Autor: Dr. Xavier Gamboa Villafranca.([i])
Publicado en la Revista
del Centro de Estudios Políticos.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Vol. III, No. 11. julio-septiembre de 1977. México D. F.
1. La Visión
Oficial: el Gobierno Como Único Rector
2. El papel
"Rector" del Gobierno en la Realidad
a) Dificultades intraburocráticas: el reacomodo sexenal
b) La burguesía
no acepta la rienda gubernamental
c) La maquinaria corporativa del Estado: factor importante de
presión
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1. La
Visión Oficial: el Gobierno Como Único Rector
Es incuestionable la
afirmación del presidente de la República (IX/1/77)[ii]
en el sentido de que actualmente "está acabado por sus contradicciones un
patrón de crecimiento que agotó su último tabú con la devaluación". Lo que
resta por saber es si la historia comprobará que son realmente efectivas las
nuevas reglas -en el fondo, flexibilidad y agilidad de respuesta atinada y
ubicada en la trama general- conforme a las cuales el actual gobierno ha
enunciado que combatirá la espiral inflacionaria, los movimientos masivos de
capitales y los efectos de los cambios radicales en los valores relativos de las
principales monedas y de importantes materias primas. En otras palabras, lo que
es discutible es si el gobierno de López Portillo tiene la posibilidad real de
dirigir el proceso por el señalado --con cierto grado de bases consensuales-
como adecuado para salir del "bache" económico. Por tanto, es
importante intentar sopesar las posibilidades de que la actividad de los demás
sectores sociales se someta –o, incluso, sólo se pliegue- al rumbo marcado por
los altos estratos de la burocracia central del Estado mexicano.
Conforme a los planes
gubernamentales (IX/1/77) , 1977 se plantea como el año de la reconstrucción
económica. El año en que, ante la gravedad de la crisis, o se remedia la
situación económica con el "concierto?' de todos los sectores -dirigidos
por el gobierno-, o estalla la violencia. Es un periodo durante el cual ha sido
necesario implementar una alianza que permita
conjugar las
intenciones de distintos sectores para armonizar idénticos propósitos, para
procurar lo que más necesitan, para eliminar artículos suntuarios, para que las
clases de altos ingresos inviertan más y gasten menos) para racionalizar los
procesos de elaboración y comercialización ( IX /1/77 ) .
Hay algunos indicios de que
las cosas no están siendo fáciles para la fracción de la burocracia encabezada
por López Portillo. En su "Mensaje Político" del 19 de septiembre de
1977, el jefe del Ejecutivo Federal ha intentado la reivindicación verbal de la
capacidad de actuación independiente que tiene el gobierno, en particular del
cargo que él ocupa: "Como Jefe del Ejecutivo Federal no puedo aceptar
presiones. En las cuestiones de mi competencia sólo yo he decidido, decido y
decidiré. Si ha habido aciertos, ése es mi compromiso ; si errores, mi
responsabilidad." La explícita alusión presidencial lleva a plantear las
siguientes interrogantes: ¿ las perspectivas vislumbradas permiten prever la
existencia de una correspondencia entre la anterior afirmación oral y la
realidad? ¿La fuerza del gobierno federal es tan verdadera y poderosa como para
permitir que éste implante en su totalidad el proyecto de desarrollo que ha
formulado, de manera bastante clara, desde principios de año? ¿Es realmente
factible la consolidación y operación de la Alianza para la Producción ? ¿ Qué
obstáculos se le presentan al gobierno en este sentido ?
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2. El
papel "Rector" del Gobierno en la Realidad
Los acontecimientos parecen
estar señalando la existencia de serios obstáculos para que efectivamente sea
el gobierno de López Portillo el efectivo conductor del proceso de implantación
de su modelo de desarro1l0 y, por lo tanto, para que en realidad se lleve a
cabo la Alianza para la Producción. De ser así, existiría la posibilidad de que
sufriera modificaciones el proyecto de desarrollo que ha venido manejando
formalmente, al menos hasta septiembre de 1977.
