¿Hacia el
Abandono de las Prácticas Populistas en el Campo Mexicano?
Autor: Dr. Xavier Gamboa Villafranca.([i])
Publicado en la Revista
del Centro de Estudios Políticos.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Vol. III, No. 10. abril-junio de 1977,
México D. F.
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Todavía de 1971 a
1976 la posición estatal respecto al campo era ambivalente. Por un lado, se
apoyaba el desarrollo capitalista. Esto es claro si se considera la forma en
que se llevó a cabo el otorgamiento de crédito, infraestructura, tecnología,
formas de organización y satisfacción de otros requerimientos económicos. Por
otra parte, se permitía la existencia -y aun el desarrollo- del sector ejidal y
del minifundista-privado. Ello respondía a la necesidad de satisfacer los
requerimientos políticos e ideológicos del sistema en su globalidad. Esta
ambivalencia permitía que, en ciertos periodos, el Estado asumiera
fundamentalmente posiciones de apoyo hacia, la "descampesinización"
del sector rural. En otros periodos, en cambio, se inclinaba básicamente hacia
la "campesinización" del mismo.
La hipótesis que aquí se
presenta estriba en que, en el actual régimen, la existencia de la mencionada
ambivalencia ya no es tan clara. Los requerimientos de la producción del
capital, no sólo en el sector agropecuario, sino en la formación social
mexicana en su conjunto, no permiten más el juego estatal de las dos cartas en
el campo. La continuación de las eficaces presiones ejercidas por diversas
fracciones de empresarios rurales, empresarios y comerciantes, agudizadas en
las postrimerías del régimen echeverrista, parecen encauzar al Estado hacia un
progresivo y definitivo divorcio con respecto a las prácticas populistas en el
sector rural. Ello significa que se inclinará, cada vez con mayor fuerza, hacia
su "descampesinización" y desarrollo típicamente capitalista. Las
escasas e ineficientes presiones provenientes de organizaciones de 'izquierda
no han hecho mella en el aparato estatal.
Es indudable que la
problemática política a que se enfrenta el Estado mexicano en los momentos
actuales tiene sus raíces en el proceso inflacionario a que se ve sometida la
economía nacional. De ahí que las diversas medidas tomadas por el aparato
burocrático para detener o aminorar la marcha de la inflación, repercutan de
inmediato en el plano propiamente político.
La " Alianza para la
Producción" establece que la mejor forma de combatir la inflación es a
través de incrementos sucesivos en la productividad de todos los sectores. Esto
significa, desde el punto de vista estatal, que el contenido específico de la
búsqueda de aumentos en la productividad se verá normada por un doble
condicionante. A nivel general, la finalidad de tener mayor productividad
deberá concordar con los grandes objetivos contempla- dos en la " Alianza
para la Producción". A nivel concreto, la meta de incrementar la
productividad deberá adaptarse a las condiciones presentadas por el sector
específico de la economía, cuya productividad se pretende elevar.
¿Cómo incide sobre el
desarrollo del campo mexicano el objetivo estatal de aumentar la productividad
? El agro representa uno de los puntos más sensibles del sistema político
mexicano. Por esta razón, la consecución de este objetivo tiene especial
importancia. Veamos esto con más detalle.
La perspectiva estatal para
incrementar la productividad en el medio rural parece partir de un hecho; la
producción agrícola y ganadera está en crisis. Uno de los indicadores más
tangibles de ello consiste en que la producción agrícola del país ha bajado en
forma considerable en los últimos cuatro años. La reducción de la productividad
ha sido tal, que la disponibilidad de productos agrícolas per capita ha
disminuido notablemente.
Si el Estado no toma medidas
para remediar la crisis agropecuaria, ésta puede traducirse en serios problemas
políticos. Puede originar una constante alza en los precios reales de productos
alimenticios que, llevada a límites extremos, podría traducirse en brotes de
violencia rural y urbana. y lo cierto es que esta violencia, aun cuando en la
actualidad está localizada y militarmente controlada, no se encuentra
totalmente ausente de posibilidades de generalización no controlada.
