Un artículo del Dr Xavier Gamboa
Villafranca
Referencia Bibliográfica:
Gamboa Villafranca, Xavier: “Espada de Damocles sobre ruta 100. Excesos en la modernización”, Excelsior,
Sección Metropolitana. 5 de noviembre
de 1988. México, DF. México.
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Todo lo cubre, la
imagen de que se trabaja febrilmente por modernizar al país. La voluntad de los
grupos tecnocráticos del gobierno aparece 'como avanzando sobre economía,
política e incluso ideología. Las cúpula de importantes fuerzas de la sociedad
mexicana colaboran para difundir, con elementos compulsivos, la idea.
Líderes de los
sectores social: público y privado transmiten a sus respectivas áreas de
influencia, el imperativo, de que, o se tornan más eficientes sus modalidades
de producción de bienes y servicios, o sucumben. Fenecerían, aseguran, no
debido a un castigo divino, sino por algo mucho más terrenal: la presión de la
cúspide del gobierno, combinada con la acción del numéricamente reducido pero
cualitativamente poderoso grupo de sus aliados.
Para todos los
débiles, la imagen de modernización es una imagen de asechanza. Los
trabajadores y productores directos, dueños o poseedores .de pequeñísimas
unidades de producción en el campo o las ciudades. perciben que no tienen nada
qué hacer, conforme a este esquema; saben que ya les ha sido asignado un lugar
en el cementerio que la tecnocracia destina a recibir los restos de quienes
declara incapacitados para servir a lo que ella considera una moderna economía
en una moderna nación. Empresas sindicales y cooperativas enfrentan también una
disyuntiva: o funcionan exclusivamente con los criterios de explotación,
"rentabilidad" y lucro, que son el motor de la gran empresa privada,
o ,desaparecen del mapa porque, ni por acción ni por omisión recibirán apoyo y protección del aparato
de gobierno. A los pequeños y medianos empresarios privados les llega el mensaje
de que van a ser golpeados; pero, también, de que tienen alguna Posibilidad de
sobrevivir en el mercado si se transforman, en productores de bienes
específicos, en comerciantes dedicados a la importación de ellos.
Los partidos políticos, especialmente el
PRI, reciben su cuota de amenaza. Saben sus respectivos dirigentes que, o
logran que cada partido funcione verdaderamente como tal "democratizándose",
"descorporativizándose" afiliando a individuos a través de una
sólida estructura territorial o el próximo gobierno se negará a utilizarlo como
interlocutor válido para resolver problemas y conflictos sociales,
sustituyéndolo por organizaciones populares de efectiva raigambre en el medio
urbano y en el agro.
Igual ocurre con los sindicatos, objeto
predilecto de la imagen de transformarse para modernizarse...o morir. Sobre sus
cuadros dirigentes se ejercen presiones (no sólo ideológicas sino también
políticas e incluso legales) para que éstos se conviertan en los más activos
promotores de un sindicalismo eficientista; un sindicalismo que logre duplicar
o triplicar la "productividad" de la fuerza de trabajo cuyos
intereses formalmente defiende. Los lideres "sienten" la necesidad de
acercarse al ideal tecnocrático de que cada sindicato sea el más fiel
\vigilante de que cada trabajador genere el mayor volumen posible de
bienes o servicios, por cada hora que transcurra y por cada dólar que invierte
el gobierno o el empresario privado. Ello significa desembarar, a la empresa,
de la poco gratificante tarea de velar permanentemente por lograr crecientes
tasas de explotación de la fuerza de trabajo asalariada y, consecuentemente,
permite que el propio sindicato se convierta en el banco de la inconformidad de
obreros, empleados y jornaleros, que por este motivo se genere.
En el caso de
los sindicatos que caen víctimas de esta imagen, hay por lo menos siete hechos
sobresalientes:
I) Entre más
fuerte sea un sindicato, mayor es la envergadura e intensidad de la amenaza que
está explícita o implícitamente incluida en la imagen ideológica de
modernización necesaria, al aplicarse a su caso específico.
II) Tratándose
de sindicatos fuertes, de empresas públicas juzgadas como no lo suficientemente
modernas (y por ende, susceptibles de liquidación, venta, fusión o
transferencia), la tecnocracia exige, como prueba de que éstos colaboran
plenamente en la eficientización, que se abandonen realmente –y,
preferentemente, de manera formal- los contratos colectivos de trabajo.
III) Cuando se
trata de sindicatos fuertes, de empresas públicas reconocidas como situadas en
la mira de los jóvenes modernizadores, la presión para la transformación de la
actividad sindical adopta la forma, no sólo de la amenaza de desarticulación del
sindicato, sino del amago con la desaparición de la misma fuente de trabajo.
IV) La posibilidad de desaparición de la fuente de trabajo
constituida por una empresa pública es mayor si existe un sindicato vinculado a
ella que además de poderoso, es relativamente independiente del movimiento
obrero oficial.
V) Si la
empresa pública amenaza con su supresión se dedica a brindar un servicio que
implique el que los miembros de un sindicato fuerte, independiente, tengan
contacto con el público (transporte energía eléctrica, teléfono, por ejemplo)
la lucha se complica porque a las variables tradicionales se agrega la
perspectiva y posición de los usuarios, cuyo potencial apoyo al sindicato se
puede convertir para éste en cuestión de vida o muerte.