Existen por lo menos tres
grandes categorías de factores que dificultan el que el aparato burocrático sea
el director único que eche a andar a las diferentes fuerzas sociales en la
dirección señalada por sus órganos de planeación :
a) Las presiones
que sufre desde el interior de la propia burocracia central, provenientes de
grupos relativamente opuestos entre sí, que -por lo me- noS hasta agosto--
habían logrado el acceso a poderosas e influyentes posiciones políticas, que
manejan modelos de desarrollo y esquemas de salida a la actual crisis no del
todo coincidentes con los del régimen en turno y que representan una suerte de
continuidad con las estrategias seguidas con las dos últimas administraciones
presidenciales ;
b) La composición,
funcionamiento y agresividad de la burguesía en la crisis actual, que la coloca
en la posibilidad de socavar severamente la relativa independencia del aparato
burocrático con respecto a ella y, por tanto, de implantar sus propias
concepciones de "salida emergente" ;
c) El deterioro
progresivo de las condiciones de vida de la fuerza de trabajo
"organizada" determina, como posibilidad, el que la maquinaria
corporativa del Estado se debilite internamente, lo que a su vez conduce a que
para neutralizar o minimizar este proceso- sus instancias dirigentes tomen una
posición cada vez más radical en la defensa de los intereses de sus miembros,
obligándolos las circunstancias a asumir en ocasiones un papel bastante más a
la "izquierda" que el que le ha sido delimitado por el aparato
gubernamental.
La presencia de este conjunto
de dificultades condiciona el que la capacidad directiva del gobierno esté
siendo seriamente limitada. En tanto que el capital toma un papel cada vez
menos activo en el cumplimiento de los lineamientos que le son señalados por la
burocracia del Estado mexicano, la maquinaria corporativa de este Estado denota
una progresiva actividad efectiva en la delimitación del contenido de los
planes gubernamentales, en la conformación de la Alianza para la Producción y
en la real ejecución o no de los compromisos contraídos en ella. Veamos cada
una de estas categorías de obstáculos con más detalle.
a) Dificultades
intraburocráticas: el reacomodo sexenal
El proyecto de salida a la
crisis del actual régimen gubernamental, al nivel intraburocrático y en el
plano inmediato, se plantea coyunturalmente como la resultante o solución
vectorial del proceso de enfrentamiento entre las respectivas concepciones de
tres corrientes políticas principales: la corriente del expresidente Gustavo
Díaz Ordaz, que en términos generales sostiene que la conducción del proceso de
salida a la crisis debe ser efectuada por un Estado intransigente, represivo y
autoritario; el modelo esgrimido por el grupo de seguidores del expresidente
Luis Echeverría Álvarez -incrustados no sólo en algunos niveles importantes del
aparato de gobierno, sino colocados también en la mayoría de las principales
localidades del Congreso de la Unión desde finales del sexenio pasado-, que
concibe que es un Estado orientado al cambio, con apoyos populistas, el que
debe realizar la planeación y dirigir la acción para salir de la crisis
económica, y la tendencia -alimentada por los fieles seguidores del actual
presidente de la República- que a grandes rasgos se caracteriza por la visión
de que es un Estado árbitro, dirigido por tecnócratas gubernamentales, que
permita siempre la actuación conforme a derecho, el que debe efectuar la
planeación y señalar la dirección y estrategia del proceso requerido para sacar
al país de la crisis.
Desde el 1° de diciembre de
1976 la tendencia que resulta progresivamente fortalecida -y, por lo tanto, el
modelo de desarrollo coyuntural que se in- tentará aplicar en el ámbito
extraburocrático- es la encabezada por el presidente López Portillo. Sin
embargo la hegemonía de su concepción del que- hacer en las presentes
circunstancias no estaría totalmente garantizada en tanto persistiera la
solidez política denotada por las otras dos corrientes. Es justa- mente por
ello que, en el complejo marco de contradicciones secundarias entre otras
corrientes, agudizadas por el contexto de crisis económica en que se
desenvuelve la lucha, el conflicto que se suscitó a mediados de agosto
(VIII/16/77) entre Luis Echeverría y Díaz Ordaz tuvo como corolario el que la
fracción López Portillista golpeara a las otras dos. La destitución del
presidente de la Gran Comisión -a finales de agosto-, seguida por el hecho de
que en la primera semana de septiembre renunciaran aquellos coordinadores de
las representaciones de los diputados federales de cada entidad federativa que
hubiesen sido altos funcionarios en el sexenio pasado, es un claro indicador
del golpe atestado a la corriente echeverrista. La renuncia del propio Díaz
Ordaz como embajador en España representa el impacto de la fuerza dirigida
contra la otra tendencia en pugna.
