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Quedan atrás viejas prácticas. Profunda transformación política

 

 

Un artículo del Dr Xavier Gamboa Villafranca

Referencia Bibliográfica:

Gamboa Villafranca, Xavier:  “Quedan atrás viejas prácticas. Profunda transformación política”, Excelsior, Sección Metropolitana.   5 de septiembre de 1987.  México, DF.  México.    

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Implícitamente, en el apartado correspondiente a la sexta orientación general de la estrategia de cambio estructural, el Plan Nacional de Desarrollo establece la necesidad de que la modernización de la economía se acompañe de una profunda transformación en la esencia y en la forma del ejercicio de la política. Los colaboradores del régimen, que en 1983 recibieron la encomienda de formular el PND con la participación de las principales fuerzas sociales. plantean de hecho un medio para establecer esta interrelación: hacer al Estado mexicano más vigoroso, pero a la vez más consensual.

 

Explícitamente, en su texto se maneja que un Estado democrático v fuerte -cuya conjunción es considerada por algunos prestigiados analistas como imposible de: lograr- es requisito básico, para que el gobierno pudiera guiar el tránsito de la sociedad mexicana durante el sexenio 1982-1988, en un sentido progresista. Según los términos del plan, sólo un Estado democráticamente fuerte sería. capaz de regir una economía bajo contingencias de crisis para garantizar la unidad de la nación, para que se prestara especial atención al impulso del sector social y para que se vigilara el permanente estimulo al sector privado.

 

Al objetivo de fortalecer al Estado, en una sociedad cada vez más democrática, entonces, se le otorgó una alta prioridad -desde un principio- en el régimen. Al menos hasta el día primero de septiembre de 1987. se dio una auténtica lucha. por su- consecución.

 

Hubo avances aunque ciertamente no los suficiente en la modernización, de los sistemas de procuración e impartición de justicia, así como en los niveles de profesionalización de cuerpos policíacos y servicios judiciales. Junto al abatimiento en la frecuencia de las intromisiones violatorias de la soberanía nacional, llevadas a cabo por cuerpos policiales y organismos paramilitares extranjeros, estos adelantos evitaron que decrecientes niveles de seguridad pública  continuaran erosionando las bases sociales mismas del estado mexicano.

 

Representantes de los sectores social y privado son cada vez menos, invitados formales para pasar cada vez más a ser verdaderos protagonistas en la toma de decisiones relacionadas con formulación, implantación y evaluación de la política  económica a nivel nacional, regional, estatal, subregional y municipal.

 

El poder legislativo –tanto en el plano federal como en el correspondiente  al de entidad federativa- ha tenido un mayor juego en el escenario político internacional y nacional. Ello, como producto de su mayor autonomía de ipso (no sólo formal, como había sido tradicionalmente el caso), del pluralismo acrecentado de las fuerzas participantes del intenso ejercicio de una crítica legítima y trascendente de diputados y senadores, así como de la apertura  de nuevos y muy importantes espacios en los cuales la lucha de corte parlamentario puede, en principio, llevarse a cabo.

 

 Al finalizar el tercer trimestre de 1987, ya no resulta tan fácil afirmar que los procesos electorales  constituyen la parte más vulnerable del sistema  político mexicano. Ello es resultado de múltiples factores. En general, la oposición la logrado tener a su disposición cada vez más eficientes medios de comunicación para transmitir su pensamiento social e ideología. Se ha logrado establecer una línea divisoria  clara y aceptada con legitimidad por gobierno y empresarios entre la negociación permanente que emprenden los organismos representantes de los intereses económicos  del capital privado ubicado en el país, y la lucha electoral que emprende  la oposición política de derecha. Especialmente  tras la derrota en las elecciones federales para diputados en 1985 y en las correspondientes al estado de Chihuahua de 1986, se ha parado en seco la ofensiva desatada por grupos, fuerzas y corrientes de ultra derecha norteamericana , que pretendía imponer en México un sistema formalmente democrático, bipartidista, en el cual se reprodujera  fielmente la lucha Partido Republicano versus Partido Demócrata.

 

La oposición de izquierda se ha fortalecido, al empezar a abandonar la atomización que la ha caracterizado por décadas. El partido en el poder se ha visto robustecido: por la incorporación de nuevas fuerzas sociales a su seno; por la concertación de acuerdos respecto a la distribución racional y equitativa de espacios políticos a ocupar; por la solución o el aplazamiento de viejas contradicciones entre –y al interior de- su estructura  sectorial y su estructura territorial; por el surgimiento de una poderosa corriente democratizadora que logra calar hondo en los procesos y rutinas seguidos para designar a los candidatos priístas para ocupar puestos de elección popular; y, por el progreso denotado en el destierro que viejas, ilegales e ilegítimas prácticas de fraude y alquimia electoral.

 

Pero quizá donde más se notan los efectos de la lucha por fortalecer al estado y democratizar a la sociedad emprendida por el régimen, es en el rubro correspondiente a la innovación en la función que desempeña la institución presidencial, precisamente en los procesos de sucesión. Desde principios de septiembre de 1987, se ha manifestado en la nominación de seis prominentes miembros del PRI, de los cuales saldrá su candidato a la presidencia de la república , en el período 1988-1994, así como en el intercambio de ideas de cada uno de ellos con el máximo nivel formal de toma de decisiones  del partido. La innovación es aún incipiente; es claro que no se ha hecho aparecer en toda su magnitud . Sin embargo ha tenido profundos efectos.

 

Lo más importante: esta innovación permite  que el gobierno se sacuda las presiones que desde el exterior se han hecho sentir, con el propósito de influir en la designación priísta del sucesor en el sentido que dicten los intereses estadounidenses. Con este cambio, a primera vista superficial, el Partido Revolucionario Institucional hace suyas las preocupaciones de corrientes de opinión que pugnaban por ventilar públicamente las preferencias de sus bases, cuadros medios de mando y altos niveles de liderazgo, respecto a quién debe ser el candidato a ocupar la presidencia de la república en el próximo sexenio. Además , evita así el PRI quedar rezagado en relación al juego abierto de los precandidatos de la oposición, tanto de izquierda como de derecha. Y, en general, se elevan enormemente  los niveles de legitimidad de los procesos electorales especialmente del relacionado con las elecciones de 1988.

 

De esta manera, el fondo y la forma de la participación de la institución presidencial, en el proceso de sucesión, se convierte en efecto y en instrumento del proceso de cambio estructural iniciado por Miguel de la Madrid y que, casi seguramente, será continuado por  su sucesor. 

 

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