Por otra parte, el permitir
que prosiga la crisis agrícola podría representar el aumento del déficit de
materias primas industriales, lo que repercutiría en el surgimiento de serios
obstáculos para el crecimiento de algunas de sus ramas. También podría
convertirse en traba al crecimiento de las áreas económicas más desarrolladas
del propio sector agropecuario. En fin, podría determinar la reducción del
mercado interno, al constituirse en factor de desempleo rural y urbano.
En este complejo panorama,
el Estado no tiene otra alternativa que la de incrementar la productividad
agrícola y ganadera a toda costa. y hay indicios de que lo va a hacer,
precisamente a costa del sector ejidal y minifundista privado del campo.
El secretario de Agricultura
y Recursos Hidráulicos, ingeniero Merino Rábago, al dar a conocer la
constitución de un Plan Nacional Agrícola, afirmó que los objetivos que éste
perseguirá son :
a) Generar los empleos suficientes en el campo para contener la migración
hacia las ciudades ;
b) Producir los
alimentos que el país requiere ;
c) Terminar con la
importación de granos.
Días después el presidente
de la República apoya públicamente este punto de vista, agregando que aun
cuando se procediera a la división de la tierra ya repartida, no se podría dotar
a todos los campesinos sin ella, por lo que es necesario generar empleos de
otro tipo en el campo. Posteriormente el licenciado López Portillo señala el
ineludible requerimiento de tecnificar al máximo la producción
agropecuaria, incluso recurriendo a formas importa- das de mecanización.
En declaraciones publicadas
en la prensa nacional el 21 de marzo, el secretario de la Reforma Agraria,
licenciado Jorge Rojo Lugo, declara que los ejidos deberán convertirse en
empresas, con las características de toda empresa capitalista. El 18 de
abril el subsecretario de Nuevos Centros de Población de la SRA, ingeniero
Prudencio Mora, es muy claro respecto a la necesidad de proletarizar al
campesinado. Indica que ante la posibilidad de que en el transcurso de la siguiente
década no haya tierra que repartir, lo cual provocaría graves conflictos
sociales, podría instrumentarse desde ahora una política ocupacional mediante
la cual se busque trabajo a campesinos con derechos a salvo. Por
ejemplo, podrían emplearse como meseros en ejidos turísticos, o como
distribuidores de fertilizantes en ejidos-industria, pequeñas propiedades
agrícolas y en empresas particulares y oficiales en el medio rural.
¿ Cuál es la respuesta de
las clases y sectores dominantes ante esta posición estatal de apertura del
campo al desarrollo capitalista?
El 14 de abril el presidente
del Consejo Coordinador Empresarial afirma que en el campo está la solución
rápida para sacar del estancamiento a la economía: los empresarios -solos
o asociados con los usufructuarios de las tierras- pueden crear ahí los más
altos números de empleos y elevar, hasta los niveles requeridos, la producción
de alimentos y materias primas.
El beneplácito de las
fracciones más fuertes de la burguesía con este aparente giro, buscado en la
"política" agraria, queda manifestada por el señalamiento hecho por
el presidente del Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales, en
el sentido de que México regresa a la política de solidaridad gobierno-iniciativa
privada, y que los empresarios tienen confianza para invertir en el sector
agrícola.
Pero la burguesía,
atendiendo a las posiciones manifestadas por diversos grupos, no está dispuesta
a invertir en el campo así como así; a invertir sólo por apoyar la política gubernamental.
Su presencia en el sector, como en cualquier otro, está condicionada por la
certeza de obtener altas y seguras ganancias. Por esta razón algunos grupos han
sido muy cuidadosos en establecer las condiciones bajo las cuales invertirán.
