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Fortalecer al sector social, mandato constitucional

 

Un artículo del Dr Xavier Gamboa Villafranca

Referencia Bibliográfica:

Gamboa Villafranca, Xavier:  “Intentan evitar compromisos claros. Embestida al Sector Social”, Excelsior, Sección Metropolitana.   1° de junio de 1988.    México, DF.  México.    

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Como resultado de la primera Reunión de Evaluación del Programa de Defensa de la Economía Popular, además de la evaluación de las acciones realizadas durante 1983, se acordaron los siguientes metas para 1984: dos mil nuevos grupos de autogestión, 50 cooperativas de consumo, 400 tianguis, 700 tiendas populares y 50 tiendas sindicales .

 

Dos días antes, Fidel Velásquez hizo el anuncio de que se iniciaría, en el transcurso de la semana, un programa para reordenar el comercio de los alimentos de primera necesidad. Dado que se trata precisamente de metas incluidas en el ámbito de comercialización de productos básicos, el programa a que aludía don Fidel es, precisamente, el de Defensa de la Economía Popular.

 

Por otra parte, el día 18, la prensa nacional difundía –formulada en lenguaje metafórico- la posición del presidente  de la CONCANACO en el sentido de que los dirigentes del movimiento obrero habían aceptado un bajo Incremento en los salarios mínimos, a cambio de asegurar que e aparato gubernamental; apoyara:

 

A)  La ampliación de la participación del sector obrero en la producción de artículos;

B) La creación de un sistema comercial, paralelo al sector privado, a cargo del sector, social de la economía mixta, del país. Acompañaba su interpretación un reclamo al Presidente de la República por no cumplir su compromiso de eliminar gradualmente controles gubernamentales sobre los precios. De estos hechos claramente relacionados entre sí,

 

desprende un requerimiento fundamental para que el proceso de fortalecimiento del sector social incluido como objetivo en la línea de cambio estructural de la sociedad, del Plan Nacional de Desarrollo se empiece a convertir en realidad.

 

El requerimiento es la lucha institucional, y atañe fundamentalmente a el grupo de la CTM que en diciembre de 1982- tuvo indudable éxito en negociar el reconocimiento constitucional del sector social como uno de los tres grandes componentes de nuestra economía.

 

Estos dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México, al lograr que su concepción se convirtiera en hegemónica dentro de la CTM, pudieron obtener otros dos avances durante 1983. Condujo las acciones que cristalizaron en firma, celebrada en enero, del programa de Producción, Control y Abasto del Paquete Básico de Consumo Popular. También hizo posible que el Plan Nacional de Desarrollo, promulgado el 31 de mayo., incluyera explícitamente al sector social como actor y sujeto fundamental, tanto de la política económica global y de las políticas sectoriales, social y regional de él, cuanto de su vertiente de concertación.

 

La CTM ha logrado consenso interno en cuanto a la necesidad de que los tradicionales métodos de lucha reinvindicativa de los trabajadores vayan acompañados de instrumentos político-jurídicos y económico-tecnológicos, que auspicien el surgimiento y consolidación de formas de organización social para la producción, comercialización, distribución y abasto de bienes y servicios de consumo socialmente  generalizado. Pero la Confederación no ha logrado que el movimiento obrero de apoyo pro-estatal, en su conjunto, acepte esta concepción y, menos aún, que la aceptación provenga de las organizaciones de trabajadores ubicadas a la izquierda del sistema político mexicano. Aquí se encuentra su tarea principal.

 

Es esta situación la que hace peligrar todo lo logrado en esta dirección para iniciar el cambio estructural del país. Sin amplias bases de apoyo, la expansión del sector social (hasta convertirse en responsable de buena parte de las actividades productivas) es altamente vulnerable. Ello explica el porque la amplia concepción del artículo 25 constitucional, del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa para la Producción, Control y Abasto del Paquete Básico de Consumo Popular, se reduzca, para enero de 1984 –apenas transcurrido un año- a un Programa de Defensa de la Economía Popular que contempla acciones casi exclusivamente ubicadas en la esfera del comercio y de la distribución, no en la producción de bienes. También explica el que, con todo y su limitación actual, esta concepción sea ideológicamente atacada por las organizaciones que representan los intereses de la fracción comercial de la clase del capital, cuyos dirigentes aparentan perder de vista que el fortalecimiento del sector social –abarcando la producción y comercialización de bienes y servicios- es un mandato constitucional. La voluntad política del Estado mexicano –con algunas excepciones representadas por funcionarios gubernamentales ubicados en posiciones secundarias de mando- está claramente empeñada en su logro.

 

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