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 Sistemas Computarizados y Docencia S. A.  –vs– Banco Sudameris

 

Sistemas Computarizados y Docencia S. A., es una empresa legalmente constituida  que tiene al senor Victor Manuel Cedeno G. como presidente y represent ante legal.  Por otro lado se tiene como  apoderado general de dicha empresa a Giancarlo Panicucci quien es de ciudadania italiana y con oficio de banquero aqui en la Republica de Panama. 

     Esta empresa en calidad de demandante  tiene designado al licenciado Eric Alexander Lopez Cornejo.  La empresa demandante hizo valer su reclamacion en contra del Banco Sudameris por la infraccion de la Ley 15 de 8 de agosto de 1994 sobre Derecho de Autor y Derechos conexos de acuerdo con el articulo 75 y 72 numeral 2 y 8.  Y la aplicacion del Decreto Ejecutivo 261 de 3 de octubre de 1995 en su articulo 109 numeral 5 y 11 junto con otra referencia del articulo 113 y 114 de la Ley 15  de 1994 para que se realizara la respectiva inspeccion de la casa matriz del Banco Sudameris de forma tal que la autoridad investigadora ordene la practica de medidas caulelares en el ambito administrativo.

     Los criterios fundamentales de la reclamacion del demandante se baso en los siguientes hechos:

Primero:  la existencia de un contrato acordado entre las partes previamente mencionada con fecha de 25 de enero de 1995 con una duracion de un ano.

Segundo:  el demandante manifiesta ser el titular del programa con el nombre  de Software contable FIBASICOLO para Panama, Gran Caiman, Italia y Francia.

Tercero:  la utilizacion del sistema por la parte demandada sin la debida autorizacion, sin recibir el demandante beneficios economicos alguno. 

Cuarto:  la proteccion del codigo fuente o el codigo objeto del programa que alega la parte demandante basada en el articulo 2 numeral 30 y el articulo 7 de la Ley 15 de 8 de agosto de 1994.

Quinto:  la alusion por parte del demandante del articulo 41 por cuanto la violacion de la propiedad intellectual ya sea por el uso indebido de forma parcial o total viculado con el articulo 19 del Decreto Ejecutivo 261 de 3 de octubre de 1995.

     En virtud de la reclamación ante la autoridad investigadora, el demandante a travesde su apoderado judicial solicita una auditoria de todos los archivos, fuentes, copias maquinas, hardware, la verificacion del contrato, el contenido de las clausulas negociadas y convenida entre las partes, la confiscacion y la eliminacion de todos los medios de almacenamiento para los efectos de exigir y proceder al secuestro con la imposicion de la sanction que corresponda.

     Dentro del proceso de la reclamacion por la  parte demandante se llevo a cabo la toma de posesion a los siguientes peritos:  Yeira Edith Jimenez Romero, Elsa Santamari de Vidal, Rodolfo Valentin Arispe, Rosaura Salvatierra.  Estas personas fueron juramentadas de forma tal que quedan obligadas a rendir un informe pormenorizado del peritaje que realizen que debe ser de estricta confidencialidad.

     La parte demandada lo es el Banco Sudameris y el apoderado general lo es el senor Julio Alberto Cortes Garcia quien a su vez otorgo poder especial a la sociedad de abogados Moreno y Fabrega.  La abogada Maria Fabrega en representacion de los intereses de la parte demandada solicito e hizo uso del recurso de reconsideracion con apelacion en subsidio para que se declare nula la resolucion de 28 de agosto de 1998 en la que se ordenaba la practica de medida cautelar generica y la anulacion de todo lo actuado.  Dentro del recurso interpuesto la apoderada de la parte demandada  alego falta de fianza, falta de competencia y se adujo pruebas testimonials. Por lo visto se llevo a cabo el allanamiento en el banco y acceso a todos los peritos, un interrogatorio, la peticion de hacer  entrega de todos los documentos los cuales no fueron entregados por  la parte demandada.

     Finalmente las partes involucradas se vieron obligadas  a negociar en el sentido  que de forma extrajudicial la parte demandada hizo un arreglo con la parte demandante toda vez que las informaciones, los detalles economicos de los clientes del banco Sudameris podia ser objeto de una situacion bien complicada y de forma muy logica la mejor salida fue un acuerdo serio y respetuoso.  Este arreglo no consta en el expediente pero si la situacion de hecho en donde la autoridad investigadora dejo de darle continuidad al proceso.

     La parte investigadora en este caso lo fueron los funcionarios que laboran en el departamento de Derecho de Autor del Ministerio de Educacion que estan localizados en Cardenas, Corozal area revertida de lo que fue la Zona del Canal de Panama.