Pero el problema de la
hegemonía absoluta al interior de la propia burocracia no ha sido totalmente
resuelto; continúa, en cierto grado, para el grupo de López Portillo. Aunque las
dos corrientes mencionadas fueron dura- mente castigadas, no' murieron;
persisten, con mucho menos fuerza que antes, pero persisten. Su debilitamiento
fue el efecto de una acción directamente presidencial. La intervención de López
Portillo fue legitimada porque los dos expresidentes asumieron un
comportamiento de público enfrentamiento, el cual implicó un fuerte rompimiento
de las reglas del juego político, que establecen que la actuación de cualquier
expresidente puede ser real, pero debe ser mesurada, encubierta.
Con la experiencia de los
golpes recibidos, es seguro que en el futuro ambas corrientes -como medio para
sobrevivir como tales- se cuidarán de volver a romper abiertamente las reglas
establecidas para su actuación. Su simple supervivencia política, aunque por lo
pronto debilitada, implica que no es imposible su potencial fortalecimiento, el
cual está determinado por la manera específica en que sus dirigentes sean
capaces de nutrirse de las contingencias que se presenten. Su persistencia política
representa, por tanto, la constante posibilidad de que sus respectivos
proyectos, planes, esquemas y programas puedan en cualquier momento
influenciar, en grado significativo, los lineamientos López portillistas.
Especialmente la fracción que tiene ubicados a algunos de sus elementos en la
Cámara de Diputados, siempre podrá presionar a la posición gubernamental
respecto al contenido de sus planes de desarrollo y cuestionar los resultados
emergidos del proceso de implantación de sus planes -de aquella porción, que es
efectivamente seguida en la realidad- de salida a la crisis.
Así la implantación de los
planes del actual régimen se encuentra inicial- mente obstaculizada por
factores ubicados en el propio interior del gobierno. Hay elementos políticos
que dificultan el que su gestación -y, finalmente, su contenido articulado y
coherente- se realice de una manera "pura". O su contenido está
"contaminado" por el resultado de las presiones de las corrientes que
se han mencionado inmediatamente arriba, o el intento de poner en práctica
acciones de acuerdo sólo a los planes "puros" de la fracción
hegemónica López portillistas se enfrenta a la oposición -más o menos eficaz,
de acuerdo a la coyuntura concreta en que éste se presente- de estas corrientes.
Éste es, pues" el "pecado de origen" de la estrategia de salida
a la crisis, esgrimida por el actual régimen presidencial: en su propio ámbito
interno se ubican fuerzas -que, obviamente, no están aisladas, sino que tienen
intereses específicos, relaciones concretas y sistemas de fidelidades
personales en el ámbito extraburocrático que la intentan moldear de acuerdo a
sus propias perspectivas.
Pero hasta aquí sólo se ha
brindado una visión superficial de las dificultades que, ubicadas en una
dimensión política intra burocrática el gobierno debe vencer para realizar
cabalmente su papel de confeccionador e implantador efectivo de una estrategia
que logre que todos los sectores salgan de la crisis económica, en los términos
de "Alianza" planteados por sus dirigentes. En el ámbito
extraburocrático se localizan por lo menos otras dos grandes fuentes de
obstáculos a la implantación de los programas del actual régimen : una estaría
constituida por dificultades desprendidas del tipo de relación que existe entre
el gobierno y los actores sociales que manejan el capital privado ; otra
estaría conformada por los obstáculos conectados con el tipo de vinculación que
se da entre el gobierno y los dirigentes de la maquinaria corporativa del
Estado.
c) La maquinaria
corporativa del Estado: factor importante de presión
Ya desde abril se anunciaba
que la inflación durante 1977 sería "sólo" del 20 por ciento, si
todos los sectores "Cooperaban" (IV /12/77) .Como ya se ha visto,
la cooperación, en lo que se refiere a los empresarios -inversiones en
actividades productivas generadoras de empleo y no realización de actividades
especulativas, principalmente-- no se está dando. Por tanto, es muy posible que
la inflación rebase con mucho esta cifra. Al menos hay indicios que permiten
esperar que ésta se incrementará sustancialmente durante los próximos cuatro
meses; del año: los aumentos en las tasas de los prestamos hipotecarios y la
liberación de las tasas de interés del crédito en general; el 10 por ciento de
aumento en los salarios del personal del sector público; posibles aumentos
saláriales en otros sectores, y el aumento --dentro de tres meses- del volumen
de monetario a causas de la compensación navideña a los asalariados del país
(IV/10/77).