VI) Un sindicato
que reúna las condiciones del anterior punto, que, para sobrevivir en el plano
inmediato se vea compelido a modernizarse en sentido tecnocrático, si no toma
en cuenta lo suficientemente las necesidades del público usuario, puede estar
cometiendo suicidio político para un futuro ubicado en el mediano plazo.
Lo anterior es
particularmente claro en el caso del Sindicato Único de Trabajadores de Autobuses Urbanos de Pasajeros de Ruta
100. El poderoso e independiente SUTAUR 100 se percató, desde hace tiempo, de
que la empresa ruta 100 sería una de las primeras en desaparecer, de llegar a
tener el gobierno próximo la fortaleza necesaria para ejercer el poder en esta
dirección. Los indicadores concretos que los líderes del sindicato tienen, de
que esta amenaza existe, son muchos. Por un lado la tecnocracia ha anunciado de
ipso que empresas públicas más fuertes (Telmex, PEMEX, verbigracia) podrían
tener este destino, en tanto que otras (Aeroméxico, Fundidora de Fierro y Acero
de Monterrey, por ejemplo) ya lo tuvieron.
Por otra parte,
la empresa ruta 100 ha venido disminuyendo progresivamente el número de sus
unidades en circulación (a causa de que el mantenimiento preventivo de ellas en
existente y –argumenta la administración de la empresa- el presupuesto no
alcanza para reparar los camiones que sufren descomposturas menores o mayores)
y, por si ello no fuera suficiente, el Departamento del Distrito Federal ha
venido auspiciando y estimulando el rápido crecimiento del número de “combis” y
“microbuses”, que sustituye en
proporción de 6 a 1, a cada camión que deja de prestar servicio.
El SUTAUR 100
decide, entonces, mostrar capacidad para modernizarse; en particular, probar que es capaz de
aumentar la productividad de los operarios de unidades. Implanta una acción de
emergencia para cumplir los designios del grupo que maneja la asignación
presupuestaria a empresas públicas y tener, así, alguna posibilidad de
sobrevivir a la furia modernizante. El sindicato de ruta 100 establece y opera,
por estas razones, a partir de septiembre de 1988, 3 rutas de servicio directo
(sin paradas intermedias, de terminal a terminal): del metro insurgentes al
metro indios verdes; del metro indios verdes a Tlalpan Joya; y, del metro san
Lázaro a los reyes. Además, durante
septiembre y octubre de este mismo año, logra que en prácticamente todas
las rutas que cubren las unidades de ruta 100 en la ciudad de México, opere el
servicio expresso. Esto último significa que, en cada ruta, aproximadamente un
autobús en servicio expresso, hace aproximadamente la tercera parte de paradas, que una que vaya en servicio normal.
Por ejemplo entre la base Xochimilco y la base metro Chapultepec, hay alrededor
de 30 paradas normales; para el servicio expresso, se reducen a 10 paradas.
El SUTAUR 100 logró
su propósito. Consultando a los choferes, éstos diseñaron de hecho las
modalidades de servicio expresso y servicio directo. La modernización del
servicio, la mayor productividad de los operarios... seguramente que por ahora
constituyen diques contra la cristalización del propósito de desaparecer de
inmediato a la empresa pública que desde 1982 se encarga de transportar
masivamente a la fuerza de trabajo de la ciudad de México.
Este manto
protector, sin embargo, es sólo conyuntural. No elimina la espada de Damocles
sobre empresa y sindicato, que muy posiblemente se empleará en un futuro a no
más de 6 meses de distancia. El mejor defensor llegado el caso de que el
gobierno tuviera la fuerza necesaria para llevar adelante su objetivo de
concluir el proceso de reprivatización del transporte colectivo de auto
transporte en el DF, lo serían los propios usuarios del servicio. Pero estos,
difícilmente se movilizarían políticamente en apoyo del SUTAUR 100. La medida
modernizadora productivista mencionada fue efectivamente producto de una
decisión democráticamente tomada y colectivamente emprendida del sindicato. El
problema es que los usuarios del servicio no fueron considerados, en su real
dimensión como interlocutores válidos. Hay indicios de que se ha generado
malestar entre los pasajeros que se transportan entre una parada normal y otra,
a los que el servicio expresso y el servicio directo no beneficia en lo más
mínimo. El SUTAUR 100 está obligado a evaluar el grado en que ello es así, para
tomar las medidas correctivas necesarias y darle el toque final a una medida
preventiva acertada, contra la desaparición de ruta 100.
El SUTAUR 100
no se puede quedar en lo inmediato. No basta con sobrevivir a los embates
actuales; ello tiene que ligarse con su
persistencia futura. Tiene que mostrar –como ya lo ha hecho- capacidad para
conducir el incremento de la productividad de sus agremiados (medido, por
ejemplo, en términos de más kilómetros/ chofer/ hora, o de mayor número de
viajes/ unidad/ jornada de trabajo). Pero, además tiene que involucrar grupos
de usuarios organizados a su toma de decisiones, con objeto de reducir, todo lo
posible, inconformidades respecto a una acción que el sindicato emprende en
legítima defensa de la fuente de empleo de sus agremiados. De no hacerlo corre
el peligro de que en el futuro mediato, cuando se vea forzado a recurrir al
apoyo directo de los usuarios, éstos se lo nieguen, consumándose entonces el
propósito gubernamental consumándose en organización de ruta 100 que
seguramente no consiguió la tecnocracia por ahora.
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