Un
artículo del Dr Xavier Gamboa Villafranca
Referencia
Bibliográfica: Gamboa Villafranca, Xavier: “Estrategia de Cambio Estructural.
Lucha por Modernizar el Campo”, Excelsior, Sección Metropolitana. 6 de agosto 1987. México, DF. México.
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Según
la estrategia de cambio estructural del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1984,
en el sexenio de Miguel de la Madrid se
avanzaría en el proceso de modernizar al sector agropecuario y forestal. De
conformidad con este documento, el régimen se comprometería en el propósito d
reorientar la dinámica tradicional de la agricultura, la ganadería y la
silvicultura, para lograr que el campo produjera bienes exportables, para que
de el salieran mayores volúmenes de las materias primas que utilizan la agroindustria y otras ramas
de la planta industrial ubicada en México y para que generara una mayor
proporción de los alimentos que requieren
las mayorías populares que viven
en las ciudades del país.
Pero también de acuerdo con el propio texto del plan,
la administración presidencial delamadrista asume este compromiso por una razón
adicional fundamental. Se pensaba que si el sector agropecuario se
fortaleciera, sería una palanca formidable para contribuir al desarrollo rural
integral. Y el desarrollo rural integral significaba, antes que otra cosa,
asegurar que los habitantes del campo
tuviesen adecuadamente y oportunamente satisfechos sus requerimientos
nutricionales. En el fondo se parte de que para ello existían dos caminos que
habría que recorrer simultáneamente. El primero conseguir que los pobladores
del agro produjeran buena parte de sus alimentos, el segundo camino consistía
en auspiciar que los campesinos pudieran comprar la parte restante de sus
alimentos en n mercado que los tuviera físicamente disponibles en
condiciones adecuadas de preservación y a precios accesibles.
Se trata del PND pues, de una concepción de cambio
estructural que apunta a que el desarrollo rural integral logre traducirse
principalmente en asegurar que vía mercado y vía producción para el
autoconsumo, los desempleados, jornaleros agrícolas y campesinos pobres del
campo, tengan acceso a los alimentos básicos que necesitan. ¿Cómo maneja el PND
que puede lograrse un desarrollo rural, que integre las políticas
gubernamentales destinadas a modernizar el sector agropecuarios , con las
políticas orientadas a atender las necesidades centrales de sus habitantes
particularmente en materia de alimentación?
En una dimensión sociopolítica, es posible afirmar
que se planteaban cuatro requisitos fundamentales:
1. Que las dependencias gubernamentales (de los tres
niveles de gobierno), organismos descentralizados y empresas públicas cuyas
funciones tuvieran que ver total o parcialmente con las modalidades de comportamiento y crecimiento del sector
agropecuario y forestal, realmente destinaran recursos proporcionalmente
significativos a la formulación de
programas y ejecución de acciones claramente orientadas a la producción y
abasto de los alimentos que la población rural necesitaba urgentemente.
2. Que esta actuación de aparato de gobierno y del
sector público, respondiera ejecutivamente a los planteamiento de organismos
que verdaderamente resisten intereses de las mayorías que están en el agro.
3. Que las organizaciones legítimamente
representativas de la posición de los productores directos del campo no fueran
solo emisores de demandas sobre el gobierno y sus empresas , sino que también
participaran como corresponsales en la
planeación, ejecución, supervisión y evaluación de los mecanismos que desde el
gobierno se propusieran para satisfacerlas.
4. Que se emplearán a fondo el talento de dialogo y
la negociación tanto para lograr que la multitud de Dependencias y empresas
públicas relacionadas con el medio rural actuara coordinadamente , cuanto para
obtener acuerdos y concertar acciones entre aparato de gobierno y organismos
representantes de mayorías populares del campo.
En estos cuatro requisitos, entonces había un asunto
nodal: la organización de la población. Organización en la medida requerida para fortalecer tecnologías y administrativamente sus procesos
tradicionales de producción para el autoconsumo. Organización política para
empujar al sector público y operar redes tales de distribución de alimentos básicos,
que garantizan que estos llegaran adecuadamente y oportunamente a las mesas de
los demás débiles consumidores rurales a precios inferiores a los vigentes
en el mercado del sector privado.