La tendencia al alza de
precios es particularmente clara en el caso de productos alimenticios.
Tratándose de estos bienes es muy difícil lograr evitar una carrera de precios
e inflación galopante, ya que la oferta de ellos es mucho menor que su demanda
(III/31/77). Éste es el caso de la harina de trigo, el pan y de la leche. El
alza del precio de estos últimos productos, y la inminencia de un aumento en el
precio del huevo, determinó contingencialmente que el Congreso del Trabajo
anunciara que tomaría medidas para enfrentarse a la disposición gubernamental
que autorizaba los aumentos (VIIII 21/77). La toma de posición del Congreso del
Trabajo en esta ocasión es importante: tiene por lo menos una doble
significación; por un lado, es el reflejo de su actuación ante las perspectivas
inmediatas de su pérdida de control político interno; por otro lado,
constituye la manifestación del aumento en su fuerza de negociación política externa,
en particular con respecto al aparato de gobierno.
En el ámbito externo, ante
acontecimientos como el señalado, uno podría preguntarse si los principales
componentes de la maquinaria corporativa del Estado, ante su percepción de que
los precios suben porque los empresarios "chantajean" al gobierno, no
intentarán aumentar su presión sobre el aparato burocrático (VIII/23/77), y la
medida en que la coyuntura actual permitirá que ello se haga eficazmente.
El planteamiento del
secretario general de la Confederación Obrera Revolucionaria, respecto a la
relación de fuerza burguesía..gobierno, parece ser ilustrativo de la posición
del Congreso del Trabajo: los empresarios chantajean al gobierno al exigirle
ventajas a cambio de invertir, en un afán de volver a la negativa época del
desarrollismo. Los inversionistas no sólo pretenden que el gobierno no invada
áreas que consideran suyas, sino que ahora quieren entrar a terrenos del
gobierno, principalmente a PEMEX, empresa que ha ofrecido comprar con capital
nacional y extranjero (VII/15/77).
Lo que es claro es que la
fuerza política del Congreso del Trabajo ha crecido considerablemente en el
contexto de las medidas gubernamentales para sortear la actual crisis. Ello
parece partir de la concepción de que, con las medidas gubernamentales, la
inflación ha sido contenida artificialmente (IX/9/77), y de que en cualquier
momento puede agudizarse. Precisamente por ello, y con motivo de la mencionada
alza en el precio de la leche, autorizada por la Secretaría de Comercio, obtuvo
que en el futuro, "previamente a cualquier decisión ( de la Secretaría de
Comercio) , habrá una mayor comunicación entre la Secretaría y los responsables
de la dirección del movimiento obrero organizado" (VIII/25/77) .
En este sentido, la
multicitada alza de precios parece haber sido el "punto de toque"
para que los dirigentes de la maquinaria corporativa del Estado,
particularmente los del movimiento obrero "organizado", se
autoatribuyeran el papel de dirigentes del "pueblo" en general, en lo
que respecta a la lucha contra la inflación (VIII/22/77) .Esto indica, sin duda
alguna, que la maquinaria corporativa del Estado está ganando independencia y
que realmente está dispuesta a incluir en la contienda los planes y proyectos
del gobierno y el proceso de su implementación. El secretario general de la
Confederación Regional Obrera-Campesina afirmaba el 21 de agosto :
Los altos
funcionarios, principalmente los cercanos colaboradores del Presidente tienen
que ser más responsables porque no es ya el momento adecuado parca que se
provoque tanto al pueblo. En México debe adoptarse e! sistema de salarios
móviles, que suban en la misma proporción que el costo de la vida. ..Los
Sindicatos están dispuestas a iniciar las acciones. que el pueblo quiera para
frenar el incremento de los precios.
El secretario general de la
CTM, en su informe a la LXXXIX Asamblea Nacional de esa organización, decía:
"La CTM se siente copartícipe de la responsabilidad nacional,
apoya las decisiones del Estado, siempre que tiendan al beneficio
colectivo" (VIII/25/77) .
