables, hoy como ayer presionan brutalmente por una "mayor autonomía" del Banco Central. En otras palabras, pretenden copar totalmente su manejo para beneficiar aún más al capital financiero de los yanquis y demás potencias imperialistas que controlan el FMI. Por si esto fuese poco, también exigen la impunidad de los directores del Banco Central en los actos que realicen para "reestructurar" el sistema bancario.
En octubre de 2002 vino una delegación de seis expertos del Departamento del Tesoro yanqui para asesorar en forma directa a las autoridades del Banco Central. Permanecieron durante dos semanas. Además de sus reuniones con esas autoridades mantuvieron encuentros con directivos de bancos y empresas. Antes de su partida se anunció que vendría una nueva misión de técnicos para asesorar al Banco Central "en la definición de los principales lineamientos del programa monetario del 2003". En agosto de 2003, por exigencia del FMI, el gobierno presionó al Parlamento para que aprobara rápidamente la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, estableciendo la impunidad para sus directores y la facultad de emitir determinado monto de moneda pero sólo con destino al pago a acreedores externos.
Los de arriba pretenden que nos resignemos a un orden en el cual quienes deciden y mandan en la Argentina son y deben ser unos pocos: las grandes potencias, el FMI, los bancos y los monopolios extranjeros instalados en el país, los grupos económicos locales y los grandes terratenientes a ellos subordinados.
Son innumerables los hechos que lo evidencian. En abril de 2002, por exigencia de los monopolios comercializadores de granos, el gobierno duhaldista anuló un decreto tan sólo 12 hs. después de publicarlo en el Boletín Oficial. Resulta que hasta que se reimplantaron las retenciones dichos monopolios habían declarado anticipadamente ventas por 17 millones de toneladas, cerca del 30% de sus exportaciones. Pero sólo habían embarcado 5 a 6 millones de toneladas y pretendían que no se hicieran retenciones sobre lo que declaraban aunque no hubiese sido embarcado. El decreto establecía que la retención del 20% también se iba a aplicar sobre el volumen aún no enviado y al precio del día. Pero la presión de las cerealeras sobre el gobierno duhaldista logró que en medio día éste diera marcha atrás y ellas embolsaron una yapa de 300 millones de dólares. A principios de agosto de 2002, luego de la visita del vicecanciller francés Renaud Muselier y de una formal protesta de Francia, Duhalde aceptó modificar el decreto 1090 que impedía a las privatizadas iniciar acciones legales por incumplimiento de contrato y a la vez renegociarlo con el gobierno.
Roberto Lavagna mismo confesó que "es demasiada alta la frecuencia con la que se reciben propuestas de decretos casi elaborados a los que sólo les resta ser firmados" y se lleva a los funcionarios a "tener que hacer una política para el lobby de turno".
Hay una cantidad de episodios demostrativos del grado de vasallaje político de los gobiernos de turno frente al capital financiero imperialista y, en especial, ante el FMI. Para no extenderme innecesariamente citaré dos casos emblemáticos. Menem es el único gobernante que condecoró a los acreedores, que no son otra cosa que usureros beneficiarios de la ilegítima deuda externa que nos agobia. Un gesto que repugna al pueblo argentino. Porque resulta agraviante para la memoria del general San Martín y humillante para los argentinos que el gobierno menemista condecorara con la Orden del Libertador a los banqueros William Rodhes (Citibank) y David Mulford (Credit Suisse First Boston).
En el 2001 De la Rúa, de hecho, se atuvo a los dictados foráneos para designar sus ministros de economía: según trascendió, apenas producida la renuncia de Machinea, "el propio número dos del Fondo, Stanley Fischer, le hizo saber a De la Rúa que de los candidatos conocidos, sólo había dos candidatos potables para su organismo: Ricardo López Murphy y Domingo Cavallo". Pero subestimaron el ascenso de la lucha popular. L. Murphy tuvo que irse en tres semanas ante la ola de protestas masivas. Lo reemplazó Cavallo. Meses más tarde, con el Argentinazo del 19 y 20 de diciembre, el pueblo echó a Cavallo y al propio De la Rúa.
A la ignominia de la entrega la llaman "racionalidad". Así lo hicieron Duhalde y los gobernadores que suscribieron los 14 puntos acordados en la embajada yanqui en abril de 2002. De manera parecida, al mes de ejercer como vicepresidente, Chacho Alvarez había defendido enfáticamente la aceptación de las exigencias del Banco Mundial: "Para nosotros – dijo – la relación con el Banco Mundial es una prioridad, no podemos poner en tensión ese vínculo por prejuicios (sic)". Y como jefe de gabinete de De la Rúa, Rodolfo Terragno admitió abiertamente que el ajuste era impuesto por el FMI y sostuvo que no se podía hacer otra cosa porque "cuando se actúa en virtud de fuerza mayor, la voluntad que determina el acto no es la voluntad de quien lo ejecuta (sic), sino la voluntad – lícita o no – de un tercero".