A partir de esta concepción y d estos planteamientos
el régimen intento avanzar en su propósito de modernizar al sector agropecuario
para asegurar alimentos a la población del campo. La SARH, el DIF, la SRA,
Banrural y la SEP, buena parte de las instancias dedicadas al fomento agrícola
y pecuario en los gobiernos de los estados, por ejemplo, intensifican los
programas de huertos familiares y granjas integradas. El CONACYT refuerza sus
programas y operacionaliza los instrumentos de que dispone con la
finalidad de auspiciar, fomentar y
financiar investigaciones científicas e
innovaciones tecnológicas dirigidas a fortalecer los equipos que utilizan y los
procesos que siguen los campesinos y jornaleros para producir los alimentos que
directamente consumen. Una proporción no despreciable del conjunto de
instituciones de educación superior y de centros de investigación del país
participan activamente en esta nueva línea de consejo, por ejemplo: el propio
INIFAP; la CIT de la UNAM; la ESIME, Instituto de Investigaciones de la UAP; el
CIEIAA, de la Universidad de Guanajuato; el CIA, de la UNAL; el INSTITUTO DE
investigaciones, de la Universidad de Colima; prácticamente todos los
tecnológicos agropecuarios, de la SEP. También se presentaron adelantos en la
acción del sector público, orientado a la comercialización para hacer llegar
alimentos básicos a la población rural. Destaca al respecto, el Programa de
Distribución Rural de Diconsa. Para finales de 1985, tenía ya 12497 tiendas de
operación en el campo de las cuales 11614 eran Tiendas Campesinas de
Participación Comunitaria, para atender perfectamente la demanda de familias
que percibieran menos del salario mínimo vigente.
En estas y otras acciones parecidas a la
administración federal y los gobiernos estatales y municipales tuvieron que dar
una fuerte lucha política , por logra que se cumpliera el requisito fundamental
de que su propia actuación contara con
la participación de una población rural organizada. Ante todo, fue menester
enfrentar una realidad : entre los estratos de los habitantes del campo, que
por sus condiciones de trabajo y vida
requerían el apoyo urgente del sector público
para asegurarles alimentación, existían niveles muy bajos de
organización. Pero paradójicamente tampoco había una red –una serie de
mecanismos articulados- que garantizara que desde el Estado se auspiciara el
que se llenara esta laguna.
Los partidos y agrupaciones políticas no funcionarían
fácilmente en esta dirección. Los de izquierda con arraigo popular real tenían
influencia básicamente local y regional; los de apoyo forestal tenían una
escasa tradición de militancia, salvo en momentos de preparación y ejecución de
procesos políticos-electorales; los de derecha , estaban más enfrascados en
aglutinar coyunturalmente clientela política a partir de errores del gobierno y
de las fuerzas aliadas de éste, que interesados en sentar bases para la
verdadera organización de la población depauperada del agro, para el
mejoramiento sustancial de sus condiciones de vida.
La verdadera es que el Estado mexicano contaba con
otros muchos mecanismos de penetración en el medio rural. Sin embargo, de los
existentes prácticamente en ninguno podía echarse realmente a cuesta la
responsabilidad de organizar a los
pobladores rurales, para que fueran efectivamente conductores de la manera y el
ritmo conforme al cual se garantizara el acceso a los alimentos básico. Y
pensar en una combinación entre ellos, con estos fines era claramente utópico.
Seguramente por ello en lo fundamental no se recurrió tampoco a las
organizaciones preexistentes, aglutinadas entre otras en torno al crédito
rural, a la tenencia de la tierra, al agua, a la educación, a la religión y al
suministro de servicios (energía eléctrica, agua potable, alcantarillado,
etc.,) individuales y colectivos.
En estas condiciones por lo tanto fue necesario
intentar, auspiciar el surgimiento de organizaciones ad hoe, para ser
contraparte del gobierno en sus políticas y acciones orientadas a satisfacer,
mantener elevar los niveles nutricionales. Sin embargo, la puesta en marcha de
acciones concretas orientadas en esta dirección abrió otros frentes otros
frentes, en los cuales la administración delamadrista se encontraba luchan,
todavía para finales de noviembre de 1986; ¿Cómo evitar que organizaciones
preexistentes capitalizaran políticamente a su favor, como un en sí mismo de
las acciones gubernamentales y a los grupos auspiciados por éste?. ¿De qué manera pudiera
garantizarse la legitimidad de las organizaciones ad hoc auspiciadas? ¿Qué
medidas habría que implantar, para evitar que los niveles de servidores
públicos nutridos con esta concepción –y fuertemente motivados por ella- se
desgastaran inútilmente, ante el hecho insoslayable de que a menudo se ubicaran
en dependencias movidas por inercias bien diferentes a la negociación, a la
concertación y sobre todo a la conducción de la acción del gobierno por los más
pobres del campo? ¿De qué manera podría combatirse eficazmente la embestida
ideológica del sector privado que veía, en el propósito declarado y legalmente
fundamentado de fortalecer al sector social, peligrosos indicios de que el
gobierno se empeñaba en acercar a México al socialismo? ¿Cómo superar las
pugnas que se daban entre corrientes, que coexistían en el aparato de gobierno
y en la empresas públicas, que llevaba frecuentemente a sus respectivos a
intentar apoyar exclusivamente a organizaciones de consumidores rurales, de
jornaleros agrícolas y de campesinos pobres, inscritos en organismos que
coincidan con sus propios intereses y posiciones? ¿De que manera pudiera llegar
la enorme distancia realmente existente entre organizaciones de alcance
nacional y organizaciones locales, que dificultan el llevar a la práctica
acuerdos concertados con los primeros y, viceversa, el que fueran reconocidos
por estos los compromisos adquiridos con organizaciones de base?.
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