El gobierno parece estar
aceptando, como algo saludable, este aumento en la fuerza política del
movimiento obrero corporativizado. Esto es particularmente claro en las
palabras del secretario de Comercio, a raíz de la visita efectuada en su
despacho por los principales dirigentes del Congreso del Trabajo:
Con justa
razón-, los dirigentes obreros me hicieron ver que no solamente tienen la
representación de los trabajadores organizados del país, sino que de alguna
manera les preocupa representar a los trabajadores no sindicalizados, incluso a
quienes no disfrutan ,ahora de un empleo. Por eso resulta muy importante para
la Secretaría de Comercio poder contar, en futuros análisis que eventualmente
hubiese que hacer modificaciones de precios en alimentos básicos, con el
criterio, la ayuda y la orientación de quienes tienen la responsabilidad de
representar a la mayor parte de los trabajadores mexicanos (VII/25/77).
El hecho es que los
dirigentes de la maquinaria corporativa del Estado mexicano están ahora en
posibilidad -y tienen la necesidad, o pena de debilitar seriamente el control político
que ejercen sobre sus agremiados- de superar las meras, reivindicaciones
económicas para hacer patente su poder en la definición de la política
económica gubernamental. Puesto en las recientes palabras de un expresidente
del CEN del PRI: nosotros, los miembros del Institucional, tenemos que entender
que o marchamos con el pueblo, o el pueblo marchará sin nosotros"
(IX/9/77) .
Las necesidades -que emanan
de su propio ámbito interno- para que la maquinaria corporativa del Estado
asuma esta posición, son muy fuertes. O se asume de alguna manera la defensa
contra el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores
"organizados" -y, con ello, del "pueblo en general"-, o se
generalizará un progresivo escape a los ámbitos de control de las demandas
sostenidas por elementos de la propia maquinaria corporativa. Esto es una
posibilidad muy real; sus primeras manifestaciones están al alcance de la
vista. Muy recientemente (IX/9/77), los Comités Ejecutivos Locales de las
Secciones 66, 67 y 68, del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros,
Metalúrgicos y Similares, publicaron un desplegado en que apoyan la posición de
su secretario general -quien es también presidente del Congreso del Trabajo-, a
la vez que se plantea una posición muy radical respecto a la vinculación actual
entre burguesía y gobierno; posición que aún no implica un enfrentamiento
frontal con los planes del gobierno, pero que per- fila una tendencia que puede
llegar a serlo.
Pero hay otra gran fuente de
obstáculos a la efectiva dirección gubernamental en la implantación de sus
planes. El aumento de la presencia política de la maquinaria corporativa en el
contenido y en la dirección de la posición gubernamental se debe
fundamentalmente a las acciones que ha venido des- arrollando principalmente el
sector obrero corporativizado. A diferencia de ello, tal y como fue reclamado
por el secretario general de la Confederación Campesina Independiente, el
campesinado "organizado" ha tenido hasta ahora bien poco que decir y
hacer en el proceso de negociación de la política económica del gobierno y en
la lucha "por defender" la economía popular (VIII/30/77). Al
respecto, hay indicios de que los dirigentes del "sector campesino"
intentan acrecentar su participación en la definición del rumbo que tome la
rectificación de la economía,
La agricultura, por ser el
sector más atrasado, tiene el peligro de ser precisamente el más golpeado por
la inflación, la baja de la producción y el desempleo (V/14/77). Un gran número
de factores señalan que los objetivos gubernamentales tendientes a lograr que
la agricultura crezca -a partir de 1977- a un ritmo anual real del 5 por
ciento, sólo para superar el hecho de que en 1976 bajó a menos de 1 por ciento,
y lograr la autosuficiencia en dos años, son difícilmente alcanzables. Por
ello, se reconoce oficialmente que, aun suponiendo que se apliquen las medidas
programadas por el Estado, no se resolverá la crisis agrícola en el corto
plazo. Por ejemplo, será necesario importar para este ano un millón de
toneladas de maíz, por valor de dos mil millones de pesos (II/25/77) .y si, en
el corto plazo, las metas no son fácilmente aprehensibles, la pretensión de que
en el mediano plazo (para el año 2000) se cuadruplique la producción agrícola a
fin de satisfacer las necesidades alimenticias que se tendrán para esa fecha (V
/29/77) , aparece aún más distante.