Por ejemplo, el 13 de abril el presidente de la CANACINTRA reconocía que la
industria de la transformación no había podido generar ni uno solo de los 300
mil empleos que se había propuesto para 1977, conforme a los objetivos de la
"Alianza para la Producción". Argumentaba que ello se debía a que,
durante los primeros cuatro meses del año, no hubo financiamiento y no tuvieron
rentabilidad las empresas. Añadía que esto conduciría a que los industriales se
esforzaran, en el curso de los siguientes ocho meses, en recuperar el ritmo
usual de inversión y llegar a la meta fijada. Sin embargo, una semana después,
el mismo vocero establecía categóricamente que sólo el panorama jurídico
y político en el campo se logrará esclarecer totalmente, la CANACINTRA
promovería la inversión de 60 000 millones de pesos en el sector agropecuario y
agroindustrial.
La conclusión de esta
posición de las clases dominantes, en el conjunto de objetivos perseguidos por
la política económica estatal respecto al campo, parece ser un hecho formalizado.
Esta posición está presente en las declaraciones hechas por el secretario de
Patrimonio y Fomento Industrial el 14 de abril, donde se afirma que el sector
público y privado coinciden en la necesidad de modificar la
actual estrategia de desarrollo y volver los ojos al campo. Añade que
será necesario eliminar las protecciones paternalistas nocivas, empleadas frecuentemente
con el campesinado, logrando que el principal pivote de la
economía sea el agro. Para lograrlo, agrega, será menester buscar
mejores niveles de empleo y productividad, recurriendo al perfeccionamiento de
las instituciones de apoyo técnico y financiero e impulsando a la pequeña
y mediana industria para utilizar el subempleo estacional y mejorar
el uso de la tierra.
Esta perspectiva ha tenido
una rápida acogida por la CNC, principal componente de la maquinaria
corporativa estatal en el campo. Sus voceros han establecido que, ante la
imposibilidad de establecer medidas socialistas en el agro, se deberá implantar
ahí un verdadero capitalismo.
De esta manera parece ser
que, a los ojos del Estado, sin inversión empresarial en el campo no se logran
los objetivos de la "Alianza para la Producción". Sin la presencia
del capital de la burguesía agraria, comercial, industrial y financiera en el agro
no hay incremento de la productividad. Por tanto, no se da la disminución del
índice de desempleo, el abatimiento de las posibilidades de surgimiento
generalizado de movimientos de inconformidad, ni el aumento en las tasas de
utilidad de las inversiones. De ahí que sea imprescindible abrir el campo al
desarrollo casi exclusivamente capitalista.
Pero, por esta misma
situación, las diversas fracciones de la burguesía involucradas están en
posibilidades de negociar eficazmente a favor de sus intereses; de condicionar
su intervención. El capital afluirá al campo, siempre y cuando se
"esclarezca" el panorama político. Para el capital este esclare-
cimiento sólo puede significar el abandono de las prácticas populistas esta-
tales de "campesinización" del sector. En otras palabras, suprimir la
tendencia, relativamente vigente con anterioridad, en cuanto a la afectación de
tierras; abandonar la actitud relativamente contemplativa del gobierno en el
caso de invasiones agrarias; regularizar la tenencia de la tierra, y
proporcionar la infraestructura requerida por las empresas en el campo.
Por otra parte, existen
indicios de que el Estado está tomando medidas reales para posibilitar el logro
de estos objetivos, ya incluidos oficialmente en su "política" hacia
el agro. Pasos efectivos que están detectando, incluso, los grupos más
lastimados en las postrimerías del régimen pasado.
Los signos, pues, parecen ser
claros. La intervención estatal en el campo se dirige hacia el progresivo
abandono de las prácticas populistas. Así lo in- dican tanto los objetivos
formalmente sostenidos como las medidas realmente tomadas para su consecución.
Pero ello representa sólo una de las dos caras de la moneda. Queda pendiente la
respuesta de las clases y sectores explota- dos del campo.
28 de abril de 1977
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[i] Licenciado en
sociología y maestro en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, UNAM; estudiante del doctorado en Sociología en la
FCPS-UNAM. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la
Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Aragón. Investigador del Centro
de Estudios Políticos de la FCPS.