Por esta razón los
componentes de la maquinaria corporativa del Estado en el agro están en
posibilidad de aumentar su fuerza en el proceso de negociación de la política
económica, presionando en ocasiones al gobierno para que acepte actuar algunas
veces bastante más allá de los límites en que éste ha pactado mantener con el
capital. Con diversas manifestaciones recientes, las organizaciones campesinas
demandan participación política real, al igual que el movimiento obrero, en el
proceso de dirección gubernamental de las modalidades que asuma el desarrollo
agropecuario. Para ello, afirman, es necesario complementar la acción de
la CNC y de la Confederación Campesina Independiente y ser copartícipes en la
planeación y ejecución de las actividades que al respecto defina y efectúe el
aparato burocrático del Estado:
Se necesita una legislación
para llevar adelante los propósitos que el Gobierno ha dado a conocer acerca de
la producción ,agropecuaria. ..Sin embargo no debe ponerse en práctica
ninguna ley para el campo donde
participen sólo tecnócratas o políticos, ya que de legislarse para la
producción del agro deben cuidarse los derechos políticos de las organizaciones
que se pretenden crear (VIII/24./77).
Esto coloca al gobierno en
una situación difícil. Ya se han visto someramente las dificultades que el
gobierno tiene para la implantación de los planes y programas gubernamentales
con respecto a la economía en general, en particular con referencia a su
aceptación por parte de la burguesía. Esto es especialmente válido en el caso
del proceso de negociación de la porción de la política económica gubernamental
que tiene como objetivo al agro. recuérdese que hay una vinculación esencial
entre la manera en que marcha el gobierno y los intereses de fondo del capital
privado.
Sólo en la medida en que la
política agrícola del Estado responda directamente a sus intereses, como en el
caso de la elevación de los precios de garantía, recibirá el apoyo, de las
fracciones de la burguesía con ámbitos de acción fundamentalmente establecidos
en el campo (VI/9/77) ; de la contrario, se opondrá a ella ( como en el caso
del intento de aumentar los impuestos pagados por los "pequeños
propietarios" ) .Si el "recelo" de la burguesía no se ha
eliminado totalmente en lo que toca a una política claramente orientada al
fortalecimiento de la empresa capitalista agropecuaria, mucho menos va a
aceptar plácidamente el más leve viso de que proposiciones como las de la CCI
-miembro del "Pacto de Ocampo"- que sostienen que "se entregue a
los productores de materias primas rurales una participación por valor agregado
de sus cosechas, con base en las utilidades de las empresas transformadoras"
(VIII/30/77), sean efectivamente incluidas en los planes gubernamentales.
Pero los obstáculos a la
dirección efectiva de los planes gubernamentales en el agro no provienen sólo
de la maquinaria corporativa del Estado. Incluso en la Cámara de Diputados han
surgido voces de alerta contra la marcha emprendida por el gobierno en el
campo. La destrucción del sistema ejidal y el abatimiento absoluto del gasto
público conduciría -según estas opiniones-- a una situación "caótica e
inmanejable". Sin embargo señalan que Únicamente debe acabarse con el
sistema ejidal desfavorecido mediante su fortalecimiento, no mediante su
destrucción (VI/2/77).
Por otro lado, en las
regiones tropicales y subtropicales del país siempre obrarán en contra de los
planes federales las experiencias previas tenidas en materia de organización y
de intentos de desarrollo de estas áreas; experiencias iniciadas masivamente
desde finales de la década de los cuarentas con la creación de la Comisión
Ejecutiva del Río Papaloapan, hasta llegar a los muy recientes programas de
colonización emprendidos a finales del régimen pasado (IV/24/77) .
Por último -no por obvias son
menos importantes--, sequías (V/2/77) , plagas y otros fenómenos naturales
adversos, representan siempre un factor no totalmente previsible que puede
obstaculizar el que la actuación de los aparatos económicos de poder en el
campo sea efectivamente de acuerdo a la programado.
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3. Balance y
Perspectivas
El gobierno aparece como la
instancia del Estado mexicano que está más activamente empeñada en mantener su
capacidad para dirigir la manera conforme a la cual se está dando la
"salida" a la crisis actual. Para ello ha formulado una serie de
planes y programas y ha concertado formalmente una Alianza para la Producción
con diversos actores sociales. Sin embargo en el inicio mismo de la
implantación de las acciones implicadas en sus planes y en la Alianza están
ocurriendo sucesos que indican la presencia de obstáculos de diversa magnitud
en la implantación real de las mismas. Estos escollos repercuten en que continuamente
se negocie el contenido de los proyectos gubernamentales, lo que hace prever
que llegará al momento en que su con- tenido real-actualizado se distanciará
del contenido original -versión, por ejemplo, de marzo de este año- del mismo.
Por principio de cuentas, el
contenido de los planes gubernamentales se ve presionado, desde su propia casa,
por la presencia de dos fuertes corrientes políticas divergentes -no
hegemónicas,-, cuyos componentes ocupan principalmente escaños de diversas
jerarquías en el gobierno federal, en algunos gobiernos estatales y en el
Congreso de la Unión. Pero las más significativas presiones que recibe al
respecto provienen del ámbito externo a la propia burocracia. El capital -como
conjunto, aunque hay notables diferencias, según las fracciones diferentes que
en su interior existen- presenta una posición conservadora que en ocasiones no
acata los lineamientos gubernamentales, en otras no respeta los acuerdos
formalmente contraídos y en límites extremos propone la inclusión, modificación
o supresión del contenido de los planes gubernamentales originales. En este
sentido, parecerían atinadas -en términos generales-- algunas de las
conclusiones del presidente del Segundo Congreso Nacional de Economistas:
La posición conservadora de los
empresarios les impide comprender la situación que vive el país. Asimismo la
élite de ingresos medios y altos de la población no tiene coincidencia
nacionalista. Así no pueden estar de acuerdo en modificar un sistema! que les
beneficia con largueza y su actitud es antisocial por definición (V /3/77) .
En un plano más concreto, sin
embargo, la burguesía es efectivamente "antisocial", no por su
incomprensión de la situación en que vive, sino porque precisamente --de
acuerdo a su propia lógica- la conoce muy bien. En primer lugar, la clase del
capital se puede dar el lujo de mostrarse "reticente" respecto a su
participación en los términos "indicados" por el gobierno, porque sus
dirigentes saben que el gobierno no puede obligar en la práctica a un empresario
a actuar de tal o cual forma en lo que respecta a la manera en que produce y
reproduce su capital.
Precisamente porque saben que
la economía capitalista está sujeta a una dinámica propia, con leyes internas
específicas, es que las fracciones más fuertes han agudizado su perpetua
tendencia a tratar de que sean idénticos sus propios proyectos y esquemas de
desarrollo -en este caso, su modelo de acción para salir de la crisis- con los
planes que al respecto tiene el gobierno. Como no lo han podido lograr, sólo
está siguiendo aquellos lineamientos gubernamentales que en el plano inmediato
satisfacen sus intereses.
Ello está redundando en una progresiva disminución de la autonomía relativa del Estado mexicano, porque el gobierno de este Estado cada vez más se acerca más a la posición del capital; como contrapartida, se está fortaleciendo la fuerza y la capacidad de negociación política de la fracción hegemónica del capital. Con ligeras variante:;, esta presión se manifiesta agudamente en cuestiones de tanta importancia como la forma en que el gobierno maneje y distribuya su gasto y la manera conforme a la cual debe organizar sus empresas. El gran capital es el que está saliendo beneficiado en la solución de la contradicción secundaria capital privado-gobierno.
Por su carácter
fundamentalmente transnacional, el gobierno no tiene ninguna forma de controlar
-así sea a través de estimular y desestimular, directa o indirectamente a esta
fracción. Además la burguesía en el fondo está interesada en que siga la inflación.
Las crisis internacional y el consecuente proteccionismo de las principales
metrópolis: internacionales -principalmente del crecimiento de las medidas
encaminadas a restringir las importaciones, llevadas a cabo por el gobierno de
los Estados U nidos-, aunado al acrecentamiento de la posibilidad de que la
paridad peso-dólar disminuya aún más, hace que la burguesía generalmente no
invierta en los términos "productivos" señalados por el gobierno,
sino que ésta destine mucho más frecuentemente sus recursos a la especulación.
Mientras obtenga ganancias altas y seguras, al empresario poco le importa que
se generen empleos, que el mercado interno se contraiga, que se produzcan
alimentos muy por abajo del mínimo indispensable, que las exportaciones se reduzcan,
que las condiciones materiales de vida de las masas trabajadoras y des
empleadas lleguen a niveles cerca de lo políticamente suicida y que es posible
el surgimiento de movimientos de violencia espontánea.
Ello explica el que, a una
distancia enorme de las metas originalmente programadas, los logros obtenidos
durante el primer semestre de 1977 consistían sólo en la creación de 1757
empresas nuevas; en cambio, 5000 pequeñas y medianas empresas habían quebrado
por falta de crédito y se prevea que 2 500 más tendrían que hacerlo durante el
segundo semestre del año.
En todos estos aspectos, el
gobierno, en cambio, sí está interesado, no porque sea benefactor socia], sino
porque en ello va su interés de seguir haciendo posible el mantenimiento de las
condiciones políticas e ideológicas que permitan continuar la reproducción del
capital en la sociedad mexicana. Pero, precisamente por ello, el problema que
se le plantea para "sujetar" a la burguesía a sus proyectos no es de
fácil solución. Aun cuando se legislara -cosa por demás improbable- para
obligar al capital a participar controladamente en la Alianza para la
Producción, se produciría un alejamiento enorme entre norma jurídica y
realidad.
Por esta razón, ya para
mediados de julio, prestigiados economistas sostenían la necesidad de sustituir
al modelo de crecimiento de "estabilización-fluctuación;-recesión"
--a lo largo de cuyas líneas generales parecía haberse estado moviendo la
política económica gubernamental- por el de "recuperación a corto plazo y
crecimiento sostenido", ya que el primero implicaba el empobrecimiento
progresivo de las clases más necesitadas". El segundo, en cambio, que
giraría sobre el crecimiento del sector agropecuario y del petrolero,
permitiría alcanzar, en términos cortos, tasas de crecimiento similares a los
de Estados Unidos (VII/16/77) .
Para fines de agosto cada
día se hablaba más del inminente fracaso de la política económica del gobierno
y de la necesidad de rectificación. En la producción de alimentos,
concretamente, se empezó a señalar cada vez con más insistencia la necesidad de
nacionalizar la gran industria alimentaría, declarándola de "interés
social" (VIII/:24/77) .Curiosamente, de seguro por la presencia de
alguno de esos "procesos
mágicos" implicados en el juego de la política mexicana, después del 1° de
septiembre estas apreciaciones críticas han disminuido en forma considerable.
Pero los problemas para el
gobierno, en cuanto a lograr que sus planes se delimiten, primero, de manera
más o menos definitiva, y se acepten en la práctica, después, no terminan ahí.
El capital la presiona continuamente para que asuma un papel cada vez más claro
y directo de defensor de sus intereses- Pero la maquinaria corporativa del
propio Estado lo presiona en sentido contrario. En este sentido, juega un papel
saludable en la perspectiva de mantenimiento de cierta independencia
gubernamental.
Tanto el Congreso del
Trabajo como el Pacto de Ocampo pueden ahora entablar una negociación más
directa de los lineamientos concretos del gobierno en lo que respecta a
sistemas deseables de comercialización, al incremento de la participación del
Estado en la economía, a su participación en diversos sistemas administrativos
y --de manera muy importante, porque es un punto especialmente sensible para
las empresas- en lo que respecta a la política de precios.
En la mayoría de los casos,
la posición del movimiento obrero y campesino "organizado" y la
posición del capital es diferente. El punto de vista del primero no surge
porque repentinamente este tradicional sostén estatal se halla convertido en la
vanguardia del movimiento revolucionario del país. Es todo lo contrario;
precisamente para continuar controlando la potencialidad revolucionaria de los
obreros y campesinos, es que tiene que asumir --en parte realmente y en gran
parte sólo formalmente-- una posición de defensor de sus intereses.
En vista de todo la
anterior, el paralelogramo constituido por la dirección y magnitud de los
planes gubernamentales, la dirección y magnitud de las acciones concretas
reales del capital y la dirección y magnitud de las presiones de la maquinaria
corporativa del capital, se está resolviendo ampliamente en favor de la
dirección señalada por el capital. La única fuerza que aparece como capaz de
hacer que la resultante cambie de dirección, es la lucha independiente,
revolucionaria y combativa de los trabajadores, subempleados y desocupados del
campo y las ciudades. Es precisamente en este contexto que debe percibirse la
Reforma Política, auspiciada por el aparato burocrático del Estado mexicano.
Éste es, a fin de cuentas, el reto a que se están enfrentando las
organizaciones revolucionarias en nuestro país. El camino, sin duda alguna,
será tortuoso.
15 de septiembre de 1977
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Página del Dr Xavier Gamboa
Villafranca
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[i] Licenciado en sociología y maestro en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM; estudiante del doctorado en Sociología en la FCPS-UNAM. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Aragón. Investigador del Centro de Estudios Políticos de la FCPS.
[ii] Los números entre paréntesis corresponden a la fecha en que se publicó la noticia en el periódico Excélsior.